AMNISTÍA INTERNACIONAL

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Índice AI: AMR 23/051/2004 (Público)

Servicio de Noticias: 241/04

13 de octubre de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230512004

Embargado hasta las 16:00 horas GMT del 13 de octubre de 2004

COLOMBIA: Datos y Cifras

Cuerpos marcados, crímenes silenciados

Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado

Información general: 40 años de conflicto armado

El conflicto armado interno de Colombia ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a los paramilitares, apoyados por el ejército, contra los grupos guerrilleros en una lucha por el control del territorio y los recursos económicos.

La población civil no sólo ha quedado “atrapada entre dos fuegos”, sino que a menudo las partes implicadas en el conflicto la han colocado de forma directa y deliberada en su punto de mira. Entre las violaciones y abusos cometidos contra los civiles figuran ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, “desapariciones”, secuestros, desplazamientos forzados y abusos sexuales. Los civiles han estado en el punto de mira para, por ejemplo, eliminar a quienes se considera que apoyan al “enemigo” o para sembrar el terror con el fin de “limpiar” territorios de interés económico o estratégico para los grupos armados o para aquellos que los respaldan.

Las partes implicadas en el conflicto

Los militares y paramilitares

Los paramilitares tienen su origen en las autodefensas civiles legalmente constituidas que el ejército creó en la década de los setenta y los ochenta para ayudar en operaciones de contrainsurgencia. Aunque carecen de base legal desde 1989, no se hizo ningún esfuerzo para desmantelarlos, y en los últimos 10 años los paramilitares han crecido y su presencia se ha extendido en todo el país.

Se cree que el número de combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) –la principal organización paramilitar que aglutina a los dispares grupos paramilitares del país para coordinar mejor sus actividades– puede oscilar entre los 10.000 y loss 20.000 combatientes.

La principal función que desempeñan ha sido la de llevar a cabo las tácticas de “guerra sucia” de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas, caracterizada por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. La utilización de paramilitares ha servido para que las fuerzas armadas eludan la creciente presión internacional para que los derechos humanos sean respetados.

Las fuerzas armadas siguen coordinando y prestando su apoyo a las estructuras paramilitares como parte de su estrategia general de contrainsurgencia. Amnistía Internacional no ha dejado de documentar violaciones contra los derechos humanos perpetradas por paramilitares, cometidas con el apoyo o aquiescencia de las fuerzas armadas.

Pese a que los paramilitares declararon una “tregua unilateral” a fines de 2002 y a que se encuentran en un proceso de “negociaciones de paz” con el gobierno, siguen perpetrando violaciones generalizadas de derechos humanos contra la población civil, incluidas mujeres y niñas.

Los grupos guerrilleros

Hay en Colombia dos grupos guerrilleros principales: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –con aproximadamente 20.000 combatientes– y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) –con aproximadamente 4.000–.

A lo largo de los últimos 40 años, las guerrillas han creado una amplia red de bastiones en muchas zonas rurales del país, donde en la práctica determinan las políticas del gobierno local y ejercen un importante control sobre la población. Desde la década de los noventa, las FARC han intentado incrementar significativamente los ataques en zonas urbanas, y los civiles se han visto cada vez más afectados por los ataques de la guerrilla en estas zonas.

Los grupos guerrilleros son responsables de infracciones graves y reiteradas del derecho internacional humanitario, como toma de rehenes y el secuestro y homicidio de civiles. También han perpetrado ataques utilizando armas de efecto desproporcionado e indiscriminado que se han saldado con la muerte de numerosos civiles.

El gobierno

El presidente Álvaro Uribe Vélez tomó posesión del cargo el 7 de agosto de 2002. Desde ese momento comenzó a introducir una serie de medidas de seguridad de línea dura englobadas en la llamada doctrina de Seguridad Democrática, que buscaba “consolidar” y “recuperar” territorios controlados por la guerrilla. Sin embargo, en lugar de aumentar la seguridad de la población civil, la estrategia de Seguridad Democrática la ha hecho más vulnerable a los abusos cometidos por grupos armados ilegales y por las fuerzas de seguridad.

El gobierno está aplicando políticas que son contrarias a las obligaciones que tiene contraídas en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos y de las reiteradas recomendaciones que en este terreno ha formulado Naciones Unidas (ONU). Estas políticas están arrastrando aún más si cabe a la población en el conflicto y consolidando la impunidad.

Sin mejoras en la crisis de los derechos humanos

El gobierno colombiano aduce que sus políticas han mejorado la situación de los derechos humanos. De hecho, decrecieron en el año 2003 algunos indicadores clave de la violencia políticamente motivada, como los secuestros y las cifras de nuevas personas desplazadas internamente. Sin embargo, estos datos enmascaran algunas variaciones regionales significativas. La situación de los derechos humanos en las zonas especiales de seguridad –Zonas de Rehabilitación y Consolidación–, que abarcan varios departamentos, se deterioró durante el periodo en que estas zonas estaban operativas, al igual que ocurrió con la situación en varias zonas de conflicto. En el conjunto de Colombia siguen siendo generalizados los abusos que contra los derechos humanos cometen todas las partes implicadas en el conflicto:

• Las cifras relativas a homicidios, matanzas y “desapariciones” de personas no combatientes y motivadas políticamente para el año 2003 siguen siendo superiores a la media del periodo 1991 - 2002.

• La organización también ha seguido documentando un incremento en tipos concretos de abusos en los últimos años, como por ejemplo “desapariciones” forzadas y casos de tortura.

• Más del 70% de las matanzas y de los homicidios políticamente motivados han sido cometidos por los paramilitares; el porcentaje asciende a más del 90% en los casos de “desaparición”.

• Desde 1985, en el conflicto han resultado muertas más de 70.000 personas y más de 3 millones han sido desplazadas internamente. Más de la mitad de los desplazados son mujeres.

• Desde el año 2000, más de 10.000 personas han sido secuestradas, de las cuales, más de la mitad lo fueron a manos de los grupos guerrilleros o paramilitares, y al menos 1.500 más han “desaparecido”, en su mayoría a manos de grupos paramilitares que con frecuencia actuaban en connivencia con las fuerzas de seguridad.

La violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres, y en concreto la violencia sexual (la violación y la mutilación genital, entre otras), forma parte integral del conflicto armadoy continúa siendo una práctica extendida que utilizan todos los bandos del conflicto.

Son diversos los motivos por los que las mujeres están en el punto de mira de los actores armados:

• sembrar el terror en las comunidades, facilitando imponer el control militar;

• obligar a la gente a huir de sus hogares y así ayudar a conseguir territorio;

• vengarse de los adversarios;

• acumular “trofeos de guerra”;

• explotarlas como esclavas sexuales;

• por transgredir “roles de género”;

• por desafiar prohibiciones impuestas por los grupos armados;

• por ser consideradas un blanco útil a través del cual humillar al enemigo.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe sobre Desarrollo Humano del año 2000 –cuyas estadísticas son las más recientes disponibles–, estimaba que aproximadamente entre el 60 y el 70 por ciento de las mujeres en Colombia había sufrido en carne propia alguna modalidad de violencia (maltrato físico, psíquico o sexual). No obstante, menos de la mitad busca ayuda y apenas el 9 por ciento denuncia la agresión.

Según cifras del Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia del PNUD correspondiente a 2003, titulado El Conflicto, Callejón con Salida, el número de mujeres muertas por motivos relacionados con el conflicto pero no en combate aumentó un 20 por ciento entre 2000-2001 y 2001-2002. Durante este periodo, un 6 por ciento de todos los muertos en combate y fuera de combate y de las “desapariciones” fueron mujeres, así como un 10 por ciento de las víctimas de torturas, un 11 por ciento de los muertos por minas antipersonales y un 18 por ciento de los secuestrados. Además, el 17 por ciento de los defensores de los derechos humanos muertos eran mujeres, al igual que el 16 por ciento de los sindicalistas y el 16 por ciento de los integrantes de comunidades indígenas.

El año pasado, más de 220 mujeres perdieron la vida por motivos sociopolíticos fuera de los lugares de combate –en las calles, en sus hogares o en el lugar de trabajo– y 20 “desaparecieron”. Según los informes, las fuerzas de seguridad fueron responsables directas de aproximadamente el 5 por ciento de estas muertes, los paramilitares respaldados por el ejército, del 26 por ciento, y la guerrilla, del 16 por ciento. En el resto de los casos no se identificó a los responsables.

Las políticas de salud en Colombia no han protegido la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El acceso a los servicios de salud reproductiva en el país no es gratuito, lo que restringe el acceso de las mujeres de entornos económicamente desfavorecidos y de las mujeres desplazadas.

Las defensoras de los derechos humanos y los trabajadores y trabajadoras de la salud que tratan de suplir con su esfuerzo las carencias en salud y otros terrenos también están en el punto de mira de los actores armadosporque a menudo se los considera que prestan su ayuda al “enemigo”.

Violencia sexual

Los datos oficiales no reflejan la magnitud del problema de la violencia sexual. Hay razones para creer que los casos de violación son muchos más de los que se notifican. Por ejemplo, pese a las huellas a menudo manifiestas sobre los cuerpos de las víctimas, esta violencia rara vez consta en los informes de las autopsias.

La violencia y explotación sexual contra mujeres y niñas adopta una diversidad de formas:

• Tácticas de terror: La violación y otros delitos sexuales, como la mutilación genital, son prácticas frecuentes de las fuerzas de seguridad y de sus aliados paramilitares como parte del repertorio de tácticas de terror que emplean contra las comunidades situadas en zonas de conflicto a las que acusan de colaborar con la guerrilla.

• Códigos de conducta: En las zonas del país que controlan, los paramilitares y la guerrilla tratan de intervenir en las esferas más íntimas de la vida de las personas. Dictan normas, fijan horarios, intervienen en conflictos familiares y comunitarios y aplican castigos que pueden incluir tortura, ejecución y otros tratos crueles y degradantes. En los últimos años ha aumentado el número de informes de este tipo.

• Limpieza social: La “eliminación” de mendigos, ladrones, prostitutas, homosexuales y personas que padecen o se cree que padecen VIH/sida ha formado parte de la estrategia de los grupos armados para demostrar su eficacia a la hora de “poner orden” y “limpiar la comunidad de personas indeseables”.

También hay otras formas de violencia sexual:

• Abusos sexuales contra mujeres detenidas por las fuerzas de seguridad;

• Secuestro de mujeres para prestar servicios sexuales a mandos gerrilleros y paramilitares;

• Abusos sexuales contra mujeres que, tras ser reclutadas como combatientes, son objeto de abuso a manos de sus compañeros.

Asimismo, los grupos guerrilleros han obligado a las combatientes a abortar y utilizar métodos anticonceptivos. La violencia sexual contra mujeres en zonas que los grupos armados se disputan militarmente ha sido especialmente numerosa. Entre los sectores que corren más peligro están las afrodescendientes y las indígenas, las desplazadas, las campesinas y las pobladoras de barrios de la periferia de las ciudades, muchas de ellas ya desplazadas.

Debido a su particular situación social, psicológica y económica, las mujeres desplazadas corren mucho más peligro de ser víctimas de agresiones sexuales y violaciones, así como de verse obligadas a ejercer la prostitución. De acuerdo a información oficial del Ministerio de Protección Social, el 36 por ciento de las mujeres desplazadas han sido forzadas a tener relaciones sexuales con desconocidos.

Impunidad

La violencia sexual contra las mujeres ha sido ignorada durante mucho tiempo, no sólo por las autoridades colombianas, sino por la población en general, que siempre la ha considerado como algo que pertenece al ámbito privado.

A menudo, los abusos de carácter sexual ni siquiera se reflejan en las cifras oficiales, excluidos de ellas por quedar englobados dentro de los llamados “crímenes pasionales”. La violencia sexual es una forma particularmente perversa de agresión, pues se considera algo vergonzoso o “deshonroso” para la víctima en vez de para quienes la perpetran. Las propias comunidades estigmatizan y condenan al ostracismo a las supervivientes simplemente por el tipo de violencia ejercida en su contra y, por su parte, el Estado ha sido reacio a poner en manos de la justicia a los responsables. Cuando el sistema judicial investiga un caso de violencia sexual, el trato que se dispensa a las sobrevivientes es con frecuencia degradante y, si rara vez se identifica a los perpetradores, más raro aún es que se los castigue por sus crímenes.

El Estado colombiano tiene la responsabilidad de prevenir y castigar el abuso sexual de las mujeres. A pesar de las expresas preocupaciones y recomendaciones de las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, como las formuladas por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, el Comité que vigila la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay pocas señales de que las autoridades colombianas hayan tomado suficientes medidas para poner fin a tales abusos, poner a sus autores en manos de la justicia o atacar sus causas

En la medida en que la discriminación por motivos de género no se combata y que no se hagan cumplir las normas internacionales sobre violencia contra las mujeres, seguirán incólumes las bases para que la violencia sexual y de género cobren formas extremas bajo el conflicto y continúen difundiéndose en todos los ámbitos de la sociedad.

Los grupos armados ilegales también tienen la responsabilidad de garantizar que sus miembros cumplen el derecho internacional humanitario y de impedirles que cometan actos de violencia sexual contra civiles y combatientes.

Las recomendaciones de Amnistía Internacional

Todas las partes implicadas en el conflicto deben denunciar públicamente la violencia de género, sea cual sea la circunstancia en que ésta se produzca, dando advertencias o instrucciones claras a sus fuerzas de que la violencia contra las mujeres no se tolerará y que se exigirán responsabilidades y que aquellos que sean responsables de cualquier forma de violencia contra las mujeres serán llevados ante la justicia.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Colombia:

• Aplicar la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre Mujer, Paz y Seguridad y todo otro instrumento internacional para la protección de las mujeres.

• Aplicar las recomendaciones formuladas por los órganos de las Naciones Unidas: la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el comité que vigila la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

• Adoptar, dar a conocer y aplicar una política global sobre el derecho legítimo a defender los derechos humanos.

• Aplicar una política global que asegure una respuesta institucional coordinada y adecuadamente financiada para la prevención, el castigo y la erradicación de la violencia sexual y de género. Tal respuesta debe garantizar el acceso de las supervivientes a los servicios y recursos que necesitan y a la rehabilitación, e incluir medidas especiales para proteger a mujeres y niñas de comunidades que corren especial peligro.

• Asegurar que los programas de desmovilización incorporan un enfoque de género (por ejemplo, proporcionando atención sexual y reproductiva y manteniendo información específicamente relacionada con el género).

Amnistía Internacional pide a las organizaciones guerrilleras:

• Ordenar a todos los combatientes que respeten el derecho internacional humanitario, que prohíbe a los bandos de un conflicto armado interno dirigir sus ataques contra la población civil.

• Dar instrucciones claras a todos los combatientes bajo su control para que no cometan violaciones ni otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas, sean civiles, sus propias combatientes o miembros de las fuerzas armadas y sus aliados paramilitares.

• Comprometerse públicamente a no reclutar menores de 18 años; poner fin a la violación y otras formas de violencia sexual, así como a las prácticas de aborto forzado y de contracepción forzada en sus propias combatientes.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Colombia y a las fuerzas guerrilleras:

• Establecer un acuerdo humanitario para garantizar que la población civil queda protegida frente al conflicto.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional:

• Instar al gobierno colombiano a poner en práctica las recomendaciones anteriores y supervisar estrechamente sus esfuerzos para dar cumplimiento a estas recomendaciones y a las efectuadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros órganos intergubernamentales.

• En sus relaciones con el gobierno colombiano, expresar su preocupación por el hecho de que éste no haya evitado, perseguido y castigado la violencia sexual contra mujeres y niñas.

• Dejar de proporcionar ayuda militar y transferencias de seguridad a las fuerzas de seguridad colombianas hasta que pueda demostrarse más allá de cualquier duda que esta ayuda no contribuye a violaciones de derechos humanos, incluida la violencia sexual contra mujeres y niñas.

• Pedir a los grupos guerrilleros que se comprometan públicamente a respetar las normas internacionales de derechos humanos y a evitar que sus miembros cometan abusos, incluidos los de índole sexual, que vulneran el derecho internacional humanitario.

• Brindar apoyo a las organizaciones de mujeres, organizaciones de LGTB, activistas y personas defensoras de los derechos humanos para que lleven adelante sus actividades sin temor.

Documento público

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Si desean una copia completa del informe Colombia: Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, visiten: http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR230402004

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