ARGENTINA

Plan de acción y respeto para los derechos humanos

Misión 11-16 febrero 2002

Introducción

En febrero de 2002 Amnistía Internacional envió una delegación¹

a la República Argentina, con el propósito de iniciar un diálogo en torno a los derechos humanos con la nueva administración del Presidente Eduardo Duhalde y presentar ante el Presidente y su gobierno la formulación de un Plan Nacional de Acción, y renovar con las autoridades de la Provincia de Buenos Aires el diálogo relacionado con las preocupaciones de la organización y conocer la agenda de las autoridades provinciales sobre derechos humanos en esa provincia.

La delegación se reunió con altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Dr. Óscar Fappiano quien dirige la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En vista de limitaciones en la agenda presidencial, según se informó, el Presidente de la República, Dr. Eduardo Duhalde designó al Dr. Óscar Fappiano para recibir a la delegación en su nombre. Igualmente, la delegación sostuvo entrevistas con parlamentarios nacionales y miembros del cuerpo diplomático.

Durante su estadía en la ciudad de La Plata, la delegación sostuvo entrevistas con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Felipe Carlos Solá, con el Director de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Jorge Taiana, con miembros del poder judicial y del Ministerio Público de la Provincia, incluyendo el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Provincial, Dr. Juan Carlos Hitters y el Defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Mario Coriolano. La delegación sostuvo reuniones en Buenos Aires y en la ciudad de La Plata con representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, abogados y familiares de victimas de violaciones de derechos humanos, sindicalistas y miembros de la sociedad civil.

Tras la preocupante situación de inestabilidad política y económica que culminó con los sangrientos hechos de diciembre de 2001, la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa antes de completar su mandato y el nombramiento de tres presidentes provisionales en las dos últimas semanas del año, Amnistía Internacional consideró importante presentar sus preocupaciones y conocer directamente de la nueva administración, su actitud en materia de diversos aspectos sobre derechos humanos, temas que se han mantenido a través de los últimos 19 años de gobierno civil.

El 13 de febrero de 2002, en el curso de la reunión con el Subsecretario de Derechos Humanos Dr. Óscar Fappiano, en representación del Presidente de la República, los delegados hicieron entrega del Memorándum con los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en la República Argentina²y con el llamamiento a la elaboración de un Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos en línea con el compromiso formulado por todos los Estados del mundo durante la Conferencia Mundial de la ONU sobre Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena en 1993.

El 14 de febrero, durante entrevistas en la Ciudad de La Plata con autoridades Provinciales, los delegados hicieron hincapié en la investigación de denuncias de violaciones a los derechos humanos, y las preocupantes denuncias sobre la práctica de la tortura y los malos tratos a detenidos en cárceles y comisarias de policía en la Provincia. La delegación tuvo la oportunidad de entregar una Carta Abierta al Sr. Gobernador, Dr. Felipe Solá ³y al Secretario de Derechos Humanos, Lic. Jorge Taiana.

Las Preocupaciones

En este contexto la organización abordó con las autoridades argentinas y varios sectores de la sociedad civil las preocupaciones de Amnistía Internacional en materia de derechos humanos en la República Argentina que requieren atención inmediata por parte de las autoridades. Entre ellas se destacan la falta de investigación efectiva y concluyente en un sinnúmero de denuncias de tortura y malos tratos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad a personas detenidas en las que se incluyen menores de edad y miembros de minorías sexuales, así como las denuncias de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la policía tanto federal como provincial y el aparente uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de manifestaciones públicas. El excesivo uso de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley ha sido una constante preocupación por parte de la organización durante los dos últimos años incluyendo los hechos de diciembre de 2001 en donde en unas pocas horas del día 20 de diciembre se registró un saldo de cinco muertos civiles en los alrededores de la Plaza de Mayo en la Capital Federal. Un total de más de 30 muertos al igual que un número no confirmado de heridos se registraron durante las manifestaciones públicas que tuvieron lugar en el mismo mes en todo el país.

La delegación presentó la preocupación de la organización durante este tiempo por la falta de investigaciones exhaustivas, independientes y concluyentes sobre denuncias de violaciones de derechos humanos, la falta de seguridad de testigos de estos casos cuando han llegado hasta los tribunales de justicia y las amenazas y hostigamientos que se han registrado contra abogados, defensores de derechos humanos, jueces, periodistas y familiares de victimas. La organización reiteró su llamado para que a todos los niveles se reafirme el control sobre las fuerzas de seguridad asegurandose de que las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la policía a nivel federal y provincial en los últimos años no queden en la impunidad.

Igualmente se hizo un llamado especial sobre la importancia de erradicar la práctica de la tortura y los malos tratos. Sobre este punto se ha enfatizado la preocupación de la organización de que las autoridades argentinas no parecen haber tomado acción efectiva para erradicar esta práctica. Desde 1987, Argentina es estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, desde 1989 lo es en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y ya desde 1986 es estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos todos estos que prohíben el uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales de noviembre de 2000, expresó su preocupación ante las alegaciones [de tortura y del uso excesivo de la fuerza por los miembros de la policía] “que indican que se trata de un problema general y que los mecanismos gubernamentales establecidos para resolverlo son inadecuados”.

La delegación hizo hincapié sobre la constante preocupación de Amnistía Internacional sobre la impunidad que ha cubierto las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar (1976-1983), que incluyen desapariciones forzadas de personas practicadas por miembros de las fuerzas de seguridad argentina, torturas, asesinatos, encarcelamientos y privaciones de la libertad física entre otros actos inhumanos que por su escala, carácter sistemático y gravedad constituyen crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional.

Las leyes de Punto Final, aprobada por el Congreso argentino en diciembre de 1986 y de Obediencia Debida, aprobada en junio de 1987, junto con los indultos presidenciales del Presidente Carlos Saúl Menen han impedido el logro de la verdad y la justicia respecto a los crímenes cometidos durante esos siete años de gobierno militar.

En 1983 el primer gobierno civil del Presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida como CONADEP, la cual en su informe "Nunca Mas" registró la cifra de 8.960 casos de desapariciones, haciendo la salvedad de que la cifra verdadera podría ser mayor. Hoy esa cifra oficial es reconocida como de 15.000 victimas de desapariciones forzadas durante ese periodo, de acuerdo a nuevas denuncias recibidas por la Subsecretaria de Derechos Humanos.

Los familiares no han abandonado su lucha, al contrario, la han llevado más allá de las fronteras argentinas y en su clamor han logrado mantener viva la búsqueda y reactivar la acción nacional e internacionalmente. Sin embargo, 26 años después del golpe de estado, los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y las organizaciones no gubernamentales que nacieron de la desesperación de esos familiares como son las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo continúan su búsqueda. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida continúan hoy siendo un obstáculo para alcanzar justicia.

Tuvieron que pasar másde 10 años para que en 1998, por decisión legislativa se derogaran las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y, casi tres años más para que un juez federal, el juez Gabriel Cavallo, las declarara inconstitucionales y nulas en una causa sobre "desaparición" forzada, decisión avalada en Noviembre de 2001 por la Cámara Federal.

Sin embargo, la decisión final sobre la anulación de estas leyes todavía esta pendiente y entretanto miles de casos de desapariciones forzadas ocurridas durante el gobierno militar, y con ellas la justicia y la reparación, continúan su larga espera.

Obligaciones Internacionales

Amnistía Internacional continuamente ha hecho llamamientos a los gobiernos respectivos para que estas dos leyes sean anuladas. No hay que olvidar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 1992 consideró que las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, así como los indultos presidenciales, eran incompatibles con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ciertamente, esta postura esta respaldada por la Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, que insta a los gobiernos a «abrogar la legislación que favorezca la impunidad de los autores de violaciones graves de derechos humanos, como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases para el imperio de la ley».

Valga también recordar que la Conferencia reafirmó que «es una obligación de todos los Estados, en cualquier circunstancia, emprender una investigación siempre que haya motivos suficientes para creer que se ha producido una desaparición forzada en un territorio sujeto a su jurisdicción y, si se confirman las denuncias, enjuiciar a los autores del hecho».

De la misma manera, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas establece en su artículo 18 que los autores o presuntos autores de desapariciones forzadas no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal.

Existe sin lugar a dudas una obligación de castigar a los autores de violaciones a los derechos humanos. Esta obligación comprende el necesario ejercicio de la jurisdicción judicial del Estado: los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos deben ser investigados y procesados y, de ser hallados culpables, sancionados. Si un Estado incumple con esta obligación, su responsabilidad internacional se encuentra comprometida.

El derecho internacional impone varias obligaciones en materia de derechos humanos al Estado: una de ellas, es el deber de garantizar la vigencia de los derechos humanos. Las obligaciones del Estado como garante de los derechos de los individuos, son las de investigar las violaciones, enjuiciar y sancionar a los autores, reparar a las víctimas y establecer la verdad de lo sucedido. Los delegados hicieron hincapié sobre esta obligación del Estado argentino.

Plan Nacional de Acción

Los delegados se interesaron por la actual política de las autoridades respecto a los derechos de la mujer, de la infancia, y de los defensores de los derechos humanos, a la luz de los compromisos internacionales contraídos por Argentina. La organización, basada en las recomendaciones de la Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptadas por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993 , ha recordado al gobierno argentino la importancia de crear un Plan Nacional de Acción que identifique los pasos para que un Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos.

Amnistía Internacional espera que dicho Plan Nacional de Acciónse realice durante este periodo presidencial incluyendo la protección de abogados, testigos, victimas y sus familiares en casos relacionados con violaciones de derechos humanos y que las autoridades aseguren que todos aquellos que defienden los derechos humanos reciban completa protección para continuar su labor. Asegurando ademas, la mas completa y pronta investigación a denuncias de amenazas de muerte y hostigamiento en su contra.

La organización, por consiguiente, ha instado a las autoridades argentinas a todo nivel, a que expresen públicamente su respaldo a los sentimientos expresados en la resolución de junio de 1999 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, para "promover y proteger los derechos fundamentales de los Defensores de los Derechos Humanos".

Los derechos son universales e indivisibles. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en 1993 reafirmó estos principios. La administración del presidente Duhalde no debe ignorar estos aspectos sino, al contrario, tomar la oportunidad para formular políticas que correspondan al compromiso de la Argentina con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, del cual la Argentina es Estado parte desde 1986 y que, para Argentina, posee jerarquía constitucional.⁴

Aún con un panorama de graves preocupaciones sobre derechos humanos, el gobierno actual tiene la oportunidad de iniciar las reformas necesarias y demostrar la voluntad política requerida para que se establezca claramente que las violaciones de derechos humanos no son toleradas en la República Argentina.

Es imposible ignorar el lazo que une la impunidad de los crímenes del pasado con las preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos en la Argentina de hoy.

La experiencia de Amnistía Internacional en todo el mundo a lo largo de mas de cuarenta años, indica que la impunidad es el principal y mas importante factor para que persistan las violaciones contra los derechos humanos. Con demasiada frecuencia surgen ciclos de violencia que se perpetúan a sí mismos cuando no se investigan debidamente los abusos, cuando a los responsables no se los hace rendir cuentas de sus crímenes, cuando no se revela la verdad porque el Estado de Derecho ha sucumbido, o porque no hay voluntad política para ello.

Amnistía Internacional ha insistido que un número importante de medidas deben ser tomadas por las autoridades para efectivamente extender la protección y promoción de los derechos humanos en la República Argentina. Algunas de esas medidas requerirán directivas administrativas, otras la introducción de nueva legislación, muchas solo requerirán la implementación de lo que ya esta considerado en la legislación argentina. Todas ellas requieren voluntad política.

Nuevos Desarrollos

Desde la visita de la delegación a Argentina , es con interés que Amnistía Internacional ha conocido la información pública sobre el proyecto presentado ante la Cámara de Diputados por la Diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, para impulsar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por ser inconstitucionales. Sin embargo, se ha informado también que el debate del 21 de marzo de 2002 sobre este importante tema que afecta a tantos miles de argentinos en su búsqueda por la verdad y la justicia, 26 años más tarde, no obtuvo el quórum necesario para ser considerado.

Amnistía Internacional ha registrado con interés y beneplácito, desde la visita de su delegación a la República Argentina, el pedido de información adicional solicitada por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires sobre la Lista Parcial de Amnistía Internacional⁵, con el ánimo de realizar un seguimiento sobre el desarrollo judicial de las causas. La organización ha dado respuesta a esta solicitud de información adicional y confía conocer los adelantos que se registren en este sentido.

En otros dos recientes desarrollos promovidos por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, la organización ha registrado la reciente información publicada por la prensa argentina que señala las medidas adoptadas por la administración provincial para erradicar la practica de la tortura, anunciando la creación de un Programa Provincial contra la Tortura como respuesta concreta a las denuncias formuladas por organismos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional.

La información indica que el programa provincial estará coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos y en consulta con la Defensoría de Casación, los fiscales, el Servicio Penitenciario y la policía bonaerense para poner en marcha políticas preventivas y de control en las cárceles y comisarías. También se ha anunciado la decisión del Gobernador Felipe Solá de iniciar un proceso de renovación de la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense con el objetivo de democratizar la institución.

Amnistía Internacional ha solicitado conocer las directivas oficiales dictadas por la gobernación respecto a estas positivas medidas, que alientan a la organización y ofrecen la posibilidad de poner fin a la práctica de la tortura que se ha registrado durante varios años en la Provincia de Buenos Aires y que, como según se informa, el Sr. Gobernador lo calificó públicamente, es una “práctica terrible e inaceptable”.

Teniendo en cuenta la denuncias por parte de victimas y familiares de victimas y aun por autoridades provinciales sobre los malos tratos en comisarias y centros de detención provinciales, Amnistía Internacional ha recibido con gran interés información pública que indica que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires habría, a principios de marzo de 2002, ordenado a los presidentes de la 18 Cámaras de Apelaciones de toda la provincia, realizar visitas periódicas a las comisarias para revisar las condiciones de detención de los presos en dichos lugares. Según la información “los jueces deberán entrevistarse con los detenidos y recorrer la totalidad de las instalaciones, para contemplar correctamente las condiciones en las que se encuentra las personas allí detenidas”.

Amnistía Internacional estará siguiendo con interés los desarrollos de estas medidas positivas realizadas a nivel provincial. La organización espera recibir próximamente información por parte de las autoridades federales sobre las medidas consideradas para dar respuesta a las preocupaciones enumeradas en el Memorándum de Amnistía Internacional al Presidente Eduardo Duhalde y sobre las iniciativas desarrolladas para poner en práctica el Plan Nacional de Acción que permita acabar con la impunidad por las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado y garantizar el pleno respeto de los derechos de todos en la República Argentina , tanto en la actualidad como en el futuro.

APÉNDICE I

AMNISTÍA INTERNACIONAL

MEMORÁNDUM

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Amnistía Internacional se dirige al Sr. Presidente de la República Argentina, Dr. Eduardo Duhalde y a los integrantes de su gobierno para presentarle sus preocupaciones en materia de derechos humanos en la República Argentina y se permite hacer un llamamiento para que las autoridades reexaminen los serios problemas que se han venido manteniendo a través de los años en materia de derechos humanos y para formular políticas e iniciar reformas destinadas a la efectiva promoción y protección de dichos derechos. La voluntad política de su gobierno sera crucial en la reformulación a nivel nacional de políticas y normas para abordar los desafíos que en materia de derechos humanos enfrenta Argentina.

Amnistía Internacional confía que el gobierno del Presidente Duhalde emprenderá un Programa Nacional de Acción que permita un progreso significativo dando prioridad a las reformas que sean necesarias para la extensión de la protección de los derechos humanos a todos los habitantes de Argentina. Con esta iniciativa, el gobierno cumpliría con el compromiso adquirido durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en junio de 1993 con la Declaración y Programa de Acción que recomienda que cada Estado "considere la conveniencia de la elaboración de un plan nacional de acción que identifique etapas a través de las cuales el Estado fomentaría la promoción y protección de los derechos humanos". La Conferencia reafirmó tanto la universalidad como la indivisibilidad de esos derechos. Amnistía Internacional insta al gobierno argentino a preparar dicho plan como el marco inicial de la implementación de la protección de los derechos humanos en el país.

Durante los últimos 19 años de gobierno democrático en Argentina, Amnistía Internacional ha repetidamente llamado la atención a las autoridades sobre su preocupación respecto a las violaciones cometidas durante los años de gobierno militar y a la imperiosa necesidad de aclarar la suerte de las miles de personas victimas de desapariciones forzadas durante esa época. Durante los años de gobierno civil, Amnistía Internacional ha solicitado de las autoridades la investigación efectiva y concluyente en un sinnúmero de denuncias de tortura y malos tratos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad a personas detenidas en las que se incluyen menores de edad y miembros de minorías sexuales, así como las denuncias de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la policía tanto federal como provincial y el aparente uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de manifestaciones públicas. Ha preocupado a la organización durante este tiempo la falta de investigaciones exhaustivas, independientes y concluyentes sobre tales denuncias; la falta de seguridad de testigos en casos de violaciones de derechos humanos que han llegado hasta los tribunales de justicia y las amenazas y hostigamientos que se han registrado contra abogados, defensores de derechos humanos, jueces, periodistas y familiares de victimas.

Los obstáculos a la justicia

Amnistía Internacional ha seguido con interés los desarrollos que se han producido en estos años de gobierno democrático con relación a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los años de gobierno militar. En el ultimo periodo ha registrado la derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida y la iniciación de procesos judiciales a varios ex-militares respecto a casos de secuestros de menores. Así mismo la organización ha recibido con beneplácito la Resolución del Juez Federal Gabriel Cavallo en marzo de 2001 declarando inconstitucionales y nulas las leyes 23.492 (Ley de Punto final) y 23.521 (Ley de Obediencia Debida) en el caso de desaparición forzada de José Liborio Poblete Roa, su esposa Gertrudis Marta Hlaczik y su hija Claudia Victoria ocurrida en 1978. Sin embargo, la suerte de miles de victimas de desaparición forzada continua sin conocerse y la mayor parte de las violaciones del periodo militar continúan en la impunidad.

La organización se ha dirigido continuamente a las autoridades pidiendo que las amnistías, decretos presidenciales y otras medidas adoptadas para dejar en la impunidad tan graves hechos sean anuladas. Ciertamente, esta postura esta respaldada por la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Naciones Unidas, que establece en su articulo 18 que los autores o presuntos autores de desapariciones forzadas no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal. Aún más, en abril de 1995 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida niegan el remedio efectivo a las personas que sufrieron violaciones de derechos humanos durante el periodo militar, lo cual supone una violación de los artículos 2(2,3) y 9(5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité igualmente expresó su opinión de que el respeto a los derechos humanos puede debilitarse si los perpetradores de violaciones de derechos humanos gozan de impunidad. Igualmente, en la Declaración y el Programa de Acción de Viena se reafirmó que «[l]os gobiernos deben derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases para el imperio de la ley».

A este respecto Amnistía Internacional exhorta a la administración del Presidente Duhalde a que adopte las medidas necesarias para que leyes de Punto final y Obediencia Debida sean anuladas dejando sin efecto la legislación que obstruye la investigación a estas violaciones de derechos humanos y que se someta a los responsables a la justicia.

La colaboración judicial

Amnistía Internacional ha reconocido el importante papel de Argentina en la preparación del Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma en 1998, y la ratificación del Estatuto en 2001. Sin embargo, en este contexto de legislación internacional, ha preocupado a la organización la falta de colaboración por parte de las autoridades argentinas en las investigaciones judiciales que se adelantan en otros países para esclarecer la suerte de los desaparecidos y llevar a la justicia a los perpetradores. Amnistía Internacional hace un llamamiento perentorio a la presente administración para que durante este periodo presidencial se faciliten dichas actuaciones judiciales dirigidas a juzgar actos inhumanos que han sido largamente reconocidos como crímenes contra la humanidad.

Investigaciones prontas e imparciales

La preocupación de Amnistía Internacional sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la policía a nivel federal y provincial en los últimos años, impulsa a la organización a reiterar su llamado para que a todos los niveles se reafirme el control sobre las fuerzas de seguridad asegurandose de que las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de estas fuerzas no queden en la impunidad.

Es vital que todas las denuncias sean pronta, total e imparcialmente investigadas y que aquellos implicados sean suspendidos del servicio activo y llevados ante la justicia. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se pronunció al respecto en julio de 1996 indicando que es " imperativo adoptar medidas estrictas para hacer frente a la cuestión de la impunidad garantizando que las denuncias de las violaciones de derechos humanos se investiguen de forma inmediata y completa, que se enjuicie a los autores, que se impongan las penas apropiadas a los que sean declarados culpables y que se indemnice en forma adecuada a las víctimas." El Comité estableció que " los miembros de las fuerzas de seguridad a quienes se haya declarado culpable de graves delitos sean destituidos permanentemente de las fuerzas y que los miembros de éstas contra los cuales se estén investigando denuncias de tales delitos sean suspendidos de sus funciones hasta que termine la investigación.”

La tortura y los malos tratos

Amnistía Internacional ha visto con preocupación que las autoridades argentinas no parecen haber tomado acción efectiva para erradicar la práctica de la tortura y los malos tratos. Desde 1987, Argentina es Estado parte de la Convención contra la Tortura, que prohíbe el uso de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Articulo 18 de la Constitución argentina de 1994 establece "Quedan abolidos para siempre ... toda especie de tormento y los azotes." Amnistía Internacional considera que esta prohibición no cumple adecuadamente los requisitos del artículo 1 de la Convención contra la tortura. En este sentido, las medidas adecuadas deben ser tomadas para que la prohibición sobre la tortura quede claramente estipulada en la legislación nacional. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales de noviembre de 2000, expresó su preocupación ante las alegaciones [de tortura y del uso excesivo de la fuerza por los miembros de la policía] “que indican que se trata de un problema general y que los mecanismos gubernamentales establecidos para resolverlo son inadecuados”.

Igualmente, en las mismas observaciones el Comité expresó su honda preocupación sobre las condiciones reinantes en las cárceles que no se ajustan a las previstas en los Artículos 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considerando que “ la gran superpoblación y la mala calidad en la prestación de servicios y la satisfacción de necesidades fundamentales, como la alimentación, la ropa y la asistencia médica, son incompatibles con el derecho de toda persona a un trato humano y con el respeto de la dignidad inherente al ser humano”.

En este contexto, Amnistía Internacional se permite referirse a la publicación de una declaración de cuatro jueces federales en agosto de 2001, expresando su preocupación ante la evidencia de “la generalizada práctica de la tortura en todas sus formas de modo sistemático en el ámbito de las investigaciones policiales y el trato a los detenidos, muy especialmente en la Provincia de Buenos Aires”. La declaración señalaba también la falta de acción judicial en aplicar “las normas penales destinadas a evitar y sancionar la tortura”.

Igualmente, el Defensor del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Mario Coriolano, ha elevado ante las autoridades judiciales provinciales su Resolución 153/01 de julio de 2001, sobre el hacinamiento y las condiciones en los lugares de reclusión en los que “la constatación de agravamientos ilegítimos en la forma y las condiciones en que se cumplían ciertas privaciones de libertad [son] constitutivas de tratos inhumanos”. En su resolución el Defensor General indica tener registrados 602 casos de torturas detectados en comisarias y cárceles entre marzo del 2000 y junio de 2001, en donde los métodos de tortura y malos tratos incluyen golpizas, aplicación de electricidad conocido como “picana eléctrica” y la práctica de asfixia con bolsas de plástico conocido como el “submarino seco”. En su resolución el Defensor del Tribunal de Casación también registra el severo hacinamiento y pésimas condiciones de vida e higiene de los detenidos, así como la obstaculización al adecuado ejercicio de la defensa por parte de las autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.

El uso excesivo de la fuerza

En reiteradas oportunidades Amnistía Internacional se ha dirigido a las autoridades argentinas para expresar su preocupación ante denuncias e informaciones sobre el aparente uso excesivo de la fuerza de forma reiterada por parte de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas. En el ultimo año se ha registrado muertos civiles y numerosos heridos en varias provincias del país durante incidentes de esta naturaleza en el que el accionar por parte de las fuerzas de seguridad como la Policía y la Gendarmería Nacional, parece indicar el uso excesivo de la fuerza.

Amnistía Internacional reconoce que las autoridades argentinas tienen el deber de mantener el orden público. Sin embargo, y merece especial mención, los informes recibidos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la policía el pasado 20 de diciembre en donde cinco civiles murieron por disparos de arma de fuego en el centro de la Capital Federal. Un total de más de 30 muertos, al igual que un número no confirmado de heridos, se registraron durante las manifestaciones públicas que tuvieron lugar el mismo mes en todo el país.

Ante estos hechos y otros similares, Amnistía Internacional urge a las autoridades argentinas que tome medidas para asegurar que cualquier acción de las fuerzas de seguridad para controlar manifestaciones o disturbios se realice dentro de los ámbitos prescritos por las normas internacionales. En particular, quisiéramos respetuosamente poner de presente que los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, deben ser considerados y puestos en práctica en todas circunstancias.

La protección a victimas, testigos y defensores de derechos humanos

Medidas efectivas deben ser tomadas para una eficaz protección de las victimas y los testigos de violaciones a los derechos humanos que permitan a largo plazo un permanente progreso en la búsqueda y logro de la justicia. En el mismo contexto se debe garantizar la labor y desempeño de los defensores de derechos humanos. Para este efecto valdría la pena recordar las recomendaciones de la Declaración y Programa de Acción de Viena adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993 sobre la importancia de crear un Plan Nacional de Acción que identifique los pasos para que un Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional hace un llamamiento para que dicho plan nacional de acción se realice durante este periodo presidencial incluyendo la protección de abogados, testigos, victimas y sus familiares en casos relacionados con violaciones de derechos humanos y que las autoridades aseguren que todos aquellos que defienden los derechos humanos reciban completa protección para continuar su labor. Asegurando ademas, la mas completa y pronta investigación a denuncias de amenazas de muerte y hostigamiento en su contra. Amnistía Internacional, por consiguiente, insta a las autoridades argentinas a todo nivel, a que expresen públicamente su respaldo a los sentimientos expresados en la resolución de junio de 1999 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, para "promover y proteger los derechos fundamentales de los Defensores de los Derechos Humanos".

La organización se permite recordar que los Estados Americanos, incluyendo la República Argentina, cuando adoptaron en junio de 1999 la resolución en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos “Defensores de los derechos humanos en las Américas”, expresaron su voluntad de aplicar la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En especial, resolvieron, "Reconocer y respaldar la tarea que desarrollan los Defensores de los Derechos Humanos y su valiosa contribución para la promoción, el respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales en las Américas." La resolución exhorta a los Estados miembros a dar a "los Defensores de los Derechos Humanos las garantías y facilidades necesarias a fin de seguir ejerciendo libremente sus tareas de promoción y protección de los derechos humanos," así como a adoptar, "las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad e integridad de los mismos."

Los derechos del niño

La organización espera que el actual programa presidencial refleje de una manera concreta y sin restricciones los compromisos contraídos por la República Argentina respecto a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. El cumplimiento de estos dos Convenios será una señal más de la firme voluntad del gobierno hacia el respeto de los derechos humanos de todos. Es con especial preocupación que Amnistía Internacional pone de presente ante el gobierno del Presidente Duhalde el Acuerdo No. 3012 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dado a conocer en octubre de 2001, informando que entre los años de 1999 y 2000, 60 menores murieron en presuntos enfrentamientos policiales. Agrava dicha circunstancia, que varias de las víctimas muertas bajo custodia, habrían denunciado amenazas o malos tratos por parte del personal policial de las comisarías bajo cuya jurisdicción se produjo luego el enfrentamiento. La Suprema Corte igualmente ha informado sobre los malos tratos a que son sometidos los menores en dependencias policiales incluyendo las condiciones inhumanas de alojamiento en estos lugares.

Normas internacionales

Como es de conocimiento del Sr. Presidente, Amnistía Internacional basa su labor en normas internacionales de derechos humanos proclamadas por la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas y otros órganos intergubernamentales, normas que los Estados se comprometen a respetar. Nos dirigimos a los gobiernos debido a la obligación específica que estos han contraído de asegurar que los agentes del Estado actúen dentro del marco de la ley y respeten los derechos humanos fundamentales.

En este contexto Amnistía Internacional se permite enfatizar que el Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de las Naciones Unidas, establece que "ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión sera sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes."

Igualmente, la organización se permite recordar que normas internacionales como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por las Naciones Unidas, señalan límites estrictos sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y establecen que la fuerza solo podrá ser usada cuando sea estrictamente necesario y en proporción al objetivo o amenaza que se presente, y que el uso de fuerza letal solo deberá emplearse cuando sea inevitable con el fin de proteger vidas humanas.

Las preocupaciones de Amnistía Internacional que se han mencionado en este memorándum, están encuadradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, la organización nota que la República Argentina es también Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este Pacto establece en su Artículo 2(1) que cada uno de los Estados partes se comprometen a adoptar medidas “tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales especialmente económicas y técnicas” para lograr por todos los medios apropiados, “inclusive en particular la adopción de medidas legislativas”, la plena efectividad de los derechos reconocidos por el Pacto. Estos derechos incluyen, entre otros, el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la educación.

Amnistía Internacional hace un llamamiento para que durante el actual periodo presidencial y en la elaboración de sus futuras políticas económicas se tomen en cuenta estos derechos y se adelanten las medidas necesarias, como lo establece el Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para reconocer estos derechos reconociendo en esta forma la indivisibilidad de los derechos humanos.

Amnistía Internacional respetuosamente se dirige en esta oportunidad al gobierno federal para presentar sus preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos que abarcan varias provincias en el territorio nacional. La organización reconoce que como estado federal las provincias argentinas poseen su propia constitución sin embargo, el Artículo 31 de la Constitución de la República establece que los compromisos internacionales adoptados por el Estado son vinculantes para todas las autoridades provinciales y corresponde a las autoridades federales el asegurar el cumplimiento de las normas internacionales.

Amnistía Internacional confía que durante este periodo presidencial se introduzcan y apliquen las reformas necesarias y se demuestre la voluntad política requerida para que se establezca claramente que las violaciones de derechos humanos no son toleradas en la República Argentina, abriendo la puerta para un respeto completo de los derechos humanos de todos sus ciudadanos en el futuro y apoyando la realización de la justicia sin reservas para las victimas del pasado.

APÉNDICE II

AMNISTÍA INTERNACIONAL

CARTA ABIERTA AL

SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,

DR. FELIPE SOLÁ

Amnistía Internacional es una organización mundial que se esfuerza porque todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sean observados y respetados. Es así que Amnistía Internacional actúa contra las más graves violaciones que cometen los gobiernos contra los derechos civiles y políticos de las personas, entre ellas, la organización trabaja principalmente para obtener la liberación de todos los presos de conciencia, lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos políticos, conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación de la tortura y otros tratos crueles a los presos; y acabar con la ejecuciones extrajudiciales y las “desapariciones”. Amnistía Internacional se opone a los abusos que cometen los grupos políticos armados, como la reclusión de presos de conciencia, la toma de rehenes, la tortura y los homicidios ilegítimos.

Amnistía Internacional basa su labor en normas internacionales de derechos humanos proclamadas por la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas y otro órganos intergubernamentales, normas que los Estados se comprometen a respetar. Nos dirigimos a los gobiernos debido a la obligación específica que estos han contraído de asegurar que los agentes del Estado actúen dentro del marco de la ley y respeten los derechos humanos fundamentales.

En este contexto, Amnistía Internacional se dirige al Sr. Gobernador para expresarle su preocupación sobre las repetidas denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires. La organización solicita la

atención e intervención del Sr. Gobernador en vista de la reiterada información publica, proveniente de funcionarios judiciales argentinos quienes repetidamente, durante el último año, han registrado en sus informes casos de torturas y muertes en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires y la muerte de menores de edad en presuntos enfrentamientos con la policía.

En un informe que Amnistía Internacional considera digno de crédito, y que sin duda es del conocimiento del Sr. Gobernador, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mediante Acuerdo No. 3012, dado a conocer con fecha 24 de octubre de 2001, informó que entre los años de 1999 y 2000, 60 menores murieron en presuntos enfrentamientos policiales. Agrava dicha circunstancia, que varias de las víctimas muertas bajo custodia, habrían denunciado amenazas o malos tratos por parte del personal policial de las comisarías bajo cuya jurisdicción se produjo luego el enfrentamiento.

De la misma manera, Amnistía Internacional ha registrado la información pública que indica que durante el año 2001, la Suprema Corte ha informado sobre los malos tratos a que son sometidos los menores en dependencias policiales incluyendo las condiciones inhumanas de alojamiento en estos lugares. Amnistía Internacional registra como positivo el hecho de que algunas de estas dependencias policiales, como son las comisarias de Villa Elisa, Villa Maipú, Los Hornos, San Miguel, Berisso, Benavídez y Barrancas, hayan sido inhabilitadas por disposición judicial. Es, sin embargo, motivo de preocupación sobre este serio tema la aparente falta de un programa de mejoras carcelarias impulsado por las autoridades provinciales que cumpla con los compromisos adquiridos por el Estado argentino al ratificar La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Esta Convención en su Artículo 40(1), establece: “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor ...”. El Articulo 37 establece que los Estados Partes velarán por que: “Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes...”

La información producida por los miembros del poder judicial cubre serios aspectos de violaciones de derechos humanos que deben ser corregidos por las autoridades argentinas, incluyendo la práctica sistemática de la tortura y malos tratos a detenidos y la falta de investigaciones exhaustivas, independientes y concluyentes. Amnistía Internacional ha venido recibiendo denuncias sobre estos preocupantes aspectos y ha dirigido en repetidas oportunidades su preocupación a las autoridades argentinas. En este contexto nos permitimos hacer referencia a la publicación de la declaración de cuatro jueces federales en agosto de 2001, expresando su preocupación ante la evidencia de “la generalizada práctica de la tortura en todas sus formas de modo sistemático en el ámbito de las investigaciones policiales y el trato a los detenidos, muy especialmente en la Provincia de Buenos Aires”. La declaración señalaba también la falta de acción judicial en aplicar “las normas penales destinadas a evitar y sancionar la tortura”.

Igualmente, el Defensor del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Mario Coriolano, ha elevado ante las autoridades judiciales provinciales su Resolución 153/01 de julio de 2001, sobre el hacinamiento y las condiciones en los lugares de reclusión en los que “la constatación de agravamientos ilegítimos en la forma y las condiciones en

que se cumplían ciertas privaciones de libertad [son] constitutivas de tratos inhumanos”. En su resolución el Defensor del Tribunal de Casación Penal indica tener registrados 602 casos de torturas detectados en comisarias y cárceles entre marzo del 2000 y junio de 2001, en donde los métodos de tortura y malos tratos incluyen golpizas, aplicación de electricidad conocido como “picana eléctrica” y la practica de asfixia con bolsas de plástico conocido como el “submarino seco”. En su resolución el Defensor del Tribunal de Casación Penal también registra el severo hacinamiento y pésimas condiciones de vida e higiene de los detenidos, así como la obstaculización al adecuado ejercicio de la defensa por parte de las autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.

Amnistía Internacional esta llevando a cabo una campaña internacional contra la tortura. Dentro de este marco de trabajo y ante las declaraciones públicas de los miembros del poder judicial, la organización hace un llamamiento a las autoridades provinciales para que en el curso de su gobierno se suministre información sobre el número de denuncias e investigaciones que se hayan iniciado tanto judicial como administrativamente respecto a denuncias de tortura y malos tratos durante los años 2000 y 2001, así como sobre la metodología de las investigaciones y el número de funcionarios del servicio penitenciario que hayan sido procesados o sentenciados en relación a estas denuncias. Amnistía Internacional espera que los resultados de dichas investigaciones se hagan públicos.

Amnistía Internacional se permite enfatizar que el Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de las Naciones Unidas, establece que "ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión sera sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes." La organización hace un llamado a las autoridades provinciales para que se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las denuncias de tortura y malos tratos ocurridas en lugares de detención y que los hallados responsables sean llevados ante la justicia. De la misma manera pide que se tomen todas la medidas necesarias para garantizar la seguridad de los denunciantes, los testigos y de los familiares evitando que sean objeto de amenazas, coerción o violencia.

Igualmente, la organización se permite recordar que normas internacionales como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por las Naciones Unidas, señalan límites estrictos sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y establecen que la fuerza solo podrá ser usada cuando sea estrictamente necesario y en proporción al objetivo o amenaza que se presente, y que el uso de fuerza letal solo deberá emplearse cuando sea inevitable con el fin de proteger vidas humanas.

Uno de los objetivos de Amnistía Internacional al dirigir esta carta abierta al Sr. Gobernador es conocer las medidas que esta tomando el gobierno provincial para poner fin a las violaciones de derechos humanos aquí expresadas, teniendo en cuenta que la República Argentina es un estado federal y que corresponde a las autoridades provinciales tomar las medidas necesarias para promover y proteger los derechos humanos dentro del área provincial bajo su jurisdicción.

APÉNDICE III

ARGENTINA

LISTA PARCIAL DE

CASOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

CONOCIDOS POR AMNISTÍA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional ha recibido información sobre los casos descritos a continuación, que forman una lista parcial de denuncias públicas y judiciales sobre violaciones de derechos humanos. La organización no está en condiciones de corroborar todos los detalles de los hechos descritos. Amnistía Internacional ha solicitado y continúa solicitando de las autoridades argentinas información completa sobre el desarrollo de las investigaciones que se hayan iniciado, y confía que las personas encontradas responsables sean llevadas ante la justicia.

Amenazas y Hostigamientos a Testigos y Familiares

Walter Yáñez

Provincia de Mendoza, 11 marzo 2001

El 11 de marzo del 2001, Walter Yáñez , de 19 años , fue muerto por un miembro de la policía provincial en Bermejo, provincia de Mendoza. La familia Yáñez presentó la denuncia y un miembro de la policía fue puesto bajo arresto domiciliario durante un mes. Según la información recibida el día del funeral, unos 50 policías reprimieron a los familiares y asistentes con balas de goma. Posteriormente se registraron amenazas por parte de la policía a los amigos y familiares de la víctima, incluyendo a su hermano, Nelson Forquera. La causa judicial sobre este caso continua en trámite.

Pablo Ariel Castillo Palacios

Neuquén, septiembre 2001

Según la denuncia presentada por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén en Septiembre de 2001, Pablo Ariel Castillo fue herido en el abdomen por un disparo de bala efectuado por personal policial en marzo de 1999. Un proceso penal por esta causa se tramitó ante el Juzgado Correccional No. 2 de Neuquén y uno de los cinco policías que fueron acusados de estar implicados en los hechos fue sentenciado con el cargo de lesiones graves.

La denuncia de septiembre de 2001 indica que desde que se inició la causa penal, tanto Pablo Ariel como su familia han sido objeto de repetidas intimidaciones por parte de funcionarios policiales. Varias denuncias al respecto se han presentado ante las fiscalías respectivas así como acciones de Hábeas Corpus. Las intimidaciones han incluido disparos de armas de fuego, hecho ocurrido en septiembre de 2001. La última denuncia indica que se desconocen los trámites judiciales seguidos a las denuncias anteriores.

Olga Lúquez

Tropero Sosa, Provincia de Mendoza, octubre 2001

El hijo de Olga Lúquez, Roberto Agustín Lúquez, murió por los disparos de unos policías de la comisaría de Tropero Sosa en octubre de 1999. Existe una causa abierta sobre este hecho. La Sra. Lúquez ha denunciado repetidas amenazas por su trabajo para obtener justicia. En septiembre de 2001, Olga Lúquez apareció en un programa de televisión para conmemorar el aniversario de la muerte de su hijo, ese mismo día un policía la amenazó. La Sra. Lúquez ha denunciado amedrantamientos por parte de miembros de la policía, incluso en el colegio de su hija pequeña.

Lidia Zarate

Tigre, Buenos Aires, marzo 2001

Según la información recibida, dos de los hijos de Lidia Zarate murieron como consecuencia de disparos. El primero, Juan Marcelo, fue muerto supuestamente a manos de la policía. Desde entonces, su madre ha estado haciendo campaña para que los responsables sean llevados ante la justicia. Esto le ha supuesto una larga serie de amenazas. Una de estas amenazas se cumplió el 19 de marzo de 2001 cuando su hijo, Martín González Zarate, fue muerto por disparos después de haber sido amenazado por la policía. Se ha informado que un policía fue detenido en relación con este homicidio.

Lidia Zarate es miembro de la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, organización que hace campaña para que se investiguen los casos de muertes, generalmente de jóvenes, producidos por la policía. Los miembros de esta Comisión están constantemente bajo amenaza y amedrantamiento que según la información, podría provenir de funcionarios de la policía. Estos se intensificaron después de que la Comisión publicó un informe que contiene unos 800 casos de estas características que son conocidos como "gatillo fácil".

Vanessa Piedrabuena (Roque Virgilio Piedrabuena)

Córdoba, agosto 2001

Vanessa Piedrabuena, cuyo nombre legal es Roque Virgilio Piedrabuena, es la presidenta de la Asociación de Travestis Unidas de Córdoba. Según informes, ha recibido lesiones y amenazas de muerte por parte de la policía provincial. Vanessa está haciendo campaña para que se haga justicia en el caso de Vanesa Ledesma, otra travesti quien murió bajo custodia policial.

Carlos Varela , Diego Lavado y Alejandro Acosta (abogados)

Provincia de Mendoza, marzo 2001

Este grupo de abogados que representan a familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos de la provincia de Mendoza se ha visto sometido a constantes amenazas e intimidaciones. En cada situación se han realizado denuncias ante las autoridades provinciales y nacionales, incluyendo la campaña de descredito, amenazas y ataques que los abogados sufrieron en marzo de 2001 con relación a los procedimientos judiciales iniciados en el caso de José Segundo Zambrano y Pablo Rodríguez , quienes fueron desaparecidos y luego encontrados muertos en 1997.

Violencia Policial

Lucas Mauricio Baigorria Anzorena

Uspallata, Provincia de Mendoza, 19 mayo 2001

El 19 de mayo 2001, Lucas Mauricio Baigorria de 23 años, estaba celebrando su cumpleaños en un bar cuando fue detenido por la policía por averiguación de antecedentes. Según la denuncia presentada por su madre ante la Segunda Fiscalía de Instrucción y ante la Inspección General de Seguridad, Lucas Mauricio fue golpeado por efectivos policiales en la Comisaría 23 de Uspallata. Cuando su madre lo fue a recoger a la comisaría, lo encontró tirado en el piso rodeado de agua y sangre. Según la información, un examen médico indicó una lesión en una costilla. Según la versión policial, el detenido se habría autolesionado y habría cometido desacato con la policía.

Jorge Daniel Verón

Provincia de Buenos Aires, octubre 2001

Jorge Daniel Verón, Alberto Mariño, un menor de l6 años y una jóven de 18 años de edad, embarazada, se encontraban el 7 de octubre en un kiosco tomando cerveza en la localidad de Claypole, Barrio Don Orione, cuando fueron amenazados por un funcionario de la Policía Federal vestido de civil. Luego de disparar, el policía hirió de bala a tres jóvenes, incluyendo a la jóven embarazada. Luego llegaron al lugar dos móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a quienes solicitaronn ayuda médica, y refirieron lo ocurrido. Después de que el Policía Federal se identificara y explicara en su defensa que los jóvenes habrían intentado asaltarlo, la policía arrestó a los jóvenes y trasladó a los heridos al hospital. Jorge Daniel Verón y Alberto Mariño se encuentran detenidos en el penal de Olmos, Provincia de Buenos Aires. La familia de Jorge Daniel Verón ha presentado una denuncia judicial contra el policía por abuso de arma , lesiones graves y falso testimonio ante la Fiscalía No. 3 de Lomas de Zamora.

Roberto Rojas

Provincia de Tierra del Fuego - noviembre del 2001

En una denuncia pública en la ciudad de Ushuaia, Daniel Aguirre relató como vio la madrugada del 3 de noviembre a un grupo de policías golpeando a su hermano, Roberto Rojas, mientras este se encontraba en el suelo. Denunció también que le habían disparado. Aguirre preguntó a la policía porque lo habían hecho y le respondieron que habían visto a Roberto Rojas correr en una actitud sospechosa. Todo esto ocurrió bajo una lluvia intensa y como la víctima sufre de asma, fue llevado en ambulancia al hospital sin guardia policial. Dos días después Daniel Aguirre se presentó ante un fiscal provincial a hacer la denuncia pero ésta no fue aceptada.

Menores Mapuche en Neuquén

Neuquén, octubre 2001

La información indica que el 12 de octubre de 2001, un grupo de menores Mapuche entre los 6 y 17 años hicieron una manifestación pública pintando las paredes de la empresa petrolera REPSOL-YPF en la ciudad de Neuquén. Unos 30 funcionarios de la policía antimotines trataron de impedirlo deteniendo a los adolescentes y procediendo a golpear a los menores que trataban de impedir el arresto. El jóven Mapuche, Kvrvf, de 16 años, fue detenido en la Comisaría 10. a donde fue llevado a golpes y arrastrado del pelo. Después de dos horas de estar incomunicado Kvrvf fue dejado en libertad.

Daniel Celesia

Provincia de Buenos Aires, noviembre 2001

El 8 de noviembre del 2001 el chofer de carga Daniel Celesia y otros tres hombres fueron detenidos por la policía pese a que la documentación exigida por la policía para identificar la carga y el vehículo había sido presentada y estaba en regla. La información recibida indica que en la Comisaría de Billinghurst del partido de San Martín, la policía le pidió a Daniel Celesia 15 mil pesos a cambio de que no se le abriera una causa, amenazándole con dejar droga o un arma en el vehículo. Cuando les informó que no tenía dinero para pagar, lo amenazaron con torturarlo y empezaron a golpearlo mientras estaba esposado. De acuerdo a la información, un llamado anónimo avisó a la Fiscalía 50de San Martín de lo que estaba ocurriendo y agentes de esta institución se presentaron en la comisaría y ordenaron la libertad de los hombres. Seis miembros de la comisaría fueron detenidos a raíz de la investigación de los hechos.

Según la información este no es un caso aislado. Otras denuncias han sido presentadas por comportamientos similares de miembros de la policía de la provincia.

Sebastián Ruiz

Provincia de Río Negro, noviembre 2001

El 11 de noviembre de 2001 miembros de la policía de la Comisaría 31 detuvieron a Sebastián Ruiz en la ciudad de General Roca, golpeándolo brutalmente. Su madre denunció los apremios ilegales públicamente y ante la Fiscalía número 3 y el juzgado de turno número 2. Según información recibida, antes de ser dejado en libertad Sebastián fue amenazado de muerte.

Mario Vargas

Mendoza, junio 2001

Mario Vargas fue arrestado el 30 de Junio de 2001 en el domicilio de su hermana durante un allanamiento en el barrio San Martín, en el cual la policía golpeó a varios vecinos. En su testimonio Mario Vargas denuncia que fue detenido en la Comisaría 6a. junto con 18 personas en un calabozo sin techo y con rejas electrificadas, de donde fueron trasladados a las instalaciones de Contraventores, en donde fueron amenazados por agentes de la policía, esposados y detenidos en un sótano. Mario Vargas fue dejado en libertad después de ocho horas de detención.

Se han registrado allanamientos policiales masivos en varios barrios marginales de la ciudad de Mendoza, en donde los habitantes han sido sometidos a golpes y malos tratos. Según la información, estos allanamientos se realizan con una orden judicial en la que no se menciona un domicilio en concreto, permitiendo que la policía allane cualquier domicilio y realice detenciones.

Gastón Galván ( 14 años de edad )

Miguel Burgos (16 años de edad )

Provincia de Buenos Aires, abril 2001

Los dos adolescentes fueron detenidos por miembros de la policía el 24 de abril de 2001 y se presume que fueron llevados a la Comisaria 30de Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires. El ingreso de los menores no fue registrado en el libro de ingresos de la comisaría. Los cuerpos de los dos jóvenes fueron encontrados el día siguiente en un descampado. Los dos estaban atados de pies y manos, tenían heridas de bala en el cuerpo y un disparo de gracia en la nuca, Gastón Galván llevaba una bolsa de plástico en la cabeza. Según denuncia pública de los familiares de Gastón Galván y Miguel Burgos, los dos adolescentes estaban amenazados de muerte.

Cuatro policías de la Comisaria 30de Don Torcuato están detenidos a raíz de las investigaciones iniciadas sobre las dos muertes.

Claudio Rivera

Córdoba, diciembre 2001

Claudio Rivera de 23 años de edad fue muerto de un balazo en la espalda cuando un policía que le había dado el alto disparó el arma mientras el muchacho corría desarmado. Fuentes policiales indican que al policía se le disparó el arma por la tensión del momento. Información pública indica que el comisario mayor de la policía provincial admitió que los policías llevan las armas para usarlas cuando patrullan por zonas de riesgo de la ciudad de Córdoba, como es el caso de la zona dónde se produjo la muerte de Claudio Rivera. La información indica que se ha iniciado una investigación.

Aparente uso excesivo de la fuerza

Daniel Ramos, copropietario del bar - herido

Daniel Grassano, copropietario del bar - muerto

La Plata, enero 2002

Según información de prensa, durante un asalto a un bar hubo un tiroteo entre dos asaltantes y un funcionario de la policía quien, según testigos presenciales, disparaba indiscriminadamente. Los dos asaltantes resultaron muertos como también Daniel Grassano, copropietario del bar. Dos personas resultaron heridas de bala incluyendo a Daniel Ramos. Según la información el policía fue detenido.

María Emilia Lobo Herrera

Catamarca, diciembre 2001

Según información recibida, el 19 de diciembre del 2001 María Emilia Lobo Herrera recibió un impacto de bala en la cara que le fracturo la mandíbula, cuando miembros de la policía trataban de hacer un arresto en un restaurante. En el enfrentamiento que se generó entre un grupo de asistentes y la policía, otros jóvenes resultaron heridos por balas de goma. Una investigación sobre el incidente se ha iniciado en el juzgado de instrucción .

Carlos Santillán y José Barrios (16 años de edad)

General Mosconi, Provincia de Salta, junio 2001

En junio se llevó a cabo un corte de ruta en la Carretera Nacional 34. La Gendarmería Nacional acudió para dispersar a los manifestantes. Inicialmente lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos, pero posteriormente se autorizó la utilización de armas de fuego. Carlos Santillán y José Barrios murieron durante este incidente, víctimas de disparos de arma de fuego. Amnistía Internacional entiende que se ha iniciado una investigación sobre este hecho. Sin embargo, no es la primera ocasión en la que se denuncia el abuso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Salta.

Muertos durante manifestaciones en el mes de diciembre 2001

Durante las manifestaciones que se registraron alrededor del país a partir del 19 de diciembre en protesta por la crisis económica, se ha denunciado la muerte de seis personas en la Plaza de Mayo, ciudad de Buenos Aires. Amnistía Internacional ha recibido información sobre las muertes de Gastón Marcelo Riva, Rubén Darío Aredes, Gustavo Ariel Benedetto, Alberto Márquez, Diego Lamagna y Carlos Almirón. Amnistía Internacional está siguiendo con atención las investigaciones que se han iniciado respecto a estos casos. Según la información recibida:

- Gastón Marcelo Riva : el 20 de diciembre de 2001 circulaba en moto por la Avenida de Mayo cuando recibió un disparo en el pecho proveniente de alguna de las armas de un grupo de cuatro policías que estaban disparando. Poco después murió.

- Rubén Darío Aredes : Murió en el Hospital Santojanni a consecuencia de disparos en el tórax.

- Gustavo Ariel Benedetto : Se encontraba en la esquina entre la Avenida de Mayo y Chacabuco, donde se estaba llevando a cabo la manifestación. Gustavo Ariel Benedetto recibió un balazo en la cabeza que le provocó la muerte.

- Alberto Márquez: Durante la manifestación, de una camioneta salieron civiles y uniformados que empezaron a disparar indiscriminadamente. Alberto Márquez recibió dos balazos en el tórax a consecuencia de los cuales murió.

- Diego Lamagna: Murió después de haber sido herido en el pecho con un perdigón de plomo. Según testigos, le dispararon desde un auto particular.

- Carlos Almirón : Información de testigos indica que Carlos Almirón, miembro de la organización no gubernamental, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), recibió un disparo de la policía. Fue operado en el Hospital Argerich pero murió a consecuencia de una herida en el tórax.

Según la información recibida, durante estas manifestaciones se registraron un total de más de 30 muertos incluyendo a los citados anteriormente. Entre las víctimas también se encuentran :

Juan Delgado, Claudio Hugo Lepratti, Sandra Ríos, Graciela Acosta ,Yanina García, Rubén Alejandro Pereyra, Miguel Pasini , Romina Iturain, Eloisa Paniagua, Diego Avila, Mariela Rosales, Julio Hernán Flores, Damian Vicente Ramírez , Ariel Maximiliano Salas, Pablo Marcelo Guías, Roberto Agustín Gramajo, Víctor Ariel Enrique, Eduardo Legembre, Elvira o Elida Avaca , David Ernesto Moreno, Ramón Alberto Arapi, Walter Campos, Luis Alberto Fernández, Juan Alberto Torres, Ricardo Alvarez.

Torturas y malos Tratos

Provincia de Buenos Aires, noviembre 2001

Información pública indica que el preso común Juan Ramón González Sosa de 21 años, murió en noviembre de 2001, a consecuencia de quemaduras sufridas en una celda de castigo, en la cárcel Unidad 28 de Magdalena, a donde había sido trasladado de la Unidad 30 de General Alvear. Según la versión oficial el preso se habría prendido fuego porque estaba deprimido y no recibía visitas. Su familia ha negado esta versión de los hechos. Juan Ramón González Sosa había declarado como testigo sobre las torturas que había recibido otro preso, Daniel Alberto Chocobar en la cárcel Unidad 30.

Daniel Alberto Chocobar había denunciado que lo golpeaban y le rociaban agua con una manguera. En la investigación de su denuncia se presentaron varios testigos, entre ellos Juan Ramón González Sosa quien confirmó las denuncias de Chocobar indicando que había estado detenido en el pabellón de castigo de la cárcel Unidad 30 y había escuchado los golpes y los quejidos de Chocobar quien estaba en la celda contigua. Amnistía Internacional tiene entendido que se han iniciado investigaciones sobre estos dos casos.

Walter Daniel Benítez

Provincia de Buenos Aires, noviembre 2001

Según la información Walter Daniel Benitez, días ante de aparecer ahorcado en el Complejo Penitenciario No. 1 de Ezeiza el 7 de noviembre del 2001, había denunciado haber sido golpeado por los guardias del Complejo Penitenciario No.1 de Ezeiza donde estaba detenido y había pedido ser trasladado a otra cárcel. Su abogado había presentado un hábeas corpus ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, por lo que se ordenó un examen medico. Según denuncia pública de la familia, las palizas que recibía el recluso eran casi diarias. La información indica que su muerte se está investigando judicialmente.

Mariano Savay, Fernando Esteche, Omar Couyeme, Ramón Burgos, Jorge Campos, Miguel Ángel Quiroga, Joaquín Campos, Jorge Segovia, Alberto Varela, Diego Rubaja, Héctor de la Cuadra, Federico Campos, Marcelo Ruiz y María Alejandra Escalada.

La Plata, junio 2001

El grupo de personas fue detenido el 8 de junio del 2001 en la Ciudad de la Plata durante un paro general. La organización no gubernamental Liga Argentina por los Derechos del Hombre, denunció que los hombres fueron llevados a la Comisaría 10y María Alejandra Escalada a la Comisaría de la Mujer de la ciudad de La Plata, donde fueron sometidos a malos tratos y tortura obligados a permanecer más de cuatro horas de rodillas en la celda, golpeados y no se les proporcionó ni alimentos ni mantas.

Carlos Fabián Ruiz

Provincia de Chubut, noviembre 2001

Carlos Fabián Ruiz denunció públicamente haber sido golpeado por miembros de la comisaría Tercera de la policía de Trelew mientras se encontraba detenido por estar en estado de ebriedad en la vía pública. Recibió puntapiés en la cabeza y en el ojo izquierdo. Presentó denuncia por esto hechos ante el Juzgado de Instrucción número Tres.

F.A Rodríguez (travesti)

Buenos Aires, octubre 2001

En la madrugada del 19 de octubre 2001 F.A Rodríguez fue interceptada por una patrulla de la policía bonaerense que le pidió la documentación. Cuatro agentes de esta patrulla la golpearon, esta agresión continuó cuando la trasladaron a la Comisaría 25 de Buenos Aires. El mal trato recibido fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo y ante el juzgado de Instrucción 27 el 25 de octubre.

Nadia Echazú (travesti)

Buenos Aires , octubre 2001

Fue detenida el 7 de octubre por agentes de la Comisaría 25 de Buenos Aires cuando participaba en una campaña callejera para la prevención del Sida. La golpearon y la rociaron con gas lacrimógeno. Cuando fue llevada a la comisaría la amenazaron con un arma. El 11 de octubre de 2001 se presentó la denuncia ante la Defensoría del Pueblo.

Amnistía Internacional ha recibido información fidedigna que indica que la violencia policial y los maltratos contra miembros de minorías sexuales son frecuentes. Sin embargo, no todas las denuncias sobre estas violaciones de derechos humanos son presentadas por temor a represalias.

Oscar Ariel López (23 años)

Provincia de Mendoza, junio, septiembre y octubre 2001

Según denuncia pública, el 16 de junio de 2001 un grupo de policías armados entraron a la vivienda de la familia López, y después de someter a golpes a Óscar Ariel López se lo llevaron a la Dirección de Contraventores, donde estuvo detenido ese fin de semana. A mediados de septiembre, Óscar Ariel fue detenido en el centro de Maipú, Provincia de Mendoza, y llevado a la Comisaría Décima acusado de un robo. En la Comisaría, miembros de la policía le ordenaron desvestirse, orinaron en la ropa, lo sometieron a golpes y le ordenaron vestirse con la misma ropa. Su padre relata que al regreso a casa el joven tenia un corte en la cabeza y hematomas en todo el cuerpo. La denuncia por apremios ilegales en contra de miembros de la Comisaría Décima y del destacamento policial Tropero Sosa, se presentó ante el 41Juzgado de Instrucción. En Octubre, Antonio López, padre de Óscar Ariel López presentó una ampliación de denuncia ante la Inspección General de Seguridad del Departamento de Godoy Cruz, por nuevas amenazas de la policía contra sus hijos, después de que Antonio López hubiese denunciado en una entrevista con un diario provincial la cadena de hostigamientos y amenazas de la cual es víctima su familia.

Tortura a menores

Provincia de Buenos Aires, noviembre 2001

El 22 de noviembre 2001, dos jóvenes de 15 años de edad denunciaron ante el juez de menores de San Isidro, haber sido torturados con corriente eléctrica, golpes y patadas por la policía de la Provincia de Buenos Aires en el partido de San Isidro, después de haber sido acusados de un robo.

Penal de Chimbas

Provincia de San Juan,

En este penal hubo un violento motín el 26 de Febrero del 2001 en el que también hubo una fuerte represión policial según se ha informado. La Comisión de Madres de Internos del Servicio Penitenciario Provincial ha presentado una denuncia por los malos tratos y tortura que se dan a los presos y la falta de atención medica adecuada. La Comisión de madres ha enviado peticiones escritas a las autoridades regionales y estatales sobre la situación de sus hijos presos. La Sra. Juana Irma Jofré, ha informado de las torturas que sufrió su hijo Maximiliano Montiveros a raíz del motín en el penal de Cimbas. Alberto Naveda es otro preso que tuvo que ser hospitalizado a causa del Motín, su madre presentó un Hábeas Corpus para pedir que se restableciera el régimen de visitas que se le había suspendido.

Unidad Penitenciaria Número 29, Cárcel de máxima seguridad de Melchor Romero

Provincia de Buenos Aires, diciembre 2001

La información recibida indica que las condiciones de detención en la Cárcel de máxima seguridad Melchor Romero, son crueles, inhumanas y degradantes. En diciembre de 2001 un número de presos se declararon en huelga de hambre como protesta por las condiciones de detención.

Información de prensa indica que la Sala III de la Cámara de San Isidro recibió en menos de 10 días más de 15 denuncias de tortura en esta prisión. Los presos son generalmente torturados en el área de sanidad, donde no hay circuito de televisión. Los tipos de torturas que se infligen a los presos son :

- obligar a los presos a desnudarse, esposarlos con las manos en la espalda y someterlos a patadas y golpes con cachiporras y bastones ;

- sumergirles la cabeza en agua helada, tortura conocida como "el submarino";

- aplicación de corriente eléctrica después de "el submarino";

- golpes con bastones de goma en las plantas de los pies.

También se ha recibido información de que se dificulta el ingreso de los defensores al penal. La abogada de la defensoría General de la Plata , Raquel Ponzinibrio, ha presentado ante la fiscalía las denuncias recibidas.

Jorge Óscar Mareco

Provincia de Buenos Aires julio 2001

En julio 2001, la madre de Jorge Óscar Mareco, Argentina Benedicta Maciel, denunció ante la Oficina de Denuncias de la Fiscalía General Departamental la situación de su hijo, detenido en la Unidad Penitenciaria Número 29, Cárcel de máxima seguridad Melchor Romero. Según la denuncia, en repetidas ocasiones su hijo ha sido víctima de tortura y malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias. Se le ha sometido a golpes y detenido en la celda de castigo, en donde según su madre, su vida corría peligro. Durante visitas familiares su esposa notó que se encontraba golpeado y maltratado. En fechas anteriores Jorge Óscar Mareco había denunciado haber sido golpeado por personal del servicio penitenciario indicando que el preso que le sirvió de testigo apareció ahorcado en abril de 2001 .

Muertes en la Provincia de Río Negro

En octubre de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió información al gobierno argentino sobre los siguientes casos:

En Cipolletti, Verónica Villar, María Emilia y Paula Micaela González aparecieron muertas y sexualmente abusadas en noviembre de 1997 . Dos personas fueron detenidas pero luego se comprobó que las pruebas incriminatorias habían sido manipuladas. Posteriormente dos sospechosos fueron detenidos por el secuestro de las jóvenes, pero hasta ahora nadie ha sido detenido por el asesinato. Según información pública, habría sospechas de participación policial. Familiares de una de las víctimas presentaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En Río Colorado, los cadáveres de Raquel Lagunas (16) y Sergio Sorbellini (18) aparecieron el 13 de marzo de 1989 con heridas de bala. Se culpó a dos jóvenes de Río Colorado, pero luego se comprobó que la pruebas habían sido manipuladas y nunca se había hecho la autopsia a los cuerpos. Según información pública habría sospechas de participación policial. La causa judicial continua abierta.