Público

Amnistía Internacional

ECUADOR

Orgullo y prejuicio

Es hora de romper el círculo vicioso de la impunidad

por los abusos contra lesbianas, gays,

bisexuales y transexuales

Marzo de 2002 RESUMEN íNDICE AI: AMR 28/001/2002/s

DISTR: SC/CC/CO

En junio del 2001, Amnistía Internacional publicó Ecuador: Persisten las torturas y malos tratos a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales(Índice AI: AMR 28/009/2001/s). El informe fue presentado el 22 de junio del 2001 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito. Desde entonces, Amnistía Internacional ha documentado nuevos casos de tortura, malos tratos y acoso homófobo a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en las ciudades de Quito y Guayaquil.

Al igual que en los casos expuestos en el informe publicado en junio del 2001, la mayoría de los nuevos casos de que ha tenido conocimiento Amnistía Internacional se refieren a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales presuntamente acusados de cometer «atentado contra la moral pública». Aunque estos delitos, de acuerdo con el Código Penal de Ecuador, son infracciones no punibles con la privación de libertad, sino con la imposición de multas, se ha detenido por ello a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. A juzgar por el contexto en que se han efectuado las detenciones en los casos investigados, Amnistía Internacional considera que dichas detenciones se han basado exclusivamente en la identidad sexual de los afectados.

Amnistía Internacional ha seguido documentando casos de tortura y malos tratos a detenidos a manos de agentes de policía a causa de la orientación sexual de las víctimas, sobre todo en Guayaquil. Los malos tratos y la tortura, incluido el acoso sexual, se emplean como medio para humillar, degradar y someter a las víctimas, en ocasiones, al parecer, con objeto de obtener sobornos. Amnistía Internacional entiende que las autoridades ecuatorianas no han dejado claro su compromiso de proteger y promover los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Ecuador, y considera que deben adoptar nuevas medidas para garantizar el pleno respeto a los derechos de estas personas.

PALABRAS CLAVE:IMPUNIDAD1 / ORIENTACIÓN SEXUAL1 / TRANSEXUALES1 / DETENCIÓN ARBITRARIA / TORTURA/MALOS TRATOS / ACOSO / POLICÍA / DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS / GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADOS / ACOSO SEXUAL / ASESINATO / INTENTO DE SECUESTRO / FOTOGRAFÍA

Este texto resume el documento tituladoECUADOR: Orgullo y prejuicio (Índice AI:

AMR 28/001/2002/s) publicado por Amnistía Internacional en marzo del 2002. Quien desee más información o emprender acciones sobre esta cuestión, deberá consultar el documento completo. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas enhttp://www.amnesty.orgy nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico:http://www.web.amnesty.org/web/news.nsf/thisweek?openview. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en httpi//www.edai.org/centro/.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ECUADOR

Orgullo y prejuicio

Es hora de romper el círculo vicioso de la impunidad

por los abusos contra lesbianas, gays,

bisexuales y transexuales

INTRODUCCIÓN

En junio del 2001, Amnistía Internacional publicó Ecuador: Persisten las torturas y malos tratos a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales(Índice AI: AMR 28/009/2001/s). El informe fue presentado el 22 de junio del 2001 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito. Desde entonces, Amnistía Internacional ha documentado nuevos casos de tortura, malos tratos y acoso homófobo a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en las ciudades de Quito y Guayaquil.

Al igual que en los casos expuestos en el informe publicado en junio del 2001, la mayoría de los nuevos casos de que ha tenido conocimiento Amnistía Internacional se refieren a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales presuntamente acusados de cometer «atentado contra la moral pública». Aunque estos delitos, de acuerdo con el Código Penal de Ecuador,(1) son infracciones no punibles con la privación de libertad, sino con la imposición de multas, se ha detenido por ellos a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. A juzgar por el contexto en que se han efectuado las detenciones en los casos investigados, Amnistía Internacional considera que dichas detenciones se han basado exclusivamente en la identidad sexual de los afectados.

Amnistía Internacional ha seguido documentando casos de tortura y malos tratos a detenidos infligidos por agentes de policía a causa de la orientación sexual de las víctimas, sobre todo en Guayaquil. Los malos tratos y la tortura, incluido el acoso sexual, se emplean como medio para humillar, degradar y someter a las víctimas, en ocasiones, al parecer, con objeto de obtener sobornos. Según los informes recibidos, el acoso sexual infligido por agentes de policía se ha llevado a cabo en algunos casos con la connivencia de otros colegas que presenciaron la situación (véase caso número 1, infra). Amnistía Internacional también ha documentado casos en los que las autoridades ecuatorianas no han protegido los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales al no investigar con la debida seriedad las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas contra ellos (véase caso número 2, infra).

Por otra parte, la organización siente honda preocupación porque un número considerable de violaciones de derechos humanos, perpetradas a causa de la orientación sexual de las víctimas, no son denunciadas. Amnistía Internacional considera que esta circunstancia se debe a que las víctimas no creen que las autoridades vayan a tomarlas en serio y, además, temen por su seguridad. Prueba de esto es que la organización ha recibido nuevos testimonios en los que las víctimas han pedido que no se revelaran los detalles de sus casos porque temían por su seguridad (véase caso número 6, infra).

Lamentablemente estas violaciones de derechos humanos suceden en un país cuya Constitución es una de las pocas del mundo que establece que no debe discriminarse a las personas a causa de su «orientación sexual». En este sentido, resulta paradójico que la mayoría de los delitos de este tipo denunciados a las autoridades ecuatorianas queden sistemáticamente impunes.

Estos abusos parecen ser reflejo de prejuicios institucionalizados por parte de determinadas autoridades y agentes encargados de hacer cumplir la ley. El director de la Fundación Amigos por la Vida, Neptalí Arias Zambrano, ha informado a Amnistía Internacional de que el intendente de la Policía Nacional de Guayas y Galápagos, designado como tal en septiembre del 2001, le dijo, en el transcurso de una conversación telefónica, que: «no estoy contra los homosexuales pasivos, sino contra los que se visten de mujer y aquellos que hacen gala de su condición de homosexuales». El intendente de la Policía Nacional de Guayas también le explicó lo que quería decir con «homosexuales pasivos», especificando que son «aquellos que no hacen gala de su homosexualidad, el homosexual que es tranquilo, que no se viste de mujer, que se queda en su casa». Amnistía Internacional considera que existe una relación directa entre la visión de la homosexualidad del nuevo intendente de la Policía Nacional de Guayas y el aumento de las redadas policiales en las calles de Guayaquil desde septiembre del 2001 (véase caso número 5, infra). Estas redadas acaban a menudo con la detención arbitraria de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, en contra de lo establecido por el artículo 23, párrafos 3 y 5, de la Constitución de Ecuador.(2)

También se dan casos de tortura y malos tratos en el contexto de otras restricciones al derecho a la libertad de expresión de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Las organizaciones que defienden los derechos de estas personas con sede en Guayaquil pidieron permiso a las autoridades municipales para celebrar una marcha con motivo del Día Mundial del Orgullo Gay el 28 de junio del 2001.(3) En un principio, el antiguo intendente de la Policía Nacional de Guayas denegó verbalmente el permiso para celebrarla. Sin embargo, se acabó concediendo dicho permiso dos horas antes del momento en el que debía comenzar el acto, dando muy poco tiempo a los organizadores para darle publicidad y permitiendo que sólo se concentraran en una plaza. Más recientemente, organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prevención del siday a la ayuda a los afectados por dicha enfermedad solicitaron permiso al alcalde de Guayaquil para celebrar una manifestación el 1 de diciembre del 2001, Día Mundial de sida, a fin de aumentar la sensibilización pública sobre esta enfermedad. El alcalde les denegó el permiso, alegando que obstruirían el tráfico.

Tal como los párrafos 3 y 5 del artículo 23 de la Constitución ecuatoriana reconocen de forma implícita, la orientación sexual, al igual que el sexo o la raza, son aspectos fundamentales de la identidad humana. La orientación sexual encierra los sentimientos más profundos, los deseos más arraigados en la mente, las expresiones más íntimas del cuerpo, todo lo que compone la esencia del derecho de toda persona a la integridad física y mental. Este derecho debe incluir la libertad de determinar y de expresar la propia orientación o identidad sexual en un marco de igualdad, sin miedos ni discriminaciones. Amnistía Internacional observa con preocupación cómo el círculo vicioso derivado de la impunidad que rodea estos casos puede contribuir a generar más violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

La organización hace un llamamiento a las autoridades ecuatorianas para que dejen claro a los funcionarios públicos y a los ciudadanos en general que no se tolerarán las violaciones de derechos humanos ni la discriminación de personas a causa de su orientación sexual, y que se procesará a los autores de tales abusos. Si se tolera la conculcación de los derechos de cualquier grupo social, se socavará toda la estructura de protección de los derechos humanos.

CASOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES

CASOS DE QUITO

Núm. 1: Jairo Cortez Jalca y Patricio Ordoñez Maico: detención arbitraria, malos tratos policiales, amenaza de muerte y abuso sexual.

Según los informes recibidos, el 31 de mayo del 2001 dos agentes de la Policía Nacional de Quito detuvieron a Patricio Ordoñez Maico, gay. En el momento de la detención, uno de los agentes le golpeó en la espalda. Lo llevaron a un puesto de asistencia inmediata en la zona de Mariscal, donde lo atendieron dos agentes de policía. Uno de ellos le pidió que se desvistiera para comprobar si estaba armado o llevaba drogas. Una vez que el agente se hubo cerciorado de que estaba desarmado y no tenía drogas, otro de los agentes empezó a abusar sexualmente del detenido. Eso sí, cuando Patricio Ordoñez le rogó al agente que dejara de hacerlo el agente accedió.

Patricio Ordoñez pidió a los agentes que le dejaran realizar una llamada telefónica, pero éstos se negaron. Al parecer, uno le dijo que si presentaba una denuncia contra ellos, en cuanto estuviera en libertad lo encontrarían, lo matarían a tiros y lo arrojarían al río Machangara. Según informes, los agentes quitaron dinero a Patricio Ordoñez y le pidieron que les diera la dirección de su casa. El 8 de junio, Patricio Ordoñez informó que había visto a uno de los agentes en un vehículo patrulla frente a su domicilio.

El 2 de junio del 2001, Patricio Ordoñez y Jairo Cortez Jalca, quien es también gay, iban de camino a su casa cuando unos agentes de la Policía Nacional los interceptaron en una calle de Quito. De acuerdo con los informes, los agentes les dieron una paliza, se apoderaron del bolso de Jairo Cortez y ordenaron a Patricio Ordoñez que se marchara. Luego siguieron golpeando a Jairo Cortez. Mientras Patricio Ordoñez esperaba a su compañero a poca distancia, los agentes de policía le hicieron volver, le dieron puñetazos y lo describieron burlonamente como el marido de Jairo Cortez. En esta ocasión, además, los agentes robaron dinero y objetos personales a las víctimas.

Jairo Cortez y Patricio Ordoñez expusieron sus casos ante la organización no gubernamental Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (cedhu). Los días 28 y 29 de junio del 2001 presentaron sus denuncias ante la policía judicial, acompañados por uno de los abogados de la cedhu. Hasta el momento, ni las víctimas ni la cedhuhan recibido información alguna sobre el resultado de las investigaciones de la policía judicial.

Núm. 2: Pasividad policial frente a actos de violencia homófoba. El caso de Narda Torres Arboleda y Adriana Chávez.

El 12 de junio del 2001, cuando apenas había empezado a atardecer, Narda del Rocío Torres Arboleda regresaba a su casa en Quito, cargada con bolsas de la compra, cuando dos hombres la interceptaron frente a su domicilio, la agarraron por el cabello, la golpearon, la arrojaron al suelo y le gritaron: «hija de puta, te vamos a violar [...] te vamos a dar verga para que te guste [...] lesbiana asquerosa, si no te gusta cómo te culeamos, te vamos a matar para librarnos de ti [...] ¿no te da asco ser así?».

«Por cada palabra [que ellos decían] recibía un golpe; yo no pude defenderme ya que me tenían por el cuello y eso me dificultaba gritar. De repente escuché la voz [de mi compañera], que preguntó: ¿qué pasa?», explicó Narda Torres a Amnistía Internacional. La intervención de su compañera asustó a los asaltantes, que huyeron hacia un vehículo que los esperaba a poca distancia.

Al día siguiente, Adriana Patricia Chávez Chávez, compañera de Narda Torres y testigo de la agresión, fue con ésta a la comisaría número 5 de la Policía Nacional, en Quito, para presentar una denuncia. Ambas han declarado que los agentes de policía allí presentes se negaron a prestarles atención cuando intentaron relatar el acoso y los golpes sufridos. Los agentes pusieron aún menos interés cuando les informaron que el motivo de tal acoso había sido la orientación sexual de Narda Torres. Según el testimonio de esta mujer, la policía tardó un tiempo en empezar a dar muestras de tomarse en serio sus quejas. Un perito médico legista examinó a Narda Torres e informó que tenía hematomas provocados por los puñetazos que había recibido en el ojo izquierdo, y que presentaba además inflamación del labio superior. El 18 de junio del 2001, Narda Torres fue al Servicio Médico Comunitario, donde el médico que la atendió diagnosticó que tenía la nariz fracturada y que necesitaba someterse a cirugía.

La policía entregó a Narda Torres una boleta de auxilio, permiso que le daba derecho a pedir a cualquier agente de policía que, en caso de que el incidente se repitiera, detuviese a sus presuntos agresores. Sin embargo, según los informes recibidos, la policía no llevó a cabo mayores investigaciones al respecto.

Dos meses más tarde, en otro incidente acaecido el 28 de agosto del 2001, Adriana Chávez, madre de una niña de 12 años, vio cómo se le acercaban los mismos dos hombres implicados en el anterior ataque, los cuales le dijeron: «¿Hasta cuándo van a seguir con su maldito mal ejemplo? ¡Lesbianas asquerosas![...] ¿Y a vos no te da vergüenza parecerte a un hombre? ¡Marimacho de mierda! No tienes escrúpulos, enferma. ¿Qué quieres?, ¿que tu hija sea igual a ti? Puerca asquerosa». Y le ordenaron que abandonara el barrio para que los vecinos pudieran vivir en paz.

El 3 de septiembre del 2001, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (cedhu)dirigió una carta al ministro de Gobierno, el doctor Juan Manrique, informándole del caso de Narda Torres y su compañera y solicitando que se abriera una investigación sobre las denuncias realizadas por éstas.

Más recientemente, en la tarde del 5 de diciembre del 2001, Narda Torres y Adriana Chávez fueron acosadas e intimidadas cuando llegaban a su casa. Mientras Adriana Chávez abría la puerta, un vehículo que se hallaba a unos 70 metros aceleró por la acera hacia ellas. Adriana Chávez acertó a abrir la puerta y refugiarse dentro, pero Narda Torres no tuvo tiempo de protegerse y, aunque intentó esquivar al vehículo, éste la golpeó de refilón, provocándole contusiones de consideración en la pierna, que la obligan a estar ahora escayolada. Tanto Narda Torres como Adriana Chávez informaron de que el vehículo agresor se parecía a aquél en el que habían escapado los asaltantes durante el incidente del 12 de junio del 2001. También llegaron a la conclusión de que los ocupantes del vehículo del último ataque se parecían mucho a los individuos de la agresión anterior.

En el momento de publicarse este documento, las autoridades ecuatorianas no habían informado ni a Narda Torres, ni a Adriana Chávez, ni a la cedhude que se estuviese llevando a cabo investigación alguna sobre estas denuncias.

CASOS DE GUAYAQUIL

Núm. 3: Detención arbitraria y amenazas de muerte contra un defensor de los derechos humanos; detención arbitraria, acoso y malos tratos contra travestis por parte de agentes de policía.

Según informes, el 15 de junio del 2001 la policía efectuó una redada en el centro de Guayaquil, en la cual se detuvo arbitrariamente y se maltrató a varios travestis.

Henry Rodríguez Lozano, coordinador del Departamento de Transgénero de la Fundación Amigos por la Vida, presenció la actuación policial e intentó tomar fotografías de la redada. Según los informes recibidos, los agentes de policía golpearon a los detenidos, en presencia del ex intendente de la Policía Nacional de Guayas. Sin embargo, unos agentes de policía se apoderaron de la cámara fotográfica de Henry Rodríguez y destruyeron los negativos; no se la devolvieron hasta tres días más tarde. Henry Rodríguez fue detenido durante la redada. Mientras estaba en el furgón policial camino de la jefatura de la Policía Nacional, conocida como Cuartel Modelo, unos agentes de policía le dijeron, según informes, que su detención era una represalia por sus constantes denuncias sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes de policía, y que deberían dispararle y arrojar su cuerpo a la Perimetral.(4)

Lo excarcelaron el 18 de junio del 2001. Henry Rodríguez informó de su caso al Defensor del Pueblo de Guayas y Galápagos en una carta fechada el 19 de junio del 2001.

Cinco meses después, el 11 de noviembre del 2001, Henry Rodríguez Lozano fue detenido de nuevo. En esa ocasión lo detuvieron cuando estaba con unos amigos en la plaza del Mercado de las Almas. Fue el único del grupo al que detuvieron, y permaneció privado de libertad hasta la tarde del 14 de noviembre del 2001. Al parecer, lo acusaban de cometer atentado contra la moral pública, de agresión verbal y de consumir alcohol en la calle. Sin embargo, tanto Henry Rodríguez como testigos presenciales aseguran que los cargos son falsos. Amnistía Internacional cree que lo detuvieron a causa de su defensa pública de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y que la suya fue una detención arbitraria.

Núm. 4: Acoso a defensores de los derechos humanos por parte de guardias de seguridad privados.

En la tarde del 18 de agosto del 2001, Christian Landeta Centeno,(5) Luis Gonzalo Viteri Salvatierra y otros dos gays que prefieren permanecer en el anonimato paseaban por Las Peñas, enclave histórico de Guayaquil. Christian Landeta es el coordinador de la Juventud Arco Iris, grupo que promueve las prácticas sexuales seguras, proporciona asesoramiento médico gratuito para impedir la difusión del sidaentre jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y forma parte de la Fundación Amigos por la Vida.

Según informes, un guardia de seguridad privado obligó a uno de los cuatro gays a que lo acompañara a un restaurante que estaba vacío. Dentro había otros tres guardias de seguridad privados. Christian Landeta, uno de los cuatro gays presentes, siguió a los guardias y les preguntó por qué habían detenido a su amigo. Los guardias respondieron que porque eran gays, y luego procedieron a registrarlos a los cuatro alegando que estaban cerciorándose de que no iban armados.

De acuerdo con los informes recibidos, los guardias llamaron a su superior, el cual les dijo: «a estos maricones hay que mandarlos detenidos»; luego, el superior abandonó el lugar. Los guardias pidieron dinero a los detenidos y, bajo presiones e insultos, les quitaron 40 dólares estadounidenses y la camiseta que Christian Landeta llevaba entonces puesta.

Según la información recibida, los guardias estaban contratados por la Fundación SXXI, que tiene un acuerdo con el ayuntamiento de Guayaquil para «regenerar» la ciudad.

La Fundación Amigos por la Vida escribió al alcalde de Guayaquil el 20 de agosto del 2001 para denunciar este caso. El alcalde respondió el 25 de octubre del 2001, adjuntando un informe del auditor general en el que se indicaba que los guardias de seguridad no tenían nada que ver con el ayuntamiento de Guayaquil; que no eran empleados de dicho ayuntamiento y que la empresa para la que trabajaban no había querido informar al ayuntamiento sobre su identidad. El informe también señalaba que las víctimas debían actuar como consideraran oportuno, y eximía al ayuntamiento de Guayaquil de toda responsabilidad.

Sin embargo, Amnistía Internacional considera que, si las autoridades ecuatorianas se toman en serio la protección de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, así como la promoción de sus derechos, deben abrir una investigación imparcial y exhaustiva sobre la intimidación y el acoso sufridos por Christian Landeta Centeno y Luis Gonzalo Viteri Salvatierra y deben procesar a los responsables. El hecho de que los autores de estos abusos sean guardias privados y no agentes estatales no exime a las autoridades de su responsabilidad, pues, en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, puede pedirse al Estado que rinda cuentas de tales abusos cuando éstos persistan debido a la complicidad, la aquiescencia o la falta de diligencia debida de las antedichas autoridades.

Núm. 5: Redadas y detenciones arbitrarias de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales a manos de agentes de policía de Guayaquil.

Según informes, desde que el nuevo intendente de la Policía Nacional de Guayas asumió el cargo en septiembre del 2001, el número de redadas policiales en las calles de Guayaquil ha aumentado, circunstancia que ha afectado al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, aunque no de manera exclusiva. Las redadas policiales son más frecuentes entre los viernes y los domingos por la noche. Durante las redadas que tuvieron lugar entre los días 9 y 11 de noviembre del 2001 se detuvo al menos a 433 personas.

Según la información aparecida en la prensa, las redadas policiales están dirigidas contra quienes consumen alcohol en las calles, juegan al fútbol obstaculizando el tránsito de vehículos o cometen «atentado contra la moral»(6) y otras infracciones. Sin embargo, existen informes según los cuales se ha detenido a un número considerable de personas por el mero hecho de estar paseando por las calles de la ciudad, sin que estuvieran cometiendo delito alguno. Además, algunos de los presuntos delitos de los que se ha acusado y por los que se ha detenido a estas personas no son punibles con la privación de libertad, sino con la imposición de multas.

Aunque las organizaciones de derechos humanos no pueden determinar el número exacto de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que han sido detenidos arbitrariamente durante estas redadas policiales, sí es verdad que estas organizaciones han recibido al menos 20 denuncias de miembros de dichos colectivos, presuntamente detenidos de manera arbitraria entre los días 9 y 11 de noviembre del 2001. Todos fueron llevados al Centro Provisional de Detención, donde los encerraron en la celda colectiva conocida como Lagartera,(7)donde se recluye a los presos más agresivos, algunos de los cuales cuentan con antecedentes delictivos. Permanecieron privados de libertad una media de dos días, aunque los presuntos delitos de que se los acusaba deberían haber sido penados con una multa, en vez de con su encarcelamiento. Según la información publicada por la prensa, parece ser que otros presos robaron la ropa, el dinero y los teléfonos móviles de algunos de los detenidos encerrados en la Lagartera.

Entre el citado grupo de detenidos había cuatro niños. Uno de ellos (un adolescente) fue presuntamente violado por otros detenidos mientras permanecía privado de libertad en la Lagartera. Amnistía Internacional siente gran preocupación por el hecho de que se recluya a menores en la Lagartera, en el Centro Provisional de Detención de Guayaquil. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador el 23 de marzo de 1990, dispone en su artículo 37 c que «[t]odo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales». Además, el artículo 8.d de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos establece que «[l]os detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos», mientras que el artículo 85.2 dispone que «[l]os acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, serán detenidos en establecimientos distintos».

Núm. 6: Secuestro, intento de secuestro, violación y posible asesinato a manos de un grupo de encapuchados armados.

El 4 de agosto del 2001, Víctor Arreaga Aragón (Lily), travesti de 20 años de edad, recibió tres disparos. Seguía viva cuando unos agentes de policía la encontraron en una calle de Guayaquil. La llevaron al hospital, donde murió más tarde. En su cuerpo se observaron hematomas, causados, al parecer, por golpes que había recibido antes de que la mataran.

En otro incidente, Darío Méndez (nombre ficticio), gay, fue secuestrado por cinco hombres armados y encapuchados mientras caminaba por las calles de Guayaquil en septiembre del 2001. Los hombres lo metieron a la fuerza en una furgoneta, donde lo insultaron, le golpearon y lo obligaron a desvestirse para violarlo a continuación con una vara. Lo amenazaron con matarlo y le dijeron que iba a arrojar su cadáver a la Perimetral.(8) Darío Méndez ha informado que los oyó decir que no sería el primero al que mataran. Los secuestradores le quitaron el dinero y lo dejaron en libertad. En el momento de publicarse el presente documento, Darío Méndez seguía recibiendo atención médica debido a una infección producida por unas astillas de la vara. También está recibiendo tratamiento psicológico.

Más recientemente, en la tarde del 23 de noviembre del 2001, Israel Cortez Lozano (Naomi), travesti perteneciente a la Fundación Amigos por la Vida, informó a Amnistía Internacional de que cinco hombres encapuchados habían intentado introducirla contra su voluntad en una furgoneta sin matrícula y que se parecía a la descrita por Darío Méndez. Uno de los secuestradores gritó a los otros: «cógelo, es un marica desgraciado y hemos de terminar con ellos». Los secuestradores huyeron sin ella cuando el conductor de un taxi la ayudó a salir de la zona a toda velocidad, evitando de esta manera, cuando ya estaban a punto de atraparla, que los cuatro encapuchados y el conductor de la furgoneta terminaran de llevar a cabo el secuestro.

Las organizaciones ecuatorianas de derechos humanos que investigan estos tres incidentes concluyeron que podrían estar relacionados con un grupo paramilitar que quizá esté actuando en Guayaquil.

CONCLUSIONES

Amnistía Internacional considera que las autoridades ecuatorianas no han mostrado un claro compromiso de proteger y promover los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Ecuador.

Amnistía Internacional ha recibido informes de autoridades ecuatorianas en los que se comunica a la organización que se abrirán investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales recogidas en el documento publicado con el título Ecuador: Persisten las torturas y malos tratos a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales(Índice AI: AMR 28/009/2001/s), de junio del 2001.

Wilson Mayorga, responsable de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Policía, escribió a Amnistía Internacional el 21 de mayo del 2001 en relación con las amenazas de muerte recibidas por activistas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales entre marzo y abril del 2001. En la carta se informaba a Amnistía Internacional de que la Policía Nacional había adoptado medidas preventivas para garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y se afirmaba que el responsable de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Policía condenaba las amenazas de muerte enviadas por correo electrónico, acciones que consideraba obra de fanáticos extremistas.(9)

En respuesta a un informe enviado el 6 de abril del 2001 por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, organización no gubernamental con sede en Guayaquil, al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, en relación con 65 casos de violaciones de derechos humanos contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales cometidas en la ciudad de Guayaquil entre octubre del 2000 y abril del 2001, el alcalde informó de que se había destituido a un agente de policía por haber cometido dichos delitos. El alcalde, en su carta del 6 de junio del 2001, se refirió a «la sentencia dictada por el tribunal de Disciplina de la Policía Nacional, en la cual se impone al Policía Nacional [...] la pena de destitución y la baja de las filas de la institución policial por haber incurrido en la comisión de las graves faltas descritas en el referido informe».

Amnistía Internacional recibió una carta de la Fiscalía General, con fecha de 6 de julio del 2001, que acusaba recibo de una copia del informe Ecuador: Persisten las torturas y malos tratos a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales(Índice AI: AMR 28/009/2001/s). En la carta también se comunicaba a la organización que la fiscal general, Mariana Yépez Velasco, había ordenado que se abriera una investigación sobre las denuncias expuestas en el citado informe. En el momento de publicarse este documento, Amnistía Internacional no había recibido el informe sobre el resultado de dicha investigación.

Amnistía Internacional considera que las medidas adoptadas por las autoridades ecuatorianas no son suficientes y que éstas deben adoptar nuevas directrices para garantizar el pleno respeto de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

RECOMENDACIONES

En vista de la existencia de una conducta abusiva habitual contra los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y de la ausencia de respuesta efectiva por las autoridades, Amnistía Internacional recomienda al gobierno ecuatoriano que adopte las medidas que se enumeran a continuación.

Condena de la discriminación

Las autoridades ecuatorianas deben dejar claro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a otros agentes estatales que no se tolerará ninguna forma de discriminación, como la dirigida contra personas por su orientación sexual o identidad de género.

Los agentes del Estado deben emprender y apoyar campañas públicas contra la discriminación para sensibilizar a la población sobre la necesidad de proteger el derecho de todas las personas, incluidos lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, a no ser objeto de tortura, malos tratos o cualquier otra forma de abuso.

Condena de la tortura, los malos tratos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

Las autoridades ecuatorianas deben dejar claro que en ningún caso se tolerarán la tortura, los malos tratos o cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante de ninguna persona, incluidos lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y que se llevará ante los tribunales a los autores.

Las máximas autoridades deben condenar la tortura y dejar claro que no se tolerará ningún acto de tortura o malos tratos, sea quien sea la víctima. Deben abstenerse de hacer declaraciones públicas y de dar órdenes que puedan interpretarse razonablemente como una autorización para torturar o maltratar a personas por su identidad sexual. Se deberá hacer responsable a quienes hagan este tipo de declaraciones de incitar, amparar o ser cómplices de la tortura.

Establecimiento de salvaguardias para las personas bajo custodia

Las autoridades deben asegurarse de que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los de prisiones, el personal médico y demás personal pertinente han recibido formación sobre cómo proteger a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales contra la tortura, malos tratos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El gobierno ecuatoriano debe adoptar medidas eficaces para prevenir la violación y otras formas de agresión sexual contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que se encuentran bajo custodia. La violación de personas bajo custodia policial o penitenciaria debe siempre ser considerada un acto de tortura. Se debe recluir a la población penitenciaria femenina en dependencias distintas de las destinadas a albergar a hombres. Además, las reclusas no deben estar vigiladas por personal masculino y durante los interrogatorios ha de estar presente personal de seguridad femenino.

La separación de presos en las cárceles debe evitar una mayor marginación del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales dentro de la comunidad reclusa, así como el riesgo de que éstas personas sufran nuevos malos tratos o torturas. Los presos transexuales deben permanecer, por lo regular, en áreas afines a la identidad de género que prefieran.

Fin de la impunidad

Las autoridades ecuatorianas deben garantizar que se investigarán sin demora y de forma imparcial todas las denuncias e informes de tortura, malos tratos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, infligidos a la víctima por su identidad sexual o su presunta identidad sexual, y que se hará comparecer ante la justicia a los responsables.

Protección para los defensores de los derechos humanos

El gobierno ecuatoriano debe apoyar la labor de las organizaciones que trabajan contra la discriminación y los abusos de que son objeto lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y permitirles que cumplan su cometido sin temor y sin restricciones injustificables.(10)

Asimismo, las autoridades deben garantizar protección adecuada a los defensores de los derechos humanos que se encuentran en peligro por su trabajo en cuestiones de identidad sexual y de género. Se ha de respaldar su labor y se ha de oír su opinión a la hora de adoptar iniciativas políticas para combatir la tortura y los malos tratos.

_ ¿QUÉ PUEDE HACER USTED?

Envíe fax o cartas por vía aérea, cortésmente redactados, preferiblemente en español, a las autoridades enunciadas más abajo:

- expresando honda preocupación por los informes que Amnistía Internacional sigue recibiendo sobre torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias de personas a causa de su orientación sexual o su identidad de género en Ecuador;

- expresando honda preocupación por las persistentes detenciones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales por la policía, por presuntos delitos que no son punibles con la privación de libertad, sino con la imposición de multas, en Guayaquil sobre todo;

- instando a las autoridades a que investiguen estas denuncias, hagan públicos los resultados de las investigaciones y hagan comparecer a los responsables de estos hechos ante la justicia;

- instando a las autoridades a que adopten medidas para garantizar que no volverán a producirse hechos similares en el futuro y a que dejen claro que no se tolerarán los malos tratos, la tortura o la discriminación;

- solicitando a las autoridades que hagan cuanto esté en su mano para permitir que los defensores de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales desempeñen su labor legítima de defensa de estos derechos sin temor a ser detenidos o maltratados o a convertirse en víctimas de otros abusos, y pidiéndoles que protejan a este colectivo, a sus organizaciones y a quienes defienden sus derechos humanos;

- recordando a las autoridades que la Constitución ecuatoriana proclama que todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos y oportunidades, y prohíbe explícitamente la discriminación basada en la orientación sexual;

- preguntando a las autoridades qué medidas están tomando para poner en práctica los párrafos 3 y 5 del artículo 23 de la Constitución ecuatoriana, a fin de impedir que funcionarios públicos violen los derechos humanos de persona alguna debido a su identidad sexual.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS A:

Doctor Gustavo Noboa Bejarano

Presidente Constitucional de la República

del Ecuador

Palacio de Carondelet

García Moreno 1043

Quito

ECUADOR

Tratamiento: Señor Presidente

Correo-e: despresi@presidencia.ec-gov.net

Doctora Mariana Yépez de Velasco

Ministra Fiscal General de la Nación

Ministerio Fiscal General del Estado

Av. Eloy Alfaro y República

Quito

ECUADOR

Tratamiento: Señora Ministra

Correo-e: fiscalia@uio.satnet.net

Gral. Ing. Jorge Molina

Comandante General de la Policía Nacional

Comandancia General de la Policía Nacional

Ramírez Dávalos 612 y Av. 10 de Agosto

Quito

ECUADOR

Tratamiento: Señor Comandante General

Doctor Marcelo Merlo Jaramillo

Ministro de Gobierno

n Ministerio de Gobierno, Policía

Cultos y Municipalidades

Benalcázar y Espejo

Quito

ECUADOR

Tratamiento: Señor Ministro

Envíen copia de los llamamientos que hayan dirigido al presidente a:

_ los representantes diplomáticos de Ecuador acreditados en su país, con una carta de presentación

y también a:

_Fundación Amigos por la Vida

José Mascote 200 y Manuel Galecio

Guayaquil

ECUADOR

Correo-e: + famivida@hotmail.com

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(1) El Código Penal de Ecuador señala en el libro tercero, capítulo 1 De las contravenciones de primera clase, artículo 604, que: «Serán reprimidos con multa [...] Los que públicamente ofendieren el pudor, con acciones o dichos indecentes» (párrafo 35) y «Los que faltaren a la sumisión y respeto debidos a la autoridad, aun cuando no sea en el ejercicio de sus funciones, siempre que en este caso se haya anunciado o se haya dado a conocer como tal, si el acto no constituye delito» (párrafo 43). Las autoridades ecuatorianas también utilizan otras infracciones exclusivamente punibles con la imposición de multas para realizar detenciones arbitrarias basadas en la orientación sexual de las personas. Así, el libro tercero capítulo 3, del Código Penal de Ecuador, De las contravenciones de tercera clase, establece en el artículo 606 que: «Serán reprimidos con multa [...] los culpables de pendencias o algazaras nocturnas».

(2) El artículo 23, párrafo 3, de la Constitución ecuatoriana establece: «La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole».Por otra parte, el artículo 23, párrafo 5, establece: «El derecho a desarrollar libremente su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás».

(3) Hace 32 años, el 28 de junio de 1969, las redadas y el acoso policiales a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales provocaron una respuesta en Stonewall, un bar de Nueva York, Estados Unidos. Los disturbios de aquel día pasaron a simbolizar la resistencia de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en todo el mundo. En la actualidad, las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, así como otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, se concentran todos los años en el mes de junio para celebrar este acontecimiento. El 28 de junio del 2000, la Fundación Amigos por la Vida, con sede en Guayaquil, organizó una marcha para celebrar el Día Mundial del Orgullo Gay y Lésbico. El acto, previamente autorizado, congregó a unos 300 gays, lesbianas y travestis. Sin embargo, en el punto de convocatoria, el intendente de la Policía Nacional de Guayas ordenó que se dispersaran, siguiendo órdenes, según informes, del gobernador de Guayas. Según estos informes, alrededor de 60 agentes de policía rodearon a la multitud allí reunida, lanzaron botes de gas lacrimógeno e impidieron que se celebrara la marcha.

(4) La Perimetral es una carretera de circunvalación en la ciudad de Guayaquil, y en ella se han hallado cadáveres de personas muertas por disparos.

(5) Si desean más información sobre otras circunstancias en las que Christian Landeta Centeno ha sufrido intimidaciones y acoso, consulten la actualización núm. 1 a la Acción Urgente sobre defensores de los derechos humanos, Índice AI: AMR 28/012/2001/s, del 4 de abril del 2001, y la actualización núm. 2, AMR 28/014/2001/s, del 1 de mayo del 2001.

(6) Consulten la introducción si desean una explicación sobre esta infracción.

(7) La Lagarteraes una celda del Centro Provisional de Detención de Guayaquil, de 15 por 10 metros aproximadamente. Según informes, entre los días 9 y 14 de noviembre del 2001, una media de 50 personas permanecieron recluidas allí cada día. Una delegación de Amnistía Internacional visitó el Centro Provisional de Detención en marzo del 2000. De acuerdo con los delegados, las condiciones en que estaban recluidos los detenidos eran crueles, inhumanas y degradantes. En el Centro Provisional de Detención se recluye a personas investigadas por la policía que, en cumplimiento de la ley, deberían ser liberadas o formalmente acusadas en un plazo máximo de 24 horas.

(8) Véase nota al pie número 4.

(9) Si desean más información sobre estas amenazas, consulten la Acción Urgente 73/01, Temor por la seguridad y amenazas de muerte Quitogay y otros AMR 28/010/2001/s, del 29 de marzo de 2001, sus actualizaciones

AMR 28/012/2001/s, del 4 de abril del 2001, de la Acción Urgente 73/01, Temor por la seguridad y amenazas de muerte; la actualización (AMR 28/014/2001), del 1 de mayo del 2001, de la Acción Urgente,Temor por la seguridad y amenazas de muerte,y Persisten las torturas y malos tratos a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales(AMR 28/009/2001), de junio del 2001.

(10) En una resolución adoptada en junio de 1999, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos manifestó su intención de poner en práctica la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos. En ella se pedía a los Estados miembros que proporcionaran «a los Defensores de los Derechos Humanos las garantías y facilidades necesarias a fin de seguir ejerciendo libremente sus tareas de promoción y protección de los derechos humanos» y que adoptaran «las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad e integridad» de esos defensores. [AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)]