PÚBLICO Índice AI: AMR 27/007/2007

5 de diciembre de 2007

AU 325/07 Desalojo forzado

El 1 de diciembre, decenas de policías y soldados desalojaron a la fuerza a 45 familias, en las que había menores, de sus casas de Villa Venecia de Pantoja, provincia de Santo Domingo: los despertaron a las cuatro de la madrugada y les dijeron que tenían que abandonar el área de inmediato. Dos horas después, unas excavadoras pertenecientes a una inmobiliaria internacional empezaron a demoler las casas y arrancar árboles y cosechas.

Estas 45 familias eran las últimas de un grupo de 170 que llevaban más de siete años ocupando la parcela núm. 6. Según afirman, el asentamiento se estableció en tierras públicas pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar (CEA). La inmobiliaria internacional afirma trabajar para el auténtico propietario de la tierra, que según los informes es uno de sus accionistas.

Los policías y soldados que llevaron a cabo el desalojo estaban bajo el mando de un general del ejército con base en el municipio de Los Alcarrizos. No mostraron a las familias orden legal de desalojo alguna. Una organización local de derechos humanos con la que se ha puesto en contacto Amnistía Internacional, y que ayudó a las familias afectadas poco después del desalojo, obtuvo de los funcionarios presentes una notificación oficial de desalojo. Según asegura, era evidente que el documento había sido alterado con líquido corrector. El aviso estaba firmado por un abogado del gobierno y llevaba como fecha marzo de 2007, pero originalmente se había expedido únicamente para la parcela núm. 14. Según las familias, ese mismo documento se ha utilizado en desalojos anteriores de la parcela 6, donde se han realizado desalojos en masa en octubre de 2006 y en enero y junio de 2007.

La mayor parte de las pertenencias de las familias afectadas quedó destruida o fue confiscada durante el desalojo. Las familias han afirmado que se obligó a trabajadores migrantes haitianos detenidos por la policía a cargar dichas pertenencias en un camión propiedad de la inmobiliaria.

Las autoridades no han proporcionado a ninguna de las familias un alojamiento alternativo, ayuda ni indemnización alguna por su pérdida. La mayoría de las familias viven en el cercano cementerio de Cristo Redentor, donde carecen de refugio, alimento y agua y, según los informes, sufren el acoso de los soldados que todavía vigilan la tierra desalojada.

Las autoridades tampoco han proporcionado información a las familias, ni les han consultado, ni les han propuesto un asentamiento alternativo, actos obligatorios en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que la República Dominicana es parte.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El 2 de junio, más de 70 familias fueron desalojadas por la fuerza de la parcela núm. 6. Al parecer, los soldados realizaron contra el dirigente comunitario César Ureña varios disparos de los que, según los testimonios recogidos por una organización local de derechos humanos, uno le alcanzó en el pecho. A continuación, los soldados se lo llevaron. Sin embargo, cuando su cadáver apareció en la morgue, tenía nueve heridas de bala. Otras seis personas resultaron heridas por disparos, y más de 15 casas fueron destruidas. La situación al parecer entró en una escalada de violencia cuando las familias trataron de detener a los policías y soldados arrojándoles piedras cuando llegaron al asentamiento disparando al aire.

En la República Dominicana, las fuerzas de seguridad o grupos armados que afirman representar a los propietarios de las tierras llevan a cabo sistemáticamente desalojos forzados. En la mayoría de estos desalojos se ha denunciando la destrucción de objetos y bienes, y no se ha debatido ni planeado con los afectados un posible reasentamiento. Según cifras de la ONU, menos de la mitad de las familias de la República Dominicana pueden demostrar que son propietarias de sus casas, lo cual las pone en peligro de sufrir desalojos forzados y otras violaciones de derechos humanos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español, en inglés o en su propio idioma:

- expresando preocupación por que las familias que vivían en la parcela núm. 6 de Villa Venecia de Pantoja han sufrido repetidos desalojos forzados, y pidiendo a las autoridades que les proporcionen de inmediato ayuda humanitaria de emergencia, que incluya un cobijo adecuado, alimentos, instalaciones higiénicas, agua potable y atención médica;

- recordando a las autoridades que, como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen la obligación de consultar con las familias y explorar todas las alternativas al desalojo, incluida la seguridad de tenencia en un alojamiento alternativo adecuado;

- pidiendo a las autoridades que tomen medidas concretas para garantizar que las familias reciben alojamiento alternativo adecuado y una indemnización por sus posesiones destruidas;

- pidiendo a las autoridades que pongan fin a todos los desalojos forzados y que declaren y apliquen una suspensión de todos los desalojos en masa hasta que se pongan en vigor medidas legislativas y políticas para garantizar que los desalojos se llevan a cabo de manera plenamente conforme con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, y en especial que hagan llegar a los afectados aviso adecuado de cualquier desalojo e información sobre la manera en que éste se llevará a cabo.

LLAMAMIENTOS A: