Público Amnistía Internacional, AMR 01/08/00/s

Vol. 4 Nº 3 Agosto - Diciembre del 2000

En primera línea

Red de Acción Regional sobre Defensores de los Derechos Humanos

Público Amnistía Internacional, AMR 01/08/00/s

PERÚ: Robos de valiosa información sobre violaciones de derechos humanos

El reciente cambio de gobierno en el Perú ha despertado la esperanza de que por fin se respete y apoye la labor de los defensores de los derechos humanos en el país. Es de esperar que el gobierno de transición de Valentín Paniagua, quien asumió el poder el 22 de noviembre, acabe con la reciente serie de actos de intimidación contra las organizaciones que defienden los derechos humanos en el Perú.

ÍNDICE

Perú: Robos de valiosa información sobre violaciones de derechos humanos 1

Hina Jilani designada representante especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos 2

La protección de los derechos humanos de los parlamentarios 4

Medellín: El gobierno colombiano sigue sin proteger a los defensores de los derechos humanos 5

Casos de llamamiento:

Argentina 6

Colombia 7

Noticias 8

El 4 de noviembre del año 2000, semanas antes de ser declarado el presidente Fujimori moralmente incapacitado para gobernar el país, un grupo de hombres armados irrumpió en la sede que tiene en Lima la organización Paz y Esperanza. Uno de ellos retuvo pistola en mano durante tres horas a un guardia de seguridad. Los asaltantes robaron discos duros y una computadora que contenía importante información sobre presuntas violaciones de los derechos humanos. Tras de sí dejaron costoso material informático como aparatos de fax e impresoras.

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Tres días antes también había sido objeto de robo la oficina de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), y también en esta ocasión se llevaron los ladrones computadoras y discos informáticos, haciendo caso omiso de otros bienes de valor. Los discos contenían información sobre violaciones de los derechos humanos, y en concreto datos para una futura publicación sobre «desapariciones» e impunidad.

Previamente, el 23 de octubre del 2000, personas no identificadas habían irrumpido en la oficina que la COMISEDH tiene en la ciudad de Ayacucho, departamento de Ayacucho. Entre otras actividades, la COMISEDH se ocupa de prestar asistencia a personas que han sido torturadas por miembros de las fuerzas de seguridad, con objeto de lograr una reparación ante los tribunales de justicia y asegurar que a los autores se los procesa debidamente.

Se cree que estos robos son obra de personas relacionadas con el recientemente disuelto Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que tenían por objetivo intimidar y silenciar a quienes habían formulado denuncias contra ellas.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organización que aglutina a 61 grupos de defensa de esos derechos, entre ellos la COMISEDH y Paz y Esperanza, había formulado recientemente una querella criminal acusando a varias personas, entre ellas Vladimiro Montesinos, jefe de facto del SIN durante el régimen de Fujimori, de «desapariciones», torturas y homicidio. En la denuncia se alegaba que Vladimiro Montesinos y otras personas habían estado involucrados en la matanza de Barrios Altos, perpetrada en 1991 y en la que resultaron muertas 15 personas, en el secuestro y asesinato de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad de La Cantuta en 1992, así como en otras graves violaciones de los derechos humanos. Contra Vladimiro Montesinos existe actualmente orden de detención.

Por otra parte, la CNDDHH presentó en diciembre otra querella criminal ante el Ministerio Público contra el ex presidente Alberto Fujimori, por su presunta implicación en la matanza de Barrios Altos de 1991.

Días antes del 28 de julio del 2000, fecha en que por tercera vez juraba su cargo como presidente Alberto Fujimori, se celebraron en Lima, la capital, una serie de protestas denominadas de «los 4 Suyos», en referencia a las cuatro regiones del antiguo imperio inca. La masiva movilización de campesinos, estudiantes, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otros sectores de la sociedad civil reivindicaba el fortalecimiento de la democracia en el Perú. La CNDDHH reunió a más de 300 activistas de todo el país para que realizaran labores de observación de las protestas y documentaran toda violación de los derechos humanos que se produjera.

Los defensores de los derechos humanos, con una indumentaria de color amarillo que los identificaba como observadores, y equipados con cámaras y teléfonos portátiles, acompañaron el curso de las manifestaciones y documentaron y grabaron numerosas denuncias y acusaciones procedentes de todas partes del país. Algunos de los que deseaban participar en la protesta hubieron de hacer frente a diversos obstáculos y, en ocasiones, agentes de la Policía Nacional les impidieron su participación. Los activistas recibieron numerosas denuncias en las que se afirmaba que se había hecho dar vuelta atrás a autobuses en que viajaban personas a las protestas, que se habían practicado confiscaciones de documentación y detenciones de personas concretas.

El tercer día de protestas estalló la violencia. Según algunos informes, los actos de violencia los habían originado personas infiltradas en la manifestación. Tras el estallido de la violencia, la CNDDHH registró más de un centenar de detenciones y numerosos casos de lesiones.

Durante la segunda mitad de la década de los noventa aumentaron en Perú las amenazas, el acoso y la intimidación a periodistas, defensores de los derechos humanos y dirigentes de la oposición. Los actos de intimidación fueron de diversa naturaleza, desde amenazas de muerte anónimas, pasando por acusaciones falsas de «delitos relacionados con el terrorismo» a la intimidación específica de periodistas mediante su procesamiento por presunta evasión de impuestos. Según las denuncias más generalizadas, el Servicio de Inteligencia Nacional ha estado detrás de estas prácticas de acoso.

Ahora es de vital importancia que el gobierno de transición y todo gobierno posterior que asuma el poder a partir del 28 de julio del 2001 transmita un mensaje inequívoco de que no se tolerará la intimidación de los defensores de los derechos humanos y garantice que éstos pueden realizar su actividad legítima sin temor alguno a represalias.

(Si desean más información consulten la Acción Urgente 344/00, AMR 46/36/00/s, y la Acción Extra 64/00, AMR 46/26/00/s.)

Hina Jilani, designada representante especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos

Hina Jilani © Particular

El 18 de agosto del 2000, la oficina del secretario general de la ONU anunció el nombramiento de la señora Hina Jilani como nueva representante especial del secretario general sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La señora Jilani es abogada en ejercicio en Lahore, Pakistán, y está especializada en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. En 1980 fundó el primer bufete de abogados de Pakistán íntegramente formado por mujeres. Ha trabajado también como experta para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La representante especial basará su mandato en el marco de la Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, y estudiará las prácticas reiteradas de violaciones contra los derechos humanos de los defensores de esos derechos con objeto de centrarse después en denuncias individuales. Su intención es ocuparse de casos de violaciones cometidas contra defensores de los derechos humanos, ya sea en forma individual o en grupo.

En los últimos meses, la representante especial ha estado trabajando en la definición de la normativa y el marco substancial de su mandato y ha asistido a varias reuniones de consulta con ONG en Nueva York y Ginebra para debatir el ámbito y los métodos de su actividad. Hina Jilani se ha reunido también con delegaciones del Tercer Comité durante un diálogo informal mantenido durante una sesión de la Asamblea General en Nueva York el 31 de octubre del 2000.

En el curso de los últimos meses, la representante especial ya ha recibido gran número de denuncias y quejas relacionadas con el ámbito de trabajo de su mandato y ha empezado a plantear algunas de ellas ante los gobiernos pertinentes mediante misivas y llamamientos urgentes.

La representante especial está preparando también su primer informe, que presentará ante el próximo periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en marzo del 2001. En este informe fijará la normativa y el marco jurídico de su mandato, determinará sus prioridades y cuestiones de especial interés e informará sobre sus actividades iniciales.

En los próximos meses, además de las comunicaciones remitidas a los gobiernos, la representante especial emprenderá investigaciones más afondo sobre las prácticas continuadas de violación de los derechos humanos y sobre la legislación que afecta a la promoción y protección de esos derechos con objeto de elaborar recomendaciones y articular estrategias eficaces para proteger a los defensores de los derechos humanos.

En cualquier caso, la representante especial ha adoptado ya diversos métodos de trabajo, en especial el envío de cartas, llamamientos urgentes y comunicados de prensa, como forma clave de comunicación con los gobiernos interesados. Estas comunicaciones se redactan tomando como base la información recibida de una vasta red de fuentes locales e internacionales.

Las visitas a países y misiones sobre el terreno formarán parte integran de la labor de la representante especial. Aún no tiene prevista ninguna visita, pero espera poder empezar a viajar el año que viene. De momento, los posibles destinos de la primera visita de la representante especial se mantienen en secreto.

Con objeto de llevar a efecto toda esta labor, la señora Jilani, que tendrá su sede en Lahore (Pakistán), y contará con la asistencia de un funcionario en derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en Ginebra, quien le proporcionará apoyo en lo relativo a aspectos substanciales de su mandato, como el análisis de quejas y denuncias, la redacción de comunicaciones e informes y la preparación de misiones de investigación.

Si desean ponerse en contacto con la señora Jilani pueden hacerlo a través de su asistente en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra en la siguiente dirección:

UNOG-OHCHR

Palais Wilson

CH-1211 Geneva 10

Suiza

Fax: 41 22 917 90 06

Presentación de la Oficina para los Defensores de los Derechos Humanos del Servicio Internacional para los Derechos Humanos en Ginebra

Poco después del nombramiento de la representante especial del secretario general de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en octubre del 2000, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (International Service for Human Rights, ISHR) inauguró la Oficina para los Defensores de los Derechos Humanos en Ginebra. El principal objetivo de este oficina es la formación para los defensores de los derechos humanos.

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La oficina proporcionará:

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• abAsesoramiento sobre el uso y desarrollo de los mecanismos internacionales en materia de derechos humanos que protegen los derechos de los defensores, así como facilidades para su acceso a ellos. Esta faceta de la nueva oficina incluye labores de asistencia para facilitar los contactos entre los defensores, la representante especial de la ONU, las ONG internacionales y nacionales, diplomáticos (en Ginebra y Nueva York) y personal de la ONU.

• abInformación práctica que sirva para mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos, tales como manuales sobre medidas preventivas y de emergencia, y normas y procedimientos universales y regionales.

• abEstudios analíticos sobre cuestiones relacionadas con la protección de los defensores, como por ejemplo sobre legislación nacional y sobre las repercusiones de los artículos de la Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

• abSeminarios que permitan a los defensores de los derechos humanos analizar colectivamente los riesgos y dificultades a las que se enfrentan en su trabajo. Esta faceta del trabajo de la oficina incluye la celebración de seminarios regionales, organizados en colaboración con ONG asociadas, que servirán asimismo para permitir a los defensores mantener reuniones con representantes de la ONU y de otros organismos regionales.

Si desean más información, pueden dirigirse a la siguiente dirección:

Mark Thompson, Project Director, Human Rights Defenders Office

c/o International Service for Human Rights

P.O. Box 16

1211 Geneva 20

Suiza

Fax: +41 22 733 0826

Tel: + 41 22 733 5123

La protección de los derechos humanos de los parlamentarios

Los parlamentarios se encuentran en una situación poco común: por su carácter desempeñan una función clave en el desarrollo, promoción y protección de los derechos humanos, pero por la posición que ocupan en el plano político, así como por su actividad en defensa de los derechos y libertades de aquellos a quienes representan, pueden estar expuestos a la violación de sus propios derechos tanto en su calidad de particulares, en común con sus conciudadanos, y como parlamentarios. La Unión Interparlamentaria (UI), la organización mundial que aglutina a los parlamentos nacionales de Estados soberanos, incluye entre sus objetivos la promoción y defensa de los derechos humanos y no ha dejado nunca de manifestar su preocupación por la suerte de los parlamentarios sometidos a medidas arbitrarias, por lo que, de hecho, ya en 1976, constituyó un procedimiento específico de denuncia en materia de derechos humanos.

El Comité sobre los Derechos Humanos de los Parlamentarios

Conforme a este procedimiento, la UI estableció un Comité sobre los Derechos Humanos de los Parlamentarios al que le encomendó la tarea de analizar las denuncias de violación de los derechos humanos de los parlamentarios.

El procedimiento es aplicable a miembros de parlamentos nacionales «que son o han sido sometidos a acciones arbitrarias durante el ejercicio del mandato que se les ha confiado». El Comité está compuesto por cinco parlamentarios que representan a las principales regiones geopolíticas del mundo y se reúne trimestralmente, a puerta cerrada, para adoptar decisiones en relación con los casos que se le remiten, tomando en consideración la legislación pertinente en materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Características específicas del procedimiento del Comité

El carácter confidencial que en un principio tiene el procedimiento permite al Comité desarrollar su labor independientemente de toda presión externa. No obstante, puede decidir hacer públicas sus diligencias remitiendo el caso del que se ocupe a la atención del Consejo, es decir, el organismo político plenario de la UI. En esta fase, puede recabarse el apoyo de la comunidad parlamentaria internacional, que a menudo trasciende diferencias ideológicas y otras consideraciones nacionales y diferencias culturales, para alcanzar una solución satisfactoria. En multitud de ocasiones, esta solidaridad interparlamentaria ha servido de especial ayuda a la propia UI y su Comité sobre los Derechos Humanos de los Parlamentarios para lograr la liberación de colegas o hacer que se ponga fin a las medidas arbitrarias.

La consideración de un caso no termina cuando el Comité hace públicas sus conclusiones, sino que prosigue con él hasta lograr una solución satisfactoria. Por último, los procedimientos del Comité facilitan la rápida intervención en casos urgentes y le permiten, mediante misiones y la celebración de vistas sobre el terreno, no sólo recopilar información de primera mano, sino compartir además sus motivos de inquietud directamente con las autoridades competentes y, así, ejercer presión adicional sobre ellas para acordar la solución más apropiada.

¿Quién puede presentar denuncia?

Además de la víctima, o la persona a la que ésta autorice, pueden presentar denuncias los familiares y otros parlamentarios, así como organizaciones de derechos humanos que tengan carácter cosultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU. Además, el Comité puede decidir, por unanimidad, aceptar otras fuentes de información. El Comité no es competente para ocuparse de un caso por iniciativa propia, sino que sólo puede hacerlo previa recepción de una comunicación al respecto. Las denuncias deben ser completas, precisas y concisas y remitirse exclusivamente cuando todos los recursos a nivel local se han agotado. La dirección es:

Mr. Anders B. Johnsson

Secretary General

Inter-Parliamentary Union

Place du Petit-Saconnex

Case postale 438

CH 1211 Geneva 19 / Suiza

fax: (41 22) 919 41 60

Si desean más información sobre la labor de la Unión Interparlamentaria en el terreno de los derechos humanos, y en particular en relación con su Comité sobre los Derechos Humanos de los Parlamentarios, pueden consultar su sitio en Internet (http://www.ipu.org), donde encontrarán además las resoluciones emitidas sobre casos concretos referidos a los derechos humanos y remitidos al Consejo de la UI. Estas resoluciones se refieren hasta la fecha a 133 parlamentarios de 16 países de todas las regiones del mundo.

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Medellín: El gobierno colombiano sigue sin proteger a los defensores de los derechos humanos

Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, es una urbe en la que confluyen multitud de intereses económicos y políticos.

Y Medellín es, también, la sede de una variada multitud de organizaciones no gubernamentales que trabajan por el fomento y la defensa de los derechos humanos, no sólo en la barriadas marginales de la ciudad, sino también en Antioquia, el mayor departamento de Colombia. Muchas de estas organizaciones se están recuperando todavía de una reciente serie de ataques que demuestran el sobrecogedor riesgo al que han de hacer frente los defensores colombianos de los derechos humanos en el curso de su labor cotidiana.

Cuando el pasado 6 de octubre Ángel Quintero y Claudia Monsalve terminaron su trabajo del día en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), se dirigieron a un restaurante con otras cinco personas de su oficina.

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Fueron luego a un bar, y cuando Claudia se marchó, Ángel se ofreció a acompañarla a la parada del autobús. Ninguno de ellos llegó a su destino. Según declaraciones de testigos, fueron secuestrados por dos hombres armados que viajaban en una motocicleta y un grupo de hombres que iban en un vehículo tipo pick-up.

Claudia Monsalve © ASFADDES

(véanse los casos de llamamiento)

Durante algún tiempo, Ángel Quintero había venido soportando constantes amenazas y actos de acoso a consecuencia de su trabajo en ASFADDES sobre la «desaparición» de tres familiares de su esposa en agosto del año 2000 y sobre «desapariciones» previas de otros miembros de la familia de su esposa. Ante esta situación, millares de personas preocupadas de todo el mundo manifestaron su inquietud por la seguridad de Ángel, alertando a las autoridades colombianas sobre el peligro que corría. Parece que estas advertencias cayeron en saco roto. Claudia Monsalve había estado trabajando con ASFADDES para averiguar lo que le había sucedido a su hermano, estudiante universitario «desaparecido» en 1995. Las investigaciones judiciales condujeron a la inculpación de varios agentes de policía en su secuestro. Desde la «desaparición» de Ángel y Claudia, varios miembros de ASFADDES en Medellín han recibido llamadas telefónicas amenazantes.

Para los miembros de ASFADDES no resulta extraño ser objeto de actos de intimidación y acoso por parte de quienes se empeñan en obstaculizar y paralizar su búsqueda de la justicia. Si bien los que trabajan en Medellín han sido especialmente objeto de esos actos, este año los miembros de ASFADDES en sus sedes de Bogotá, Bucaramanga, Barrancabermeja y Popayán también han sido objeto de amenazas. Muchos de ellos se han visto obligados a abandonar sus ciudades de origen porque temían por sus vidas. En agosto del 2000, el Día Internacional del «Desaparecido», 15 asociaciones latinoamericanas de familiares de detenidos desaparecidos hicieron pública una carta abierta al presidente Pastrana en la que expresaban su más enérgica indignación por los ataques que varios miembros de ASFADDES habían sufrido durante los seis primeros meses del año.

La mañana del 9 de octubre del 2000 se recibieron en el Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín tres llamadas telefónicas en las que se declaraba a Nelson Restrepo, Ignacio Arango, Juan Carlos Muñoz, Fredy Vélez y Wilfer Bonilla «objetivos militares». Los comunicantes se identificaron como miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El Instituto Popular de Capacitación es una organización no gubernamental de derechos humanos de prestigio internacional y prolongada trayectoria que está especializada en la investigación, la educación popular y el fomento de la paz. Nelson Restrepo, Ignacio Arango, Juan Carlos Muñoz y Fredy Vélez trabajan en el programa de derechos humanos del IPC. Wilfer Bonilla trabajó en el programa del IPC dedicado a los jóvenes hasta el mes de septiembre.

A causa de las amenazas, varios empleados de la organización se han visto obligados a abandonar Medellín.

El Instituto Popular de Capacitación había estado ya con anterioridad en el punto de mira de los paramilitares. En agosto de 1999 estalló un artefacto explosivo a las puertas de las oficinas del IPC causando graves daños al inmueble y a los edificios colindantes. Este atentado se perpetró sólo unos días después de haberse presentado formalmente cargos contra dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia por el secuestro de cuatro empleados del IPC en enero de 1999.

Todos estos ataques constituyen una clara indicación de que existe una campaña sistemática en Medellín para impedir el trabajo en favor de los derechos humanos. Tal y como frecuentemente ocurre en Colombia, este tipo de atentados han ido acompañados de sutiles intentos de desacreditar la labor de los defensores de los derechos humanos en los medios de comunicación de masas. El 14 de septiembre del 2000, por ejemplo, el rotativo El Mundo, periódico local de venta principalmente en Medellín y Antioquia, publicó un artículo editorial en el que se criticaba el hecho de que los grupos de derechos humanos hubieran condenado un suceso en el que habían resultado muertos seis escolares, y otros cuatro heridos, por soldados colombianos que presuntamente los habían confundido con subversivos. El editorial, además de asegurar que las organizaciones no gubernamentales son en realidad «de extrema izquierda» y «próximas a la guerrilla», las acusaba falsamente de manipular los hechos acaecidos y de orquestar una campaña de odio contra el ejército del país. El articulista acababa sacando la extraña conclusión de que son los grupos de derechos humanos los «verdaderos violadores de esos derechos».

Varias organizaciones de derechos humanos de Medellín respondieron a los contenidos del editorial y pidieron una rectificación de la información.

Los últimos ataques no sólo ponen trágicamente de relieve, una vez más, la continuada y sistemática campaña de represión que existe contra quienes defienden los derechos humanos en Colombia, sino que además plantea la cuestión de hasta qué punto es realmente sincero el gobierno de la nación cuando asegura que valora y respeta el trabajo del movimiento en favor de los derechos humanos. ¿Cuántos activistas de derechos humanos más habrán de morir, «desaparecer», o verse impelidos al exilio hasta que las autoridades adopten medidas concretas y a largo plazo para impedir estos ataques?

CASOS DE LLAMAMIENTO

Argentina: Amenazas y acoso contra abogados de derechos humanos

Un grupo de abogados de la provincia de Mendoza que representan a los familiares de las víctimas de dos destacados casos de derechos humanos han sufrido acoso e intimidación; además, alguien ha asaltado sus oficinas. Se sospecha que la policía ha sido cómplice de estos incidentes, y se cree que los abogados corren grave peligro.

El 24 de octubre, alguien asaltó las oficinas de los abogados en la provincia de Mendoza y robó archivos tanto de papel como electrónicos. También revolvió los archivos de los dos casos de los policías. Posteriormente, unos individuos no identificados telefonearon a los abogados y les dijeron que dos ex policías vinculados a la Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza habían sido los responsables del asalto.

Carlos Varela © AI

En agosto del 2000, los abogados recibieron tres llamadas telefónicas anónimas cuando siete agentes de policía y dos civiles fueron procesados por implicación en el homicidio de Sebastián Bordón, estudiante de 18 años desaparecido en 1997 tras quedar bajo el cuidado de unos agentes de policía durante un viaje escolar.

Los abogados representan a la familia Bordón, que también ha recibido amenazas desde que comenzó el juicio. El 14 de diciembre del 2000, cinco miembros de la policía fueron condenados a penas que oscilaban entre los 2 y los 15 años de prisión por su implicación en los malos tratos y homicidio de Sebastián Bordón.

En junio se enviaron a la prensa acusaciones difamatorias sobre estos abogados, al parecer porque se habían hecho cargo del caso de José Segundo Zambrano y Pablo Rodríguez, «desaparecidos» en marzo después de acudir, según los informes, a una reunión con un agente de policía de Mendoza. Dos días después, la radio y la televisión locales dieron la noticia falsa de que uno de los abogados, Diego Lavado, había sido detenido, insinuando de este modo que el abogado estaba involucrado en el crimen. Los cadáveres de José Segundo Zambrano y Pablo Rodríguez fueron encontrados en julio, y actualmente se están llevando a cabo investigaciones judiciales sobre sus homicidios.

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El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Mendoza había asegurado a Amnistía Internacional anteriormente en varias cartas, desde julio del 2000, que los abogados gozarían de todas las garantías que les otorga su profesión, y había manifestado su respeto por la labor de estos abogados.

ACCIONES RECOMENDADAS:

Público Amnistía Internacional, AMR 01/08/00/s

Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes y por vía aérea en español o el propio idioma del remitente:

Público Amnistía Internacional, AMR 01/08/00/s

• abexpresando preocupación porque los abogados de derechos humanos Carlos Varela, Diego Lavado, Alejandro Acosta y tres colegas suyos están sufriendo acoso e intimidación, y porque alguien ha asaltado sus oficinas, todo ello al parecer a causa de su trabajo legítimo de abogacía;

• abexpresando la esperanza de que las garantías ofrecidas por las autoridades provinciales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Mendoza acabarán materializándose en el fin efectivo de tal acoso;

• abrenovando sus llamamientos en favor de que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre el asalto del 24 de octubre a las oficinas, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables de ese acto comparezcan ante la justicia, y pidan que les remitan la información que exista sobre las investigaciones que se estén llevando a cabo sobre este caso;

• abinstando al gobierno argentino a que se adhiera a los principios de la Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada el 9 de diciembre de 1998, y que aplique las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos AG/RES. 1671 (XXIX-O/99) de 7 de junio de 1999, y AG/RES, 1711 (XXX-O/00), de 5 de junio del 2000.

LLAMAMIENTOS A:

Autoridades provinciales:

Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Mendoza

Dr. Leopoldo Manuel Orquín

Salta 672, Godoy Cruz, 5501 Mendoza, Argentina

Tratamiento: Sr. Ministro

Fax: + 54 261 449 9083

Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza

Sr. Roberto Iglesias

Casa de Gobierno, 5500 Mendoza, Mendoza, Argentina

Tratamiento: Sr. Gobernador

Fax:+ 54 261 449 2142 o

+ 54 261 449 2143

Autoridades nacionales

Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Dr. Jorge de la Rúa,

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Sarmiento 329, 5o. Piso, 1041 Buenos Aires, Argentina

Tratamiento: Sr. Ministro

Fax: + 54 11 4328 5395

COPIA A:

Federación Argentina de Colegios de Abogados

Avenida de Mayo 651, 2ºpiso, Buenos Aires, Argentina

Colombia: Amenazas contra la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

Desde que dos defensores de los derechos humanos y miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) fueron secuestrados y «desaparecieron» en el departamento de Antioquia hace dos meses, otros miembros de ASFADDES en distintas partes del país han recibido reiteradas amenazas.

Cuatro familias que pertenecen a la sección de ASFADDES en Medellín se han visto obligadas a abandonar la zona tras recibir una serie de llamadas telefónicas amenazadoras el 8 y 9 de octubre, tan sólo unos días después de que Ángel Quintero y Claudia Monsalve fueran secuestrados por hombres armados no identificados tras salir la oficina de ASFADDES en la que trabajan.

El 31 de octubre, los empleados de la oficina de ASFADDES en Medellín recibieron una llamada telefónica en la que se oía a una mujer que lloraba y pedía ayuda, como si la estuvieran torturando; a continuación se oía la voz de un hombre que le ordenaba que colgara el teléfono. Pancho Castro, defensor de los derechos humanos que trabaja con ASFADDES, ha recibido dos amenazas de muerte por escrito en las que le decían: «Comunista hijueputa [sic] te tenemos ubicado...» e «Hipócritas antipatriotas serán eliminados». El 13 de noviembre, alguien llamó a la oficina de ASFADDES y dijo: «mueres, mueres, mueres, te vas a morir».

Otros miembros de ASFADDES en Bucaramanga, Barrancabermeja y Popayán también han recibido llamadas telefónicas amenazantes.

Se desconoce aún el paradero de Ángel Quintero y Claudia Monsalve. Tampoco se ha tenido noticia de Rubén Usuga Higuita, Wilson Usuga Higuita y Arvey Poso Usuga, familiares de Ángel Quintero «desaparecidos» en agosto.

ASFADDES es una organización nacional no gubernamental de derechos humanos compuesta por familiares de «desaparecidos» que trabajan para descubrir qué les sucedió a sus seres queridos y llevar a los responsables ante la justicia.

6900 ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes y por vía aérea en español o el propio idioma del remitente:

• abreiterando su preocupación por la seguridad de Ángel Quintero y Claudia Monsalve, miembros de ASFADDES, a quienes no se ha vuelto a ver desde el 6 de octubre, e instando a las autoridades a que intensifiquen su búsqueda;

• abinstando a que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre su «desaparición» y pidiendo que los resultados de esas investigaciones se hagan públicos y que los responsables comparezcan ante la justicia;

• abmanifestando que los esfuerzos realizados hasta la fecha por el gobierno para proteger a los defensores de los derechos humanos no han sido suficientes para atajar la magnitud de la situación de inseguridad en que se encuentran;

• ab-instando a las autoridades a intensificar las medidas para proteger a los miembros de ASFADDES;

• abmanifestando que las medidas de protección como el refuerzo de oficinas, deben ir acompañadas de otras más enérgicas como investigaciones apropiadas, si el gobierno colombiano es realmente sincero sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Público Amnistía Internacional, AMR 01/08/00/s

LLAMAMIENTOS A:

Señor Presidente Andrés Pastrana Arango

Presidente de la República

Palacio de Nariño

Carrera 8 No.7-26

Santafé de Bogotá, Colombia

Telegramas:President Pastrana, Bogotá, Colombia

Fax:+ 57 1 286 7434/287 7939/ 284 2186/289 3377

Tratamiento: Excmo. Sr Presidente

Señor Vicepresidente Gustavo Bell Lemus

Alto Consejero Presidencial para asuntos de Derechos Humanos y lucha Contra la Corrupción

Cra. 8 #7-26,

Palacio de Nariño,

Santafé de Bogotá, Colombia

Fax:+ 57 1 337 1351 Tratamiento: Excmo. Sr. Vicepresidente

Sr. Guillermo Gaviria Correa

Gobernador del Departamento de Antioquia

Gobernación de Antioquia, Calle 42B, # 52-106,

Medellín, Antioquia, Colombia

Telegramas: Gobernador de Antioquia, Medellín, Colombia

Fax: + 57 4 381 1342 Tratamiento: Sr. Gobernador

Brigadier General Luis Alfredo Rodríguez Pérez

Comandante de la Policía Metropolitana

Carrera 48, # 45-58

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Público Amnistía Internacional, AMR 01/08/00/s

Medellín, Antioquia, Colombia

Fax: + 57 4 251 8959-8732 Tratamiento: Sr. Comandante

COPIA A:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)

AA 011446

Santafé de Bogotá, Colombia

NOTICIAS

El Salvador: Protección para defensores de los derechos humanos gracias a la presión internacional

William Hernández, director ejecutivo de Entre Amigos, Asociación Salvadoreña de Desarrollo Integral para Minorías Sexuales, de San Salvador, recibió varias amenazas de muerte telefónicas el 5 de noviembre de 1999. Parece ser que el comunicante llamó a la oficina de Entre Amigosen tres ocasiones pidiendo hablar con él y amenazando con personarse en el local para matarlo. Con anterioridad, el 7 de marzo de 1999, había recibido otra amenaza de muerte.

Gracias a la presión internacional, a finales de febrero la policía decidió por fin asignar protección a William Hernández, quien ha expresado su sincero agradecimiento a todos aquellos que enviaron llamamientos y ha declarado: «Es innegable que sin esta presión no nos hubieran dado la seguridad».

Entre Amigosha denunciado varios casos de intimidación y violencia contra minorías sexuales y quienes trabajan con la organización.

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En agosto de 1999, miembros de la Policía Nacional Civil golpearon e insultaron a seis homosexuales, amenazándolos además de muerte. El año pasado, según los informes, mataron a varios miembros de minorías sexuales.

Cuando las autoridades afirmaron no estar al corriente de su caso, Hernández respondió que tenía copias de todas las cartas que se les habían enviado: En total había 468 cartas y 858 mensajes de correo electrónico.

También diversos representantes diplomáticos presionaron a las autoridades motivados por los reiterados llamamientos recibidos, en los que se les preguntaba qué medidas estaban tomando.

A pesar de que las autoridades están comenzando a investigar algunos casos relacionados con minorías sexuales, la discriminación hacia gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y la impunidad ante los abusos que éstos sufren siguen estando a la orden del día en El Salvador.

Entre Amigos, la ONG que dirige William Hernández, es sólo una de las organizaciones cuyos teléfonos han sido intervenidos, práctica generalizada en El Salvador, según un escándalo que se destapó a principios de año en el país. En febrero de este año, Entre Amigoshizo partícipe de esta información al jefe de la Policía y procedió después a presentar oficialmente una reclamación contra la compañía telefónica. Aún está pendiente la investigación.

UNESCO: El obispo mexicano Samuel Ruiz García, galardonado con el Premio Internacional Simón Bolívar

El 23 de octubre, el director general de la UNESCO, Koïchiro Matsuura, entregó la edición 2000 del Premio Internacional Simón Bolívar a Samuel Ruiz García, ex obispo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, en un acto celebrado en París.

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El galardón, dotado con 25.000 dólares estadounidenses, se entrega cada dos años en reconocimiento a las actividades de reconocido mérito que hayan contribuido a la libertad, la independencia y la dignidad de los pueblos, así como al fortalecimiento de la solidaridad entre las naciones.

El señor Matsuura evocó la larga trayectoria de lucha de Samuel Ruiz García en favor de la justicia social como obispo de Chiapas: «Ha dedicado usted su vida con entusiasmo al bienestar del pueblo de Chiapas y a la defensa de su cultura, al tiempo que ha participado plenamente, como líder humanitario y como mediador político respetado por todas las partes, en la ayuda para poner remedio al sufrimiento causado por los muchos conflictos que han estallado en esta región en la que convergen México y América Central. […] Cuestionado en ocasiones, recibiendo incluso amenazas de muerte, pero inspirado siempre por un fuerte compromiso hacia la solidaridad humana y por una creencia profundamente enraizada en la aspiración legítima de los pueblos indígenas de América a la libertad y la dignidad, al final usted se ha granjeado el respeto de todos».

De 1959 a 1999, Samuel Ruiz García fue obispo de San Cristóbal de las Casas. Esta diócesis se caracteriza por su extrema pobreza y por tener una población mayoritariamente indígena. Unos 40.000 indígenas recibieron ayuda de esta diócesis durante más de diez años. En respuesta al papel que desempeñó en la búsqueda de una solución pacífica a la trágica situación de los derechos humanos en la región, el propio Samuel Ruiz García y familiares suyos fueron objeto de amenazas de muerte. Samuel Ruiz fue además mediador en el conflicto de Guatemala, y fue el instigador del sistema de mediación colegiada Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) en México.

En su discurso de aceptación del premio, Samuel Ruiz García subrayó que, a través de él, habían sido las comunidades étnicas de Chiapas, México, y de todo el continente americano, así como todos los demás pueblos indígenas del mundo, las que en realidad habían recibido el galardón: «Es su lucha, su sufrimiento, sus esperanzas y aspiraciones los que debe reconocerse».

Samuel Ruiz García afirmó sentirse abatido «sabiendo cuánta represión, cuánto dolor implica la lucha de los pueblos indígenas».

México: Campesinos ecologistas presos de conciencia agradecen el apoyo de los grupos de derechos humanos

Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, ecologistas y presos de conciencia, han escrito una carta para dar las gracias a quienes los han apoyado en la comunidad nacional e internacional de organizaciones de derechos humanos:

«Desde el Reclusorio Regional de Iguala, Gro., nos permitimos saludar a todos nuestros amigos y amigas de todas la edades y del

mundo entero. Les enviamos un cordial saludo con todo el cariño y respeto a las organizaciones civiles y eclesiásticas y ecologistas y partidos políticos que luchan por la democracia, el amor y el respeto para los demás; a los medios de comunicación, a los derechos humanos Miguel Agustín Pro y estatal y nacional y a nuestras familias queremos decirles gracias por el gran apoyo que nos han brindado y esperamos que no dejen caer el ánimo y doblemos nuestros esfuerzos en favor de la vida. [...]»

«Bien compañeros no cambiemos el futuro de nuestros hijos por unas cuantas monedas. Vallamos juntos, unidos a ese nuevo mundo que es de todos y para todos. Bien familia, reiteramos nuestro compromiso desde detrás de las rejas. No les decimos adiós sino hasta luego. Con ánimo, suerte y fe todo puede ser.»

«Atentamente los campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.»

Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García

Público Amnistía Internacional, AMR 01/08/00/s

Público Amnistía Internacional, AMR 01/08/00/s

Ambos habían sido detenidos y acusados de cargos falsos exclusivamente a causa de su protesta pacífica contra la explotación maderera excesiva en la sierra de Petatlán, estado de Guerrero.

0 Los dos hombres fueron puestos bajo custodia del ejército en mayo de 1999. Fueron recluidos en régimen de incomunicación y torturados para obligarlos a firmar declaraciones autoincriminatorias. El personal de prisiones siguió acosándolos e intimidándolos mientras permanecían detenidos en espera de juicio. En agosto del 2000 ambos fueron condenados, respectivamente, a seis años y ocho meses de prisión y a diez años de prisión.

Público Amnistía Internacional, AMR 01/08/00/s

Público Amnistía Internacional, AMR 01/08/00/s

Esta publicación ha sido producida por el Programa de Protección de Defensores de los Derechos Humanos en América Latina, creado por Amnistía Internacional en mayo de 1997 para dar seguimiento a la Conferencia de Defensores de los Derechos Humanos (Bogotá, Colombia, mayo de 1996). Distribuyan este boletín lo más ampliamente posible. Si desean más información y unirse a la Red de Defensores del Programa, escriban a:

Programa de Defensores de los Derechos Humanos, Programa Regional de América

Secretariado Internacional, Amnistía Internacional

1 Easton Street, London WC1X 0DW, Reino Unido

(tel: +44 20 7413 5952 / 5537; correo-e: amnestyis@amnesty.org)

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), Madrid, España

Público Amnistía Internacional, AMR 01/08/00/s

Sólo miembros de AI Índice AI: AMR 01/08/00/s

Distr: CC/SC

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido

A: Todas las Secciones

De: Programa de Defensores de los Derechos Humanos (América)

Fecha: 22 de diciembre de 2000

En Primera Línea

Resumen

Este boletín contiene artículos, noticias y llamamientos sobre defensores de derechos humanos en América Latina. Lo publica cada cuatro meses el Programa de Defensores de los Derechos Humanos de América.

Palabras clave

DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS1 / HOSTIGAMIENTO / MANIFESTACIONES / ONU / UNESCO / PARLAMENTARIOS / UI / DESAPARICIONES / ABOGADOS / ACCIONES RECOMENDADAS / PERÚ / COLOMBIA / ARGENTINA / EL SALVADOR / MÉXICO /

Distribución

Distribuyan este boletín lo más ampliamente posible tanto a los contactos internos como externos.

Distribución interna:

Todos los coordinadores de países y grupos de coordinación de América Latina deben recibir copia del boletín. Es especialmente importante para aquellos cuyos países están incluidos en esta edición. Distribuyan también a los grupos que trabajan en expedientes de acción sobre defensores de los derechos humanos o sobre los países incluidos en este boletín.

Distribución externa:

Distribúyanlo a los contactos en el gobierno de su propio país, embajadas y representantes diplomáticos de América Latina, así como a otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales que trabajan sobre los defensores de los derechos humanos o sobre América Latina.

Acciones recomendadas

Los artículos, noticias y llamamientos contenidos en este boletín pueden ser reproducidos en los boletines de las Secciones, circulares de llamamientos y sitios web y también distribuidos a los contactos externos en los medios de comunicación para su publicación.