Annual Report 2012
The state of the world's human rights

Document - El Salvador: No peace without justice

No difundir hasta las 00:01 horas GMT del 05/04/2001 Servicio de Noticias 55/01

ÍNDICE AI: AMR 29/003/2001/s Documento público


El Salvador: No habrá paz sin justicia


En los nueve años transcurridos desde que finalizó el conflicto armado en El Salvador, las autoridades de este país han obviado o se han negado a dar ningún paso para investigar las violaciones masivas de derechos humanos que se cometieron durante la guerra y procesar a los culpables, ha dicho hoy Amnistía Internacional.


La organización de derechos humanos ha publicado hoy un informe en el que hace recomendaciones para poner fin a la total impunidad que siguen disfrutando los responsables de los miles de casos de tortura, «desapariciones» y asesinatos políticos.


«Ya es hora de que el gobierno salvadoreño demuestre que realmente quiere romper el círculo vicioso de impunidad que sigue impidiendo que el país disfrute de verdadera paz y reconciliación», dice Amnistía Internacional.


«Dada la escala de estas violaciones de los derechos humanos, es preciso adoptar un enfoque sistemático para resolver el problema de la impunidad», explica la organización, y recomienda que el gobierno establezca un «Programa para poner fin a la impunidad» fijando periodos claros para las investigaciones y los enjuiciamientos.


Un primer paso de este programa sería continuar tramitando todos los casos en los que ya ha habido acción judicial o los casos pendientes de acción, entre los que figuran los asesinatos de Monseñor Romero en 1980 y de seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y la hija de ésta en 1989.


«Debe garantizarse a todas las víctimas y a sus familias el derecho a buscar remedio en los tribunales y a obtener una reparación, tal como dispone el derecho internacional», insiste Amnistía Internacional.


La organización hace notar la necesidad de que los esfuerzos para poner fin a la impunidad incluyan el de reforzar el sistema de justicia para mejorar su funcionamiento, y garantizar que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sea plenamente operativa y cuente con el personal y recursos adecuados.


«El gobierno debe derogar con efecto inmediato la Ley de Amnistíade 1993, que ha servido para que quedaran en libertad torturadores y asesinos», dice Amnistía Internacional.


Según la organización de derechos humanos, las autoridades salvadoreñas no pueden seguir eludiendo su responsabilidad respecto de las víctimas y sus familias, ni respecto de su obligación internacional de enjuiciar y castigar a toda persona que haya cometido violaciones de derechos humanos.


Información general


No existen datos definitivos sobre el número total de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de El Salvador (1980-1991). Se estima por lo general que se torturó, ejecutó extrajudicialmente o se hizo «desaparecer» a unas 75.000 personas como mínimo.


El final del conflicto y el establecimiento de la Comisión de la Verdad en 1991, hicieron nacer la esperanza de que se investigarían las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de guerra y que se pondría a los responsables en manos de la justicia. Sin embargo, apenas unos días después de la publicación del informe de la Comisión, la promulgación de la Ley de Amnistía —que concedía una amnistía absoluta e incondicional a cualquier persona por las violaciones de derechos humanos cometidas antes de enero de 1992—, hizo que se desvaneciera cualquier esperanza de justicia.


En el informe de la Comisión de la Verdad se documentaban las violaciones de derechos humanos sistemáticas y generalizadas que habían cometido las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares, así como diversos homicidios y secuestros llevados a cabo por el FMLN, y se recomendaban medidas entre las que figuraban la de suspender de sus cargos a todos los militares y funcionarios judiciales nombrados en el informe y amplias reformas del poder judicial, la policía y las fuerzas armadas. Medidas que, hasta la fecha, no se han aplicado en su totalidad.



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