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Brasil - El sistema de detención de menores de Sao Paulo: una crisis de derechos humanos, no una cuestión de seguridad pública

El gobierno del estado de Sao Paulo está ignorando las leyes federales que protegen los derechos de los delincuentes menores de edad y abandonando a centenares de adolescentes a la tortura, los malos tratos y las condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes, según afirma un nuevo informe de Amnistía Internacional.

El sistema de detención de menores, Fundación para el Bienestar de los Menores (FEBEM), se vino abajo el pasado mes de octubre, cuando tras años de hacinamiento y malos tratos se produjeron una serie de disturbios violentos en uno de los centros de detención de FEBEM. Desde entonces las autoridades no han emprendido las reformas prometidas.

«Incluso los guardias de las prisiones admiten que la violencia contra los reclusos es la norma», ha afirmado Julia Rochester, investigadora de Amnistía Internacional sobre Brasil. «Todo el que entra en estos centros de detención —abogados, jueces, inspectores de salud y de seguridad, parlamentarios, activistas de derechos humanos— sale denunciando que hay palizas, humillación, enfermedades no tratadas, hacinamiento, condiciones higiénicas muy deficientes y total inactividad. La actitud del gobierno, que se niega a reconocer las causas profundas de la crisis actual, es asombrosa.»

En su informe, A Waste of Lives, Amnistía Internacional llega a la conclusión de que el gobierno de Sao Paulo está intentando desviar la atención de la tortura y los malos tratos con el fin de contentar a la opinión pública dando respuesta a sus temores sobre los delitos violentos. A pesar de la existencia de informes casi semanales de numerosas palizas infligidas a menores, las autoridades continúan enfocando la crisis puramente como una cuestión de seguridad pública.

Se han gastado millones de reales en instalar equipos de seguridad, pero cuestiones como la violencia institucionalizada, la falta crónica de personal, la formación deficiente y las instalaciones higiénicas básicas insuficientes se han pasado por alto.

Desde la crisis, el gobierno de Sao Paulo ha llevado a cabo una serie de traslados de numerosos adolescentes a centros penitenciarios para adultos y a nuevas unidades construidas aceleradamente. Durante estos traslados se obliga a los muchachos a pasar entre dos filas de guardias y policías armados con porras. En uno de este tipo de incidentes un perito médico examinó a 80 muchachos y encontró señales y hematomas producidos por golpes.

Los castigos en los centros de detención atestados de reclusos y con escasez de personal son arbitrarios y a veces tienen como objetivo humillar a los internos. Una simple infracción de las normas, como hablar durante una comida, puede ser sancionada con un castigo que puede ir desde la confiscación del cepillo de dientes —a menudo el único objeto de higiene personal de que dispone un muchacho— hasta brutales palizas.

En ausencia de normas y disposiciones claras que regulen la disciplina, los castigos se imponen al antojo de los guardias de las prisiones, a menudo a un ala entera de la prisión. Varios menores han muerto en los últimos años tras ser golpeados por guardianes. En un caso un muchacho murió cuando los guardias prendieron fuego al dormitorio, con el fin de obligar a salir a los reclusos, que se habían encerrado dentro. También han muerto menores a manos de otros compañeros cuando FEBEM ha perdido el control de las unidades de detención.

En los últimos diez años, comisiones parlamentarias de investigación, comisiones de derechos humanos y organizaciones de niños han publicado numerosos informes detallando estas violaciones de derechos humanos y haciendo propuestas concretas de reforma. Estas propuestas no sólo han sido generalmente ignoradas por el gobierno, sino que además en las declaraciones oficiales a los medios de comunicación las autoridades han intentado culpar de la crisis a algunos de los abogados de derechos humanos de estos menores, acusándolos públicamente de incitar a los disturbios.

El tan celebrado Estatuto del Niño y el Adolescente (Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA), puesto en vigor hace diez años, regula el trato a los delincuentes menores, de acuerdo con los establecido por las normas internacionales. Apoyados por el tribunal de menores de Sao Paulo, un grupo de fiscales han presentado dos acciones civiles y nueve demandas contra el gobierno de Sao Paulo y FEBEM en los últimos ocho años. Han pedido que se garanticen los derechos humanos básicos de los delincuentes menores de edad y que las condiciones de las unidades de detención de menores se ajusten a lo exigido por la ley.

El gobierno ha apelado en todos los casos y en todos, excepto en uno, el tribunal de apelación del estado ha apoyado al gobierno confirmando la apelación. «No hay duda de que el Estatuto del Niño y el Adolescente se ha vulnerado, y centenares de niños y adolescentes están siendo torturados y maltratados. Es indignante que el tribunal superior permita el gobierno burlar la ley de esta forma», ha declarado Julia Rochester.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Sao Paulo que tome de inmediato medidas para abordar la crisis de derechos humanos de FEBEM. Esto incluye medidas disciplinarias contra empleados de FEBEM implicados en torturas y malos tratos, así como el reclutamiento y la formación de personal suficiente, y una inversión inmediata en infraestructura para acabar con el hacinamiento y las deficiencias higiénicas.

El gobierno federal debe emprender urgentemente una revisión de la aplicación del Estatuto del Niño y el Adolescente en todo Brasil y tomar medidas para abordar la protección de los derechos humanos básicos de los delincuentes menores de edad.

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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número +44 20 7413 5566. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro.