Document - Guatemala: The refusal to grant the extraditions requested by Spain for crimes under international law

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Amnistía Internacional



GUATEMALA

La denegación de las extradiciones solicitadas por España por crímenes de derecho internacional


Tabla de contenidos





GUATEMALA


LA DENEGACIÓN DE LAS EXTRADICIONES SOLICITADAS POR ESPAÑA POR CRÍMENES DE DERECHO INTERNACIONAL




INTRODUCCIÓN


Desde hace muchos años Amnistía Internacional siente una honda preocupación por la situación de derechos humanos imperante en Guatemala. Si bien el conflicto armado interno que tuvo lugar en ese país durante más de 30 años concluyó hace ya más de una década, las consecuencias del mismo siguen en cierta medida vigentes.


Para tener una idea de la magnitud del conflicto armado, adviértase que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos (CEH) 1- auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas - estimó que más de 200.000 personas fueron asesinadas o “desaparecidas”. De los casos registrados por la CEH, el 83 por ciento de las víctimas eran indígenas mayas y el 17 por ciento ladinos. Asimismo, las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93 por ciento de las violaciones documentadas por la CEH, incluyendo el 92 por ciento de las ejecuciones arbitrarias y el 91 por ciento de las desapariciones forzadas. La Comisión también concluyó que operaciones contrainsurgentes realizadas entre 1981 y 1983 constituyeron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo indígena maya en determinadas regiones del país. El uso sistemático de la tortura y de las violaciones sexuales también fue ampliamente documentado.


En cuanto a las víctimas, la CEH concluyó que el Estado magnificó deliberadamente la amenaza militar de la insurgencia y eso explica por qué la vasta mayoría de las víctimas de las acciones del Estado no fueron combatientes de grupos guerrilleros sino civiles. Otras víctimas incluyeron políticos de la oposición, sindicalistas, activistas religiosos, activistas agrarios e indígenas, mujeres activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.2Asimismo, la Comisión documentó 626 masacres, la mayoría de las cuales implicó la desaparición de aldeas enteras y la muerte de muchas mujeres y niños.3


Las fuerzas de oposición armada fueron responsables también de varias masacres, homicidios, actos de tortura, toma de rehenes y otros abusos graves a los derechos humanos.


Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señaló que el conflicto armado interno resultó en más de un millón de personas desplazadas, de las cuales unas 200.000 huyeron a México.4


Frente a estos hechos, los procesos judiciales que se han celebrado en Guatemala para averiguar las circunstancias que rodearon la comisión de tales crímenes y dar con sus responsables han sido muy excepcionales. Hasta donde llega el conocimiento de Amnistía Internacional sólo una veintena de personas han recibido una condena judicial por crímenes cometidos en el curso del conflicto armado, una proporción sin duda menor, y ninguno de ellos ostentaba al tiempo de la comisión de los ilícitos una responsabilidad superior o de comando.


En Diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala (en adelante “la Corte” o “la Corte de Constitucionalidad”) dictó una resolución que dispuso dejar sin efecto varias órdenes de arresto provisional, a la espera de un pedido de extradición formulado por España, de personas presuntamente responsables de crímenes de derecho internacional.5 Al adoptar dicha resolución la Corte de Constitucionalidad ha interpretado el alcance del Tratado de Extradición entre ambos Estados de 1895 y de otras obligaciones internacionales que pesan sobre Guatemala de una manera inconsistente con el derecho internacional.


Por las razones que se expondrán de seguido, el pronunciamiento de la Corte reafirma la impunidad imperante en Guatemala, revistiéndola de formas jurídicas inapelables. Además, ha garantizado que los presuntos responsables de crímenes atroces - en especial aquellos que ostentaron una responsabilidad como superiores de aquellos que cometieron materialmente los crímenes - no serán extraditados a terceros estados ni juzgados localmente.


I. LA SENTENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DE GUATEMALA DE 12 DE DICIEMBRE DE 20076


El pasado 12 de diciembre la Corte de Constitucionalidad resolvió aceptar un recurso de apelación y un amparo interpuesto por Ángel Aníbal Guevara Rodríguez y Pedro García Arredondo contra una sentencia dictada previamente por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Este Tribunal había rechazado a su vez una apelación contra la resolución del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente que había dispuesto órdenes de detención provisional, en el marco de un pedido de extradición formulado por España, contra los apelantes y otros terceros interesados. La resolución de la Corte de Constitucionalidad dispuso el cese de tales órdenes de detención provisional contra Guevara Rodríguez y García Arredondo y contra otras personas.


Por su parte, el proceso judicial que motivara la solicitud de extradición en España contra Guevara Rodríguez y García Arredondo y también contra José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Victoria y Germán Chupina Barahona, había tenido su origen en una querella presentada en Madrid en 1999 por familiares de víctimas del conflicto armado. Dicha querella se fundó en las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España (Ley 6/1985) cuyo artículo 23(4) consagra el principio de jurisdicción universal. Esto es, la potestad y, algunas veces, la obligación de los estados de investigar y procesar a las personas responsables de crímenes de derecho internacional, con independencia del lugar donde se han cometido los crímenes, la nacionalidad de las víctimas o la de los presuntos responsables.7 Ya se aludirá en este informe, en varias oportunidades, a este principio bajo el derecho internacional.


Según sostiene la Corte de Constitucionalidad en su pronunciamiento la cuestión jurídica se resumiría en el caso que nos ocupa en “determinar el atributo de competencia de los tribunales del Reino de España respecto de los supuestos hechos de carácter delictivo sindicados a los amparistas y a otros ciudadanos guatemaltecos de origen y residentes en el territorio de la República de Guatemala, sucesos que también se señalan ocurridos en esta circunscripción territorial [Guatemala]”.8 De tal determinación, dice la Corte “dependería entender y decidir también con relación a la vulneración del derecho a un debido proceso, en la básica especificidad del derecho al juez natural”.9


En resumidas cuentas, la concesión de las extradiciones dependería del reconocimiento o no de jurisdicción a los tribunales de justicia españoles para investigar y perseguir los crímenes cometidos en Guatemala en el marco del conflicto armado.


Analizaremos de seguido los argumentos principales de la decisión judicial y señalaremos sus falencias.


II. LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES DEL FALLO Y SU CRÍTICA


a) La interpretación del Tratado de Extradición

Dice la Corte de Constitucionalidad que pese a la antigüedad del Tratado, de 1895, su valor obligatorio para los Estados Parte debe permanecer incólume. Y de seguido añade que el mismo: “[d]ebe ser objeto de análisis en cuanto a las instituciones vigentes en su época y que, por el principio de la buena fe, eran las que los Estados suscriptores habrían de tener en consideración para obligarse y debe ser confrontado respecto de las garantías de carácter fundamental que puedan afectar a las personas tanto como las de naturaleza orgánica que preserven los derechos de los Estados a su igualdad soberana”.10


El postulado de la Corte sobre el método de interpretación del Tratado es jurídicamente infundado y no se halla en consonancia con las obligaciones que el derecho internacional impone a Guatemala.


En efecto, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,11 en la que Guatemala y España son Parte, dispone una regla general de interpretación.12 Esa regla general, ha dicho la Corte Internacional de Justicia, refleja el derecho internacional consuetudinario en la materia.13 Dicha regla determina que:


Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin14


La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al explicar el método con que debe interpretarse la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, señaló que:


[C]omo dijo la Corte Internacional de Justicia: “un instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el cuadro del conjunto del sistema jurídico en vigor en el momento en que la interpretación tiene lugar” (...) Por eso la Corte considera necesario precisar que no es a la luz de lo que en 1948 se estimó que era el valor y la significación de la Declaración Americana como la cuestión del status jurídico debe ser analizada, sino que es preciso determinarlo en el momento actual, ante lo que es hoy el sistema interamericano, habida consideración de la evolución experimentada desde la adopción de la Declaración15


Por su parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentido coincidente, observó que el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentalesde 1950 era un instrumento que debía ser interpretado a la luz de las condiciones actuales y no solamente de acuerdo a las intenciones de quienes la celebraron en su entonces.16


Ya veremos de seguido varios ejemplos en donde la errónea interpretación del Tratado de Extradición y de otras obligaciones convencionales es manifiesta y ha llevado a la Corte a una conclusión errónea que viola las obligaciones de Guatemala bajo el derecho internacional.


b) La territorialidad y los delitos o crímenes comprendidos en el Tratado de Extradición


En su pronunciamiento la Corte de Constitucionalidad procede a transcribir distintas disposiciones contenidas en el Tratado de Extradición entre España y Guatemala de 7 de noviembre de 1895 que, según su interpretación, sólo reconocerían como aplicable en el caso la jurisdicción fundada en el principio de territorialidad y, solamente, por los delitos o crímenes enumerados en el mismo. Según la Corte el Tratado sólo habilitaría a las Partes Contratantes, Guatemala y España, a requerir la extradición de sus nacionales responsables de hechos delictivos definidos en el Tratado ocurridos exclusivamente en el territorio sometido a su propia jurisdicción y que hubieren buscado refugio en el restante (por ejemplo, un guatemalteco responsable por un hecho delictivo ocurrido en Guatemala que luego se refugia en España). No existe en el Tratado, dice la Corte de Constitucionalidad, “ninguna referencia explícita que permita entender que cualquiera de los dos Estados Partes puede tener competencia para conocer hechos delictivos ocurridos en el territorio soberano de la otra parte”.17


Tal interpretación, que dice basarse en la literalidad del Tratado y en la supuesta voluntad de quienes lo celebraron en 1895, conduce necesariamente a un resultado irrazonable.18


El derecho internacional convencional le impone a Guatemala una serie de obligaciones que han extendido el alcance consagrado en el Tratado de Extradición, tanto en lo relativo a los crímenes comprendidos en su artículo II como en lo que atañe a su alcance espacial. Nada de ello es mencionado por la Corte de Constitucionalidad, quizá en razón de la equivocada metodología esgrimida para interpretar el alcance del Tratado.


La Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 194819, en la que tanto Guatemala como España son parte, luego de recordar en su parte preambular que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas, establece que:


Las Partes contratantes se comprometen [...] a conceder la extradición conforme a su legislación y a los tratados vigentes20


Uno de los más calificados autores que han escrito sobre el crimen de genocidio explica que la expresión: “conforme a su legislación y a los tratados vigentes” no puede sino aludir, en consonancia con los principios generales del derecho internacional, a los impedimentos existentes en algunas constituciones nacionales sobre la extradición de nacionales y la aplicación de la pena de muerte por parte del Estado requirente.21 Ninguno de esos dos extremos es aplicable a la demanda de extradición formulada por España en el asunto.


De ello se desprende que, merced las obligaciones dimanantes de este instrumento convencional, vinculante para Guatemala y España, el crimen de genocidio, pese a no estar enumerado en la letra del artículo II del Tratado de Extradición, obliga en principio a conceder las extradiciones requeridas. Esta disposición convencional, que no ha sido mencionada en la sentencia del 12 de diciembre, debió haber sido tenida en cuenta por la Corte al enunciar el marco normativo aplicable al caso y que, por una visión exclusivamente literal y descontextualizada del Tratado bilateral, olvidando su objeto y fin, la ha llevado erróneamente a desdeñar su aplicación.


Por su parte, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes22 dispone en su artículo 8(1) que:


Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 [torturas] se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes


Esta disposición es vinculante tanto para Guatemala como para España, como Estados parte que son en aquel instrumento convencional. Y sobre la pretendida territorialidad del Tratado de Extradición, la Convención contra la Tortura extiende ipso facto su alcance espacial al establecer sin ambages que:


A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5.


De ello se sigue que la Corte, aún sosteniendo erróneamente la territorialidad del Tratado de Extradición, no pudo ignorar la obligación convencional de extender el alcance del mismo a los casos de extraterritorialidad prevista en lo que respecta a la tortura. Y a mayor abundamiento, la Convención también dispone que: “La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales”, con lo cual confirma la licitud y validez del ejercicio de la jurisdicción universal por parte de España en lo que al crimen de tortura se refiere.23


En igual sentido, la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos24 dispone que “[e]n la medida en que los delitos previstos en el artículo 2 [homicidio, secuestro u otro atentados contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida] no estén enumerados entre los casos de extradición en tratados de extradición vigentes entre los Estados partes, se considerarán incluidos como tales en esos tratados”.


También afirma la Convención que a los fines de la extradición entre Estados partes, se considerará que los delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción - incluyendo de tal modo a España -. Esta Convención, en la que tanto Guatemala como España son parte, es aplicable al pedido de extradición formulado en lo que a los sucesos relativos al ataque a la embajada española en la ciudad de Guatemala respecta y es citada expresamente en la solicitud de extradición del Juez español Santiago Pedraz. De lo expuesto se desprende a las claras que este instrumento convencional ha extendido el alcance material y espacial del Tratado de Extradición de 1895.


Nada dice la Corte en su fallo sobre la aplicación de esta Convención a la solicitud de extradición.


En sentido coincidente al expuesto, los Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra, o de Crímenes de Lesa Humanidad (1973), luego de establecer que todo estado tiene derecho a juzgar a sus propios nacionales, consagrando de dicho modo el principio jurisdiccional extraterritorial de la personalidad activa, establece con claridad meridiana que:


Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas.25


Los Principios añaden también que los Estados cooperarán bilateral y multilateralmente para reprimir y prevenir los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y tomarán todas las medidas internas e internacionales necesarias a ese fin. Finalmente, consagran que: “A este respecto, los Estados cooperarán entre sí en todo lo relativo a la extradición de esas personas”.26


La Resolución 2840(XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sentido similar, ha urgido a “todos los Estados a cooperar entre sí, especialmente en la reunión y transmisión de información que pueda contribuir a la identificación de las personas culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, y a su detención, extradición y castigo”.27


Asimismo, los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (1989) dispone que:


Los gobiernos velarán por que sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Los gobiernos harán comparecer a esas personas ante la justicia o colaborarán para extraditarlas a otros países que se propongan someterlas a juicio. Este principio se aplicará con independencia de quienes sean los perpetradores o las víctimas, del lugar en que se encuentren, de su nacionalidad, y del lugar en el que se cometió el delito.28


También, aunque no reviste aún carácter vinculante, pues tanto Guatemala como España son sólo Estados signatarios, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, dispone que:


El delito de desaparición forzada estará comprendido de pleno derecho entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes antes de la entrada en vigor de la presente Convención.29


De lo expuesto se sigue que la Corte de Constitucionalidad debió tener en consideración para resolver el asunto no sólo las disposiciones del Tratado de Extradición de 1895, sino también cláusulas contenidas en otros instrumentos convencionales de carácter obligatorio para Guatemala. También debió haber tenido presente el tenor de distintas declaraciones adoptadas por la comunidad internacional en su conjunto sobre la represión de los crímenes de derecho internacional. Al no hacerlo, como es patente, omitió extender el alcance material y espacial del Tratado a otros crímenes de derecho internacional y jurisdicciones no enunciados literalmente en él, pero no por ello menos obligatorios.


Curiosamente, es la misma Constitución Política de Guatemala la que enuncia de modo general que: “La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales”.30


Debe observarse también que la Corte omitió reconocer que otros instrumentos convencionales y el derecho internacional consuetudinario autorizan a España y a todos los estados a extender su jurisdicción más allá de su territorio cuando de crímenes de derecho internacional se trata. Ya ahondaremos más adelante a este respecto.

En suma, una correcta aplicación del derecho internacional - no limitada a la literalidad del Tratado de Extradición - hubiera llevado a la Corte a un pronunciamiento muy diferente, de conformidad con las obligaciones que pesan sobre Guatemala en la materia. Y así hubiera podido expresar como lo hiciera la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1927 en el asunto Lotus la real dimensión y alcance de la territorialidad desde la perspectiva del derecho internacional:

[s]i es verdad que el principio de la territorialidad del Derecho Penal sirve de fundamento en todas las legislaciones, no es menos cierto que todas o casi todas estas legislaciones extienden su acción a delitos cometidos fuera de su territorio, y esto conforme a sistemas que cambian de Estado a Estado. La territorialidad del Derecho Penal no es, pues, un principio absoluto de Derecho internacional y de ningún modo coincide con la soberanía territorial.31


c) El carácter político de los crímenes por los que se requiere la extradición y, de seguido, la prohibición de extraditar


i. Sobre el carácter político de los crímenes


Dice la Corte de Constitucionalidad que: “En cuanto a la naturaleza de los delitos atribuidos a guatemaltecos ocurridos en la sede diplomática del Reino de España y de los sucedidos a ciudadanos españoles (...) son indudablemente conexos con delitos de tipo político”. Y basa tal afirmación en lo manifestado por el Juez de primera Instancia en España que, al describir los acontecimientos objeto de la investigación judicial que llevó a cabo, sostuvo que: “Los hechos objeto de la denuncia se circunscriben cronológicamente al tiempo de guerra que azotó durante treinta y seis años a Guatemala”.


La deducción de la Corte es a toda luz sorprendente.


Si como lo afirma el Juez español y lo reitera la Corte de Constitucionalidad en repetidas oportunidades el conflicto que tuviera lugar en Guatemala ha sido un conflicto armado de carácter no internacional, necesariamente, una porción sustancial de los crímenes ocurridos en su curso constituyen crímenes de guerra. Y otra porción, también seguramente, crímenes de lesa humanidad o, incluso, genocidio, pero nunca delitos políticos o conexos con ellos. Esta categoría de crímenes a la que alude la Corte, que se abstiene de definirlos o de enunciar sus efectos jurídicos, no constituye una especie o categoría de crímenes dentro del derecho internacional y no puede ser utilizada válidamente para interpretar un instrumento convencional de carácter bilateral.


Más aún, la Corte de Constitucionalidad afirma que siendo los delitos o crímenes por los que el Estado español ha formulado el pedido de extradición delitos políticos o conexos con ellos, en especial aquellos ocurridos en oportunidad del asalto a la embajada de España en Guatemala, se hallan regidos por las disposiciones del artículo 27 de la Constitución de Guatemala,32 que los eximiría de la obligación de extraditar. Y funda en ello su negativa a satisfacer la solicitud de extradición por tal evento y por otros además.


Veamos qué se enuncia en algunas convenciones internacionales en las que Guatemala es parte y qué obligaciones ha asumido ese Estado merced las mismas.


Por ejemplo, dice el artículo VII de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, vinculante como hemos dicho ya para Guatemala y España, que:


A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados en el artículo III [actos que constituyen genocidio] no serán considerados como delitos políticos


La Convención sostiene además en su artículo I que las Partes contratantes confirman que el genocidio, “ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar”. Otros instrumentos internacionales vinculantes para Guatemala también prohíben considerar a los crímenes de derecho internacional como delitos políticos.33


De manera coincidente la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas determina que:


La desaparición forzada de personas no será considerada delito político para los efectos de extradición.34


La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en la que Guatemala y España son Estados signatarios, señala con igual claridad que:


A efectos de extradición entre Estados Partes, el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición fundada en un delito de este tipo no podrá ser rechazada por este único motivo35


De lo expuesto puede concluirse que el derecho internacional niega expresamente que los crímenes de derecho internacional puedan ser considerados como delitos políticos o conexos con ellos.36


ii. Sobre la prohibición de extraditar basada en la Constitución Política


La prohibición establecida en el artículo 27 de la Constitución guatemalteca - que dicho sea de paso exceptúa lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional - no resulta aplicable frente a las obligaciones consagradas por el derecho internacional y aceptadas por Guatemala. Ello debió ser observado por la Corte de Constitucionalidad en su pronunciamiento.


Como Estado parte de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Guatemala ha reconocido la primacía del derecho internacional por sobre toda norma de carácter local, incluyendo su Constitución Política. Como se ha dicho con razón, el derecho interno de un estado no puede constituir una escapatoria a la ejecución de un tratado y, en consecuencia, a la responsabilidad que de él pueda derivarse.37


El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que refleja el derecho consuetudinario,38 determina que:


Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado


La Corte de Constitucionalidad, llamativamente, también omitió señalar en su pronunciamiento, que contiene numerosas referencias a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que al tiempo de convertirse en parte de la misma Guatemala formuló varias reservas, entre ellas una relativa al mentado artículo 27. En dicha reserva Guatemala sostuvo que reconocía solamente la primacía del derecho internacional con relación a la legislación secundaria u ordinaria guatemalteca, excluyendo expresamente a su Constitución Política, la que conservaría así primacía sobre aquél.


Esa reserva, debe señalarse, ha sido observada por varios Estados, que han objetado la misma y la han considerado como carente de valor jurídico alguno y como no constituyendo un impedimento para la entrada en vigor de la Convención entre ellos, sin que Guatemala pueda prevalerse de la reserva. 39


Por otra parte, la inobservancia del artículo 27 de la Convención de Viena ya le ha valido en el pasado a Guatemala la observación del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sobre la pretendida primacía de la Constitución el Comité ha advertido que:


El Comité siente preocupación con respecto a la alegación del Estado Parte en cuanto a que sus preceptos constitucionales le impiden dar debido cumplimento a las disposiciones del Pacto, lo cual lo ha llevado, por ejemplo, a mantener una jurisdicción personal para los militares, y al desconocimiento de algunos derechos de los miembros de las comunidades indígenas. El Estado Parte no debería aducir las limitaciones de su Constitución como motivo para el incumplimiento del Pacto, sino que debe elaborar las reformas necesarias para lograr dicho cumplimiento


En resumen, la Corte de Constitucionalidad debió haber reconocido en su pronunciamiento que los crímenes por los que España demandó la extradición constituyen crímenes de derecho internacional, según la costumbre y los tratados, e imponen siempre la obligación de extraditar o juzgar. También, la Corte debió haber reconocido que, desde la óptica del derecho internacional, la disposición contenida en el artículo 27 de su Constitución Política no puede constituir un obstáculo para la ejecución de las obligaciones contenidas en un tratado.


En suma, el fallo de la Corte de Constitucionalidad inobserva también las obligaciones que Guatemala ha contraído bajo los términos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.


d) La condición de España como auspiciante del Acuerdo de Paz y, por ello, su deber de abstención de ejercer jurisdicción en el asunto


En el capítulo VI del fallo la Corte de Constitucionalidad relata su parecer sobre las tres décadas de conflicto armado que padeció Guatemala y señala que la vía adoptada para concluir el mismo fue la celebración de distintos acuerdos de paz entre las fuerzas contendientes. Estos acuerdos fueron auspiciados y alentados también, como lo afirma la Corte, por distintos Estados extranjeros, entre ellos España. Especial significación reviste el Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 29 de diciembre de 1996, que constituye la culminación de todos los anteriores y que puso fin a más de tres décadas de conflicto armado.


La Corte sostiene en su pronunciamiento que el acompañamiento brindado por el gobierno de España durante todo el proceso de negociación previa al Acuerdo de Paz y en la celebración de éste implica el reconocimiento de la validez íntegra de los acuerdos. Y añade que:


En ese orden, creyendo que el Estado español, como unidad, testimonió el evento de la paz y de reconciliación en esta parte de Centroamérica y aplicando en el caso lo dispuesto por el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que señalan la innegable representatividad internacional de su Gobierno se desprende que el Poder Judicial de ese Reino ha inobservado respecto de Guatemala aspectos fundamentales de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera (...)


Esta manifestación por parte de la Corte de Constitucionalidad carece del menor sustento jurídico.


En primer lugar, porque el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, celebrado entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), no es un tratado según el derecho internacional y, por ende, no crea obligaciones de derecho internacional. El artículo 2(1) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados claramente señala que: “se entiende por ‘tratado’ un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”. Es claro que la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca no es un estado ni tiene capacidad para celebrar tratados. Tampoco, de los términos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales,40 se desprende que la URGN pueda revestir la condición de “organización internacional” y, por ende, ostentar la capacidad de celebrar tratados.


En segundo lugar, porque no siendo España parte contratante en el Acuerdo de Paz, que bien señala que son sólo el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca los que acuerdan lo pactado,41 no ha asumido ese Estado ninguna obligación de carácter jurídico. A ese respecto, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone que: “Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento”.42


Por ello deviene llamativo que la Corte afirme, infundadamente, que el “Poder Judicial de ese Reino ha inobservado respecto de Guatemala aspectos fundamentales de los Acuerdos de Paz”, los que por otra parte el Tribunal no aclara cuáles son. Muy al contrario, el Acuerdo de Paz parece estar empapado de un espíritu diametralmente opuesto al señalado por la Corte. Adviértase que la disposición 4 del Acuerdo consagra que: “Es un derecho del pueblo de Guatemala conocer plenamente la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia ocurridos en el marco del enfrentamiento armado interno”.


En otra sección del fallo, la Corte dice expresamente sobre el Acuerdo de Paz Firme y Duradera: “Al culminar el histórico proceso de negociación para la búsqueda de la paz por medios políticos, el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca dejan constancia de su reconocimiento a los esfuerzos nacionales e internacionales que han coadyuvado a la conclusión del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en Guatemala (...) Valoran asimismo el acompañamiento del Grupo de Países Amigos del Proceso de Paz de Guatemala, integrado por la República de Colombia, el Reino de España, los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos, El Reino de Noruega y la República de Venezuela”.43


No es razonable concluir, de dicho texto, que España - que no es siquiera signatario del Acuerdo - haya asumido el deber de abstenerse de su obligación, bajo el derecho internacional, de investigar y perseguir a las personas responsables de crímenes de derecho internacional, como lo son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, la desaparición forzada de personas y los homicidios extrajudiciales. Concluir que del “acompañamiento”, como lo define el Acuerdo, de España al proceso de paz se deriva una obligación de no ejercer su jurisdicción penal cuando el derecho internacional expresamente la autoriza a ello es sólo una expresión de deseos que carece de fundamento legal.


Sólo a modo de ejemplo recordaremos que la Corte Especial para Sierra Leona resolvió un caso muy similar al presente. En una apelación de la defensa de los acusados Morris Kallon y Brima Bazzy Kamara, que sostenía que el Acuerdo de Lomé que puso fin a las hostilidades entre los contendientes en ese país constituía un tratado internacional - habida cuenta que el mismo había sido suscrito también por el representante del Secretario General de la ONU y por varios jefes de estados como garantes- señaló su verdadera naturaleza jurídica. El Tribunal internacional, luego de reconocer que todo acuerdo de paz entre fuerzas contendientes en un mismo Estado es siempre auspiciado o alentado por otros Estados o por organizaciones internacionales como garantes morales o mediadores, sostuvo que el Acuerdo de Lomé, suscrito entre el Gobierno de Sierra Leona y los representantes del Revolutionary Armed Front (RUF), estaba regido por el derecho local de Sierra Leona y que de él no podían derivarse obligaciones propias del derecho internacional. La Corte puntualizó que el grupo insurgente que celebró el Acuerdo - las RUF - no era el representante de un estado y por ello no podía asimilarse dicho acuerdo a un tratado internacional. La Corte observó que de la condición de garante no se deriva obligación jurídica alguna.44


Por lo expuesto puede concluirse que del Acuerdo de Paz Firme y Duradera no se deriva en absoluto para el Estado español obligación jurídica alguna. Nada podría, por otra parte, eximir a España de su deber de hacer comparecer ante la justicia a los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional.


e) El ejercicio “unilateral” de la jurisdicción universal por parte de España


En varias oportunidades la Corte de Constitucionalidad manifiesta que el Estado guatemalteco no ha delegado sus potestades jurisdiccionales en el Estado español para la investigación y persecución de crímenes cometidos en su territorio sobre víctimas de nacionalidad guatemalteca y, en algunos casos, española.45 También califica varias veces al ejercicio de jurisdicción por España como “unilateral”. Otras veces, en fin, afirma que, sin negar el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de España, Guatemala conserva la facultad de dar cumplimiento o no a las resoluciones adoptadas por su Poder Judicial, pues ambos son estados soberanos en un pié de igualdad.


En especial, la Corte de Constitucionalidad pretende justificar una supuesta exclusividad de los tribunales de justicia guatemaltecos en la circunstancia de que la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio sólo prevé en su letra la represión de dicho crimen por parte de los tribunales de justicia del estado en cuyo territorio se ha cometido el mismo, o por una corte penal internacional cuya competencia haya sido reconocida por las partes contratantes, lo que no es el caso de Guatemala. Luego hace extensiva la pretendida territorialidad a otros crímenes.


Es notable que la Corte no manifieste que tanto la jurisprudencia de numerosos tribunales nacionales e internacionales y la doctrina señalan, predominantemente, que todos los estados pueden ejercer jurisdicción universal cuando de crímenes de derecho internacional se trata.


En este sentido, la Corte Internacional de Justicia en el caso Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina v. Yugoslavia) afirmó que los derechos y obligaciones consagrados en la Convención son derechos y obligaciones erga omnes y que la obligación de los estados de prevenir y sancionar el crimen de genocidio no se halla limitado territorialmente por dicho instrumento.46


Ya en 1968 la Corte Distrital de Jerusalén, en el caso Eichmann, había afirmado que:


El Tribunal es de la opinión que la ausencia en la Convención [sobre Genocidio] de una disposición relativa a la jurisdicción universal (conjuntamente con el fracaso de constituir una corte penal internacional) es un grave defecto de su texto, el cual debilita los esfuerzos para impedir la comisión de este crimen horrendo y su consiguiente castigo, pero no hay nada en ella que nos conduzca a pensar que existe una regla que impida el ejercicio de la jurisdicción universal con respecto al crimen en cuestión. Es claro que la referencia contenida en el Artículo VI sobre la territorialidad, además de la jurisdicción de una corte penal internacional que todavía no existente, no es exhaustiva47


Años más tarde un tribunal federal de los Estados Unidos concluyó que la jurisdicción de Israel para someter a proceso a John Demjanjuk “es conforme al principio de derecho internacional de jurisdicción universal”.48


El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY), en el caso Furundzija, ha señalado que la tortura no puede estar sujeta a prescripción y que su comisión habilita a todo Estado a investigar y perseguir a las personas responsables de dicho crimen ante sus propios tribunales de justicia, si no optan por extraditarlas.49


El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR) sostuvo en igual sentido: “El tribunal desea enfatizar, en concordancia con la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que alienta a todos los estados, en aplicación del principio de jurisdicción universal, a perseguir y juzgar a los responsables de crímenes graves como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones al derecho internacional humanitario (…)”.50


La Comisión de Derecho Internacional de la ONU al redactar su Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad propuso a los Estados que: “Sin perjuicio de la jurisdicción de una corte penal internacional, todos los estados parte tomarán todas las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los crímenes enumerados en los Artículos 17 [genocidio], 18 [crímenes de lesa humanidad], 19 [crímenes contra el personal de las Naciones Unidas y otro personal asociado] y 20 [crímenes de guerra], sin importar dónde o por quienes los crímenes han sido cometidos (…)”.51


La Cámara de Apelaciones del Tribunal Especial para Sierra Leona, creado merced al Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona, halló que: “Los crímenes enumerados en los artículos 2 a 4 de su Estatuto [crímenes de lesa humanidad, violaciones al artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y su Protocolo Adicional II y otras serias violaciones del derecho internacional humanitario] son crímenes internacionales que imponen la jurisdicción universal”.52


Los ya mencionados Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho a Obtener Reparaciones53 por su parte establecen que:


[c]uando así lo disponga un tratado aplicable o lo exija otra obligación jurídica internacional, los Estados incorporarán o aplicarán de otro modo dentro de su derecho interno las disposiciones apropiadas relativas a la jurisdicción universal


La doctrina también ha reconocido coincidentemente que aunque la letra expresa de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio no contempla la jurisdicción universal, no es menos cierto que de su texto, su contexto y su objeto y fin se desprende el derecho de todos los Estados de ejercerla.54 En igual sentido se ha manifestado, por ejemplo, M. Cherif Bassiouni, quien sostiene que: “El hecho de reconocer ciertos crímenes internacionales como pertenecientes a la categoría de jus cogens conlleva el deber de enjuiciar o extraditar, la imprescriptibilidad y la universalidad de la competencia sobre tales crímenes, independientemente del lugar donde se hayan cometido, de la identidad de su autor (incluidos los jefes de Estado), de la categoría de las víctimas y del contexto en que se perpetraron (tiempo de guerra o tiempo de paz).55


Igualmente, el estudio realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el derecho internacional consuetudinario y el derecho internacional humanitario ha concluido que “Los Estados tienen el derecho de atribuir jurisdicción universal a sus tribunales nacionales sobre crímenes de guerra”.56 El Estudio también señala que tal regla halla además apoyo en la práctica de los Tratados. También observa que en lo que respecta a los crímenes de guerra calificados como “graves infracciones”, la categoría más grave dentro de los crímenes de guerra, el ejercicio de la jurisdicción universal constituye no una facultad, sino una obligación.57


En conclusión, puede afirmarse que el derecho internacional autoriza - y en ciertos casos obliga - a España a ejercer jurisdicción universal sobre los crímenes de derecho internacional cometidos en Guatemala. Y la negativa de la Corte de Constitucionalidad de conceder las extradiciones requeridas bajo el pretexto de que los ilícitos que las motivan constituyen delitos políticos o conexos con ellos es, por lo expuesto anteriormente, injustificada.


f) El ejercicio de jurisdicción por parte de España como afectación de la soberanía y el honor nacional


En la página 32 del pronunciamiento la Corte de Constitucionalidad manifiesta que es inaceptable que “[u]n Estado, de manera unilateral, pueda hacer juicio sobre otro Estado acerca de los elementos de enorme significación de soberanía (e incluso de honor) nacional”. Ello, en referencia al fallo dictado por el Tribunal Constitucional español en el caso Guatemala, en 2005, en el que concluyó que existían ya en ese entonces indicios serios y razonables de la inactividad judicial en Guatemala en la investigación y persecución de los crímenes de derecho internacional allí cometidos, como fundamento para el ejercicio supletorio de la jurisdicción por parte de España.58


Nuevamente la Corte de Constitucionalidad se desentiende por completo del derecho internacional. En efecto, el derecho internacional convencional a menudo fuerza a los estados a formular un juicio de valor sobre la vigencia y respeto a los derechos humanos en un estado extranjero, lo que conlleva, de manera inevitable, que ese juicio comprenda algunas veces una valoración sobre el modo en que los órganos jurisdiccionales del Estado extranjero ejercen su competencia. El Estado guatemalteco, por ejemplo, se encuentra obligado, merced las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a no proceder a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que ella estaría en peligro de ser sometida a tortura.59 La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas contiene una prohibición similar, cuando una persona pueda ser víctima de dicho crimen en otro estado.60 Y añade, además que: “Para determinar si hay tales motivos, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, incluida, cuando proceda, la existencia en el Estado interesado de un conjunto de violaciones sistemáticas, graves, manifiestas o masivas de los derechos humanos”.61 Asimismo, Guatemala se halla obligada, en virtud de lo dispuesto por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, a no expulsar o devolver a un refugiado a un territorio donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones política.62


Determinar dichos extremos, en todos los casos, inexcusablemente, obligará a formular juicios de valor sobre el respeto a los derechos humanos en un tercer estado, lo que en más de una oportunidad comprenderá también hacerlo sobre el modo en que los derechos humanos fundamentales son protegidos por los órganos jurisdiccionales del Estado requirente. Se trata, como decimos, de una obligación de carácter convencional.


Adviértase además que la manifestación formulada por el Tribunal Constitucional español no constituye un hecho aislado y que tribunales internacionales y distintos órganos del sistema de la ONU han sido de un parecer similar.


La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Carpio Nicolle contra Guatemala sostuvo que:


[e]sta Corte estima que en el proceso interno del presente caso hubo una obstrucción continua de las investigaciones por parte de agentes del Estado y de los llamados “grupos paralelos” en el poder, así como una falta de diligencia en el desarrollo de las investigaciones, todo lo cual ha determinado que hasta ahora exista impunidad total respecto de los hechos ocurridos el 3 de julio de 1993. Todo ello se ha visto acompañado de constantes amenazas y actos intimidatorios a los familiares, testigos y operadores de justicia63


El Comité contra la Tortura ha expresado su preocupación en vista de “la persistencia de la impunidad de los delitos en general y de las violaciones de los derechos humanos en particular, fomentada por el reiterado incumplimiento del deber de los órganos del Estado encargados de prevenirlos, investigarlos y sancionarlos. Impunidad que afecta tanto a la mayor parte de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado interno como a las consumadas con posterioridad a los acuerdos de paz".64


En el 2001, el Comité de Derechos Humanos manifestó: “El Comité se inquieta ante el hecho de que la ausencia de una política estatal destinada a combatir la impunidad haya impedido la identificación, juicio y castigo de los responsables de violaciones del artículo 6 y el pago de indemnizaciones a las víctimas. Preocupa al Comité que los retrasos y defectos del procedimiento legal y el incumplimiento por las autoridades de las decisiones y órdenes de los tribunales hayan acentuado entre el público la idea de que no se hace justicia”.65


El Relator Especial sobre Racismo de la ONU manifestó en 2005 que: “Muchos de los casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas que tuvieron lugar durante el conflicto armado no han recibido una atención suficiente de la justicia y los culpables gozan de impunidad”.66


En el 2006, otra vez el Comité contra la Tortura manifestó que: “El Comité expresa su preocupación por la impunidad que sigue existiendo respecto de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno, acerca del cual la Comisión de Esclarecimiento Histórico ha documentado más de 600 masacres que aún no han sido investigadas”.67


En 2007 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas dijo que: “El Grupo de Trabajo desea reiterar y destacar nuevamente la brecha que existe entre el marco jurídico avanzado y la buena voluntad política de llevar a la justicia los casos de desapariciones frente a los resultados efectivos. El Grupo de Trabajo tomó nota con gran preocupación de que, hasta la fecha, ni una sola persona ha sido condenada por el delito de desaparición forzada”.68


También, Amnistía Internacional ha señalado en numerosas ocasiones la impunidad absoluta de que gozan los presuntos responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.69


Todas estas manifestaciones son coincidentes en observar la impunidad de que gozan en Guatemala las personas responsables de crímenes de derecho internacional.


III. CONCLUSIONES


A resultas del fallo judicial, las personas sospechadas de haber cometido crímenes atroces no serán ni extraditadas a España, tal como fuera requerido por ese Estado, ni sometidas a un proceso judicial independiente e imparcial en Guatemala, tal como lo demuestra – hasta el presente – la práctica y ha sido señalado por distintos órganos del sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.


Amnistía Internacional considera que el fallo de la Corte de Constitucionalidad ha sido dictado con inobservancia de las obligaciones que el derecho internacional impone a Guatemala. Si tales obligaciones hubieran sido tenidas en cuenta por la Corte al dictar su pronunciamiento, otra – muy distinta – hubiera sido la decisión alcanzada.


Amnistía Internacional estima que el pronunciamiento constituye, además, una contribución mayúscula a la impunidad que impera en ese país desde hace muchos años.


IV. RECOMENDACIONES


Inspirada en el propósito de que las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado y, potencialmente, aquellas que pudieran tener lugar en el futuro sean investigadas y sus autores sancionados, cualquiera sea el cargo o posición oficial que ostenten, Amnistía Internacional formula las siguientes recomendaciones, a saber:


  • El Poder Judicial de Guatemala debe poder ejercitar su jurisdicción de manera imparcial e independiente, sin conceder privilegios e inmunidades a persona o grupo de personas alguna.


  • El Poder Judicial de Guatemala debe reconsiderar el fallo dictado el 12 de diciembre de 2007, concediendo las extradiciones que por crímenes de derecho internacional le ha solicitado España.


  • El Poder Judicial de Guatemala debe - por norma - conceder las extradiciones que se le soliciten por otros estados por crímenes de derecho internacional, salvo que existiere un riesgo fundado de que las personas sujetas a extradición pudieran ser objeto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante o que puedan ser sometidas a una condena capital.


  • El Estado guatemalteco debe reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional, adhiriendo al Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998.


  • El Estado guatemalteco debe ratificar con premura la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, reconociendo plenamente la competencia del Comité allí previsto.


1 Establecida merced el Acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el 23 de Junio de 1994 en Oslo.

2 Guatemala: Toda la verdad, justicia para todos, Amnistía Internacional, Índice AI: 34/02/98/s, abril de 1998.

3 Op cit. Tomo III, Las Masacres: Violencia Colectiva Contra la Población, p.252, para.3.

4 Guatemala: Displacement, Return and the Peace Process, Alto Comisionado para Refugiados, 1995.

5 La expresión “crímenes de derecho internacional” hace referencia en este documento al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, la desaparición forzada de personas y los homicidios extra judiciales.

6 El fallo de la Corte Constitucional se halla disponible en el sitio del Tribunal: www.cc.gob.gt

7 Dice el Artículo 23(4) de la LOPJ (redacción según Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas (BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 2007): «Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:

a) Genocidio.

b) Terrorismo.

c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.

d) Falsificación de moneda extranjera.

e) Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces.

f) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.

g) Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores.

h) Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España.

i) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.»

8 Ver p.15, últ. párrafo del Fallo, tal como se halla disponible en el sitio antes aludido.

9 Ultima línea en p.15 y primer párrafo de la p. 16 del Fallo.

10 Páginas 17 y18 del Pronunciamiento.

11 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptada el 22 de mayo de 1969 (1155 U.N.T.S. 331, 8 I.L.M. 679). Entrada en vigor: 27 de enero de 1980. Ratificada por Guatemala el 21 de julio de 1997. España había adherido el 16 de mayo de 1972.

12 Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge, p.186.

13 Corte Internacional de Justicia, Affaire du différend térritorial, Jamahiriya Arabe Libyenne v. Tchad, Arrêt du 3 février 1994, p.41. Disponible en inglés y francés en: www.icj-cij.org/docket/files/83/6897.pdf

14 Artículo 31(1), Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Interpretación de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Opinión Consultiva OC-10/89 de 14 de julio de 1989, para.37.

16 European Court of Human Rights, case Loizidou v. Turkey (preliminary objections), Application no. 15318/89), Judgment, Strasbourg, 23 March 1995, para.71 (“That the Convention is a living instrument which must be interpreted in the light of present-day conditions is firmly rooted in the Court’s case-law (...) It follows that these provisions cannot be interpreted solely in accordance with the intentions of their authors as expressed more than forty years ago”).

17 Página 18 del Fallo.

18 Por ejemplo, es el mismo Tratado de Extradición el que en su enumeración de crímenes incluye a la piratería (art.II, 20). Este crimen, es bien sabido, como lo ha consagrado en primer lugar la costumbre y ha sido codificado luego en instrumentos convencionales, sólo puede ser cometido en alta mar, en aguas no sometidas a la jurisdicción de ningún estado y se halla sujeto a la jurisdicción universal - no territorial - por parte de todos los Estados. Ver Convención sobre el Derecho del Mar, Montego Bay, 1982, arts.101 y 105 (Guatemala es un Estado Parte desde el 11 de febrero de 1997). Ver también: L.A. Podestá Costa & José María Ruda, Derecho Internacional Público, TEA, Buenos Aires, p.545 y 546; R. Jennings & Arthur Watts, Oppenheim’s International Law, Ninth Ed., Vol.I, p.746; Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford, p.24.

19 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en  su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948. Entrada en vigor: 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII. Guatemala depositó el instrumento de ratificación el 13 de enero de 1950 y España adhirió el 13 de septiembre de 1968.

20 Artículo VII.

21 William A. Schabas, Genocide in International Law, Cambridge University Press, 2000, p.402-404, y dice textualmente: “Suggesting the phrase ‘in accordance with their laws and treaties in force’ goes so far as to allow absolute discretion in the extraditing State is inconsistent with the travaux préparatoires and has the consequence of depriving article VII of any effet utile”.

22 Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1). Guatemala adhirió el 5 de enero de 1990 y España el 21 de octubre de 1987.

23 Artículo 5(3), Convención contra la Tortura.

24 Nueva York, 13 de diciembre de 1973. Guatemala depositó el instrumento de ratificación el 18 de enero de 1983 y España hizo lo propio el 8 de agosto de 1985.

25 Res.3074 (XXVIII) de la AG, de 3 de diciembre de 1973, artículo 1.

26 Artículo 5.

27 Resolución de 18 de diciembre de 1971, Cuestión del castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Ver, también, res.2712 (XXV); 2583 (XXIV).

28 Recomendada por el Consejo Económico y Social en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989, artículo 18.

29 Artículo 13(2). La Convención fue adoptada el 20 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de la ONU, A/RES/61/177. Guatemala es un Estado signatario desde el 6 de febrero de 2007 y España desde el 27 de septiembre del mismo año. La Convención no ha entrado aún en vigor.

30 Artículo 27.

31 S.S. Lotus (France v. Turkey), 1927 P.C.I.J. (ser.A) No.10 (trad. libre).

32 Dice dicho artículo: “Derecho de asilo. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. No se acordará la expulsión del territorio nacional de un refugiado político, con destino al país que lo persigue”.

33 Por ejemplo, aunque el crimen que ella define no es aplicable al caso que nos ocupa, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid determina que: “Los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención [actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la denominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas] no se reputarán delitos políticos para los efectos de la extradición”, artículo XI. Guatemala es un Estado parte desde el 15 de junio de 2005.

34 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belem do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. Entró en vigor el 28 de marzo de 1996, de conformidad con el artículo XX de la Convención. Guatemala depositó el instrumento de ratificación el 25 de febrero de 2000.

35 Artículo 13(1).

36 Por ejemoplo, el nuevo Código Procesal Penal del Perú, en su artículo 517(2) (e) establece que: “La extradición no tendrá lugar, igualmente (…) Si el delito fuere exclusivamente militar, contra la religión, político o conexo con él, de prensa, o de opinión. La circunstancia de que la víctima del hecho punible de que se trata ejerciera funciones públicas, no justifica por sí sola que dicho delito sea calificado como político. Tampoco politiza el hecho de que el extraditado ejerciere funciones políticas. De igual manera están fuera de la consideración de delitos políticos, los actos de terrorismo, los delitos contra la humanidad y los delitos respecto de los cuales el Perú hubiera asumido una obligación convencional internacional de extraditar o enjuiciar”. Una disposición similar contiene la Ley sobre crímenes internacionales de los Países Bajos, que enuncia que los crímenes reprimidos en esa ley - genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, no serán considerados delitos políticos a los fines de extradición (Act of 19 June 2003 containing rules concerning serious violations of international humanitarian law (International Crimes Act), section 12). Otro tanto dispone la Ley irlandesa de adaptación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Section 3: Amendment to the Extradition Act 1965. This section amends section 11 of the Extradition Act 1965 by providing that offences under the Geneva Conventions Act 1962 as amended and offences under the current Act are not to be regarded as political offences for the purposes of extradition”). También la resolución del Institut de Droit International, en su sesión de 1983, New Problems of Extradition, en su art.III(3) (“Acts of particularly heinous character, such as acts of terrorism, should not be considered political crimes”).

37 Annemie Schaus, en Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, Olivier Corten & Pierre Klein (dir.), Bruxelles, Bruylant-Centre de droit international-Université Libre de Bruxelles, 2006, article 27, p.1121. También Francisco Villagrán Kramer ha dicho que « Lo importante es que en cumplimiento de la regla pacta sunt servanda el orden jurídico interno permita ejecutar los compromisos internacionales y que no obstruya ni impida la aplicación de las reglas de Derecho Internacional que correspondan”, Derecho de los Tratados, 2002, p.76.

38 Annemie Schaus, supra, p.1124 (“Le principe de l’impuissance du droit interne à justifier la non-exécution d’un traité, telle que contenue à l’article 27, reflète en tout état de cause le droit international coutumier »).

39 Ver, por ejemplo, las objeciones formuladas por Austria ("Austria is of the view that the Guatemalan reservations refer almost exclusively to general rules of [the said Convention] many of which are solidly based on international customary law. The reservations could call into question well-established and universally accepted norms. Austria is of the view that the reservations also raise doubts as to their compatibility with the object and purpose of the [said Convention]. Austria therefore objects to these reservations. This objection does not preclude the entry into force of the [said Convention] between Austria and Guatemala”); Bélgica (The reservations entered by Guatemala essentially concern general rules laid down in the [said Convention], many of which form part of customary international law. These reservations could call into question firmly established and universally accepted norms. The Kingdom of Belgium therefore raises an objection to the reservations); Dinamarca (It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become Parties are respected, as to their object and purpose, by all Parties and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties. The Government of Denmark therefore objects to the aforesaid reservations made by the Government of Guatemala to [the said Convention]); Finlandia (“In addition, the Government of Finland considers the reservation to article 27 of the Convention particularly problematic as it is a well-established rule of customary international law. The Government of Finland would like to recall that according to article 19 c of the [said] Convention, a reservation incompatible with the object and purpose of the Convention shall not be permitted”); Suecia (The Government of Sweden therefore objects to the aforesaid reservations made by the Government of Guatemala to the [said] Convention. This objection does not preclude the entry into force of the Convention between Guatemala and Sweden. The Convention will thus become operative between the two States without Guatemala benefiting from this reservation”) y Reino Unido ("The Government of the United Kingdom object to the reservation entered by Costa Rica in respect of article 27 and reiterate their observation in respect of the similar reservation entered by the Republic of Guatemala.").”

40 Doc. A/CONF.129/15. Viena, 21 de marzo de 1986. Aún no en vigor.

41 Preámbulo, apartado 7°.

42 Artículo 34.

43 Apartado 17.

44 SCSL, Case No.SCSL-2004-15-AR72(E) y Case No.SCSL-2004-16-AR72(E), para.40 (“Almost every conflict resolution will involve the parties to the conflict and the mediator or facilitator of the settlement, or person or bodies under whose auspices the settlement took place but who are not at all parties to the conflict, are not contracting parties and who do not claim any obligation from the contracting parties or incur any obligation from the settlement”).

45 Por ejemplo, en la página 23 la Corte dice que: “Resulta evidente que el Reino de España, por medio de sus órganos judiciales, no tiene competencia para esgrimir el Tratado de Extradición para solicitar la entrega de ciudadanos guatemaltecos de origen, residentes en el país, por supuestos delitos cometidos en territorio guatemalteco en violación del régimen jurídico penal guatemalteco”. Ver igualmente págs.32 y 55 del Fallo.

46 Case concerning application of the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections, Judgment of 11 July 1996, para.31 (“It follows that the rights and obligations enshrined by the Convention are rights and obligations erga omnes. The Court notes that the obligation each State thus has to prevent and to punish the crime of genocide is not territorially limited by the Convention”).

47 Attorney General of Israel v. Eichmann, 1968, 36 ILR 5 (District Court, Jerusalem), para.25 (trad. libre)

48 Demjanjuk v. Petrovsky, 776 F.2d 571 (6th Cir.1985), cert. denied, 475 U.S. 1016 (1986) (trad. libre).

49 ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Anto Furundzija, 10 December 1998, para.156 y 157.

50 Prosecutor v.Ntuyahaga, Decision on the Prosecutor’s Motion to withdraw the Indictment, Case No.ICTR-98-40-T, Trial Chamber I, 18 March 1999.

51 International Law Commission, Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, 1996, Article 8.

52 Special Court for Sierra Leone, Case No.SCSL-04-15-PT, 25 May 2004, p.7.

53 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.

54 Por ejemplo, Eric David en Principes de Droit des Conflits Armés, deuxième edition, Bruylant, Bruxelles, 1999, p.666 (“¿Se limitará la Convención a prever solamente una competencia de tipo territorial ? Esa interpretación privaría en gran medida a la Convención de su alcance y utilidad. En realidad, esa restricción no significa que otros estados no puedan conocer del crimen: ella confiere solamente una competencia prioritaria al tribunal del estado donde el crimen ha sido cometido, pero no excluye la competencia de otros estados”) (traducción libre); William A. Schabas, en Genocide in International Law, Cambridge University Press, 2000, p.367 (“La práctica de los estados, la doctrina y las decisiones de los tribunales nacionales e internacionales sugieren una creciente voluntad de aceptar la jurisdicción universal e ir más allá de los términos del Artículo VI de la Convención ») (traducción libre); Bruce Broomhall en International Justice and the International Criminal Court, Oxford, 2003, p.112 (“Lo que puede afirmarse con certeza es que el derecho internacional consuetudinario autoriza a los estados a ejercer jurisdicción universal sobre el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra y que ésta autorización podría estar evolucionando hacia una obligación”) (trad. libre); Nina Jorgensen en The Responsibility of States for International Crimes, Oxford, 2003, p.35 (“(…) Estas discusiones han sido superadas por el derecho consuetudinario, que define al genocidio como un crimen sujeto a jurisdicción universal”.) (trad. libre).

55 M. Cherif Bassiouni, en “Represión Nacional de las Violaciones del Derecho Internacional Humanitario”, Comité Internacional de la Cruz Roja, 1998, p.30.

56 Customary International Humanitarian Law, Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Cambridge, Vol.I, p.604, Rule 157 (“States have the right to vest universal jurisdiction in their national courts over war crimes”). Por su parte el Institut de Droit International concluyó en 2005 que el ejercicio de la jurisdicción universal está fundado primariamente en la costumbre y, en segundo lugar, en tratados multilaterales (Krakow session, 2005, Universal criminal jurisdiction with regard to the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes, art.2).

57 Customary International Humanitarian Law , p.606 (“The right of States to vest universal jurisdiction in their national courts over war crimes in no way diminished the obligation of States party to the Geneva Conventions and States party to Additional Protocol I to provide for universal jurisdiction in their national legislation over those war crimes known as ‘grave breaches’).

58 Para una crítica minuciosa de la jurisprudencia española sobre el principio de jurisdicción universal, hasta mayo de 2005, ver: Amnistía Internacional, España: El deber de respetar las obligaciones de derecho internacional no puede ser eludido, Índice AI: EUR 41/003/2005. Disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/asset/EUR41/003/2005/es/UoQR-aTV-3IJ

59 Artículo 3.

60 Artículo 8 (2), Res.47/133 de la AG ONU, de 12 de Febrero de 1993.

61 Artículo 8(2).

62 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Artículo 33 (1). Adoptada el 28 de Julio de 1951. Entrada en vigor: 22 de Abril de 1954. Guatemala adhirió a ella el 22 de septiembre de 1983.

63 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Carpio Nicolle y Otros v. Guatemala, Sentencia de 22 de noviembre de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas), para.78.

64 Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Guatemala, A/56/44, 6 diciembre 2000, párrafo 73(b).

65 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, República de Guatemala, CCPR/CO/72/GTM, 27 agosto 2001, párrafo 12.

66 Informe del Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Misión a Guatemala, E/CN.4/2005/18/Add.2, 11 marzo 2005, párrafo 32.

67 Conclusiones y recomendaciones del Comité Contra la Tortura, Guatemala, CAT/C/GTM/CO/4, 25 julio 2006, párrafo 15.

68 Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Misión a Guatemala, A/HRC/4/41/Add.1, 20 febrero 2007, párrafo 93.

69 Ver Guatemala: El Pasado Impune y las Nuevas Violaciones de Derechos Humanos, AMR 34/001/2002/s, 28 febrero 2002; Memorándum al gobierno de Guatemala: Preocupaciones de Amnistía Internacional con respecto a la situación actual de derechos humanos, AMR 34/014/2005, 20 abril 2005; Ni protección ni justicia: Homicidios de mujeres en Guatemala, AMR 34/017/2005, 9 Junio 2005; Carta abierta de Amnistía Internacional a los candidatos presidenciales guatemaltecos en las elecciones de septiembre de 2007, AMR 34/020/2007, 29 agosto 2007; Guatemala: Submission to the UN Universal Periodic Review: Second session of the UPR Working Group, 5-16 May 2008, AMR 34/001/2008, 25 January 2008.

Mayo de 2008

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