PÚBLICO Índice AI: AMR 19/028/2006

02 de agosto de 2006

AU 205/06 Desalojo forzoso / Temor de uso de fuerza excesiva

BRASIL Más de 1.000 familias en el estado de Pará

En las regiones del sur y sureste del estado de Pará, más de 1.000 familias se enfrentan al desalojo forzoso inminente, tras una orden judicial obtenida por las autoridades estatales. El estado de Pará tiene un largo historial de violencia relacionada con la tierra y Amnistía Internacional teme que las familias se encuentren en grave peligro.

La orden judicial afecta a unas 4.000 familias, aproximadamente 15.000 personas. Algunas ya han sido desalojadas de los terrenos de 17 haciendas consideradas en buena parte “improductivas” por el organismo federal que supervisa la reforma agraria. La mayoría de las familias llevaban viviendo en esas tierras más de tres años. Habían construido casas, cultivaban la tierra y criaban pequeños animales. En todas las fincas se han creado escuelas a las que acuden centenares de niños y niñas.

Un tribunal estatal ha ordenado que las familias sean expulsadas a la fuerza por el Comando de Misiones Especiales (Comando de Missões Especiais), una fuerza especial perteneciente a la policía militar del estado e integrada por más de 200 agentes. Amnistía Internacional ha documentado un alto grado de violencia relacionada con la tierra y de violencia policial en el estado de Pará, incluida la matanza de Eldorado dos Carajás en 1996, en la que la policía militar mató a 19 activistas que trabajaban sobre cuestiones de tierras.

Si las familias son desalojadas de las tierras, corren el riesgo de quedarse sin hogar, sin acceso a agua potable y a una alimentación adecuada y expuestas a las inclemencias del tiempo, lo que las haría vulnerables ante las enfermedades. Las familias corren el riesgo de ser despojadas de sus medios de subsistencia sin recibir indemnización. En estas circunstancias, el desalojo supondría una violación del derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo los derechos a vivienda, alimentación y agua adecuados, garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que Brasil es Estado Parte. En virtud del derecho internacional, los desalojos forzosos que se practiquen sin garantizar un alojamiento alternativo constituyen una violación grave de los derechos humanos.

Amnistía Internacional también ha recibido informes que sugieren que el tribunal emitió órdenes de desalojo, aunque no se habían seguido los procedimientos para la apropiación de tierra a efectos de la reforma agraria que establece la legislación federal. Según el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria , el organismo oficial responsable de la reforma agraria, 15 de las 17 haciendas ocupadas se consideraban “improductivas” y, por tanto, aptas para la apropiación por parte del Estado con el fin de asentar a las familias ocupantes. Según los informes, seis de las haciendas están situadas ilegalmente en propiedad federal y otras cinco utilizan mano de obra esclava.

INFORMACIÓN GENERAL

Amnistía Internacional recibe con regularidad informes relacionados con la lentitud con que se están llevando a cabo las reformas agrarias en Brasil, lo que, para las familias sin tierra, significa un mayor riesgo de violencia y de privación social a raíz de los desalojos. Según los informes recibidos, el proceso de apropiación de tierras ha estado plagado de dificultades, pero debe incluir los pasos siguientes: la evaluación por parte del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria de los informes de improductividad de una sección de la tierra ocupada; la valoración de la tierra, una vez establecida la improductividad; y, finalmente, el reembolso de su valor al propietario antes de que la tierra sea parcelada y entregada a los ocupantes.

Sucesivos gobiernos han fracasado a la hora de cumplir los objetivos relacionados con la reforma agraria. En junio de 2002, meses antes de la celebración de las elecciones presidenciales, el Partido de los Trabajadores prometió entregar tierras a 400.000 familias. Sin embargo, en los dos primeros años de gobierno, no llegaron a 70.000 las familias que fueron asentadas en tierras expropiadas por el gobierno.

Amnistía Internacional lleva tiempo denunciando la violencia relacionada con la tierra en el estado de Pará. La violencia se ha sustentado en un sistema judicial extremadamente lento que perpetúa un estado de impunidad. En 2004, la Comisión Pastoral de la Tierra declaró que en los 10 años anteriores, 173 personas habían perdido la vida en Pará y 501 habían recibido amenazas de muerte. La mayoría de los homicidios tuvieron lugar en las regiones del sur y sureste del estado. En 2005, 16 trabajadores rurales murieron víctimas de homicidio y otros 96 recibieron amenazas de muerte. En total, 772 personas murieron en el periodo de 33 años comprendido entre 1971 y 2004, mientras que sólo tres personas han sido declaradas culpables en relación con estos homicidios. En los últimos 10 años, el promedio es de 13 trabajadores rurales muertos por homicidio al año.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en portugués o en su propio idioma:

- expresando preocupación por la seguridad de más de 1.000 familias que han sido amenazadas con el desalojo forzoso;

- instando a las autoridades a garantizar a las familias desalojadas el derecho a un nivel de vida adecuado de acuerdo con las normas internacionales, entre ellas el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que Brasil es Estado Parte;

- instando a las autoridades a que respeten los derechos humanos, especialmente los de las personas sin tierra, en el proceso de reforma agraria;

- pidiendo la disolución inmediata de las milicias armadas en Pará, con el fin de reducir la violencia relacionada con la tierra;

- pidiendo a las autoridades que expliquen las medidas que están adoptando para poner fin a los homicidios relacionados con la tierra y la violencia en el estado de Pará.

LLAMAMIENTOS A: