Document - Colombia: The Human Rights Situation in Colombia: Amnesty International’s written statement to the 22nd session of the UN Human Rights Council

Colombia: Amnesty International’s statement to the 22nd session of the UN Human Rights Council (25 February -22 March 2013)

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La situación de los derechos humanos en Colombia: Declaración escrita de Amnistía Internacional ante el 22º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (25 de febrero- 22 de marzo de 2013)

AMR 23/011/2013

25 de febrero de 2013

Amnistía Internacional expresa su constante reconocimiento del trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia para mejorar el respeto por los derechos humanos en el país, lo que incluye la insistencia en la aplicación plena de reiteradas recomendaciones de la ONU.

Esta declaración ofrece una exposición resumida de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en Colombia y las recomendaciones para el Consejo de Derechos Humanos.

El comienzo de las conversaciones de paz formales entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha suscitado expectativas de que el conflicto armado con el mayor grupo guerrillero del país pueda tocar a su fin después de casi 50 años de hostilidades. Sin embargo, una paz estable seguirá siendo difícil de alcanzar a menos que las dos partes pongan fin de forma definitiva a las violaciones y abusos de derechos humanos y a las infracciones del derecho internacional humanitario y que los responsables de tales abusos y violaciones sean enjuiciados en tribunales civiles.

A pesar de la oportunidad que brindan las conversaciones de paz, las partes en el conflicto –las fuerzas de seguridad, solas o en connivencia con los paramilitares, y los grupos guerrilleros– siguen cometiendo abusos graves contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, como homicidios ilegítimos, desplazamiento forzado, tortura, secuestros y desapariciones forzadas y violencia sexual.

Las consecuencias de derechos humanos del conflicto armado siguen afectando ante todo a la población civil, y especialmente a los miembros de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los líderes comunitarios y los sindicalistas.

Es probable que los recientes progresos de los tribunales civiles en cuanto a hacer responder ante la justicia al menos a algunos responsables de tales abusos y violaciones, sobre todo en varios casos emblemáticos de derechos humanos, queden anulados como consecuencia de disposiciones legales recientes, como la reforma del sistema de justicia militar, que agravarán la impunidad en el país.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, mientras tanto, puede marcar una verdadera diferencia en las vidas de al menos algunas de los millones de víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos. Sin embargo, las amenazas y los asesinatos de quienes defienden la restitución de las tierras y de quienes buscan volver a sus tierras podrían menoscabar la implementación de la ley.

Fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad siguen siendo responsables de graves violaciones de derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, en algunos casos en connivencia con grupos paramilitares. Siguen trascendiendo informes de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad. Aunque la Fiscalía General de la Nación está investigando miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por las fuerzas de seguridad durante el conflicto, son pocos los autores de tales hechos a los que se ha puesto a disposición de la justicia. Además, el sistema de justicia militar, que tiene antecedentes de cerrar este tipo de investigaciones sin hacer que los responsables rindan cuentas de forma adecuada, sigue reclamando la competencia en muchos de estos casos.

Grupos guerrilleros

Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, como homicidios, toma de rehenes, desplazamiento forzado, reclutamiento de niños y niñas y uso de armas de efectos indiscriminados, como minas terrestres. Aunque en 2012 las FARC anunciaron que pondrían fin al secuestro de civiles para exigir un rescate, no adquirieron el compromiso de poner fin a todas las formas de secuestro y toma de rehenes y otros abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Los grupos guerrilleros también fueron responsables de ataques indiscriminados que pusieron a civiles en situación de riesgo.

Paramilitares

A pesar de su supuesta desmovilización, los grupos paramilitares, catalogados como “bandas criminales”, continúan actuando y son responsables de graves violaciones de derechos humanos, como homicidios, desapariciones forzadas y operaciones de “limpieza social” en vecindarios pobres de áreas urbanas. Algunos de estos actos se cometieron con la connivencia o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad. Sus víctimas fueron principalmente sindicalistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, así como representantes de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes y campesinas. El proceso de Justicia y Paz, que comenzó en 2005, siguió negando a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares su derecho a verdad, justicia y reparación. Según la Fiscalía General, a diciembre de 2012 sólo 14 paramilitares habían sido declarados culpables en virtud del proceso de Justicia y Paz.

Impunidad

El apoyo del gobierno a varias reformas legislativas suscita dudas acerca de su compromiso para poner fin a la impunidad. En diciembre de 2012, el Congreso aprobó una reforma que otorga a los militares un mayor control sobre las investigaciones criminales de casos en los que miembros de las fuerzas de seguridad estén implicados en violaciones de derechos humanos, y que podría suponer la transferencia de casos de violaciones de derechos humanos al sistema de justicia militar, en contra de las normas internacionales de derechos humanos. En junio de 2012, el Congreso aprobó el “marco legal para la paz”, que también podría permitir que autores de violaciones de derechos humanos y abusos eludan la acción de la justicia. En diciembre de 2012, el Congreso aprobó una reforma de la Ley de Justicia y Paz que prorrogaba el plazo límite para las desmovilizaciones. Esta medida ha transmitido a las partes en el conflicto el peligroso mensaje de que pueden seguir cometiendo violaciones de derechos humanos y abusos y pese a ello beneficiarse de las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz.

Aunque Colombia ratificó en 2012 el Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, no reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para considerar comunicaciones individuales, negando de este modo a las víctimas y sus familias un importante recurso para reclamar justicia. Aunque es difícil establecer la cifra exacta, se cree que al menos 30.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto.

Defensores y defensoras de los derechos humanos, líderes comunitarios y sindicalistas

Aunque el gobierno ha expresado públicamente su condena de los ataques en su contra, los defensores y defensoras de los derechos humanos siguen sufriendo ataques, amenazas, persecución judicial y robo de información confidencial sobre casos. En 2012, al menos 40 defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes comunitarios y 20 miembros de sindicatos perdieron la vida. Los activistas que trabajan en cuestiones relacionadas con la restitución de tierras y quienes buscan regresar a sus tierras han estado expuestos en los últimos años a un riesgo especial de ser objeto de ataques.

Pueblos indígenas

El impacto del conflicto en los pueblos indígenas se ha intensificado a medida que las hostilidades se desarrollaban en sus territorios, especialmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia, al menos 84 personas indígenas perdieron la vida en 2012, entre ellas 21 dirigentes. Cada año, todas las partes contendientes siguen provocando el desplazamiento forzado de miles de personas indígenas de sus territorios. Funcionarios de alto rango han hecho declaraciones infundadas en las que vinculan a líderes y comunidades indígenas con grupos guerrilleros.

Violencia contra las mujeres

Todas las partes en el conflicto siguen sometiendo a las mujeres a violencia sexual, incluidas la violación y otras formas de violencia de género. Sin embargo, el número de autores de hechos de esta índole que han comparecido ante la justicia es muy escaso, y el grado de cumplimiento por las autoridades de la histórica sentencia de la Corte Constitucional sobre mujeres y desplazamiento (Auto 092 de 2008) sigue siendo deficiente.

Una novedad que podría ser importante en la lucha contra la violencia de género es el proyecto de ley “para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado” que se está debatiendo actualmente en el Congreso. Entre otras cosas, en caso de ser aprobado enmendará el Código Penal para tipificar como delitos ciertas formas de violencia sexual relacionada con el conflicto, como la desnudez, el aborto o el embarazo forzados.

Papel de la comunidad internacional

La comunidad internacional tiene un papel fundamental que desempeñar en la resolución de la grave situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia. Debe seguir interviniendo activamente ante el gobierno colombiano. Si bien la comunidad internacional debe reconocer las medidas concretas y efectivas en determinadas cuestiones, no debe desistir de criticar a las autoridades en aquellas cuestiones en que sea evidente que no han hecho honor a sus compromisos, como el cumplimiento pleno de las reiteradas recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, incluidas las relativas a la obligación de Colombia de combatir de manera efectiva los altos niveles de impunidad por abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario.

Amnistía Internacional pide al Consejo de Derechos Humanos y a sus Estados miembros y observadores en el 22º período de sesiones que:

reconozcan que todas las partes en el conflicto en Colombia siguen cometiendo abusos generalizados contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario;

insten a todas las partes en el conflicto a cumplir de forma adecuada y completa las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, incluidas las emitidas en todos sus informes previos, y de otros organismos de la ONU, lo que incluye proteger de modo efectivo a las comunidades y los grupos expuestos a sufrir ataques, poner fin a la impunidad y tomar medidas para desmantelar los grupos paramilitares y romper los vínculos que mantienen con las fuerzas de seguridad;

recomienden la aplicación plena de las recomendaciones y los compromisos aceptados del Examen Periódico Universal y la presentación de informes periódicos al Consejo sobre dicha aplicación;

establezcan un proceso con plazos límite y fechas clave para evaluar el cumplimiento de estos compromisos y recomendaciones;

pidan la revocación de las disposiciones legales, como la que amplía el ámbito de la jurisdicción militar, que amenazan con agravar unos niveles de impunidad ya elevados, e insistan en que todos los responsables de violaciones de derechos humanos y abusos sean puestos a disposición de la justicia;

insten al gobierno y a las FARC a garantizar que el respeto de los derechos humanos ocupa un lugar central en el dialogo de paz e insistan en que ambas partes adquieran un compromiso verificable de poner fin a todas las violaciones de derechos humanos y los abusos y a las violaciones del derecho internacional humanitario.

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