Document - Colombia: Impunity perpetuates ongoing human rights violations: Amnesty International submission to the UN Universal Periodic Review

�Colombia: Información para el Examen Periódico Universal de la ONU, 16 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el EPU, abril-mayo de 2013

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Índice

3Introducción

3Seguimiento del anterior Examen Periódico �

3Defensores y defensoras de los derechos humanos �

4Violencia contra las mujeres �

4Estado de derecho, Justicia e impunidad por abusos contra los derechos humanos �

5Normas y mecanismos internacionales de derechos humanos �

5El Marco nacional de derechos humanos �

5La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras �

5Ley de justicia y paz �

6Medidas Legislativas que podrían reforzar la impunidad �

7La situación de los derechos humanos sobre el terreno �

7Defensores y defensoras de los derechos humanos �

7Grupos armados y fuerzas de seguridad �

8Violencia contra las mujeres �

8Pueblos indígenas �

9Impunidad por violaciones de derechos humanos o abusos �

9Recomendaciones de actuación �

9Dirigidas al estado examinado �

11Notas �

14Anexo �

Introducción

En este documento, elaborado para el examen periódico universal de Colombia en el Comité de Derechos Humanos de la ONU en abril-mayo de 2013,� Amnistía Internacional evalúa la implementación de las recomendaciones que Colombia respaldó durante su anterior examen periódico universal, en 2008, con respecto a defensores y defensoras de los derechos humanos, violencia contra las mujeres, Estado de derecho y justicia y normas internacionales y mecanismos de la ONU.

Las dos partes en el conflicto de Colombia –las fuerzas de seguridad, solas o en connivencia con paramilitares, y los grupos guerrilleros– siguen siendo responsables de abusos graves contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, como desplazamiento forzado, homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y secuestros y violencia sexual. La inacción de las autoridades a la hora de poner a disposición de la justicia a los responsables de estos delitos de derecho internacional transmite a sus autores el contundente mensaje de que pueden seguir matando sin miedo a tener que rendir cuentas.

El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entablaron conversaciones de paz formales en octubre de 2012. El respeto de los derechos humanos debe ocupar un lugar de máxima prioridad en el orden del día de esas conversaciones, porque sin derechos humanos, incluidas la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, no puede haber paz duradera. Las dos partes deben comprometerse de inmediato a poner fin a los abusos contra los derechos humanos y a las violaciones del derecho internacional humanitario. El gobierno debe garantizar asimismo que los responsables de delitos de derecho internacional no se benefician de amnistías de facto.

SEGUIMIENTO DEL ANTERIOR EXAMEN PERIÓDICO

Durante su anterior examen periódico universal, en 2008, Colombia apoyó algunas recomendaciones en relación con defensores y defensoras de los derechos humanos, violencia contra las mujeres, Estado de derecho y justicia, incluida la impunidad, y con normas internacionales y mecanismos de la ONU.�

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Colombia mostró su respaldo a 21 recomendaciones relativas a la cuestión de los defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellas las de garantizar su protección efectiva, denunciar los ataques en su contra y reconocer la legitimidad de su trabajo.� Amnistía Internacional observa que el presidente Juan Manuel Santos ha adoptado una postura menos hostil que su predecesor hacia las cuestiones de derechos humanos en general y hacia los defensores y defensoras de los derechos humanos en particular, y que el gobierno ha entablado un diálogo constructivo con los defensores y defensoras de los derechos humanos y ha hecho declaraciones públicas en las que ha condenado los abusos contra sus derechos humanos. Sin embargo, altos cargos del gobierno y del Estado siguen haciendo declaraciones que amenazan con menoscabar la legitimidad del trabajo de derechos humanos.

Amnistía Internacional observa también el establecimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en sustitución de la multitud de programas de protección gestionados por el Ministerio del Interior para, entre otros, los defensores y defensoras de los derechos humanos, y la decisión de disolver el desacreditado servicio de inteligencia civil (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS).� Sin embargo, se cree que muchos miembros de la UNP, algunos de los cuales han desempeñado tareas de protección, son ex miembros del DAS. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación la inexistencia de controles efectivos que garanticen que ni las empresas de seguridad privada, algunas de las cuales suministran guardaespaldas para defensores y defensoras de los derechos humanos, ni la UNP emplean a ex paramilitares, guerrilleros o miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos.�

Amnistía Internacional continúa recibiendo informes según los cuales defensores y defensoras de los derechos humanos son objeto de amenazas y homicidios, especialmente los que trabajan en la restitución de tierras.� Las investigaciones criminales sobre amenazas y ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos han registrado escasos avances, y no se ha identificado a la mayoría de los autores de tales hechos, y mucho menos se les ha puesto a disposición de la justicia.�

Violencia CONTRA LAS MUJERES

Colombia aceptó algunas recomendaciones clave para abordar la violencia de género, y Amnistía Internacional observa que las autoridades demuestran ahora un mayor grado de compromiso en la lucha contra esta violencia y la impunidad que ha caracterizado tales casos.� Amnistía Internacional acoge con satisfacción la introducción en los últimos años de nuevas leyes, decretos y resoluciones para abordar el problema.� Sin embargo, la mayoría de estas disposiciones legales no se han aplicado de manera efectiva y, por consiguiente, su impacto en el acceso a la justicia de las supervivientes apenas ha sido apreciable. Un proyecto de ley presentado en el Congreso “para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado”,� en caso de ser aprobado y aplicado de manera efectiva, podría marcar una verdadera diferencia en los esfuerzos para combatir la violencia sexual.�

La Corte Constitucional ha afirmado que la violencia sexual es una práctica extendida y sistemática; sin embargo, la aplicación por el Estado del Auto 092 de 2008 de la Corte relativa a la lucha contra la violencia sexual relacionada con el conflicto armado y a la casi total impunidad que caracteriza a tales delitos, ha sido deficiente.�

estado de derecho, Justicia e impunidad por abusos contra los derechos humanos

Colombia aceptó algunas recomendaciones para garantizar la investigación adecuada de los abusos contra los derechos humanos y combatir la impunidad por tales delitos.� Amnistía Internacional acoge con satisfacción los progresos habidos en los últimos años en lo relativo a poner a disposición de la justicia a algunos de los responsables de abusos contra los derechos humanos; sin embargo, esto sigue siendo la excepción y no la regla. Las personas que participan en investigaciones criminales sobre derechos humanos, como testigos y abogados, siguen siendo objeto de amenazas y homicidios.

Colombia aceptó también una recomendación para garantizar que el sistema de justicia militar no tiene competencia en los casos de violaciones de derechos humanos en que estén implicados miembros de las fuerzas de seguridad, pero el sistema de justicia militar sigue negándose a entregar muchos de estos casos a las autoridades fiscales civiles.�

normas y mecanismos internacionales de derechos humanos

Colombia ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en julio de 2012, en aplicación de las recomendaciones que respaldó en su examen periódico universal de 2008.� Sin embargo, no ha reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por las víctimas o en su nombre o por otros Estados Partes, lo que deja a supervivientes y familias de las víctimas sin un importante recurso para reclamar justicia.� Las ONG de derechos humanos colombianas calculan que se han producido más de 30.000 desapariciones forzadas durante el conflicto, aunque la verdadera cifra podría ser mayor.

el Marco nacional de derechos humanos

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

El 10 de junio de 2011, el presidente Santos firmó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, piedra angular de su agenda de derechos humanos.� La ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2012, prevé reparaciones para algunos supervivientes de abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto del conflicto y contiene medidas para devolver millones de hectáreas de tierras, apropiadas indebidamente por grupos paramilitares, a sus legítimos dueños. Sin embargo, la ley adolece de varias deficiencias importantes.� Por ejemplo, muchas víctimas de abusos cometidos por grupos paramilitares quedarán excluidas de su protección porque, desde la supuesta desmovilización de los paramilitares a mediados de la década de 2000, el gobierno considera que esas víctimas son víctimas de bandas criminales y no de las partes en el conflicto.�

En septiembre de 2012, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que algunas partes de la ley eran inconstitucionales. Entre ellas figuraban las medidas que eximían de enjuiciamiento a los “testaferros” que entregaran tierras apropiadas indebidamente. La Corte también declaró inconstitucional las disposiciones que habrían negado la restitución de tierras a las víctimas que se considere que han llevado a cabo acciones “ilegales” para hacer campaña por la devolución de tierras ocupadas que les habían sido expropiadas indebidamente.

ley de justicia y paz

El proceso de Justicia y Paz, que comenzó en 2005, es otro ejemplo de incumplimiento por parte del Estado de las normas internacionales relativas al derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación. En virtud de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), aproximadamente el 10 por ciento de los más de 30.000 paramilitares que supuestamente se desmovilizaron en un proceso patrocinado por el gobierno que se inició en 2003, pueden tener derecho a la reducción de sus penas de prisión a cambio de deponer las armas, confesar las violaciones de derechos humanos y devolver las tierras y los bienes apropiados indebidamente a sus legítimos dueños.� El 90 por ciento restante nunca ha sido investigado de forma adecuada para determinar su posible complicidad en violaciones de derechos humanos. Según la Fiscalía General, sólo 14 paramilitares han sido declarados culpables de violaciones de derechos humanos en virtud del proceso de Justicia y Paz.�

Aunque el gobierno afirma que los grupos paramilitares se han desmovilizado, estos grupos, si bien con nuevos nombres, siguen actuando y están consolidando de nuevo su presencia en muchas zonas del país, a veces en connivencia con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el gobierno niega que los paramilitares sigan existiendo, y clasifica las violaciones de derechos humanos cometidas por tales grupos como acciones de bandas criminales (“bacrim”).

MEDIDAS LegislativAs QUE PODRÍAN reforzar LA IMPUNIDAD

El gobierno ha apoyado disposiciones legales que suscitan preocupación acerca de su compromiso de poner fin a la impunidad. En junio de 2012, el Congreso aprobó una reforma constitucional, denominada “marco legal para la paz”, que podría permitir que los autores de abusos contra los derechos humanos eludan la acción de la justicia. El marco legal para la paz concederá al Congreso la facultad de suspender las condenas de prisión de miembros de las partes en el conflicto, incluidas las fuerzas de seguridad. La ley permite también que el fiscal general asigne prioridad a unas investigaciones en detrimento de otras. Aunque los Estados pueden dar prioridad a los casos, en virtud del derecho internacional siguen teniendo la obligación de investigar todos los casos de abusos graves contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario.

En diciembre de 2012, el Congreso aprobó una reforma de la Constitución que otorgará a los militares un mayor control sobre las investigaciones criminales de casos en los que miembros de las fuerzas de seguridad están implicados en violaciones de derechos humanos, y podría suponer la transferencia de muchos casos de violaciones de derechos humanos al sistema de justicia militar, en contra de las normas internacionales de derechos humanos. La ley concede al sistema de justicia militar un mayor control sobre las etapas iniciales de la investigación. Esto entraña el riesgo de que las violaciones de derechos humanos se definan en las etapas iniciales de la investigación como acciones meramente relacionadas con los combates y, por consiguiente, dentro de la competencia del sistema de justicia militar.

También en diciembre de 2012, el Congreso aprobó una reforma de la Ley de Justicia y Paz por la que se prorrogó de nuevo el plazo límite para las desmovilizaciones, permitiendo de ese modo que los miembros de grupos armados ilegales se beneficien de sus disposiciones pese a no haber depuesto las armas en el momento de la aprobación de la ley en 2005. Esto transmite a las partes en el conflicto el peligroso mensaje de que pueden seguir cometiendo abusos contra los derechos humanos y aún así beneficiarse de las generosas disposiciones de la Ley de Justicia y Paz.

la situación de los derechos humanos sobre el terreno

La población civil –especialmente los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los sindicalistas– sigue siendo la principal víctima del conflicto armado. Sólo en 2011, más de 259.000 civiles se vieron desplazados por la fuerza, la mayoría como consecuencia de las hostilidades.�

Defensores y defensoras de los derechos humanos

A pesar de algunas posturas satisfactorias adoptadas por el gobierno, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los sindicalistas siguen siendo víctimas de homicidios, amenazas, persecución judicial y robo de información confidencial sobre casos, y el gobierno no pone a los autores de estos actos a disposición de la justicia. En 2012, al menos 40 defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes comunitarios y 20 miembros de sindicatos perdieron la vida.

Altos cargos del gobierno y del Estado del más alto nivel siguen haciendo declaraciones que amenazan con menoscabar la legitimidad del trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y esto les pone en peligro de sufrir nuevos ataques.�

Las defensoras de los derechos humanos que apoyan los procesos de restitución de tierras, acompañan a comunidades desplazadas o representan a supervivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto son también víctimas de ataques, sobre todo de grupos paramilitares.� Algunas han sido violadas para castigarlas o silenciarlas. La mayoría no denuncian los ataques, y las que lo hacen han visto escasos progresos en las investigaciones criminales sobre sus casos.

grupos armados y fuerzas de seguridad

Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, como homicidios ilegítimos, toma de rehenes, desplazamiento forzado, reclutamiento de niños y niñas y uso indiscriminado de armas para matar y herir a civiles. En 2011, minas terrestres, colocadas en su mayoría por grupos guerrilleros, causaron la muerte de 20 civiles y 49 miembros de las fuerzas de seguridad. En el mismo periodo, más de 305 civiles fueron secuestrados o tomados como rehenes, sobre todo por grupos de delincuentes comunes, pero también por grupos guerrilleros y paramilitares.

En febrero de 2012, las FARC anunciaron que pondrían fin a todos los secuestros de civiles para exigir un rescate. Se trata de un primer paso importante, pero debe ir seguido de un firme compromiso de poner fin de modo inmediato e incondicional a todos los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario, lo que incluye todas las formas de secuestro y toma de rehenes, el reclutamiento de niños y niñas soldados y el uso de minas terrestres.

A pesar de su supuesta desmovilización, los grupos paramilitares, catalogados por el gobierno como “bandas criminales” (bacrim), continúan expandiéndose y consolidando su presencia en toda Colombia. Son responsables de graves violaciones de derechos humanos, a veces cometidas en connivencia o con el consentimiento de las fuerzas de seguridad, incluyendo homicidios y desapariciones forzadas, al igual que operaciones de “limpieza social” en los vecindarios pobres de las áreas urbanas. Sus víctimas son principalmente sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes comunitarios, así como representantes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas.�

Las fuerzas de seguridad son también responsables de delitos de derecho internacional. Aunque el número de ejecuciones extrajudiciales denunciadas que se les atribuyen ha disminuido y no alcanza ya la elevada cifra que se registraba durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, continúan denunciándose casos.

Violencia CONTRA LAS MUJERES

Todas las partes en el conflicto cometen delitos sexuales, pero sólo un número muy escaso de los autores llegan a comparecer ante la justicia. A pesar de algunos esfuerzos de las autoridades para ayudar a las supervivientes de violencia sexual a superar las barreras que dificultan su acceso a la justicia, la mayoría de ellas tienen demasiado miedo o carecen de confianza en el sistema judicial para denunciar estos delitos. Las pocas mujeres que los denuncian deben hacer frente a obstáculos insalvables y pueden abandonar su lucha por la justicia.

Pueblos indígenas

El impacto del conflicto en los pueblos indígenas es cada vez más destructivo, a medida que las hostilidades se desarrollan en zonas habitadas por comunidades indígenas y por comunidades afrodescendientes y campesinas.� De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), más de 84 personas indígenas, entre ellas 21 dirigentes, perdieron la vida en 2012.

Altos cargos del gobierno y del Estado siguen haciendo declaraciones en las que vinculan a los dirigentes indígenas, y a las comunidades a las que representan, con grupos guerrilleros. En agosto de 2012, cuando líderes indígenas del departamento de Cauca, en el suroeste del país, pidieron el fin de los combates entre las fuerzas de seguridad y las FARC, durante los cuales varias personas indígenas perdieron la vida y centenares se vieron desplazadas por la fuerza, el ministro de Defensa respondió acusando a las FARC de infiltrarse en el movimiento indígena. Estas declaraciones promueven un clima en el que se toleran, se alientan o incluso se facilitan los abusos contra los pueblos indígenas.

En una sentencia sobre pueblos indígenas dictada en enero de 2009,� la Corte Constitucional criticó la respuesta inadecuada del Estado a los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas en Colombia. La Corte concedió al gobierno un plazo de seis meses para diseñar e implementar un programa de garantía de los derechos de los pueblos indígenas desplazados y en peligro. Sin embargo, cuando han transcurrido más de tres años hay pocos indicios de que se hayan registrado avances efectivos a este respecto.

Impunidad por violaciones de derechos humanos o abusos

Se han realizado algunos avances en varias investigaciones clave sobre derechos humanos, incluidas las relacionadas con el escándalo de la “parapolítica”, que reveló los vínculos ilegales existentes entre decenas de legisladores y paramilitares, y el escándalo del DAS. Sin embargo, la mayoría de los autores de abusos contra los derechos humanos siguen eludiendo la acción de la justicia.

Los progresos han sido especialmente lentos en las investigaciones criminales sobre el llamado escándalo de los “falsos positivos”, en el que miembros de las fuerzas de seguridad estuvieron implicados en el homicidio ilegítimo de miles de civiles. La mayoría de las víctimas de estos homicidios se presentaron falsamente como “guerrilleros muertos en combate”. El proceso de Justicia y Paz también ha avanzado con lentitud. Los éxitos recientes a la hora de llevar ante la justicia a varios oficiales de alto rango del ejército por violaciones de los derechos humanos se ven atenuados por las fuertes críticas que el presidente Santos, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas realizaron en contra de las condenas.�

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN

DIRIGIDAS AL ESTADO EXAMINADO

Amnistía Internacional insta al gobierno de Colombia a:

En relación con los defensores y defensoras de los derechos humanos:

Tomar medidas más eficaces para garantizar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y los sindicalistas en situación de riesgo, en estricta conformidad con sus deseos, lo que incluye desistir de hacer declaraciones que cuestionen la legitimidad del trabajo de derechos humanos y de ese modo aumenten el riesgo de los activistas a sufrir ataques;

Garantizar que las autoridades judiciales llevan a cabo investigaciones y procesamientos criminales completos e imparciales sobre abusos cometidos contra los derechos humanos de defensores y defensoras de derechos humanos;

Poner fin al uso indebido del sistema judicial para menoscabar el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos y los sindicalistas, lo que incluye su enjuiciamiento sobre la base de cargos falsos.

En relación con la violencia contra las mujeres:

Elaborar y aplicar de forma efectiva un plan de acción exhaustivo e interdisciplinario para abordar la violencia contra las mujeres en consulta con supervivientes y organizaciones de mujeres, y basado en las reiteradas recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas y el sistema de derechos humanos interamericano;

Apoyar el proyecto de ley presentado en el Congreso “para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado”.

En relación con la Impunidad por violaciones de derechos humanos o abusos:

Revocar las reformas constitucionales, como el “marco legal para la paz” y las medidas para reforzar el sistema de justicia militar, que corren el riesgo de aumentar la impunidad;

Garantizar que el sistema de justicia militar no reclama la jurisdicción en casos de violaciones de derechos humanos en las que estén implicados miembros de las fuerzas de seguridad;

Desmantelar los grupos paramilitares y romper sus vínculos con sectores de las fuerzas armadas y la policía, lo que debe incluir investigar con eficacia y sancionar a los sospechosos de mantener tales vínculos;

Enmendar el Código Penal para que los crímenes de lesa humanidad y todos los crímenes de guerra se tipifiquen como delitos en virtud de la legislación nacional;

Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y considerar comunicaciones presentadas por las víctimas o en su nombre o por otros Estados Partes en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En relación con las comunidades en situación de riesgo:

Garantizar la adopción de medidas efectivas para mejorar la protección de la población civil, incluidas las personas internamente desplazadas, de conformidad con las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU. El Estado debe reconocer como víctimas del conflicto a los civiles cuyos derechos humanos hayan sido violados por paramilitares;

Cumplir con la obligación de prevenir el desplazamiento de poblaciones indígenas de sus tierras y comprometerse a hacer respetar los derechos contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU;

Cumplir la sentencia de la Corte Constitucional de enero de 2009 relativa a pueblos indígenas y desplazamiento, que insta al gobierno a diseñar y aplicar un plan efectivo para garantizar los derechos de las poblaciones indígenas desplazadas y en peligro.

Notas

Anexo

DOCUMENTOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAl para consulta�

América: Transformar dolor en esperanza: Defensoras y defensores de derechos humanos en América (AMR 01/006/2012)

Colombia: La reforma fomentará la impunidad de abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas y la policía (PRE01/597/2012)

Colombia: Invisibles ante la justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos en el conflicto. Informe de seguimiento (AMR 23/031/2012)

Colombia: Las FARC deben ir más lejos y acabar con todos los secuestros y la toma de rehenes (PRE01/175/2012)

Colombia: Ley de Víctimas y Restitución de Tierra: Análisis de Amnistía Internacional (AMR 23/018/2012)

Colombia: La situación de los derechos humanos en el Colombia: Declaración escrita de Amnistía Internacional ante la decimonovena sesión del consejo de derechos humanos de la ONU (del 27 de febrero al 23 de marzo de 2012) (AMR 23/007/2012)

Colombia: “Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia.”: Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia (AMR 23/018/2011)

Colombia: La lucha por la supervivencia y la dignidad. Abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia (AMR 23/001/2010)

Colombia: Todo queda atrás. Desplazamiento interno en Colombia (AMR 23/015/2009)

Colombia: “¡Déjennos en paz!” La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia (AMR 23/023/2008)

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Colombia

La impunidad perpetúa las violaciones de derechos humanos.

Información de Amnistía Internacional para el examen periódico universal, abril-mayo de 2013

� Todos estos documentos están disponibles en el sitio web de Amnistía Internacional: � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/es/region/colombia" ��http://www.amnesty.org/es/region/colombia�

� Desde que se redactó el documento de información para el examen periódico universal de Colombia en octubre de 2012, se han agregado algunas actualizaciones para reflejar las novedades que han tenido lugar en el país.

� Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal - Colombia, A/HRC/10/82, 9 de enero de 2009.

� A/HRC/10/82, recomendaciones 87.2 (Hungría, México), 87.4 (Rumania), 87.12 (Suecia), 87.41 y 87.43-54 (República Checa, Noruega, Suiza, Uruguay, Francia, Reino Unido, Irlanda, Australia, España, Albania, Alemania, Canadá, Azerbaiyán, Hungría).

� El DAS ha sido desacreditado después de un escándalo de “juego sucio”, que tuvo lugar principalmente durante el gobierno del presidente Uribe y supuso la vigilancia y las escuchas telefónicas ilegales de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y jueces, así como amenazas de muerte y homicidios llevados a cabo en connivencia con grupos paramilitares.

� A/HRC/10/82, recomendación 87.51 (España).

� A/HRC/10/82, recomendación 87.52 (Albania, Alemania, Canadá y Azerbaiyán).

� A/HRC/10/82, recomendación 87.50 (Noruega y Australia).

� A/HRC/10/82, recomendación 87.15 (Canadá e Irlanda).

� Por ejemplo, la Ley No. 1542 de 2012, “por la cual se reforma el Artículo 74 de la Ley 906 de 2004, código de procedimiento penal”. El 5 de enero de 2012, la Fiscalía General de la Nación también hizo pública su política de igualdad y no discriminación. Esta política exponía en detalle cómo se aplicaría un enfoque diferenciado, incluso sobre género, en la investigación de delitos. Según la Fiscalía General, el objetivo de esta política, adoptada el 12 de marzo de 2012 (Resolución No. 00450), es mejorar el acceso a la justicia de grupos y comunidades en situación de riesgo, como las mujeres; las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales; los pueblos indígenas; los niños y niñas; y las comunidades afrodescendientes. El 12 de septiembre de 2012, el presidente Santos presentó también la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres del gobierno, que según sus palabras ayudaría a “garantizar los derechos integrales de las mujeres”, incluidas las afectadas por el conflicto.

� Proyecto de Ley 037 de 2012, “Por el cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”.

� Véase Amnistía Internacional, Colombia: Invisibles ante la justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos en el conflicto: informe de seguimiento (AMR 23/031/2012); Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia (AMR 23/018/2011); y Colombia: Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado (AMR 23/040/2004).

� El Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional instaba al Estado a aplicar 13 programas para prevenir la violencia sexual y proteger a las víctimas, e instaba a la Fiscalía General de la Nación a avanzar en la investigación de 183 casos de violencia sexual, algunos de los cuales estaban incluidos en el informe de 2004 de Amnistía Internacional. El Auto 092 era un informe de seguimiento de una sentencia de la Corte Constitucional de 2004 (T-025), que declaraba inconstitucional la ausencia de una política estatal integrada sobre las comunidades desplazadas. Desde entonces, la Corte ha dictado una serie de sentencias sobre comunidades desplazadas concretas, como poblaciones indígenas y personas con discapacidad.

� A/HRC/10/82, recomendación 87.24 (Chile), 87.24 (Suiza, Chile y Turquía).

� A/HRC/10/82, recomendación 87.28 (Portugal).

� A/HRC/10/82, recomendación 87.1 (Argentina, Cuba y México).

� Véase la declaración pública de Amnistía Internacional, Colombia: La$ ratificación de la convención sobre las desapariciones forzadas, un paso adelante positivo pero incompleto, 17 de julio de 2012, AMR 23/027/2012.

� Ley 1448 de 2011, Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, aprobada el 10 de junio de 2011.

� La ley excluye también a otras categorías de víctimas: las víctimas de desplazamiento forzado y otros abusos contra los derechos humanos cometidos antes de 1985 sólo podrán tener derecho a una reparación simbólica, no a restitución de tierras ni a indemnización económica; las víctimas de abusos cometidos entre 1985 y 1991 tendrán derecho a indemnización económica, pero no a restitución de tierras; y sólo las víctimas cuyas tierras les fueron expropiadas de forma indebida o se ocuparon ilegalmente mediante abusos después de 1991 tendrán derecho a restitución de tierras e indemnización económica. El impacto de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras podría verse menoscabado también por varios factores adicionales, como el aumento de las amenazas y los homicidios contra las personas que hacen campaña por la restitución o la devolución de sus tierras, unido a la falta de medidas de protección efectivas del Estado, la complejidad del proceso que ha de emprenderse para identificar las tierras apropiadas indebidamente, las disposiciones que pueden tener el efecto de legitimar la tenencia de tierras robadas, la falta de salvaguardias para garantizar que las personas que retornan no se ven obligadas de nuevo a ceder el control sobre su tierra a quienes las habían desplazado por la fuerza o habían desplazado a otras.

� Para más detalles, véase Colombia: La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Análisis de Amnistía Internacional, AMR 23/018/2012, abril de 2012.

� De éstos, sólo 1.620 habían confirmado su participación. Esto significa que más del 90 por ciento de quienes supuestamente se desmovilizaron nunca fueron investigados acerca de su posible participación en violaciones de derechos humanos y seguían recibiendo amnistías de facto.

� � HYPERLINK "http://www.fiscalia.gov.co:8080/justiciapaz/index.htm" ��www.fiscalia.gov.co:8080/justiciapaz/index.htm�, acceso el 14 de febrero de 2013.

� Amnistía Internacional, “¡Déjennos en paz!”. La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia (Índice: AMR 23/023/2008).

� En octubre de 2011, la fiscal general anunció que investigaría las acusaciones de que algunas de las víctimas de la masacre de Mapiripán, en la que paramilitares en connivencia con el ejército cometieron decenas de asesinatos y desapariciones forzadas en julio de 1997, no habían muerto y de que, pese a ello, las familias de esas “falsas víctimas” habían reclamado y recibido indemnizaciones del Estado. Las investigaciones se iniciaron a raíz de una declaración de Mariela Contreras, en la que revelaba que su hijo, que supuestamente había sido asesinado en Mapiripán, en realidad estaba vivo. Mariela Contreras, representada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), que también actuaba como representante legal de otras víctimas de Mapiripán, recibió una indemnización del Estado. Tras estas acusaciones, el procurador general acusó al CCAJAR de actuar como una “banda criminal”, mientras que, según se ha tenido noticia, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: “Hay intereses oscuros y económicos que utilizan ese sistema, y hacen burla de él, para lucrarse con los recursos del Estado […] Lo que no nos imaginamos es que recomendaban que mintieran e hicieran pasar por víctimas a quienes no lo eran. ¿Qué más acto de corrupción que éste?”.

� Véanse las siguientes Acciones Urgentes de Amnistía Internacional: AU 26/12 (Índice: AMR 23/004/2012); AU 72/12 (Índice: AMR 23/012/2012); AU 133/12 (Índice: AMR 23/020/2012); AU 141 (Índice: AMR 23/021/2012); AU 190/12 (Índice: AMR 23/024/2012); AU 361/11 (Índice: AMR 23/038/2011); y AU 199/11 (Índice:AMR 23/022/2011).

� El debate acerca de si los paramilitares siguen existiendo tiene lugar desde mediados de la década de 2000, cuando comenzó el proceso de desmovilización patrocinado por el gobierno. El gobierno afirma que los paramilitares no existen ya, y que cualquier violencia que se les atribuya es obra de bandas criminales (las llamadas “bacrim”). Lo que no se discute es que muchos paramilitares no se desmovilizaron, al tiempo que un gran número de nuevos grupos comenzaba a surgir y reclutaban a nuevos y antiguos miembros. Estos “nuevos” grupos paramilitares siguen actuando como los paramilitares “tradicionales”. Controlan el territorio y usan la amenaza de la fuerza y la violencia real para promover sus objetivos económicos y políticos, a veces con el apoyo o la tolerancia de las fuerzas de seguridad. Sus víctimas son las mismas que en el pasado: defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y dirigentes comunitarios. De acuerdo con el laboratorio de ideas Instituto de Estudios para el Desarollo y la Paz (INDEPAZ), la presencia de grupos a los que define como “grupos narco-paramilitares” ha aumentado en todo el país en los últimos años y ahora están activos en todos los departamentos y en más de un tercio de los municipios. INDEPAZ sugiere que estos grupos tienen ahora unos 7.000 combatientes y una red de apoyo de entre 8.200 y 14.500, y que en los últimos años han experimentado un proceso de consolidación, y el número de estos grupos ha descendido desde los 43 en 2006 hasta los 15 al terminar el año 2010.

� Véase Amnistía Internacional, La lucha por la supervivencia y la dignidad. Abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia, febrero de 2010, AMR 23/001/2010.

� Auto de la Corte Constitucional Nº 004 de 2009, 26 de enero de 2009.

� El 28 de abril de 2011, un juez condenó al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años de prisión por su papel en la desaparición forzada de 11 personas en noviembre de 1985 tras asaltar el ejército el Palacio de Justicia, donde miembros del grupos guerrillero M-19 mantenían como rehenes a numerosas personas. El gobierno y el alto mando militar hicieron declaraciones en las que criticaron su condena y la del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, condenado en 2010 a 30 años de prisión en el mismo caso. El general retirado Iván Ramírez Quintero, que fue acusado formalmente de una de las desapariciones, fue absuelto den diciembre.

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