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Amnistía Internacional

Guatemala

Motivo de honda preocupación: La evaluación realizada por Amnistía Internacional sobre la actual situación de los derechos humanos en Guatemala

Abril de 2003

Índice AI: AMR 34/022/2003/s

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

10	Guatemala: Motivo de honda preocupación.

Guatemala: Motivo de honda preocupación.

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Índice AI: AMR 34/022/2003/s Amnistía Internacional, abril de 2003

Amnistía Internacional, abril de 2003 Índice AI: AMR 34/022/2003/s

Amnistía Internacional, abril de 2003 Índice AI: AMR 34/022/2003/s

GUATEMALA

MOTIVO DE HONDA PREOCUPACIÓN: La evaluación realizada por Amnistía Internacional sobre la actual situación de los derechos humanos en Guatemala

Ya han pasado casi siete años desde que se firmaron los acuerdos de paz en 1996. Sin embargo, la situación de los derechos humanos en Guatemala, lejos de mejorar, se ha visto enturbiada por constantes violaciones de derechos humanos y por una severa restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta situación afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, los más expuestos a sufrir una exclusión sociopolítica y económica, como los indígenas y las mujeres, y también a los defensores de los derechos humanos, los activistas agrarios, los miembros de la profesión legal y los periodistas que hacen frente a la impunidad y trabajan para proteger y garantizar los derechos humanos.

Durante el actual gobierno guatemalteco, a consecuencia tanto de la persistente falta de voluntad del gobierno por mejorar la situación de los derechos humanos como, según se demostrará más adelante, de las medidas adoptadas por el gobierno, se ha producido un aumento demostrable de la violencia política y un deterioro agudo y creciente de las medidas para proteger y garantizar los derechos humanos. En este contexto, las estrategias políticas del actual gobierno de Guatemala están, si acaso, reforzando ciertas prácticas de violación de los derechos humanos que ya tenían lugar antes de la firma de los acuerdos de paz, y la política gubernamental está agravando la situación de los derechos humanos, en lugar de mejorarla. La actual oleada de violencia e intimidación amenaza seriamente el Estado de derecho y ha puesto de manifiesto una crisis de gobernabilidad.

¿Por qué una evaluación en este momento?

Durante muchos años, Amnistía Internacional ha mantenido bajo constante observación la situación de los derechos humanos en Guatemala. Al mismo tiempo, otras organizaciones internacionales, instituciones y gobiernos han llevado a cabo sus propios procesos de observación y verificación de la situación en el país. Sin embargo, las recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos que han formulado, y siguen formulando, numerosas organizaciones han sido en vano, tal como veremos más adelante. Y ello pese a que en los últimos años la comunidad internacional ha manifestado de forma inequívoca su opinión sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala.

Las visitas y posteriores informes y recomendaciones de los relatores especiales de las Naciones Unidas(1) han subrayado la gravedad de la situación de los derechos humanos en Guatemala desde mayo del 2001. Es más, las conclusiones de los relatores especiales se han centrado especialmente en el claro incumplimiento por parte del gobierno guatemalteco de los acuerdos de paz, de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y del deber del propio gobierno de consolidar el Estado de derecho.

Por su parte, tanto el Parlamento Europeo, en una resolución aprobada el 10 de abril del 2003, en la que expresaba una preocupación extrema por la situación constante de violencia, impunidad y discriminación y por el incumplimiento reiterado de los acuerdos de paz, como Estados Unidos, en el informe sobre Guatemala elaborado por su Departamento de Estado en el 2002, han manifestado recientemente su honda inquietud.

El Grupo Consultivo, compuesto por países e instituciones que han sido importantes donantes de ayuda para el proceso de paz de Guatemala,(2) celebrará, según está previsto, su próxima reunión en Guatemala el 14 y 15 de mayo del 2003. En su última reunión, celebrada en Washington, D.C. en febrero del 2002, el Grupo señaló el cumplimiento de los acuerdos de paz, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad como áreas en las que, para que se desembolsaran los fondos de cooperación acordados en principio en aquella misma reunión, debían producirse progresos.

Puesto que es de prever que en la próxima reunión del Grupo Consultivo, prevista para mediados de mayo, se examinen estas áreas, Amnistía Internacional desea dejar constancia de su propia evaluación sobre la actual situación de los derechos humanos en Guatemala, para que la comunidad internacional la examine. A este respecto, el reciente regreso de Guatemala de una delegación de Amnistía Internacional significa que la organización cuenta con información actualizada para presentar al Grupo Consultivo y con una visión a largo plazo de lo que debe hacerse con vistas al futuro.

La actual situación de los derechos humanos en Guatemala

Amnistía Internacional lleva décadas observando de cerca la situación de los derechos humanos en Guatemala. Al igual que muchos otros observadores, la organización confiaba en que el amplio alcance de los acuerdos de paz de 1996 conduciría a una consolidación del Estado de derecho, con el fin de la impunidad y la introducción de un respeto real de los derechos humanos. Por desgracia, la delegación de Amnistía Internacional que visitó Guatemala en marzo del 2003 regresó con unas conclusiones que no han hecho más que intensificar la preocupación de la organización ante el hecho de que las promesas de los acuerdos de paz distan mucho de haberse cumplido.

La delegación se entrevistó con una amplia gama de sectores, incluidos ministros del gobierno, miembros del poder judicial, gobernadores de departamento, jefes de policía, algunos fiscales especiales, un amplio espectro de representantes de la comunidad diplomática, la Misión de Verificación de las Naciones Unidades en Guatemala (MINUGUA), el procurador de los Derechos Humanos, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), instituciones estatales que trabajan sobre los conflictos de tierras, organizaciones regionales y nacionales de derechos humanos, organizaciones de campesinos y periodistas. Las conclusiones que presentó reflejan muchos de los motivos de preocupación expresados por la gran variedad de agentes sociales a los que consultó, y refuerzan la larga perspectiva de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en Guatemala.

Muchos de estos sectores dijeron a la delegación que consideraban que tanto los acuerdos de paz como las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico establecida en virtud de ellos se estaban convirtiendo de hecho en papel mojado. Es más, temían que la violencia constante y en aumento que azotaba el país fuera una prueba de que Guatemala avanzaba rápidamente hacia la ingobernabilidad.

Pocos progresos en la lucha contra la impunidad

El 13 de marzo del 2003, el gobierno guatemalteco firmó un documento por el que iniciaba el proceso de establecimiento de una comisión encargada de investigar las estructuras y aparatos clandestinos responsables de perpetrar ataques y dirigir amenazas contra defensores de los derechos humanos y contra los llamados «operadores de justicia» (miembros de la comunidad legal, incluidos jueces, fiscales y abogados, y periodistas. La Comisión, que recibiría el nombre de Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), llegó a formarse gracias a la constante captación de apoyos de las organizaciones guatemaltecas de derechos humanos, respaldadas por Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos. Recientemente se ha avanzado hacia el establecimiento de la Comisión gracias a la firma de un acuerdo gubernamental. Esta Comisión constituye un importante instrumento potencial para combatir la impunidad reinante en Guatemala, aunque deben tomarse más medidas hasta que la Comisión se ponga realmente en marcha y hasta que pueda realizarse un seguimiento crítico de su funcionamiento en los meses venideros y más allá.

A pesar de estos avances, la delegación de Amnistía Internacional que visitó el país en marzo del 2003 reforzó la conclusión de la organización de que se han realizado pocos progresos en la lucha contra la impunidad. A este respecto, destaca el papel representado por el gobierno y sus partidarios en los juicios contra varios militares por dos de los casos más destacados: la ejecución extrajudicial de la antropóloga Myrna Mack, cometida en 1990, y el asesinato del obispo Juan José Gerardi, cometido en 1998. Ambos casos están pendientes de apelación. Sin embargo, las condenas dictadas contra los militares no se han conseguido mediante iniciativas estatales para defender el Estado de derecho, como debería ser, sino gracias a la acción valerosa y constante de las organizaciones independientes de derechos humanos y los familiares de las víctimas. Además, incluso estas escasas condenas están pendientes de una resolución final, mientras decenas de miles de abusos contra los derechos humanos cometidos durante los años de conflicto continúan sin ser investigados ni castigados.

Es más, un éxito limitado obtenido en unos pocos casos no demuestra de por sí una mejora general en lo que se refiere a las violaciones de derechos humanos y la consolidación del Estado de derecho si, como sucede en estos momentos en Guatemala, viene acompañado de un aumento general de la violencia política y las violaciones de derechos humanos. Además, el hecho de que 2003 sea un año de elecciones no presagia nada bueno para la protección de los derechos humanos en el país, ya que, en muchos casos, la violencia política ha aumentado durante los años de elecciones. La cultura de la violencia y la impunidad se extiende a casos de abusos cometidos actualmente contra los derechos humanos de los activistas agrarios, lo que significa que en muchas zonas rurales el Estado de derecho es prácticamente inexistente.

Mientras tanto, muchos de los responsables de los abusos cometidos en el pasado permanecen en su cargo. La constante negativa del ejército a colaborar en investigaciones sobre cuestiones de derechos humanos, en especial el tristemente famoso Estado Mayor Presidencial (EMP), órgano de inteligencia del ejército,(3) sigue siendo un factor que obstaculiza la lucha contra la impunidad.

En el sistema judicial siguen existiendo serios problemas. Aunque se han realizado progresos en la promulgación de instrumentos legales en varias áreas importantes, como legislación mejorada y normas administrativas para el poder judicial, el gobierno guatemalteco no ha elaborado una política integrada para resolver o abordar los graves problemas subyacentes del sistema judicial, que incluyen una corrupción generalizada. Algunas de las nuevas entidades anunciadas, como las fiscalías especiales, no han supuesto una diferencia notable en la capacidad del poder judicial para investigar de forma efectiva delitos cometidos contra sectores específicos de la sociedad, y otras ni siquiera han entrado en funcionamiento. La delegación observó que estas entidades parecen verse afectadas por la falta de apoyo político público y por una grave escasez de recursos.

Durante su visita de marzo, la delegación de Amnistía Internacional se entrevistó, por ejemplo, con varios de los fiscales especiales del Ministerio Público, asignados para investigar, entre otras cosas, abusos contra miembros de la profesión legal, sindicalistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y «casos especiales». La delegación concluyó que los recursos y la formación de los fiscales especiales no parecían adecuados para que éstos desempeñaran las tareas que les habían sido encomendadas. Es más, no parecían estar haciéndose en todos los casos esfuerzos reales para cumplir el mandato asignado a cada fiscal. Por ejemplo, varios fiscales parecían estar limitándose a mantener listas escritas a mano en libros de contabilidad sobre los casos que les eran denunciados, sin que existiera un archivo central, un mantenimiento y un análisis de la información sobre el caso que permitieran investigaciones posteriores sobre los casos.

Los nuevos fiscales que sí parecían estar haciendo esfuerzos reales para cumplir con su deber eran sometidos a amenazas e intimidación, como la licenciada Tatiana Morales, nombrada en mayo del 2002 fiscal especial de Guatemala sobre hechos delictivos contra miembros o grupos de Derechos Humanos y Derechos Indígenas. Es muy significativo que, la primera semana de abril del 2003, la licenciada Morales consiguiera que se dictaran sentencias condenatorias contra 16 ex agentes del ahora desmantelado Departamento de Operaciones Antinarcóticas (DOAN) por el delito de ejecución extrajudicial, perpetrado después de un asalto al poblado de Chocón, Livingston, departamento de Izabal, en enero del 2002. Sin embargo, otros casos importantes de defensores de los derechos humanos siguen sin resolver, y la delegación temía que esto fuera debido en parte a la falta de apoyo político público y ayuda a la fiscal especial.

A principios de abril del 2003, la licenciada Morales fue ascendida al cargo de fiscal especial contra la corrupción, después de que la fiscal anterior, la licenciada Karen Fischer, dimitiera públicamente acusando al fiscal general Carlos de León Argueta de falta de apoyo en los casos en los que estaba implicado el presidente de Guatemala, Alfonso Portillo. Las investigaciones llevadas a cabo por la licenciada Fischer contra cinco oficiales del ejército por presunta corrupción apenas habían progresado. Es más, varios de los oficiales citados seguían siendo asesores del presidente Portillo en el momento de redactarse este informe.

Mientras tanto, el licenciado Mario Leal y su personal de la Fiscalía Especial de Casos Especiales, creada para investigar casos de especial importancia emblemática, informaron de que los recursos que se les habían asignado eran insuficientes para investigar los muchos casos importantes de los que en principio debían encargarse. Entre ellos se encontraban casos de genocidio presentados por la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) contra ex miembros del alto mando del ejército durante los gobiernos del general Romeo Lucas García (1978-1982) y el general Efraín Ríos Montt (1982-1983).

El programa de protección de testigos, dependiente del Ministerio Público, tampoco cuenta con recursos adecuados para proteger a quienes necesitan sus servicios. Es más, la insuficiencia de recursos ha sido la causa de la falta de programas eficaces para la protección de jueces y otros miembros del poder judicial. De hecho, el magistrado Carlos Esteban Larios Ochaita, presidente de la Corte Suprema, dijo a la delegación de Amnistía Internacional que la inexistencia de un programa real de protección había llevado a la Corte a crear su propia unidad de seguridad, para brindar protección a los jueces y fiscales amenazados.

Amnistía Internacional siente una preocupación extrema por el hecho de que, al parecer, la oficina de defensores de oficio de Guatemala, pequeña y con poca experiencia, ha sido cerrada, o al menos ha dejado de funcionar temporalmente, por falta de fondos con los que pagar a los abogados a los que ha contratado para defender a acusados sin recursos económicos. También la grave escasez que se observa en las prisiones está relacionada con la falta de presupuesto y de recursos adecuados.

Asimismo, se ha señalado el fenómeno de los linchamientos en el país como otro importante indicador social de la falta de fe de los ciudadanos en la capacidad del gobierno para proporcionar un sistema de justicia adecuado y creíble. Las estadísticas facilitadas por MINUGUA indican que, entre 1996 y finales del 2002, se informó de 482 casos de linchamiento, que se saldaron con 943 víctimas, 240 de ellas mortales. Estos casos sólo han dado lugar a 24 sentencias condenatorias.

No cabe duda de que algunos de estos linchamientos reflejan la frustración de los ciudadanos comunes ante el incumplimiento por parte del gobierno de su deber de garantizar la protección de los individuos y las comunidades frente a la delincuencia común. En otros casos, sin embargo, parece ser que los linchamientos han sido organizados por agentes del Estado en su propio beneficio. Ya sea en un caso o en otro, los linchamientos son un claro indicador de que las autoridades no mantienen el Estado de derecho.

Escalada de nuevos abusos

En semejante contexto, quizá no sea de extrañar que sigan denunciándose nuevos abusos casi a diario, dirigidos en gran parte contra defensores de los derechos humanos «operadores de justicia» y otras personas que se atreven a plantar cara a la impunidad reinante.

El análisis histórico realizado por Amnistía Internacional demuestra que, casi sin excepción, prácticamente todas las organizaciones importantes de derechos humanos han sufrido abusos graves en los últimos años. Esos abusos van desde los asaltos a sus oficinas (en los que se ha robado documentación importante sobre casos de derechos humanos) y la intervención de sus líneas de comunicación y sus archivos electrónicos de datos, hasta las amenazas y los ataques directos contra su personal, con actos como violación, tortura y ejecución extrajudicial. Esta oleada de abusos contra los defensores de los derechos humanos refleja una situación similar a la existente durante el conflicto armado que asoló el país.

En marzo del 2003 se inició una serie especialmente preocupante de incidentes, que no dio comienzo hasta días después de la firma, el 13 de marzo, del documento por el que se establecía la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Desde entonces, los defensores de los derechos humanos se han visto sometidos a un acoso cada vez mayor, con incidentes como el asalto, el 7 de abril, contra el domicilio de Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una de las organizaciones de derechos humanos más implicadas en la iniciativa de la CICIACS. El 5 de abril, unos días antes del asalto en el que individuos no identificados preguntaron por Polanco y robaron documentos esenciales para el trabajo del GAM, Diego Xon Salazar, sacerdote maya y uno de los fundadores del GAM, fue asesinado cerca de su casa en Chichicastenango, departamento de El Quiché. Diego Xon Salazar había estado recibiendo amenazas de muerte durante las semanas previas a su fallecimiento. Entre finales de marzo y principios de abril se perpetraron otros abusos graves contra miembros del movimiento de defensa de los derechos humanos, en lo que Amnistía Internacional teme que sea un esfuerzo sistemático por intimidar a los defensores de los derechos humanos tras la firma del documento por el que se establece la CICIACS.

Además de los defensores de los derechos humanos, los miembros de la profesión legal que participan en la lucha contra la impunidad también han sido objeto de numerosos ataques. Según un informe hecho público recientemente por la Fundación Myrna Mack, una de las instituciones de derechos humanos más respetadas de Guatemala, entre enero del 2002 y febrero del 2003 recibieron amenazas un total de 103 jueces y abogados. Más recientemente, el 10 de abril, tuvo lugar en Santa Cruz, Río Hondo, departamento de Zacapa, un atentado contra la vida de Manuel de Jesús Barquín Durán, fiscal especial designado para ocuparse de tres de los casos más graves de violaciones de derechos humanos y corrupción en los que han estado implicadas, según los informes, autoridades locales del departamento de Izabal.

También se han señalado como indicador de la inexistencia de un Estado de derecho en Guatemala las tácticas de «limpieza social», en las que se elimina a personas consideradas «indeseables», como niños de la calle, prostitutas y travestis, sin que la policía haga ningún esfuerzo por identificar a los responsables (de hecho, se ha acusado a la propia policía de ser responsable de estos ataques).

La reaparición de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)

Desde mediados del 2002 ha habido un alarmante aumento de las acciones coordinadas emprendidas por ex miembros de las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), milicias obligatorias compuestas por civiles, formadas a instancias del ejército y que actuaban bajo control militar durante el conflicto armado. Las PAC fueron responsables de muchas de las violaciones de derechos humanos perpetradas en los años del conflicto. Desde junio del 2002, ex miembros de estas patrullas se han vuelto a movilizar, pidiendo una compensación por su participación forzosa en las PAC durante el conflicto armado interno.(4)

Estas movilizaciones han incluido manifestaciones masivas y cortes de carreteras. Sin embargo, en algunas zonas rurales, como por ejemplo en los departamentos del altiplano noroccidental de Huehuetenango, El Quiché y Sololá, ex miembros de las PAC han amenazado directamente a organizaciones de derechos humanos y a miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Ex miembros de las PAC han culpado públicamente a defensores de los derechos humanos y a miembros de la PDH por el hecho de que aún no han recibido los pagos anunciados, y han amenazado con quemar sus oficinas si no se hacen tales pagos. Es en esas zonas donde más violaciones de derechos humanos se perpetraron durante el conflicto, con matanzas y violaciones masivas cometidas con la participación de miembros de las PAC.

La recompensa propuesta para los ex miembros de las PAC por los servicios prestados durante el conflicto es motivo de preocupación, tanto por la impunidad de que estos ex miembros han disfrutado respecto a los abusos cometidos durante el conflicto armado interno como por los nuevos abusos que se están cometiendo en las zonas rurales de Guatemala a causa de su reaparición.

Es más, una de las recomendaciones principales de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (creada en virtud de los acuerdos de paz de 1996) fue que se indemnizara a todas las víctimas del conflicto armado interno. Hace ya tiempo que debería haberse establecido un programa nacional de reparación para las víctimas de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto, y ahora, antes que este programa, se establece un pago para los ex miembros de las PAC. Muchos consideran este hecho como una posible recompensa a algunos de los responsables de las atrocidades que caracterizaron el conflicto civil de Guatemala, y como un claro mensaje en contra del espíritu de reconciliación nacional encarnado por los acuerdos de paz. Amnistía Internacional sigue instando al gobierno de Guatemala a establecer, mediante consulta con las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado, un Programa Nacional de Reparación que lleve adelante los pasos iniciales consolidados en el Acuerdo Gubernativo 235-2003, firmado el 9 de abril del 2003.

El grave problema agrario de Guatemala

Durante su estancia en Guatemala el mes de marzo, Amnistía Internacional realizó un seguimiento de su largo trabajo con el movimiento campesino, entrevistándose directamente, una vez más, con numerosos sindicalistas y organizaciones campesinas que han estado organizando protestas públicas por el deterioro de sus condiciones de vida y de trabajo. Los esfuerzos de estos sectores por proteger sus medios de vida y alimentar a sus familias los han convertido en víctimas de represión; muchos han sufrido amenazas y ataques. Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Guatemala a garantizar la seguridad de todos los que trabajan sobre cuestiones relacionadas con el derecho a la tierra, y a asegurarse de que los conflictos agrarios se resuelven de forma rápida y justa. Es preciso atajar la cultura de la violencia y la impunidad para garantizar que el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales no se ve obstaculizado por la discriminación y la marginación social, política y cultural.

En los últimos dos años se ha producido un aumento de la violencia y el acoso contra los activistas agrarios, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, que se ha intensificado especialmente desde principios del 2003. Los ataques contra activistas agrarios rurales (por ejemplo, contra miembros de comunidades implicadas en conflictos agrarios), en ocasiones con la presunta connivencia de las fuerzas de seguridad locales, han continuado imparables desde que se firmaron los acuerdos de paz, y ya antes de esa fecha existía una práctica clara de violaciones de derechos humanos. Uno de los casos más recientes es el de Jorge Gómez, miembro de la comunidad de Lanquín, en el municipio de Morales, departamento de Izabal, muerto a tiros el 5 de abril. El autor de su muerte sigue en libertad. En los últimos meses se ha observado un resurgimiento de las amenazas y los ataques directos contra los dirigentes de las organizaciones nacionales de campesinos, que reflejan el tipo de abusos que ya fueron práctica habitual durante el conflicto armado de Guatemala. Desde febrero del 2003, Daniel Pascual, Juan Tiney y Rafael Chanchavac Cux, todos ellos dirigentes campesinos nacionales, han sido víctimas de abusos que van desde amenazas de muerte y robos en los que les han sustraído importantes documentos, hasta agresiones. Uno de los casos más preocupantes es el presunto secuestro, perpetrado el 4 de abril, de Daniel Chanchavac Zet, hijo de Rafael Chanchavac, cuyo paradero sigue sin conocerse.

Muchos de estos casos están relacionados con la crisis observada por Amnistía Internacional en la Guatemala rural. El gobierno no ha elaborado una política de desarrollo rural integrada, que incluya facilitar a los campesinos (en su mayoría sin recursos económicos) el acceso a la tierra y a otros recursos mediante programas destinados a garantizar la justicia y la resolución rápida de los conflictos, tal como establecen los acuerdos de paz. Esto ha llevado a los campesinos, deseosos de tierras y acuciados por la pobreza, a tomar medidas desesperadas, como la ocupación, para adquirir o recuperar tierras que les habían sido arrebatadas ilegalmente. A consecuencia de ello, se ha producido una serie cada vez mayor de ataques y actos de intimidación contra ellos por parte de hacendados, de los guardias de seguridad de éstos y de otras personas, incluidos los cárteles de la droga. Los dos organismos gubernamentales establecidos por los acuerdos de paz para facilitar el acceso a la tierra mediante una economía de libre mercado y para mediar en los conflictos de tierras –el Fondo de Tierras (FONTIERRA) y laDependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA), respectivamente– no han tenido, por una diversidad de motivos, repercusiones significativas en la creciente crisis rural. Los problemas históricos de aguda escasez de tierras, pobreza rural extrema y marginación socioeconómica y política de los campesinos se ven ahora agravados por niveles casi sin precedentes de pobreza rural y por el creciente desempleo causado por la crisis del café.

Esta situación ilustra con bastante claridad cómo, tal como han señalado recientemente MINUGUA y Rodolfo Stavenhagen, relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (durante su última visita a Guatemala en octubre del 2002), las causas principales del sangriento y costoso conflicto de Guatemala, como la discriminación y la marginación de los pueblos indígenas del país, siguen sin abordarse. Es más, la actual oleada de violencia contra los campesinos y la impunidad de quienes la perpetran, aprovechándose de la histórica marginación socioeconómica y política de los campesinos y aumentándola, está provocando una crisis en el Estado de derecho en la Guatemala rural. Para generar un crecimiento económico y un desarrollo sostenibles y contribuir a la reconciliación nacional es esencial que se apliquen los acuerdos de paz y que se establezca una política integrada de desarrollo rural que facilite el acceso de los campesinos a la tierra.

El papel del ejército

Otrocompromiso esencial de los acuerdos de paz fue la desmilitarización del país y la redefinición del papel del ejército en una sociedad democrática. A este respecto, Amnistía Internacional siente honda preocupación porque aún no se ha cumplido una promesa clave de los acuerdos de paz: el compromiso de disolver el tristemente famoso Estado Mayor Presidencial (EMP), implicado a lo largo de los años en numerosos abusos destacados contra los derechos humanos.

Aunque, en el 2002, hubo una reducción limitada del número de personal que servía en el EMP,(5) el gobierno aumentó simultáneamente el presupuesto de este organismo. Por ejemplo, se transfirió al EMP dinero de la Secretaría de Paz (establecida para supervisar el cumplimiento de los acuerdos de paz), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y del Ministerio de Energía y Minas. A Amnistía Internacional le resulta especialmente inconcebible que el ministerio responsable de la nutrición esté perdiendo fondos en favor del EMP(6) en un momento en el que, como ya se mencionó anteriormente, las zonas rurales del país sufren una crisis causada por la caída de los precios del café, la sequía, el hambre generalizada y, en muchas zonas, la ausencia casi total de alimentos.(7)

Fundamentalmente, mientras Amnistía Internacional sigue instando al gobierno guatemalteco a cumplir los acuerdos de paz, que establecían que el presupuesto militar debía mantenerse en el 0,66 por ciento del Producto Interior Bruto, es esencial que los fondos para el ejército no se desvíen de otros ministerios. De esa manera se garantizaría que el Estado tiene capacidad para asegurar que el presupuesto nacional puede mantener una política económica que establezca claramente provisiones de fondos para otros asuntos y sectores sociales.

El gobierno ha prometido que el EMP se disolvería antes del 31 de octubre del 2003. Para Amnistía Internacional es fundamental que el Grupo Consultivo presione para que se establezcan datos y cifras y un calendario respecto a cuándo y cómo se disolverá exactamente el EMP. Y hay algo aún más importante: Amnistía Internacional considera que un mero cambio de nombre y un «reciclado» de los miembros del EMP no son garantía suficiente de que realmente cesan las actividades ilegales y la siniestra forma de actuar de este organismo, ni tampoco garantizan que aquellos de sus miembros que sean responsables de abusos cometidos en el pasado responden de sus crímenes. Amnistía Internacional insta al Grupo Consultivo a asegurarse de que, además de llevar a cabo la disolución prometida del EMP, el gobierno guatemalteco lo informa de las medidas específicas adoptadas para garantizar que los miembros del EMP responsables de los actos ilegales que éste ha cometido son puestos a disposición judicial, y que cualquier nuevo organismo que ocupe su lugar está sujeto a una vigilancia y supervisión reales por parte de organismos civiles adecuados.

A este respecto, Amnistía Internacional cree que la aprobación y entrada en vigor de dos leyes que se están debatiendo actualmente en Guatemala sería una señal positiva de la intención del gobierno de avanzar en esta dirección. Se trata de la Ley de Acceso a la Información y Hábeas Corpus y la Ley de Secretos Oficiales. Actualmente, Guatemala no cuenta con ninguna ley que especifique qué debe considerarse secreto de Estado o asunto de seguridad nacional, quién está autorizado a decidir qué información se considera clasificada y cuál no, y cuáles son los mecanismos y procedimientos que deben utilizarse para decidir cuando un procesamiento se vea obstaculizado por presuntos motivos de seguridad nacional. La ausencia de estas medidas ha impedido que se lleven a cabo investigaciones reales en materia de derechos humanos y ha proporcionado un escudo de presunta preocupación por la seguridad tras el que organismos como el EMP se han refugiado para impedir que las investigaciones sobre abusos contra los derechos humanos identificaran a miembros de cuerpos de seguridad del Estado responsables de cometerlos.

Amnistía Internacional siente además preocupación porque, en contra de lo establecido por los acuerdos de paz, el ejército ha seguido participando en operaciones policiales conjuntas con la Policía Nacional Civil(PNC) en lo que se denominan las Fuerzas Combinadas. Ha habido indicios de que, en ocasiones, el ejército ha llevado a cabo esas operaciones de forma independiente, e incluso ha llegado a ordenar a los jefes de policía de los distritos que entreguen a los mandos militares locales informes escritos de sus actividades. Recientemente, han resultado sumamente preocupantes los informes de MINUGUA según los cuales el 6 de marzo, en una operación antinarcóticos llevada a cabo conjuntamente en el departamento de Zacapa por el ejército, el Ministerio Público, el Servicio de Análisis e Información Antinarcóticos(SAIA) y supuestos agentes de la PNC, tres sospechosos fueron detenidos, interrogados ilegalmente y torturados por el ejército.

Amnistía Internacional sigue pidiendo que se cumplan los acuerdos de paz, especialmente en lo que se refiere al establecimiento y aplicación de un marco legal que exponga las funciones reformadas del ejército guatemalteco. Además, en toda operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad deben respetarse los derechos humanos y las normas internacionales.

Conclusiones de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala

El26 de abril de 1998, el brutal asesinato del obispo Juan José Gerardi fue una señal irrefutable de los obstáculos a los que se enfrentaban los guatemaltecos que luchaban por la verdad, la justicia y el fin de la impunidad. Ahora, cinco años después de la muerte del obispo Gerardi, y casi siete años después de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996, la violencia política, constante en Guatemala, está en aumento una vez más, y están regresando las prácticas de violaciones de derechos humanos que caracterizaron el conflicto armado. Este documento ha expuesto ya cómo esta situación tiene su raíz en la política del actual gobierno de Guatemala, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y presidido por Alfonso Portillo, y en su incumplimiento reiterado de los acuerdos de paz y de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

A lo largo de los años, la comunidad internacional ha realizado esfuerzos concertados para presionar al gobierno guatemalteco con el fin de que mejore la situación de los derechos humanos, haga frente a la discriminación y la exclusión y consolide el Estado de derecho mediante una amplia gama de iniciativas, incluidos el refuerzo institucional y el alivio de la pobreza. Sin embargo, siete años después del final de lo que se reconoció como uno de los conflictos más sangrientos y brutales del hemisferio, la situación de los derechos humanos en Guatemala es una vez más motivo de honda preocupación.

En este contexto, para que los esfuerzos realizados hasta la fecha no queden oscurecidos por el tupido velo de la violencia política, son fundamentales la responsabilidad de la comunidad internacional y la labor del Grupo Consultivo. El cumplimiento sostenido de los acuerdos de paz y de las recomendaciones de la CEH, el fin de la cultura de impunidad y el alivio de la pobreza constituyen el marco mediante el cual se puede reconstituir el Estado de derecho. Sólo de esta manera podrán los guatemaltecos hacer valer sus derechos fundamentales y los defensores de los derechos humanos, los activistas agrarios, los miembros de la profesión legal y los periodistas podrán desempeñar su labor legítima sin temor a represalias violentas.

Los acuerdos de paz

AmnistíaInternacional insta a los miembros del Grupo Consultivo a tener en cuenta los datos presentados en este documento, que indican claramente el incumplimiento constante de los acuerdos de paz por parte del gobierno de Guatemala. El Grupo Consultivo debe poner en duda todas las declaraciones del gobierno guatemalteco sobre sus supuestos esfuerzos por cumplir los acuerdos de paz, mejorar la situación de los derechos humanos y combatir la impunidad en Guatemala, áreas en las que el Grupo Consultivo pidió mejoras sustanciales en su última reunión, celebrada en febrero del 2002. A este respecto, debe elaborarse un calendario claro y mensurable para la aplicación de los acuerdos de paz, que incluya el establecimiento de mecanismos adecuados para vigilar el proceso, y deben examinarse constantemente los progresos. Deben ser prioridades claras la reforma del ejército, la seguridad de la población civil y la desmilitarización, incluida la disolución del EMP y de las bases militares que no entren en el mandato reformado de la institución castrense.

También se insta al establecimiento de un proceso similar respecto a la aplicación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. La creación y puesta en marcha de un Programa Nacional de Reparación dentro de un marco legal debe ser una prioridad para el gobierno guatemalteco, especialmente si quiere demostrar su voluntad de ofrecer, conforme al derecho internacional, un resarcimiento a todaslas víctimas de abusos contra los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado.

Combatir la cultura de impunidad

La creación de la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) constituye una importante herramienta potencial para ayudar a combatir la impunidad reinante en Guatemala. No obstante, es crucial que esta Comisión refuerce las instituciones y los instrumentos judiciales ya existentes, mejorando al mismo tiempo su capacidad y su eficacia. Amnistía Internacional insta al gobierno de Guatemala a establecer la Comisión con el pleno apoyo de la comunidad internacional, e insiste en la importancia de que la Comisión sea independiente. Amnistía Internacional desea asimismo advertir al Grupo Consultivo de que la comunidad internacional no debe interpretar el Acuerdo Gubernativo que respalda la posible formación de la Comisión como prueba suficiente de que ya se han realizado progresos en este objetivo específico, ni en la protección de los derechos humanos en general. Por el contrario, cada nuevo paso en la creación de la Comisión debe ser objeto de un análisis constante por parte del Grupo Consultivo. Además, el Grupo Consultivo debe facilitar y vigilar los progresos de la Comisión, evaluar sus posibles resultados y respaldar las iniciativas de seguimiento que sean necesarias. Para que la Comisión desempeñe su función legítima y se fortalezcan las instituciones existentes es esencial que el Ministerio Públicodesempeñe un papel vital en estas iniciativas.

Además, Amnistía Internacional insta al Grupo Consultivo a presionar al gobierno guatemalteco para que garantice que el Ministerio Público, incluyendo las fiscalías especiales y el programa de protección de testigos, cuenta con respaldo económico suficiente para desempeñar sus labores con eficacia. Si se quiere alcanzar el objetivo claro de fortalecer el sistema de justicia y poner fin a la impunidad, todo compromiso de este tipo que se formule debe ser sometido a una supervisión constante.

Alivio de la pobreza

La suma de la distribución injusta de la tierra, la impunidad, la pobreza de las zonas rurales y los conflictos de tierras es uno de los factores que más ha contribuido a la creciente oleada de violaciones de derechos humanos contra campesinos, cometidas en muchos casos con la connivencia de las fuerzas de seguridad locales. Amnistía Internacional insta al Grupo Consultivo a presionar al gobierno de Guatemala para que se centre en la importancia de formular una política integrada de desarrollo rural que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y establezca mecanismos para resolver de forma rápida y justa los conflictos de tierras. A este respecto, el fracaso de FONTIERRA y CONTIERRA a la hora de frenar la creciente crisis que azota las zonas rurales de Guatemala se ha convertido en otro incumplimiento más de las promesas formuladas en los acuerdos de paz. Un elemento esencial de esta política debe ser la realización de un catastro(8) y la adopción de medidas eficaces de seguimiento.

En conclusión, Amnistía Internacional reconoce que se han realizado progresos limitados en el prolongado y, en ocasiones, violento proceso de paz de Guatemala. Sin embargo, sería inconcebible que la comunidad internacional en general, y el Grupo Consultivo en particular, ignoraran o menospreciaran las numerosas señales que sugieren que los progresos han sido insuficientes en los ámbitos de la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Es significativo que el propio Grupo Consultivo insistiera en que debían producirse mejoras en estas áreas para que el gobierno guatemalteco cumpliera los requisitos establecidos por el Grupo en su reunión de febrero del 2002.

Amnistía Internacional desea dejar claro que no está pidiendo a la comunidad internacional que abandone sus programas de cooperación con Guatemala; estos programas son ahora más necesarios que nunca para que la situación de los derechos humanos mejore y se venza la impunidad. Lo que sí pide a los países e instituciones donantes de ayuda es que se aseguren de que sus contribuciones se centran en programas que ayuden a cumplir las metas establecidas por los acuerdos de paz y por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y que apoyen iniciativas como la CICIACS, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos.

Los progresos en la protección de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad son fundamentales para restituir el Estado de derecho en Guatemala y para resolver la crisis de gobernabilidad que sufre el país cuando han transcurrido casi siete años desde que terminó el conflicto armado. Los compromisos formulados por el gobierno guatemalteco, una vez alcanzados, deben ser examinados detenidamente por la comunidad internacional, y su estricto cumplimiento debe ser garantizado, para que sean algo más que meros acuerdos escritos. De esta manera, para muchos guatemaltecos verdad y justicia pueden ser algo más que palabras huecas, y la palabra paz puede llegar a significar la ausencia real y a largo plazo de conflicto.

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(1) Param Cumaraswamy, relator especial sobre la independencia de jueces y magistrados, visitó Guatemala en mayo del 2001; Hina Jilani, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, visitó el país en junio del 2002; y Rodolfo Stavenhagen, relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas visitó Guatemala en octubre del 2002.

(2) El Grupo Consultivo está compuesto por países miembros, países observadores y organizaciones intergubernamentales e instituciones financieras internacionales que han financiado el proceso de paz en Guatemala. Entre ellos se encuentran Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza, las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

(3) El EMP debería haber sido disuelto en virtud de los acuerdos de paz, pero hoy, siete años después, sigue actuando.

(4) En la segunda semana de abril del 2003, el gobierno firmó el Acuerdo Gubernativo 228-2003, en el que establecía un pago de 5.241,60 quetzales, en tres plazos, a cada ex miembro de las Patrullas de Autodefensa Civil (a 14 de abril de 2003, 1 dólar estadounidense equivalía a 7,8 quetzales). Está previsto que el primer pago se realice a finales de abril del 2003, mientras que los pagos restantes se realizarán, según decida el gobierno, en el 2004.

(5) El gobierno ha alegado que la reducción del número de personas empleadas por el EMP es de por sí prueba de su compromiso real de terminar definitivamente con el funcionamiento de esta unidad. Sin embargo, la reducción de personal señalada por las autoridades parece explicarse en gran medida por la transferencia o la terminación de contratos de muchos empleados del EMP que no desempeñaban tareas de información, como por ejemplo personal administrativo y de limpieza y empleados que vigilaban o cuidaban los jardines de lo que antes era el Palacio Nacional.

(6) Según la organización guatemalteca de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el presupuesto del EMP se duplicó en el 2002, mientras que el incremento del presupuesto del ejército en general fue del 7,8 por ciento.

(7) Diversos agentes informaron a la delegación de Amnistía Internacional de que existían indicadores de una situación grave de hambre en casi un tercio de los municipios rurales de Guatemala.

(8) El catastro es, en la práctica, un registro de tierras cuyo objetivo es establecer la base legal de las reclamaciones sobre la propiedad de la tierra en todo Guatemala.