AMNISTÍA INTERNACIONAL

Público AMR 19/030/2005 Diciembre de 2005

BRASIL – CASO DE LLAMAMIENTO

Cuatro hombres abatidos a tiros por la policía militar en Morro do Borel, Tijuca, Río de Janeiro

Todos los hechos referidos tuvieron lugar el 17 de abril de 2003.

Carlos Magno de Oliveira Nascimentotenía apenas 19 años cuando murió. Residente en Suecia, estaba pasando sus vacaciones en Brasil con su abuela. La tarde del 17 de abril fue a cortarse el pelo con su amigo de la infancia, Tiago da Costa Correia, también de 19 años. Al salir de la peluquería, unos agentes de policía emplazados en una azotea les dispararon. Carlos Magno murió instantáneamente; Tiago resultó herido de gravedad. Durante media hora se retorció en el suelo, pidiendo ayuda. Según un informe de prensa, la policía respondió a sus súplicas gritándole que era un delincuente (bandido) y que iba a morir. Tiago murió desangrado mientras los policías presentes se cruzaban de brazos.

Carlos Alberto da Silva Ferreira, de 21 años, tenía tres empleos: se desempeñaba como pintor y como albañil y, en verano, trabajaba en la construcción de carros alegóricos para el carnaval de Río. El 17 de abril tenía el día libre. Camino a su casa después de jugar al fútbol, decidió ir a la peluquería. En ese momento comenzó el tiroteo. Cuando se alejaba corriendo, una bala lo alcanzó en la cabeza.

Everson Gonçalves Silote, de 26 años, era taxista. El 17 de abril, tras hacer unos trámites sobre su vehículo en el centro de la ciudad, regresó a Borel. Subía una colina cuando la policía lo interceptó. Trató de identificarse, pero la policía le disparó cinco tiros antes de que pudiera mostrarle sus documentos.

Como es frecuente en los casos de homicidios cometidos por la policía, las muertes de estos cuatro hombres jóvenes fueron clasificadas como "registros de resistencia" (autos de resistência), expresión que da a entender que la policía actuó legítimamente en defensa propia. Según la versión de la policía, los hombres eran narcotraficantes que perdieron la vida en un enfrentamiento armado. Esta afirmación fue desacreditada posteriormente por las autopsias oficiales, que demostraron que los hombres habían muerto como consecuencia de disparos a la espalda y la cabeza.

Las familias de las víctimas, que desconocían los procedimientos legales y fueron asesoradas en forma deficiente por un abogado, demoraron más de un mes en presentar denuncia de los homicidios. Las autoridades sólo decidieron iniciar una investigación cuando los familiares y residentes de Borel celebraron una serie de manifestaciones públicas. Pero, para entonces, las pruebas de la escena del crimen ya no estaban intactas, hecho que comprometió los exámenes forenses.

De los 16 agentes de policía que participaron en estos incidentes, cinco fueron acusados formalmente. Hasta la fecha, dos han sido absueltos; las familias de las víctimas han apelado contra este fallo.

En respuesta a los homicidios, los familiares de las víctimas emprendieron una campaña llamada "¿Posso me identificar?" (¿Puedo identificarme?), cuyo lema hace referencia a los intentos de los jóvenes de identificarse ante la policía antes de ser abatidos a tiros. Posteriormente se unieron a familias de otras comunidades para fundar la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia (Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência, grupo de familiares de víctimas que hace campaña contra las violaciones de derechos humanos que sufren las comunidades socialmente excluidas de Río de Janeiro a manos de agentes de las fuerzas policiales.

ACTÚEN

Escriban a las autoridades brasileñas:

Expresen su preocupación por los homicidios de Borel y la ausencia de una investigación adecuada de estos incidentes, de los que se sospecha que fueron ejecuciones extrajudiciales.

o Señalen que la investigación inadecuada de los homicidios policiales está contribuyendo a que reine un elevado grado de impunidad.

o Indiquen que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y que una actuación policial basada en las violaciones de derechos humanos y la discriminación social se ha traducido en la falta de protección para gran parte de la población.

o Insten al gobierno a tomar medidas concretas para reformar la política de seguridad pública, centrando la atención en la elevada tasa de homicidios policiales en Río de Janeiro y la aparente ausencia de investigaciones sobre los mismos.

o Exhorten al gobierno a poner fin a la clasificación de "registro de resistencia" para los casos de intervenciones policiales con resultado de muerte y sustituirla por un registro de casos de homicidios policiales, que deben ser investigados de manera exhaustiva e independiente.

Envíen sus cartas a:

Secretario de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro:

Exmo. Secretário de Segurança do Rio de Janeiro

Sr. Marcelo Zaturansky Nogueira Itagiba

Secretaria de Segurança Pública

Av. Presidente Vargas, 817 - 15º andar - Centro

20071-004 - Rio de Janeiro - RJ

Brasil

Tratamiento: Exmo. Sr. Secretário / Señor Secretario

Secretario de Estado para los Derechos Humanos del estado de Río de Janeiro:

Secretário de Estado de Direitos Humanos

Coronel PM Jorge da Silva

Av. Presidente Vargas, nº 817 - 26º andar

Envíen copia de sus cartas a:

Subsecretario Especial para los Derechos Humanos:

Exmo. Subsecretario de

Direitos Humanos

Sr.Mário Mamede Filho

Subsecretaria da Secretaria-Geral da Presidência

Esplanada dos Ministérios

Bloco T

70064-900 - Brasília - DF

Brasil

Tratamiento: Vossa Excelência / Señor Subsecretario

20071-004 Rio de Janeiro – RJ

Brasil

Tratamiento:Exmo. Sr. Secretário / Señor Secretario

Den publicidad a este caso en los medios de comunicación locales y nacionales

Para más información sobre las cuestiones relacionadas con este caso, véase el informe de Amnistía Internacional titulado Brasil: "Entran disparando". La actuación policial en las comunidades socialmente excluidas (Índice AI: AMR 19/025/2005, de diciembre de 2005).

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Público AMR 19/030/2005 Diciembre de 2005

BRASIL – CASO DE LLAMAMIENTO

Cuatro jóvenes abatidos a tiros por la policía militar en Caju, en el norte de Río de Janeiro Los hechos referidos tuvieron lugar el 6 de enero de 2004. La noche del 6 de enero de 2004, W. D. G. de M. (de 13 años), J. C. P. de J. (de 16), Flávio Moraes de Andrade (de 19), E. M. de A. (de 17) y José Manoel da Silva (de 26) estaban sentados en un bar jugando al dominó cuando dos agentes de policía irrumpieron en el local. Los jóvenes trataron de identificarse pero, según informes, fueron abatidos por una lluvia de balas. La hermana de W. D. G. de M, Elizabete Maria de Souza, describió el resultado: "frente al mercado de Ribeiro" había "mucha sangre desparramada por el suelo y pedazos de cerebro y pelo" y "paredes manchadas de sangre" ("em frente ao mercado Ribeiro […] muito sangue espalhado no chão e pedaços de cérebro e cabelo no local […] paredes sujas de sangue"). A la mañana siguiente, tres de los cinco cadáveres fueron encontrados en el vecindario, tirados en un terreno barroso detrás de la oficina de una empresa de autobuses. Los cuerpos quedaron allí varias horas hasta que los recogieron unos miembros del Instituto Médico Legal. Mientras los familiares aguardaban junto a los cuerpos, la policía los observaba, y un agente se burló de ellos diciendo: "¡Un cerdo menos para detener" ("Menos um porco para a gente prender"). Se inició una investigación sobre el incidente, pero los agentes responsables de estos homicidios siguen trabajando en el seno de la comunidad de Caju y el Estado no ha brindado protección alguna a las familias de las víctimas. La investigación se ha estancado debido a la desaparición de importantes pruebas forenses. Según los informes recibidos, el 2 de junio de 2005, Luis Manoel da Silva, hermano de José Manoel da Silva, fue ejecutado por miembros de una unidad de la policía militar que penetraron en la comunidad con los rostros camuflados. Cuando Elizabete llamó por teléfono a la comisaría de policía local para dar parte del incidente, le informaron de que Luis Manoel había perdido la vida durante un enfrentamiento armado y que se había dejado constancia de su muerte en un "registro de resistencia" (auto de resistência, que indica que la víctima se resistió a ser detenida). Sin embargo, los testigos del incidente han disputado esta versión de los hechos. Tras los homicidios, la comunidad formó un grupo, las Madres de Caju (Mães do Caju), que hace campaña para conseguir justicia para las víctimas de los homicidios y oponerse a la intimidación y violencia policial. Las Madres de Caju se han vinculado con otras comunidades en la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia (Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência). Como muchas otras personas que defienden los derechos humanos en Brasil, éstas han sido blanco de amenazas y actos de intimidación de la policía. En abril de 2005, Elizabete Maria de Souza dijo a Amnistía Internacional que temía por su seguridad y la de sus tres hijas. ACTÚEN Escriban a las autoridades brasileñas: Expresen su preocupación por los homicidios de Caju y la ausencia de una investigación adecuada de estos incidentes, de los que se sospecha que fueron ejecuciones extrajudiciales. o Señalen que la investigación inadecuada de los homicidios policiales está contribuyendo a que reine un elevado grado de impunidad. o Indiquen que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y que una actuación policial basada en las violaciones de derechos humanos y la discriminación social se ha traducido en la falta de protección para gran parte de la población. o Insten al gobierno a tomar medidas concretas para reformar la política de seguridad pública, centrando la atención en la elevada tasa de homicidios policiales en Río de Janeiro y la aparente ausencia de investigaciones sobre los mismos. o Exhorten al gobierno a poner fin a la clasificación de "resistencia seguida de muerte" (resistência seguida de morte) o "registro de resistencia"(auto de resistência) para los casos de intervención policial con resultado de muerte y sustituirla por un registro de casos de homicidios policiales, que deben ser investigados de manera exhaustiva e independiente. Envíen sus cartas a: Secretario de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro: Exmo. Secretário de Segurança do Rio de Janeiro Sr. Marcelo Zaturansky Nogueira Itagiba Secretaria de Segurança Pública Av. Presidente Vargas, 817 - 15º andar - Centro 20071-004 - Rio de Janeiro - RJ Brasil Tratamiento: Exmo. Sr. Secretário / Señor Secretario Secretario de Estado para los Derechos Humanos del estado de Río de Janeiro: Secretário de Estado de Direitos Humanos Coronel PM Jorge da Silva Av. Presidente Vargas, nº 817 - 26º andar Envíen copia de sus cartas a: Subsecretario Especial para los Derechos Humanos: Exmo. Subsecretario de Direitos Humanos Sr. Mário Mamede Filho Subsecretaria da Secretaria-Geral da Presidência Esplanada dos Ministérios Bloco T 70064-900 - Brasília - DF Brasil Tratamiento: Vossa Excelência / Señor Subsecretario 20071-004 Rio de Janeiro – RJ Brasil Tratamiento: Exmo. Sr. Secretário / Señor Secretario Den publicidad a este caso en los medios de comunicación locales y nacionales Para más información sobre las cuestiones relacionadas con este caso, véase el informe de Amnistía Internacional titulado Brasil: "Entran disparando". La actuación policial en las comunidades socialmente excluidas (Índice AI: AMR 19/025/2005, de diciembre de 2005). AMNISTÍA INTERNACIONAL Público AMR 19/030/2005 Diciembre de 2005 BRASIL - CASO DE LLAMAMIENTO

"Operación Saturación" en Jardim Elba

Los hechos referidos tuvieron lugar en agosto y septiembre de 2005.

A las cinco de la mañana del 28 de agosto de 2005, miembros de la policía militar de São Paulo invadieron Jardim Elba, una favela de Sapopemba, al este de São Paulo. Según los informes, la policía entró en la favela en helicópteros, automóviles y a caballo. Miembros de los movimientos sociales de Sapopemba describieron así la escena en una declaración pública:

Había muchos policías y muchos automóviles. Era como si hubiese una guerra. La policía invadió nuestra favela desde arriba y desde abajo. Los agentes que iban a pie parecían patrullas del ejército, mientras otros descendían con cuerdas de los helicópteros, ocupando toda la favela. Bloquearon las calles, pues la [policía] militar a caballo bloqueó todos los accesos para peatones.

Durante la operación, que tenía el nombre en clave de "Saturación" (Saturação), la policía cometió numerosas violaciones de derechos humanos –como entrar en casas sin la orden judicial pertinente y hacer registros abusivos y violentos de mujeres, a menudo a cargo de agentes varones– y actos de intimidación –como poner pistolas en la cabeza de los residentes–.

En casos más concretos, un policía militar, según informes, le pisoteó una pierna, rompiéndosela, a una niña de cinco años. En otro incidente grave, una mujer joven, se afirmó, fue torturada por la policía en su propia casa. Según el Centro de Derechos Humanos de Sapopemba (Centro de Direitos Humanos do Sapopemba), los agentes encontraron drogas durante el registro de la casa y, en lugar de detenerla, la torturaron allí mismo, administrándole descargas eléctricas en los senos. También impidieron que un vecino avisara de lo que estaba ocurriendo a la madre de la joven.

La "Operación Saturación" se inscribe en un cuadro generalizado de conducta discriminatoria de la policía en los barrios pobres de São Paulo. Lo ocurrido en Jardim Elba es sintomático de la existencia de un sistema de seguridad pública de doble rasero en el que las comunidades más pobres se ven criminalizadas, tratadas como si fueran el enemigo y sometidas a prácticas policiales ilegales que nunca serían toleradas en barrios más prósperos.

Como dijo un grupo de adolescentes de Jardim Elba en una carta a las autoridades: "Los policías llaman a los residentes escoria, idiotas, sinvergüenzas y criminales. Somos seres humanos y merecemos respeto […] Por sobre todo queremos tener acceso a los derechos".

("Os policiais chamam os moradores de vagabundos, idiotas, safados e marginais. Somos seres humanos e merecemos respeito […] Desejamos, acima de tudo, acesso aos direitos."]

ACTÚEN

Escriban a las autoridades brasileñas:

Expresen su preocupación por la práctica de las "invasiones" policiales en gran escala como la "Operación Saturación" llevada a cabo recientemente en la favela Jardim Elba, en São Paulo, que no proporcionan seguridad a la comunidad ni mejoran sus relaciones con la policía.

o Indiquen que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y que una actuación policial basada en las violaciones de derechos humanos y la discriminación social se ha traducido en la falta de protección para gran parte de la población.

o Insten al gobierno a adoptar medidas concretas para reformar la política de seguridad pública, centrando la atención en las prácticas ilegales que se emplean contra las comunidades socialmente excluidas;

o Exhorten al gobierno a poner fin al uso de las órdenes de busca y captura colectiva (mandados de busca e apreensão coletivos) libradas contra la población de las favelas con el fin de realizar operaciones policiales en comunidades socialmente excluidas.

Envíen sus cartas a:

Secretario de Seguridad Pública del estado de São Paulo:

Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo

Dr. Saulo de Castro Abreu Filho

Rua Líbero Badaró, 39, 12º Andar,

São Paulo

CEP 01009-000

SP - Brasil

Fax: + 55 11 3823 5708 / 3291-6834

Tratamiento: Exmo. Sr. Secretário / Señor Secretario

Secretario de Estado de Justicia del estado de São Paulo:

Exmo. Secretário de Estado da Justiça

Sr. Hédio Silva Júnior

Pátio do Colégio, 148/184

01016-040 – São Paulo - SP

Envíen copia de sus cartas a:

Subsecretario Especial para los Derechos Humanos:

Exmo. Subsecretario de

Direitos Humanos

Sr.Mário Mamede Filho

Subsecretaria da Secretaria-Geral da Presidência

Esplanada dos Ministérios

Bloco T

70064-900 - Brasília - DF

Brasil

Tratamiento: Vossa Excelência / Señor Subsecretario

Brasil

Fax: (11) 3242-9582

Tratamiento: Exmo. Sr. Secretário / Señor Secretario

Den publicidad a este caso en los medios de comunicación locales y nacionales

Para más información sobre las cuestiones relacionadas con este caso, véase el informe de Amnistía Internacional titulado Brasil: "Entran disparando". La actuación policial en las comunidades socialmente excluidas (Índice AI: AMR 19/025/2005, de diciembre de 2005).********