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19 de abril del 2000

Guyana: Llamamiento a la transparencia en el caso Bourne

Las conclusiones de la investigación sobre la muerte de Victor Bourne a manos de las fuerzas de seguridad deben publicarse íntegras, según ha afirmado hoy Amnistía Internacional. El 14 de abril del 2000, un jurado formado por cuatro miembros emitió el veredicto de que no se podía considerar penalmente responsable a nadie de su muerte, y que los agentes implicados habían actuado en defensa propia.

Victor Bourne murió por los disparos efectuados por dos miembros del Escuadrón de Actuación Rápida¹(en el glosario viene “Squad”, no “Group”) en su domicilio de Rasville, Roxanne Burnham Gardens, en Georgetown, el 19 de junio de 1998 (véase Informe 1999 de Amnistía Internacional).

La versión de la policía sobre los hechos al parecer contradice la de testigos presenciales. Mientras que los informes de la policía al parecer señalaban que Victor Bourne había disparado al verse frente a la policía, los testigos afirmaron que aún estaba dormido en la cama cuando los agentes dispararon contra él, y que luego la policía había falsificado las pruebas para que pareciera que Bourne había disparado contra ellos.

Amnistía Internacional considera fundamental que se den a conocer las conclusiones de las investigaciones sobre los casos de disparos efectuados por la policía en circunstancias controvertidas, para que la ciudadanía guyanesa pueda confiar plenamente en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y en su capacidad para actuar dentro de los límites de la legalidad y con plena exigencia de responsabilidades.

«No informar debidamente a los ciudadanos puede garantizar en la práctica un sistema de impunidad en tales casos» ha afirmado la organización de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha expresado preocupación en reiteradas ocasiones porque, al parecer, el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Guyana es excesivo en muchos casos. En marzo, la organización instó al gobierno de Guyana a prestar especial atención a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que acababa de examinar el segundo informe periódico de Guyana, entregado con retraso, relativo a las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y de uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

«Para evitar un sistema que fomente la impunidad, todos los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía deben ser investigados sin demora y de forma exhaustiva por un organismo imparcial» ha afirmado Amnistía Internacional.

«En los casos en que se determina que se han producido violaciones de derechos humanos, se debe procesar a los infractores y procurar remedios efectivos a las víctimas —ha añadido la organización—. Las normas y prácticas de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos.»