Document - Ecuador: Case sets poor precedent for the right to protest

Ecuador: Condena Preocupante sienta un precedente pobre para el derecho de protestar

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: AMR 28/001/2013�06 de Febrero de 2013

Ecuador: Caso sienta un precedente preocupante para el derecho a la protesta

Los dirigentes comunitarios Carlos Pérez, Federico Guzmán, y Efraín Arpi han recibido notificación de una sentencia a ocho días de prisión por haber obstruido parcialmente una carretera durante una protesta pacífica el día 4 de mayo de 2012, contra una propuesta de la Ley de Aguas. Los dirigentes pueden ser encarcelados en cualquier momento.

Este caso no es aislado. El informe de Amnistía Internacional publicado en 2012 “Para que nadie reclame nada” ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador? (Índice AI: AMR 28/002/2012), documenta un patrón de criminalización de dirigentes comunitarios que han participado en protestas pacíficas y han enfrentado cargos sin fundamento, detenciones arbitrarias y condiciones de fianza muy estrictas solo por oponerse a leyes y políticas sobre el uso de recursos naturales.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que retiren los cargos en contra de Carlos Pérez, Federico Guzmán, y Efraín Arpi y que se abstengan de detenerlos por haber participado en protestas pacificas y ejercitado su derecho de asamblea y asociación.

Durante las protestas de mayo de 2010, Carlos Pérez, dirigente de los Sistemas de Agua Comunitarios del Azuay; Federico Guzmán, presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, y Efraín Arpi, dirigente de la parroquia Tarqui, fueron detenidos y acusados de sabotaje. Se les detuvo durante tres días y luego fueron liberados bajo condiciones de fianza que les obligaban a reportarse a las autoridades cada 8 días y les prohibía viajar al extranjero.

Cuando la Fiscalía no logró avanzar con las acusaciones de sabotaje, los acusó del delito de obstrucción de vías. El Articulo 129 del Código Penal de Ecuador sanciona con hasta tres años de encarcelamiento a la persona que impida “el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías” por las vías públicas. Esta disposición no hace excepciones por interferencias mínimas u obstrucciones que deriven del ejercicio de derechos humanos tales como la libertad de expresión, asamblea y asociación y permite a las autoridades usar el sistema judicial para reprimir protestas pacíficas.

Durante el juicio Federico Guzmán y Efraín Arpi declararon que no habían participado directamente en la protesta, mientras Carlos Pérez y otros testigos mantuvieron que los manifestantes dejaban que el tráfico se reanudara cada 30 minutos, y permitían que los vehículos pasaran de inmediato en caso de emergencia. En agosto de 2010, un juez declaró a Federico Guzmán, Efraín Arpi y Carlos Pérez inocentes del delito de obstrucción ilegal de vías. La Fiscalía apeló contra esta decisión y los tres hombres fueron posteriormente declarados culpables y sentenciados a un año de prisión, aunque el juez determinó que solo tenían que cumplir ocho días reconociendo que “no constituyen peligro para la sociedad, y que las motivaciones para su inconducta fueron de carácter altruista”

Los tres dirigentes comunitarios pidieron la anulación de la condena, pero la Corte Nacional del Ecuador la confirmó en agosto de 2012. Carlos Pérez, Federico Guzmán, y Efraín Arpi, han sido ahora oficialmente notificados de la sentencia y podrían ser detenidos en cualquier momento.

Si bien Amnistía Internacional reconoce que los estados tienen la obligación de mantener el orden público, es importante apreciar que para muchos grupos, la protesta pública puede ser la única forma de opinar sobre leyes y políticas que no han sido consultadas adecuadamente. En Ecuador, el estado ha omitido sistemáticamente hacer respetar el derecho de las comunidades indígenas y campesinas de ser consultados sobre la Ley de Aguas, dejando estas comunidades sin ninguna otra alternativa más que expresar sus demandas a través de movilizaciones públicas, que por su propia naturaleza, pueden llevar a alteraciones e interrupciones del tráfico.

Amnistía Internacional llama al estado a asegurar que cualquier propuesta de ley, política u medida que pueda afectar a las comunidades sean sometidas a un proceso de consulta adecuado y que el sistema de justicia penal no sea utilizado para sancionar el ejercicio legítimo de los derechos humanos, tal como el derecho a la protesta.

FIN/

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