Document - Colombia: Targeted community leaders in danger

URGENT ACTION

AU: 21/13 Índice: AMR 23/003/2013 Colombia Fecha: 24 de enero de 2013

ACCIÓN URGENTE PELIGRO PARA LOS LIDERES COMUNITARIOS EN EL PUNTO DE MIRA Los paramilitares buscan a los líderes afrodescendientes Ligia María Chaverra y Enrique Petro en la cuenca del río Curvaradó, norte de Colombia. Las vidas de estos dos dirigentes corren peligro. El 22 de enero, dos hombres –a los que se cree paramilitares– llegaron en motocicletas a la Zona Humanitaria de Las Camelias en el municipio de El Carmen del Darién, departamento del Chocó. Buscaban a Ligia María Chaverra, líder comunitaria afrodescendiente, y, según los informes, dijeron: “Nosotros tenemos que hablar con ella y con nadie más”. En los últimos meses, los paramilitares han manifestado su intención de matar a Ligia María Chaverra y a otros 40 líderes comunitarios locales al declararlos objetivos militares. El 15 de enero, siete hombres que viajaban en motocicleta llegaron buscando al líder comunitario Enrique Petro en la cercana Zona Humanitaria de Andalucía. Enrique Petro informó de este hecho a los miembros de las fuerzas armadas, quienes dijeron que los hombres en cuestión vivían en las cercanías, pero aseguraron desconocer su identidad. Los residentes de la zona también han manifestado que no conocen a esos hombres.

Pese a la fuerte presencia militar en la región, Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes sobre la presencia de paramilitares en la zona. La preocupación por la seguridad de Enrique Petro se ha visto acrecentada por el hecho de que, desde el 15 de enero, se ha retirado a los soldados que estaban posicionados en el perímetro de la Zona Humanitaria de Andalucía.

En diciembre de 2012, Enrique Petro testificó en Medellín contra las empresas de plantación de palma africana que ocupan ilegalmente el territorio de las comunidades afrodescendientes. Enrique Petro ha sido amenazado por paramilitares y por trabajadores de plantaciones de palma, que justifican sus amenazas diciendo que saben que él ha testificado en su contra.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:  expresando preocupación por la seguridad de Ligia María Chaverra, Enrique Petro y otros líderescomunitarios de la cuenca de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, e instando a las autoridades a brindar protección efectiva a Ligia María Chaverra y Enrique Petro, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;  pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas paramilitares realizadas en los últimos meses respecto a matar a Ligia María Chaverra, Enrique Petro y 40 líderes comunitarios, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;  instándolas a emprender acciones inmediatas para disolver los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 7 DE MARZO DE 2013, A: Presidente Juan Manuel Santos Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26 Bogotá, Colombia Fax: +57 1 596 0631 Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Santos

Juan Carlos Pinzón Ministro de Defensa Ministerio de Defensa Carrera 54, no.26-29 Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá, Colombia Fax: + 57 1 266 1003 Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

Y copia a: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Calle 61A, No. 17-26 Bogotá Colombia

Envíen también copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación: Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE PELIGRO PARA LOS LIDERES COMUNITARIOS EN EL PUNTO DE MIRA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Un informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), hecho público en diciembre de 2012, identificó a empresarios que explotaban ilegalmente la tierra que forma parte del territorio colectivo de las comunidades afrodescendientes. En una nueva resolución judicial (Auto 299 de 18 de diciembre de 2012), la Corte Constitucional estableció unos plazos y unos criterios que el gobierno debía seguir para garantizar la devolución a las comunidades afrodescendientes de las tierras apropiadas indebidamente por empresas agroindustriales. En el pasado, las amenazas de muerte y las violaciones graves de derechos humanos han coincidido con los intentos de las autoridades estatales de ejecutar las órdenes de tribunales y otras instancias respecto a garantizar la devolución de las tierras objeto de apropiación indebida.

En noviembre de 2012, los paramilitares establecieron un campamento en la comunidad de El Guamo, también en el municipio de El Carmen del Darién. Se identificaron como Autodefensas Gaitanistas. Amenazaron al consejo comunitario, diciendo que sus miembros sufrirían las consecuencias si daban a conocer la presencia de los paramilitares, y les dijeron que iban a “limpiar” la zona de ladrones. También preguntaron a los residentes por la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En 2008, un empresario vinculado a los intereses de palma africana en la zona, y del que se consideraba que tenía vínculos con paramilitares locales, ofreció una recompensa por matar a Manuel Denis Blandón, ex representante legal del consejo comunitario, y a Ligia María Chaverra.

En abril de 2006, Enrique Petro dio cuatro hectáreas de sus propias tierras a los desplazados retornados de la región del Curvaradó y Jiguamiandó para crear una de las “Zonas Humanitarias”: zonas delimitadas cuyos habitantes piden que las partes del conflicto respeten su decisión de no participar en las hostilidades. Estas zonas son un medio de protección, y también transmiten a las partes enfrentadas el mensaje de que sus derechos como civiles deben respetarse.

En los últimos años, muchas de las personas que huyeron de sus tierras tras ser expulsadas violentamente por los paramilitares y las fuerzas de seguridad a finales de la década de 1990 han regresado a las comunidades afrodescendientes de la cuenca de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó. Las comunidades han tratado de defender su derecho a la tierra y de impedir la expansión de plantaciones ilegales de palma africana y otras actividades económicas en su territorio. A consecuencia de ello, muchos de sus miembros han sido amenazados y asesinados. En el último par de años, varias personas que vivían en la región del Jiguamiandó y Curvaradó y que habían protestado por la ocupación de sus tierras por parte de cultivadores de palma africana y otros intereses económicos han sido asesinadas por paramilitares, que siguen manteniendo una fuerte presencia en la región pese a la numerosa presencia del ejército.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, ha dictado medidas cautelares provisionales en favor de Enrique Petro y María Ligia Chaverra, y ha pedido reiteradamente a las autoridades colombianas que adopten medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los miembros de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó. Sin embargo, las autoridades colombianas no han emprendido acciones efectivas para poner en práctica las peticiones de la Corte.

Las comunidades afrodescendientes, junto con las indígenas y campesinas, son de las más afectadas por el largo conflicto armado interno de Colombia. Han sufrido desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad o los paramilitares (que actúan solos o en connivencia con las fuerzas armadas), y secuestros a manos de grupos guerrilleros.

Nombre: Ligia María Chaverra (m) y Enrique Petro (h) Sexo: Hombre y mujer

AU: 21/13 Índice AI: AMR 23/003/2013 Fecha de emisión: 24 de enero de 2013

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