EXTERNOÍndice AI: AMR 23/34/96/s

AU 148/96 Aparentes ejecuciones extrajudiciales y temor por la seguridad17 de junio de 1996

COLOMBIAGuillermo León BARRERA HENAO

Francisco Javier TABORDA TABORDA

Álvaro VÁSQUEZ

Amnistía Internacional está hondamente preocupada por la seguridad de los habitantes del municipio de El Carmen del Atrato (departamento de Chocó), en vista del homicidio de los tres hombres citados en el encabezamiento, que tuvo lugar el 13 de junio de 1996 en circunstancias que parecen indicar la comisión de una ejecución extrajudicial.

Según la información recibida, un grupo de siete hombres armados entraron en la comunidad de El Siete (municipio de El Carmen del Atrato) aproximadamente a las once de la mañana. El grupo paramilitar obligó a los habitantes de la comunidad a reunirse en un lugar del distrito de La Virgen, donde además establecieron un control en la carretera y obligaron a todos los que viajaban por ella a unirse a los demás. El grupo paramilitar disponía de una lista negra, de donde leyeron los nombres de Guillermo León Barrera Henao y Francisco Javier Taborda Taborda. Los integrantes del grupo paramilitar obligaron a ambos a sentarse, abrieron fuego contra uno de ellos, ordenaron a los habitantes de la comunidad que salieran corriendo y luego mataron al otro. Mientras se cometían los homicidios, un miembro del grupo paramilitar pintó consignas en las puertas y los muros: «no más guerrilla, muerte a sapos [colaboradores de la guerrilla]. Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá».

Poco después de los homicidios, los paramilitares mataron a otro hombre, Álvaro Vásquez, quien, según los informes, se negó a llevarlos en su vehículo. El grupo paramilitar prendió fuego al vehículo de Álvaro Vásquez antes de matarlo. Las tres víctimas trabajaban como conductores de vehículos de servicio público.

El día anterior, el 12 de junio, efectivos del ejército colombiano, que según la información recibida pertenecían al Batallón Granaderos, habían detenido a Guillermo León Barrera y a un grupo de estudiantes y antiguos alumnos de la escuela Marco Fidel Suárez. Guillermo León Barrera fue conducido a un establo, donde se le acusó de colaborar con la guerrilla y de transportar a guerrilleros en su vehículo que, según los soldados, pertenecía a la guerrilla. Los militares tomaron nota de los nombres de los estudiantes y los dejaron en libertad. Según informes, los estudiantes estuvieron sujetos a la vigilancia de las fuerzas de seguridad con posterioridad a este suceso.

Los homicidios de El Carmen del Atrato han tenido lugar diez días después de que las fuerzas armadas de la región fueran reforzadas con tropas del Batallón Granaderos y el Batallón Cacique Nutibara. A pesar de que los homicidios se cometieron a unos diez minutos por carretera de un puesto del ejército colombiano, los militares tardaron una hora en llegar al lugar de los hechos, cuando los paramilitares ya se habían marchado hacía mucho tiempo.

Antes de abandonar el municipio, el grupo paramilitar amenazó con volver y dejó folletos firmados por un grupo que se autodenomina Grupo Dignidad Antioqueña, en los que se advierte a los comerciantes y los trabajadores del transporte que participan en las huelgas de la guerrilla que: «pasaremos cuenta de cobro por su cobardía».

INFORMACIÓN GENERAL

A pesar de que el gobierno se ha comprometido repetidamente a proteger los derechos humanos, miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia, junto con sus aliados paramilitares, siguen cometiendo graves abusos con casi total impunidad. Muchos grupos paramilitares tienen su origen en las patrullas civiles de autodefensa que el ejército fundó en los años ochenta para ayudarle en las operaciones de contrainsurgencia. Durante los últimos cinco años, varios miles de civiles han perdido la vida en todo el país a manos de los grupos paramilitares. Aunque en 1989 el gobierno colombiano eliminó la base jurídica para la creación de grupos paramilitares y emitió directivas a las fuerzas armadas colombianas para que combatieran y desmantelaran a estos grupos, las fuerzas paramilitares continúan actuando en muchas zonas del país con el apoyo de las fuerzas de seguridad, matando y haciendo «desaparecer» impunemente a las personas que consideran opositores. El presidente Ernesto Samper Pizano, que llegó al poder el 7 de agosto de 1994, ha prometido en reiteradas ocasiones, tanto durante la campaña electoral como después ocupar el cargo, que mejoraría la situación de derechos humanos. Entre sus promesas estaba la desmantelar las fuerzas paramilitares. Sin embargo, no se ha tomado ninguna medida para controlar su actividad ni para que sus miembros respondan por las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos que han cometido.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español o en su propio idioma:

-expresando su honda preocupación por la seguridad de los habitantes del municipio de El Carmen del Atrato (departamento de Chocó), en vista de la aparente ejecución extrajudicial de Guillermo León Barrera Henao, Francisco Javier Taborda Taborda y Alvaro Vásquez perpetrada el 13 de junio de 1996 por los integrantes de un grupo paramilitar;

-pidiendo que sin dilación se abran investigaciones exhaustivas e imparciales sobre estos homicidios, cuyos resultados deben hacerse públicos, y que se ponga a disposición judicial a los autores;

-instando a las autoridades a que adopten de inmediato medidas para garantizar la seguridad de la población civil del municipio de El Carmen del Atrato;

además, si es posible:

-pidan que se investigue de forma exhaustiva e imparcial los vínculos entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas paramilitares, y que se ponga a disposición judicial a los miembros de las fuerzas de seguridad que hayan apoyado a estos grupos;

-insten al gobierno a que cumpla de inmediato su compromiso de desmantelar las fuerzas paramilitares que están actuando como auxiliares de las fuerzas armadas o con la complicidad de estas. Se debe poner a disposición judicial a los miembros de estas fuerzas que sean responsables de violaciones de derechos humanos.

LLAMAMIENTOS A:

1) Señor Presidente Ernesto Samper Pizano

Presidente de la República

Palacio de Nariño, Santafé de Bogotá, Colombia

Telegramas: Presidente Samper, Bogotá, Colombia

Télex: 44281 PALP CO

Fax: + 57 1 286 7434/284 7186/284 7176

Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente

2) Dr. Juan Carlos Esguerra Portocarrero

Ministro de Defensa Nacional

Ministerio de Defensa Nacional

Avenida Eldorado CAN - Carrera 52

Santafé de Bogotá, Colombia

Telegramas: Ministro de Defensa , Bogotá, Colombia

Télex: 42411 INPRE CO; 44561 CFAC CO

Fax: + 57 1 222 1874

Tratamiento: Sr. Ministro

3) Dr. Horacio Serpa Uribe

Ministro del Interior

Ministerio del Interior

Carrera 8a, No.8-09, Piso 7

Santafé de Bogotá, COLOMBIA

Telegramas: Ministro del Interior Serpa, Bogotá, Colombia

Télex: 45406 MINGO CO

Fax: + 57 1 286 0485/284 0214

Tratamiento: Sr. Ministro

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:

Asociación jurídica alternativa

SEMBRAR, AA 34692, Santafé de Bogotá, Colombia

y a los representantes diplomáticos de Colombia acreditados en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 10 de agosto de 1996.