PÚBLICO Índice AI: AMR 19/032/2006

19 de septiembre de 2006

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 205/06 (AMR 19/028/2006, del 2 de agosto de 2006) – Desalojo forzado / temor de uso excesivo de la fuerza

BRASIL Más de 1.000 familias del estado de Pará

Las acciones emprendidas por abogados, combinadas con la presión ejercida por Amnistía Internacional y otros grupos, han obligado a suspender las órdenes de desalojo que afectaban a más de 1.000 familias en el estado de Pará. "Sin duda, las cartas enviadas mediante la campaña coordinada de Amnistía Internacional a las autoridades han tenido una enorme influencia", ha declarado Jose Batista Afonso, de la Comisión Pastoral de la Tierra (Comissão Pastoral da Terra, CPT).

Estas familias tienen ahora permiso para vivir en las tierras, en las que habían construido casas, organizado escuelas, cultivado cosechas y criado animales. Sin embargo, en julio y agosto, el Batallón de Choque de la Policía Militar (cuerpo policial de élite) desalojó a más de 1.800 familias de asentamientos en las regiones del sur de Pará, y otras 1.400 familias se enfrentan a desalojos forzados inminentes después de que las autoridades del estado hayan obtenido una orden judicial.

Las familias desalojadas se han trasladado a campamentos en las tierras cercanas o adyacentes a la carretera. Puesto que sus casas, escuelas y cosechas han sido destruidas, tienen que subsistir con lo que les entrega el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA), una agencia del gobierno federal. Los desalojos violaron el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye el derecho a una vivienda adecuada, al agua y al alimento, unos derechos garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Si se llevaran a cabo nuevos desalojos forzados sin garantías de un alojamiento alternativo, constituirían de nuevo graves violaciones de derechos humanos en virtud del derecho internacional. Además, pese a la naturaleza no violenta de los desalojos de julio y agosto, el estado de Pará tiene un largo historial de violencia relacionada con la tierra. Por ello, Amnistía Internacional teme que estas familias corran grave peligro.

Las familias amenazadas forman parte de un grupo mucho mayor (de unas 12.000 familias, originalmente) que lleva varios años aguardando una decisión sobre sus derechos a la tierra. Muchas de ellas ocupaban tierras que el estado había considerado "improductivas" y que, por lo tanto, son susceptibles de ser entregadas a las familias que las ocupan. Al parecer, el INCRA se ha mostrado muy lento a la hora de determinar si, de acuerdo con la ley, las tierras anteriormente improductivas debían entregarse a las familias. Hubo retrasos a pesar de que se había denunciado que seis de los ranchos estaban situados ilegalmente en tierras federales y de que se había descubierto que otros cinco utilizaban mano de obra esclava, factores ambos que más tarde se consideraron decisivos para la suspensión de las órdenes de desalojo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Amnistía Internacional recibe periódicamente informes sobre la lentitud de las reformas agrarias en Brasil, una lentitud que pone a cada vez más familias sin tierras en peligro de sufrir violencia, y también privación social a causa del desalojo. El proceso de asignación de las tierras ha estado sembrado de problemas, según indican los informes, pero debe consistir en tres pasos: que el INCRA evalúe las alegaciones de improductividad de un sector de tierra ocupada; que, una vez determinada dicha improductividad, se haga una tasación la tierra; y que, por último, se reembolse el valor de la tierra al propietario antes de entregarla en parcelas a las personas que la ocupan.

Los gobiernos sucesivos han incumplido sus objetivos respecto a la reforma agraria. En junio de 2002, meses antes de las elecciones presidenciales, el Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores, PT) prometió proporcionar parcelas a 400.000 familias. Sin embargo, en los dos primeros años de gobierno se asentó en tierras expropiadas por el gobierno a menos de 70.000 familias.

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo denunciando la violencia relacionada con la tierra en el estado de Pará. Se trata de una violencia apuntalada por un sistema judicial dolorosamente lento que perpetúa un estado de impunidad. En 2005, 16 trabajadores rurales fueron asesinados, mientras que 96 recibieron amenazas de muerte. Durante los últimos 10 años se ha asesinado, como media, a 13 trabajadores rurales al año. El 13 de septiembre de 2006, tres campesinos sin tierras murieron, según los informes, en una emboscada que les tendieron cuando se dirigían a un campamento recientemente establecido en la granja Santa Tereza, en el sur de Pará. Estos homicidios habían venido precedidos por las denuncias realizadas por una ONG brasileña sobre otros tres presuntos homicidios más, cometidos ese mismo año, de trabajadores rurales en Pará.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en portugués o en su propio idioma:

-manifestando satisfacción por la suspensión de las órdenes de desalojo que afectaban a más de 1.000 familias en el estado de Pará, pero expresando preocupación por la seguridad de otras 1.400 familias amenazadas con un desalojo forzado;

- instando a las autoridades a garantizar a las 1.800 familias desalojadas el derecho a un nivel de vida adecuado, de acuerdo con lo establecido en normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que Brasil es parte;

- instando a las autoridades a respetar en el proceso de reforma agraria los derechos humanos, especialmente los de las personas sin tierras;

- pidiendo a las autoridades que expongan las medidas que están tomando para poner fin a los homicidios relacionados con la tierra y a la violencia en el estado de Pará, e instándolas a desmantelar inmediatamente las milicias armadas de Pará como parte de estas medidas.

LLAMAMIENTOS A:

Gobernador del estado de Pará

Governador do Estado do Pará

Exmo. Sr. Governador Simão Robison Oliveira Jatene

Palácio dos Despachos

Rodovia Augusto Montenegro, Km 9

66823-010, Belém – PA, Brasil

Fax: + 55 91 3248 0133 / 3201 3743

Tratamiento: Vossa Excelência / Your Excellency / Excelencia

Secretaria estatal de Defensa Social

Secretária Especial de Defesa Social

Exma. Sra. Secretária Teresa Lusia Mártires Coelho Cativo Rosa

Avenida Nazaré, 871

66035-170, Belém – PA, Brasil

Fax: + 55 91 3201 3635

Tratamiento: Exma. Sra. Secretária / Dear Secretary

Ministro federal de Desarrollo Agrícola

Ministro do Desenvolvimento Agrário

Exmo. Sr. Ministro Guilherme Cassel

Esplanada dos Ministérios, Bloco "A"

70054-900, Brasília – DF, Brasil

Fax: + 55 61 2107 0061

Tratamiento: Exmo. Sr. Ministro / Dear Minister

Secretario federal de Derechos Humanos

Exmo. Sr. Secretário Especial dos Direitos Humanos

Sr.Paulo de Tarso Vannuchi

Secretaria Especial dos Direitos Humanos

Esplanada dos Ministérios

Bloco T, 70064-900, Brasília – DF, Brasil

Fax: + 55 61 3226 7980

Tratamiento: Exmo. Sr. Secretário / Dear Secretary

COPIA A:

Comisión Pastoral de la Tierra

Comissão Pastoral da Terra

Rua Travessa 13 de Maio, 208

68500-000, Maraba – PA, Brasil

y a la representación diplomática de Brasil acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 31 de octubre de 2006.

********