PÚBLICO Índice AI: AMR 23/003/2007

7 de febrero de 2007

Más información (actualización núm. 5) sobre AU 48/05 (AMR 23/003/2005, del 28 de febrero de 2005) y sus actualizaciones (AMR 23/043/2005, del 16 de diciembre de 2005, AMR 23/010/2006, del 13 de marzo de 2006, AMR 23/011/2006, del 16 de marzo de 2006, y AMR 23/042/2006, del 4 de octubre de 2006) – Temor por la seguridad

COLOMBIA Miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

El temor por la seguridad de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ha visto acrecentado por las nuevas amenazas realizadas por paramilitares respaldados por el ejército contra la comunidad civil.

Varios testigos que viven en el área de San José de Apartadó, en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, han informado de que, el 15 de enero de 2007, se les acercó un grupo de 10 hombres armados que se identificaron como paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y pidieron información sobre la Comunidad de Paz, sus dirigentes y personas que trabajan con ella. Según los informes, también dijeron a los testigos que estaban organizando un grupo especial para atacar la comunidad.

Amnistía Internacional ha documentado, y continúa recibiendo información a este respecto, que en el departamento de Antioquia siguen operando fuerzas paramilitares, a pesar de su supuesta desmovilización como parte de un proceso promovido por el gobierno. El 4 de octubre de 2006, Amnistía Internacional informó de que unos paramilitares armados habían amenazado con matar a los dirigentes de la Comunidad de Paz (véase la actualización anterior a esta AU). Los informes sobre nuevas amenazas sugieren que las autoridades colombianas no han tomado medidas enérgicas para proteger a la Comunidad de Paz. Parece que los paramilitares siguen manteniendo una presencia en la región pese a la fuerte presencia militar y policial permanente en la zona.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó fue creada en marzo de 1997 por la población civil del área de San José de Apartadó, municipio de Apartadó, en un esfuerzo por persuadir tanto a las fuerzas armadas como a las guerrillas de que respetaran su derecho como civiles a no ser arrastrados al prolongado conflicto de Colombia. La Comunidad de Paz siempre ha insistido en que los combatientes se mantengan fuera de las zonas que habita y cultiva. Por ello, las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares la han acusado de subversión. A su vez, el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha acusado a la comunidad de colaborar con sus enemigos. Desde que se creó la Comunidad de Paz, más de 160 de sus miembros han sido asesinados o han “desaparecido”, la gran mayoría a manos de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares, y los demás a manos de las FARC.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, ha pedido a las autoridades de Colombia que tomen medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los habitantes de la Comunidad de Paz. La última vez que lo pidió fue en su resolución del 15 de marzo de 2005. Sin embargo, las autoridades colombianas no parecen haber hecho gran cosa para llevar estas peticiones a efecto.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- expresando preocupación por la seguridad de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a raíz de los informes que indican que los paramilitares amenazan con lanzar un nuevo ataque contra ella;

- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las presuntas amenazas paramilitares contra los miembros de la Comunidad de Paz, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;

- expresando preocupación por que las vidas de otros miembros de la Comunidad de Paz corren peligro, y pidiendo a las autoridades que tomen todas las medidas necesarias –aquellas que la propia comunidad considere adecuadas– para garantizar la seguridad de la comunidad, de acuerdo con la resolución emitida el 15 de marzo de 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos;

- pidiendo a las autoridades que tomen medidas enérgicas para hacer frente a los grupos paramilitares que actúan en la región, disolverlos y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU.

LLAMAMIENTOS A:

Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez

Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-2, Bogotá, Colombia

Fax: + 57 1 337 5890 / 342 0592

Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Uribe

Dr. Carlos Holguín Sardi

Ministro del Interior y Justicia

Ministerio del Interior y de Justicia, Carrera 9a. No. 14-10, Bogotá D.C. Colombia
Tratamiento: Sr. Ministro

Dr. Mario Germán Iguarán Arana

Fiscal General de la Nación, Fiscalía General de la Nación

Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque C, Piso 4

Bogotá, Colombia

Fax: + 57 1 414 9108

Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal

COPIA A:

Sr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Defensoría del Pueblo

Calle 55, No. 10-32/46 oficina 301, Bogotá, Colombia

y a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 21 de marzo de 2007.