AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AMR 19/006/2009

10 de marzo de 2009

Brasil: Los rostros tras las estadísticas. Un informe desafía la arraigada impunidad en Río

El informe que ha presentado hoy, 10 de marzo, la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia (Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência) pone claramente de manifiesto la manera en que la estrategia de seguridad pública aplicada desde hace tiempo, basada en una política de disparar sin hacer preguntas, está respaldada por mecanismos oficiales que permiten el encubrimiento y la impunidad.

Detrás del número cada vez mayor de homicidios perpetrados por la policía, que se clasifican como “actos de resistencia” y son presentados constantemente por las autoridades como prueba del éxito de sus políticas de seguridad pública, hay casos individuales, personas a las que han matado arbitrariamente o ejecutado extrajudicialmente, o que han muerto como consecuencia de una política deliberada de homicidios ilegítimos.

La Red, y especialmente las madres, hermanas y esposas de las víctimas que la componen en gran medida, han demostrado un valor enorme al desafiar a las fuerzas que sostienen las violaciones sistemáticas de derechos humanos que caracterizan la política de seguridad pública aplicada en todo el estado de Río de Janeiro. Han puesto nombre y rostro a unas estadísticas anónimas, contrarrestando la retórica vacía del gobierno del estado que promueve las incursiones al estilo militar como solución al mantenimiento del orden público y el respeto de los derechos humanos.

En el informe se pone de manifiesto el hecho de que el poder judicial no ha garantizado el acceso a la justicia a las familias de las víctimas de la violencia policial. Al mismo tiempo, queda claro que familiares y testigos por igual son abandonados a su suerte ante la amenaza de represalias por parte de las mismas personas que están acusadas de cometer las violaciones de derechos humanos que ellos denuncian.

Una y otra vez, testigos y familiares se ven obligados a vivir atemorizados tras recibir amenazas de agentes de policía cuando salen en libertad provisional. Muchos tienen que mudarse de sus hogares para proteger su seguridad. Otros se apartan de la causa. Y otros siguen luchando por que se haga justicia exponiéndose a graves peligros.

Desde que mataron a Edimeia da Silva en 1993, una madre que luchaba por que se hiciera justicia con su hijo, víctima de desaparición forzada, hasta los recientes homicidios de tres muchachos en la comunidad de Morro da Providencia, perpetrados el 14 de junio de 2008, el informe plasma la manera en que una y otra vez se niega a las víctimas el acceso pleno a la justicia.

Este informe, y las voces de todos los hombres y mujeres defensores de los derechos humanos que integran la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia, conforman una sonora denuncia contra la política de seguridad pública represiva y discriminatoria que el gobierno del Estado promueve constantemente, así como contra el hecho de que todos los elementos del Estado, incluidas las autoridades judiciales, no hayan cuestionado esa política.

Es hora de que todos los habitantes de Río de Janeiro puedan ejercer su derecho a vivir sin miedo a los delincuentes, pero también sin temor a elementos del estado que supuestamente están para proteger sus derechos humanos. Es hora de que todos los cariocas tengan pleno acceso a la justicia y que quienes defienden la justicia y los derechos humanos puedan hacerlo con dignidad y sin miedo.

FIN/