Document - Haiti: Human rights challenges facing the new government

HAITÍ

Derechos humanos: la tarea que aguarda al nuevo gobierno

Abril del 2001 RESUMEN ÍNDICE AI: AMR 6/002/2001/s DISTR: SC/CC/CO

El 7 de febrero del 2001, Jean Bertrand Aristide juró su cargo como presidente de Haití por segunda vez. Ocupó el cargo con un mandato de cinco años en los que se pondrían en práctica las iniciativas y reformas aplazadas por la interrupción de su primer mandato debido al golpe de Estado militar de 1991. Amnistía Internacional considera que los primeros meses de su presidencia constituyen un periodo clave para Haití. Los esfuerzos que el nuevo gobierno despliegue para afrontar las apremiantes preocupaciones existentes en materia de derechos humanos tendrán importantes repercusiones, no sólo para el futuro inmediato, sino para la viabilidad a largo plazo de un clima de respeto para estos derechos en el país.

A lo largo de la década, desde la primera elección de Aristide, ha habido logros importantes, como la disolución de las Fuerzas Armadas de Haití, de triste fama, la creación y fortalecimiento de una nueva fuerza de policía civil, la Policía Nacional de Haití, y los esfuerzos parciales para llevar a cabo una reforma judicial. Además, después de las elecciones locales y legislativas celebradas en el 2000, Haití dispone por primera vez en tres años de un aparato gubernamental plenamente operativo.

Sin embargo, el nuevo gobierno se enfrenta a numerosas dificultades. La creciente violencia electoral y política, los intentos por politizar las instituciones clave, la actividad de las bandas, la delincuencia violenta y el narcotráfico constituyen obstáculos cada vez más importantes. El modo en que el presidente Aristide y su gobierno aborden las graves preocupaciones en materia de derechos humanos en relación con el funcionamiento profesional e independiente de la policía y la judicatura, la existencia de grupos de seguridad ilegales vinculados a algunos cargos recientemente elegidos, el hacinamiento que padece el sistema penitenciario y la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos en el contexto de la creciente violencia política será de importancia vital para el futuro de Haití.

En este documento, Amnistía Internacional formula una serie de recomendaciones a los partidos políticos, a los agentes internacionales y, sobre todo, al gobierno del presidente Jean Bertrand Aristide, para proteger y salvaguardar los derechos humanos en Haití en el inicio de este nuevo periodo. Estas recomendaciones incluyen llevar a cabo sin dilación investigaciones imparciales sobre todos los actos de aparente intimidación y violencia política; disolver a los grupos de seguridad ilegales vinculados a los cargos elegidos; investigar todas las presuntas violaciones de derechos humanos y someter a juicio sin dilación y con las debidas garantías a los responsables; reforzar la independencia y profesionalidad de las instituciones clave, como la policía y la judicatura; continuar con el éxito del juicio de Raboteau celebrado en noviembre del 2000 prosiguiendo con las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado; y tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otras personas que participan en la defensa de estos derechos.

PALABRAS CLAVE:CAMBIOS DE GOBIERNO1 / ELECCIONES/ IMPUNIDAD / HOSTIGAMIENTO / LIBERTAD DE EXPRESIÓN / INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL/ POLICÍA / FUERZAS PARAMILITARES / DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS/ VIOLENCIA POLÍTICA / CONDICIONES PENITENCIARIAS / ANTECEDENTES POLÍTICOS / LEGISLACIÓN / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS

Este texto resume el documento titulado Haití: Derechos humanos. La tarea que aguarda al nuevo gobierno (Índice AI: AMR 36/002/2001/s), publicado por Amnistía Internacional en abril del 2001. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en <http://www.amnesty.org>, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: <http://amnesty.org/news/emailnws.htm>. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/>.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

HAITÍ

Derechos humanos: la tarea que aguarda al nuevo gobierno

Mural del entonces candidato presidencial Jean Bertrand Aristide en octubre del 2000.

Abril del 2001

Índice AI: AMR 36/002/2001/s

Distr: SC/CC/CO

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ÍNDICE

Algunas fechas importantes en la historia política reciente de Haití

Introducción 1

Antecedentes políticos 2

El homicidio de Jean Dominique 3

Tensión electoral 4

Retirada de la misión civil internacional en Haití 6

El contexto socioeconómico 7

La situación actual de los derechos humanos 8

A. Violaciones recientes de los derechos humanos cometidas por los grupos de seguridad

ilegales 8

Violación del derecho a la integridad física 9

Violaciones del derecho de expresión, asociación y reunión 13

Injerencias en el funcionamiento y la independencia del poder judicial 14

B. La conducta de la Policía Nacional de Haití 15

Información general 15

Informes recientes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la policía 15

Reacción policial a la violencia electoral 16

La contratación de policías y la policía rural 17

C. Situación del poder judicial 18

Avances en la administración de justicia 18

Progreso importante contra la impunidad 18

D. Prisiones 21

E. La situación de los defensores de los derechos humanos 22

Conclusión y recomendaciones 23

I. Recomendaciones a las autoridades haitianas 23

II. Recomendaciones a los partidos políticos haitianos 26

III. Recomendaciones a las autoridades de Estados Unidos y Haití 26

IV. Recomendaciones a las organizaciones internacionales y a los gobiernos vinculados

con Haití 26

HAITÍ

Derechos humanos: la tarea que aguarda

al nuevo gobierno

Abril del 2001 RESUMEN ÍNDICE AI: AMR 36/002/2001/s

DISTR: SC/CC/CO

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Abril del 2001

Índice AI: AMR 36/002/2001/s

Distr: SC/CC/CO

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TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

l240

Público

Amnistía Internacional

HAITÍ

Derechos humanos: la tarea que aguarda al nuevo gobierno

Mural del entonces candidato presidencial Jean Bertrand Aristide en octubre del 2000.

Abril del 2001

Índice AI: AMR 36/002/2001/s

Distr: SC/CC/CO

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ÍNDICE

Algunas fechas importantes en la historia política reciente de Haití

Introducción 1

Antecedentes políticos 2

El homicidio de Jean Dominique 3

Tensión electoral 4

Retirada de la misión civil internacional en Haití 6

El contexto socioeconómico 7

La situación actual de los derechos humanos 8

A. Violaciones recientes de los derechos humanos cometidas por los grupos de seguridad

ilegales 8

Violación del derecho a la integridad física 9

Violaciones del derecho de expresión, asociación y reunión 13

Injerencias en el funcionamiento y la independencia del poder judicial 14

B. La conducta de la Policía Nacional de Haití 15

Información general 15

Informes recientes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la policía 15

Reacción policial a la violencia electoral 16

La contratación de policías y la policía rural 17

C. Situación del poder judicial 18

Avances en la administración de justicia 18

Progreso importante contra la impunidad 18

D. Prisiones 21

E. La situación de los defensores de los derechos humanos 22

Conclusión y recomendaciones 23

I. Recomendaciones a las autoridades haitianas 23

II. Recomendaciones a los partidos políticos haitianos 26

III. Recomendaciones a las autoridades de Estados Unidos y Haití 26

IV. Recomendaciones a las organizaciones internacionales y a los gobiernos vinculados

con Haití 26

Algunas fechas importantes en la historia política reciente de Haití

1990: 16 de diciembre Primeras elecciones libres: Jean Bertrand Aristide gana las elecciones con el 67 por ciento de los votos.

1991: 6 de enero Intento fallido de golpe de Estado.

7 de febrero Aristide toma posesión del cargo de presidente (René Préval es nombrado primer ministro).

30 de septiembre Un golpe militar dirigido por el general Raoul Cédras derroca al presidente Aristide.

1993: 3 de julio Acuerdo de Governors Island, en el que se preveía el regreso de Aristide el 30 de octubre, firmado por Cédras y Aristide.

1994: 11 de mayo Los militares instalan al presidente de facto Emile Jonaissant.

19 de septiembre La Fuerza Multinacional, respaldada por Estados Unidos, entra en Haití, inmediatamente después de acceder Cédras a firmar un acuerdo suscrito por el ex presidente estadounidense Carter y por Jonaissant, en el que se establecía una amnistía general.

10 de octubre Cédras dimite y abandona el país poco después.

15 de octubre Aristide regresa a Haití.

1995: 25 de junio Se celebran elecciones legislativas.

17 de diciembre Elecciones presidenciales en las que se resulta elegido René Préval.

1996: 7 de febrero Préval toma posesión de su cargo.

15 de febrero Préval nombra a Rosny Smarth primer ministro

1997: 6 de abril Celebración de las elecciones al Senado.

9 de junio Dimite el primer ministro Smarth.

1998: 15 de diciembre El Senado ratifica a Jacques Edouard Alexis como primer ministro.

1999: 11 de enero Concluye el mandato de la mayoría de los cargos locales y legislativos. Préval no los renueva, con lo que da comienzo un periodo de gobierno por decreto.

14 de enero Jacques Edouard Alexis asume las funciones de primer ministro; se forma el gobierno y se elabora el programa gubernamental sin aprobación parlamentaria.

16 de marzo Préval designa un Consejo Electoral Provisional para organizar las elecciones.

2000: 4 de enero El Consejo Electoral Provisional presenta un código de ética para los partidos políticos. Sólo lo firman dos.

21 de mayo Más de 29.000 candidatos concurren a los comicios para 7.500 cargos locales y legislativos.

7 de julio La Organización de los Estados Americanos retira a sus observadores electorales de Haití como protesta por el método de recuento.

9 de julio Se celebra la segunda vuelta de algunas elecciones.

28 de agosto Se constituye el nuevo Parlamento.

26 de noviembre Se celebran elecciones presidenciales de las que resulta vencedor Jean Bertrand Aristide.

HAITÍ

Derechos humanos: la tarea que aguarda

al nuevo gobierno

Introducción

El 7 de febrero del 2001, Jean Bertrand Aristide juró por segunda vez como presidente de Haiti. Tomó posesión de su cargo con un mandato de cinco años por delante en los que se pondrían en práctica los programas y reformas postergados por el golpe militar de 1991. En 1990 había resultado elegido con el 67 por ciento de los votos en las primeras elecciones libres celebradas en Haití. El golpe de Estado, que tuvo lugar siete meses después de su toma de posesión, fue seguido por tres años de intensa y brutal represión contra sus partidarios llevada a cabo por los dirigentes militares y sus aliados paramilitares.(1) Aristide fue restablecido a su cargo en 1994 tras una intervención multinacional. Sin embargo, a pesar de los llamamientos realizados por algunos sectores para que le permitieran concluir los tres años de su mandato que había pasado en el exilio, pasó en el cargo poco más de un año antes de la celebración de nuevas elecciones, de acuerdo con el calendario electoral previo al golpe de Estado.

Con su reciente toma de posesión en febrero del 2001, el presidente Aristide, con la colaboración de su primer ministro Jean Marie Chérestal, ha recibido una nueva oportunidad para afrontar como jefe de Estado los problemas que padece Haití. Se han producido algunos logros significativos a lo largo de la década desde su primera elección, como la disolución de la antigua estructura militar por parte de Aristide, la creación y fortalecimiento de una nueva fuerza de policía civil y los intentos parciales por poner en práctica la reforma judicial.(2) Además, desde las elecciones locales y legislativas celebradas en 2000, Haití cuenta por primera vez desde hace más de tres años con un aparato gubernamental plenamente operativo.

Sin embargo, el nuevo gobierno se enfrenta a numerosas dificultades. La creciente violencia electoral y política, los intentos por politizar las instituciones clave, la actividad de las bandas, la delincuencia violenta y el narcotráfico constituyen obstáculos cada vez más importantes. El modo en que el nuevo gobierno aborde las graves preocupaciones relativas al funcionamiento de la policía y la judicatura; la existencia de grupos de seguridad ilegales vinculados a algunos cargos recientemente elegidos; el hacinamiento que padece el sistema penitenciario, y la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos en el contexto de la creciente violencia política será de importancia vital para el futuro de Haití.

En este documento Amnistía Internacional expone sus motivos de preocupación fundamentales en estos campos y hace una serie de recomendaciones al gobierno del presidente Jean Bertrand Aristide para la protección de los derechos humanos en Haití en el arranque de este nuevo periodo.

Antecedentes políticos

El artículo 134-3 de la Constitución de Haití de 1987 impide los mandatos presidenciales consecutivos. La retirada del recientemente regresado presidente Aristide para dejar paso a René Préval en febrero de 1996 constituyó la primera entrega de poderes pacífica entre dirigentes elegidos democráticamente en la historia de Haití. Sin embargo, el gobierno del nuevo presidente Préval pronto se vio acosado por las dificultades políticas. A partir de junio de 1997 se quedó sin primer ministro tras la renuncia de Rosny Smarth a causa de las denuncias por fraude electoral. Cuando los mandatos de casi todos los cargos elegidos del país expiraron en enero de 1999, el presidente no los renovó y comenzó un periodo de gobierno por decreto. El puesto vacante de primer ministro fue ocupado por Jacques Edouard Alexis, cuya designación recibió la aprobación del Parlamento aunque su gobierno y programa nunca llegaron a ser ratificados.

Las elecciones para cubrir el gran número de cargos vacantes en todo el país se fijaron y aplazaron varias veces. La inscripción de electores comenzó finalmente en enero del 2000. Se calcula que más del 90 por ciento del electorado se inscribió para recibir el nuevo carné de identificación electoral con fotografía.

Se llevaron a cabo algunas iniciativas para reducir la violencia electoral y reducir al mínimo los posibles efectos perjudiciales de la contienda electoral. En enero del 2000, varios partidos firmaron un código de ética elaborado por el Consejo Electoral Provisional.(3) En el código se exigía a los partidos y a los candidatos que se abstuvieran de difundir o alentar actos que amenazasen la soberanía, el orden público, la integridad o la seguridad del país. Se prohibió a los partidos, a sus candidatos y a sus partidarios que interrumpieran las reuniones organizadas por los partidos o candidatos rivales. Se prohibieron las armas en las reuniones electorales. El partido Familia Lavalas,(4) de Jean Bertrand Aristide, firmó el código; no así la coalición Foro de Diálogo y el Partido del Pueblo en Lucha —principales formaciones políticas de la oposición—, alegando para ello su falta de confianza en la capacidad del Consejo Electoral Provisional para imponer el código.(5)

Poco antes de las elecciones de mayo, se elaboró un plan de seguridad para el periodo electoral en el que participaron el gobierno, la policía, los responsables electorales y los partidos políticos. Sin embargo, la mayor parte de los frutos logrados por los esfuerzos llevados a cabo para lograr un clima electoral pacífico y tranquilo quedaron anulados el 3 de abril del 2000 con el homicidio de Jean Léopold Dominique, conocido y respetado periodista.

El homicidio de Jean Dominique

Jean Dominique a su regreso a Haití después de su exilio al final de la dictadura de Jean Claude Duvalier.

La muerte de Jean Dominique, destacado periodista radiofónico y veterano defensor de los derechos humanos, abatido a tiros el 3 de abril por unos agresores desconocidos que le aguardaban en el patio de su emisora de radio, Radio Haiti Inter, fue uno de los actos de violencia que mayor repercusión ha tenido en la historia reciente de Haití.(6) En el atentado también murió Jean Claude Louissant, guardia de seguridad de la emisora. Jean Dominique había sido un rotundo defensor del cambio desde el periodo de Duvalier,(7) y había continuado llamando la atención públicamente sobre las tendencias antidemocráticas de diversos sectores de la sociedad y el espectro político de Haití.

Algunos días después del homicidio, un grupo de personas que afirmaban ser partidarias del partido Familia Lavalas interrumpió una marcha formada por centenares de personas que pedían que se llevara ante la justicia a los responsables de la muerte de Jean Dominique. Tras el funeral de Jean Dominique, un grupo de personas que se autoproclamaban partidarias de Aristide se reunieron frente a la sede de otra emisora de radio de Puerto Príncipe, Radio Vision 2000, y amenazaron con quemarla, después de haber quemado la sede cercana del partido político Konfederasyon Inite Demokratik (KID). El edificio también servía de sede al Foro de Diálogo. Según informes, unos pocos días antes algunos periodistas de Radio Vision 2000habían enviado una carta abierta al ministro de Justicia en la que denunciaban las amenazas recibidas por el personal de la emisora y solicitaban protección oficial.

Por su parte, Radio Haiti Interreanudó sus emisiones un mes después de la muerte de Jean Dominique. Sin embargo, el homicidio selectivo de un activista tan popular y conocido, que contaba con credenciales indudables en la lucha democrática, provocó una gran dosis de temor, de tensión y de autocensura durante el periodo electoral. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la defensa de los derechos humanos y otros grupos participaron en numerosas actividades en memoria de Jean Dominique. En una de estas iniciativas se reunieron más de 11.000 firmas en favor de una declaración elaborada por dichos grupos en la que se instaba a las autoridades a investigar su muerte y a llevar a los responsables ante los tribunales.

La investigación de los hechos tuvo un inicio lento. Las pistas no se siguieron inmediatamente y algunas de las iniciativas de los jueces de instrucción se vieron perjudicadas por incidentes como el ocurrido cuando un grupo de manifestantes ocupó una sala del palacio de justicia, aparentemente para mostrar su apoyo al entonces candidato a senador Dany Toussaint, al que el juez instructor había citado para interrogarlo. Otro suceso del que se recibieron informes fue la muerte de un detenido al que la Policía Nacional de Haití había disparado en las nalgas y que falleció posteriormente en el hospital. Al parecer, su cuerpo fue sacado del depósito de cadáveres en circunstancias que todavía no se han aclarado.

El juez que veía la causa fue sustituido en octubre y el nuevo juez solicitó una ampliación ilimitada del periodo de investigación, que fue concedido por el juez principal del tribunal. El nuevo juez citó a varias personas para interrogarlas, incluidos el director de Radio Vision 2000, el jefe de policía, varios agentes de policía, miembros del grupo de seguridad del Palacio Nacional y Dany Toussaint. Este último, que ya había sido elegido para el senado, se negó inicialmente amparándose en su inmunidad parlamentaria. El juez citó a varios de sus colegas y finalmente ordenó que se encarcelara a uno de los agentes de policía que actuaban como sus guardaespaldas debido a la agresividad verbal que, al parecer, mostró. Algunas emisoras de radio informaron de que el juez había recibido nuevas amenazas verbales de un diputado del partido Familia Lavalas. Un hecho positivo fue la solicitud de una baja temporal sin sueldo formulada a fines de febrero por el senador Toussaint y su anuncio de acatar la citación.

Tensión electoral

Conforme se acercaba la primera vuelta de las elecciones los actos de intimidación y violencia continuaron. Los informes indicaban que eran más frecuentes los protagonizados por las personas que afirmaban ser seguidores de Familia Lavalas, pero, al parecer, los partidarios de otros grupos también incurrieron en actos de este tipo. Los candidatos y dirigentes de los partidos no condenaron públicamente la violencia protagonizada por sus partidarios ni realizaron ningún intento de contenerlos o controlarlos.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó de que en los tres meses previos a las elecciones de mayo se produjeron más de 70 actos de violencia, en el curso de los cuales murieron siete candidatos o activistas de partidos.(8) En la situación de tensión política que rodeó a las elecciones todas las muertes de candidatos o de otras figuras políticas fueron consideradas particularmente sospechosas. Sin embargo, tras las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional en relación con algunos de estos homicidios, la organización considera que, al menos en algunos casos, las muertes no obedecieron a motivos políticos sino que fueron el resultado de delitos comunes.

El 21 de mayo del 2000 se celebraron elecciones locales y legislativas en las que participaron unos 29.000 candidatos compitiendo por 7.500 cargos. La votación tuvo lugar de forma relativamente pacífica con una alta participación electoral. La victoria de los candidatos de Familia Lavalas en la mayoría de los comicios fue ampliamente reconocida. En el Departamento de Grand' Anse las elecciones atrasadas se celebraron el 11 de junio. El departamento había sido el escenario de enfrentamientos entre partidos rivales, en el curso de los cuales se quemaron oficinas electorales y casas de personas consideradas simpatizantes de los partidos rivales y algunos activistas se ocultaron.

Sin embargo, tras cuestionar el método de recuento de los sufragios en los comicios al Senado para determinar si era necesario celebrar una segunda vuelta, la OEA, las Naciones Unidas y algunos gobiernos clave condenaron los resultados de las elecciones de mayo publicados por el Consejo Electoral Provisional. Léon Manus, director del Consejo, se marchó a Estados Unidos donde denunció al presidente Préval por haberlo presionado para tabular los resultados en favor de Familia Lavalas. Los donantes internacionales cortaron la ayuda humanitaria y la labor de observación en las nuevas elecciones, con lo que aislaron al gobierno haitiano. Algunos fueron más lejos, condicionando la ayuda económica humanitaria a la revisión de los resultados de mayo.

Dentro de Haití, la violencia e intimidación, a menudo por parte de autodenominados partidarios políticos, contribuyó a crear un clima de tensión e inseguridad. En julio se celebró una segunda vuelta para algunos escaños en la Cámara de Diputados. Sin embargo, como protesta por los resultados de las elecciones para el Senado celebradas en mayo, la OEA no participó en la observación de esta vuelta.

En agosto, un grupo de 193 intelectuales haitianos publicó una «protesta ciudadana» contra la violencia e intimidación electoral y en favor de los principios democráticos. Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, los incidentes violentos prosiguieron. Por señalar sólo unos pocos ejemplos, el 4 de septiembre, según informes, unos agresores desconocidos arrojaron una granada de fragmentación en el local de la Télévision Nationale d'Haïti, la emisora de televisión pública de ámbito nacional. El 6 de septiembre, unos hombres armados vestidos con uniformes de policía robaron en el local de Fondasyon Kole Zepol (FONKOZE), banco de crédito, y secuestraron a un miembro del personal. El cadáver del empleado fue encontrado al cabo de unos días. Aunque se abrió una investigación, el grado de implicación de la policía no se esclareció.

La violencia se intensificó en la semana previa a las elecciones presidenciales previstas para fines de noviembre mediante una serie de explosiones en las que al menos resultaron heridas 16 personas y murieron dos niños. Sin embargo, las elecciones posteriores tuvieron lugar de forma relativamente pacífica. La mayoría de los partidos de la oposición no participaron y la valoración de la participación electoral varió enormemente. Jean Bertrand Aristide fue la opción incontestable de los votantes que participaron.

En diciembre se anunció que Aristide y el presidente saliente esadounidense Bill Clinton habían firmado un acuerdo de ocho puntos en el que, entre otras cosas, se abordaba la resolución del conflicto relativo a los resultados de las elecciones de mayo. Sin embargo, los dirigentes de la oposición siguieron rechazando la elección de Aristide y estudiaron la posibilidad de establecer un gobierno alternativo. Como respuesta, el 9 de enero del 2001, algunos representantes de las organizaciones populares que afirmaban apoyar a Familia Lavalas dirigieron amenazas físicas contra los partidos de la oposición y los periodistas durante una conferencia de prensa celebrada en la iglesia de Saint Jean Bosco en Puerto Príncipe.

Al realizar estas amenazas, los oradores aludieron a una lista de figuras públicas que, según informes, se oponían a la próxima toma de posesión de Aristide y advirtieron a dichas personas que si no cambiaban de postura en el plazo de tres días sufrirían violencia física. Esto suscitó protestas de dirigentes religiosos, periodistas y otros. Amnistía Internacional volvió a pedir a las autoridades que tomaran medidas para reducir la violencia por parte de todos los sectores políticos e instó a que se prestara protección especial a las personas amenazadas.(9) Los fiscales de Puerto Príncipe abrieron una investigación, aunque la entrevista llevada a cabo a mediados de enero al abogado de uno de los hombres implicados fue interrumpida por una manifestación agresiva de los partidarios de éste, lo que provocó el cierre temporal dela oficina del fiscal.

En la tercera semana de enero, estallaron otras cuatro bombas fabricadas a mano en Puerto Príncipe aunque sin víctimas mortales. El presidente Aristide escribió a los principales políticos de la oposición invitándolos a resolver la crisis política. Mientras tanto, los dirigentes de la oposición celebraron una reunión abierta en la que reiteraron su rechazo a los resultados de las anteriores elecciones y su intención de establecer un gobierno provisional hasta la celebración de nuevas elecciones. A principios de febrero, Aristide y los dirigentes de la oposición se reunieron pero no lograron alcanzar un acuerdo. El 7 de febrero, Aristide tomó posesión de su cargo.

Por su parte, los dirigentes de la oposición siguieron negándose a reconocer a Aristide y nombraron a Gérard Gourgue«presidente provisional». En un discurso pronunciado aproximadamente al mismo tiempo que el discurso inaugural de Aristide, Gourgue contribuyó a la tensión política al invitar a regresar a Haití a las tristemente célebres Fuerzas Armadas de Haití.(10)

Retirada de la misión civil internacional en Haití

A pesar del deterioro de la situación de los derechos humanos, en noviembre el secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan recomendó que se pusiera fin a la misión civil internacional de apoyo de las Naciones Unidas en Haití una vez finalizado su mandato el 6 de febrero del 2001.(11) Esto marcó el final de la presencia internacional dedicada a la vigilancia de la situación de los derechos humanos que había comenzado en 1993, durante el periodo del gobierno militar de facto, con una misión de observación conjunta de las Naciones Unidas y de la OEA. Amnistía Internacional criticó la decisión tomada por el secretario general. La organización argumentó que la retirada prematura, especialmente del componente de derechos humanos de la misión, anulaba los resultados conseguidos a través de los esfuerzos por promover el clima de respeto por los derechos humanos y podía ir en perjuicio de una situación de los derechos humanos ya de por sí frágil.(12) Según informes, la OEA, el grupo de países que durante los años noventa se conocieron como «Amigos de Haití»(13) y otros, ya estaban estudiando la mejor forma de afrontar la necesidad de una presencia continuada para vigilar la situación de los derechos humanos en Haití.

Al mismo tiempo, los donantes internacionales mantuvieron el distanciamiento que habían impuesto en relación con Haití, especialmente tras la disputa electoral celebrada en mayo. En febrero del 2001, la Comunidad Europea confirmó que había congelado la entrega de 44,4 millones de euros (41,7 millones de dólares estadounidenses) previstos para programas en Haití, al considerar que los incidentes ocurridos en mayo constituían una violación del artículo 9 del Acuerdo de Cotonou suscrito por los países de Europa, África, el Caribe y Oceanía relativo a los principios democráticos y a los derechos humanos.(14) A fines de febrero, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional reiteró que la entrega de los 70 millones de dólares destinados a Haití se haría a través de las ONG en lugar del gobierno.(15)

El contexto socioeconómico

La disminución de la ayuda internacional puede tener un efecto devastador. Haití sigue siendo el único país de América que continúa clasificado en la categoría de los países que tienen un índice de «desarrollo humano bajo» en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, situado en el puesto 150 de un total de 174 países en todo el mundo.(16) Según la ONG Plataforma Haitiana en Defensa de un Desarrollo Alternativo, el 80 por ciento de la población rural haitiana vive en condiciones de absoluta pobreza, con unos ingresos inferiores a un dólar diario.

Las últimas cifras facilitadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indican que el producto interno bruto per capita de Haití es la quinta parte del de los demás países de Latinoamérica y el Caribe y sólo el 6 por ciento en relación con los países que tienen un índice de «alto desarrollo humano».(17) La tasa de alfabetización de las personas de quince años o mayores es del 47,8 por ciento en Haití frente al 87,7 por ciento en la región.(18) En Haití las personas que pueden acudir al colegio deben sufragarlo por sí mismo, ya que debido a la falta de fondos públicos para la educación, el 90 por ciento de los colegios son privados.(19) Los servicios de salud públicos son prácticamente inexistentes, especialmente en las zonas rurales. No obstante, las consecuencias de esta carencia de atención médica se ven parcialmente aliviadas por la presencia de varios centenares de médicos y de otros trabajadores de la salud cuyo servicio en puestos de atención médica por todo el país constituye una aportación del gobierno de Cuba. La esperanza de vida es de 54 años, frente a 69,7 años en el resto de Latinoamérica y del Caribe y a 77 años en los países con un índice de «alto desarrollo humano».(20)

En el 2000 la situación se vio exacerbada por los conflictos registrados en el ámbito electoral y político. El temor a la inestabilidad, unido a las decisiones tomadas por el gobierno que provocaron que buena parte de la ayuda internacional humanitaria destinada a Haití no llegara al país, contribuyó a una devaluación del valor del gourde,la divisa local. El resultado fue una mayor disminución del poder de compra, lo que convirtió la subsistencia diaria en un esfuerzo aún mayor para la mayoría de los haitianos.

La situación actual de los derechos humanos

Seguidamente, Amnistía Internacional expone sus preocupaciones en relación con los grupos de seguridad extraoficiales e ilegales, la policía, la justicia, las prisiones y la situación de los defensores de los derechos humanos en Haití. Después de esta sección, Amnistía Internacional formula una serie de recomendaciones al nuevo gobierno del presidente Jean Bertrand Aristide relativas a estos asuntos clave.

A. Violaciones recientes de los derechos humanos cometidas por los grupos de seguridad ilegales

A las amenazas y los actos de intimidación cometidos por los partidarios políticos y la discrepancia de la comunidad internacional en relación con los resultados electorales se añadió una tendencia preocupante en materia de mantenimiento del orden público en varias localidades del país. Al poco de ocupar sus cargos, algunos alcaldes y administradores locales elegidos en los comicios de mayo comenzaron a formar sus propias fuerzas de seguridad armadas extraoficiales, a menudo integradas por partidarios políticos. Estos grupos han sido responsables de violaciones de los derechos humanos. Si bien en algunos casos había claras motivaciones políticas, en otros, los grupos se habían apropiado de las funciones de mantenimiento del orden público, a veces como respuesta a la presión ejercida por los propios partidarios políticos para que se crearan trabajos.(21)

En la legislación haitiana no existe ninguna disposición relativa a que las fuerzas de seguridad públicas estén vinculadas a los cargos elegidos. Tras la disolución de las fuerzas militares, la fuerza de policía, dependiente del Ministerio de Justicia, quedó como el único organismo dedicado a cuestiones de seguridad con rango legal de conformidad con la Constitución de Haití. Su cometido es garantizar el orden público y proteger la vida y las propiedades de los ciudadanos.(22) Por su parte, los alcaldes y los concejales municipales están encargados de cuestiones administrativas y de gestión y dependen del Ministerio del Interior.(23) Dado el historial de Haití, caracterizado por la existencia de una fuerza de seguridad altamente politizada al servicio de los sectores que ejercían el poder político a la que respaldaban unas fuerzas paramilitares extraoficiales igualmente politizadas, la aparición de estas nuevas fuerzas ilegales adscritas a los cargos elegidos es un hecho extremadamente preocupante que, en caso de no afrontarse sin dilación, podría constituir un problema grave para el mantenimiento del Estado de derecho.Tanto el primer ministro de Haití como altos cargos de la justicia, la policía y del poder legislativo han reconocido la gravedad de esta tendencia y se han comprometido a disolver a las fuerzas ilegales y a llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha no parecen haberse producido muchos avances.

Violación del derecho a la integridad física

2 de noviembre, Hinche(24)

El 18 de septiembre del 2000, varios miles de simpatizantes del Movimiento Campesino de Papaye y de partidos de la oposición de la Meseta Central participaron en una marcha pacífica de Papaye a Hinche para llamar la atención sobre sus preocupaciones respecto a la situación de seguridad y política en la Meseta Central. Al parecer, unos desconocidos realizaron varios disparos durante la marcha, aunque no se interrumpió, y nadie resultó herido.

El Movimiento Campesino de Papaye organizó después una reunión en Hinche para discutir motivos de preocupación similares. La reunión se fijó para el jueves 2 de noviembre. Los organizadores escribieron a la Policía Nacional de Haití solicitando protección y difundieron una invitación abierta desde la radio para que la gente acudiera. Durante su visita a la zona al día siguiente de la reunión, los enviados de Amnistía Internacional hablaron con diferentes fuentes tanto de Hinche como de los alrededores para recabar su versión de los hechos.

Se había previsto que la reunión tuviera lugar en el club nocturno Recif, un espacio tapiado con una zona de baile cubierta cerca del mercado de Hinche. Los organizadores de la reunión, la policía y el alcalde de Hinche manifestaron que algunos partidarios de Familia Lavalas y de los organizadores se enfrentaron la mañana del día del acto. Al parecer, los primeros estaban intentando colocar carteles políticos en la zona alrededor del local, a lo que se opusieron los organizadores de la reunión. Según informes, en el altercado resultante, un partidario de Familia Lavalas resultó herido en la mano.

La reunión comenzó aproximadamente a las tres menos cuarto de la tarde y, según informes, participaron varios centenares de personas procedentes de Hinche y de las zonas circundantes. Al parecer, el ambiente fue pacífico. Los participantes informaron de que cuando el acto estaba finalizando, aproximadamente a las cinco y cuarto, comenzaron a ser apedreados desde el patio de una casa cercana, que pertenecía, según algunas fuentes a un empleado del ayuntamiento de Hinche. La agresión continuó durante varios minutos. Al parecer, varios participantes resultaron heridos.

Cuando los participantes comenzaron a salir de la reunión, unos agresores comenzaron a dispararles desde varios puntos. La policía indicó que entre otras se utilizaron armas automáticas tipo Uzi y T65, escopetas de calibre 12 y revólveres de calibre 38. Aunque había asignados cuatro agentes de policía para proteger la reunión, fuentes policiales manifestaron que se vieron sobrepasados en potencia de fuego y que tuvieron que refugiarse con los participantes en la reunión.

Víctima de un ataque con herida de bala. © AI

Al menos cinco personas resultaron heridas como consecuencia de los disparos efectuados contra el local. Cuatro de ellas, dos participantes y dos transeúntes, recibieron los disparos cerca de la salida o en la calle frente al local. Una de las personas ajenas al acto estaba trabajando en un camión estacionado en las proximidades cuando fue sorprendido en la calle donde recibió un disparo en el tobillo derecho. Otro estaba empujando un carro por la calle cuando comenzaron los disparos y recibió un tiro en la espalda. De los participantes heridos, uno de ellos, miembro del Movimiento Campesino de Papaye, de 47 años, sufrió herida de bala en el costado derecho y también fue herido en la mano por las piedras que arrojaban los agresores. Otro participante, un joven partidario del Foro de Diálogo, recibió una herida de bala en el cuello cuando se alejaba del local por la calle. Sus amigos lo trasladaron al hospital local.

Dieugrand Jean Baptiste, hermano de Chavannes Jean Baptiste, dirigente del Movimiento Campesino de Papaye, fue herido de bala dentro del recinto. Según testigos, unos agresores que ellos consideraron que lo habían reconocido dispararon deliberadamente contra él cuando intentaba refugiarse. La bala le penetró la cavidad pectoral, dañándole, según informes, el pulmón izquierdo. Posteriormente lo evacuaron a Puerto Príncipe, donde lo sometieron a una intervención quirúrgica con carácter de urgencia.

Casa del coordinador, quemada por unos agresores armados.

A Chavannes Jean Baptiste lo sacaron a toda prisa del local con la ayuda de sus guardaespaldas. Su séquito se marchó en dos automóviles y ambos recibieron impactos de bala mientras huían del lugar. El alcalde de Hinche manifestó a Amnistía Internacional que, aunque no estuvo presente cuando comenzaron los disparos, creía que los participantes de la reunión se habían disparado entre sí. Esta versión fue rebatida por los participantes en la reunión y por algunas autoridades, que informaron de que los disparos procedieron únicamente de fuera de la reunión, sin que hubiera ningún intercambio de disparos. Varios testigos y autoridades indicaron que el ataque parecía haber sido bien planeado y organizado.

Según informes, entre los autores de los disparos había personal de los ayuntamientos de Hinche y de Maissade, localidad cercana. Algunos testigos indicaron haber visto al alcalde de Maissade entre las personas que dispararon contra la reunión. Según unos testigos, también figuraba entre el grupo de hombres armados que, una vez disuelta la reunión, se dirigieron a la casa del coordinador del partido Foro de Diálogo. La esposa del coordinador y sus cuatro hijos pequeños huyeron por la parte trasera y se escondieron. El alcalde y sus hombres irrumpieron en la casa y la saquearon. Según informes, robaron algunos objetos antes de rociar el resto con gasolina y prender fuego a la casa, dejándola reducida a cenizas.

Motocicletas y bicicletas quemadas en el local Recif

Como se ha indicado anteriormente, el alcalde de Hinche manifestó que no estaba presente en el momento de los disparos. Sin embargo, varias fuentes han indicado que estuvo presente toda la tarde y que amenazó con disparar contra los agentes de la Policía Nacional de Haití que les obstaculizaran de alguna forma a él y a sus hombres. Durante la noche, en el centro de Hinche se oyeron disparos, en algunos casos de armas pesadas, aunque no se registraron más heridos. El grupo que atacó la reunión quemó un camión del Movimiento Campesino de Papaye que se había utilizado para llevar sillas al local, así como cinco motocicletas y dos bicicletas pertenecientes a los participantes. El equipo de sonido utilizado para el acto fue robado.

El alcalde de Hinche informó de que durante los disturbios había detenido al juez de paz de La Victoire, otra localidad, y confiscado su motocicleta tras haberlo encontrado en compañía de los organizadores de la reunión. Manifestó que había tomado medidas para expulsarlo del cargo. Otras fuentes manifestaron que el juez fue golpeado durante el enfrentamiento. Tras el incidente, el alcalde de Maissade afirmó en una emisora de radio que había acudido para «poner orden» en la zona.

Durante los disturbios no se practicó ninguna detención, aunque la policía confiscó las armas de dos miembros del Movimiento Campesino de Papaye esa tarde, según informes debido a que los permisos estaban caducados. Al día siguiente, el juez de paz local llevó a cabo un examen de los daños y envió un informe al fiscal, que a su vez envió un expediente a la oficina de investigación de la fiscalía.

Tras los hechos violentos producidos en la manifestación pacífica y los informes de que los alcaldes de Hinche y Maissade estaban entre los agresores, el primer ministro Alexis realizó una declaración radiofónica en la que recordó a los alcaldes y a otros cargos locales que carecían de competencias en materia de orden público y que la Policía Nacional Haitiana era la única fuerza de seguridad legal. Asimismo, recordó a los funcionarios locales que cualquier intento que llevaran a cabo para crear sus propias fuerzas armadas sería considerado ilegal. El ministro de Justicia Camille Leblanc manifestó a Amnistía Internacional que tenía previsto visitar la zona para investigar el incidente y reunirse con las autoridades locales para explicarles que carecían de facultades para interferir en estos asuntos. No está claro qué medidas se han tomado posteriormente al respecto.

10 al 14 de septiembre del 2000, Petionville

Según informes, a principios de septiembre, unos individuos armados bajo la autoridad del alcalde llevaron a cabo una importante redada en el mercado de Petionville para expulsar a una banda de ladrones que, al parecer, actuaban allí. Algunas de las personas detenidas en la operación manifestaron a Amnistía Internacional que una «brigada» de hombres, en algunos casos armados con revólveres de calibre 38 o con porras, entre los que había al menos un agente de policía uniformado, las habían detenido mientras estaban en el mercado. Varios informaron de que los habían golpeado con las porras y que después los habían atado, vuelto a golpear y cargado en una camioneta blanca perteneciente al ayuntamiento de Petionville.

Calabozo de Petionville, noviembre del 2000.

Los condujeron a la comisaría de Petionville. La policía manifestó a Amnistía Internacional que durante la detención los «agentes del ayuntamiento» habían golpeado brutalmente a algunas personas, que habían llegado a la comisaría con heridas en la cabeza y las piernas.

Asimismo, los agentes de policía reconocieron que, tras las detenciones, el calabozo de la comisaría registraba una situación de grave hacinamiento con 48 hombres y niños en un espacio muy pequeño. Los detenidos presentes en ese momento dijeron que no había suficiente espacio para que todos estuvieran de pie, y no digamos ya sentados, por lo que muchos hombres y niños tuvieron que colgarse de las barras por encima del suelo o tuvieron que colocarse en hamacas improvisadas colgadas del techo. Como manifestó un detenido, «estábamos en el aire, no podíamos dormir». Pasaron más de dos semanas en esas condiciones; cuando comenzaron a protestar seriamente, los agentes de policía los sacaron de la celda y los golpearon. Además de estas lesiones, según informes, varios detenidos fueron trasladados al hospital con grave hinchazón en los miembros a causa de la imposibilidad para moverse en esas condiciones de grave hacinamiento.

El 2 de octubre condujeron a los detenidos a la oficina de la fiscalía de Puerto Príncipe. Dado que no habían sido detenidos según los procedimientos que establece la legislación haitiana, es decir, después de una investigación o en flagrante comisión de un delito, se carecía de información para fundamentar los cargos (por lo general, «asociación de malhechores») formulados contra ellos que figuraban en el registro de la comisaría. El expediente de la causa enviado a los fiscales constaba de una lista de 28 nombres, pero ninguna información que justificara o explicara su detención. Agentes de policía y funcionarios judiciales admitieron a los delegados de Amnistía Internacional durante la visita que realizaron en noviembre del 2000 que las detenciones habían sido ilegales y arbitrarias, y manifestaron su consternación por la falta de respeto mostrado hacia las salvaguardias legales y los procedimientos policiales. Por su parte, los funcionarios del ayuntamiento admitieron a Amnistía Internacional que las detenciones carecían de base legal.

Varias fuentes se refirieron a un incidente ocurrido en septiembre en el que, según informes, la fuerza de seguridad ilegal mató a golpes a un presunto ladrón en las escaleras de una comisaría de policía. Por su parte, el ayuntamiento manifestó que al hombre lo había matado una multitud.

En respuesta a las muestras de preocupación manifestadas por Amnistía Internacional, el ayuntamiento indicó que había tomado la iniciativa de formar este grupo en aras de la seguridad de la zona debido a la incapacidad de la Policía Nacional de Haití. El ayuntamiento manifestó que en ocasiones sus representantes patrullaban con la policía, pero que a veces lo hacían por su cuenta; y que consideraban que su grupo era más eficaz que la policía debido a la eficacia de la red comunitaria de miembros de Familia Lavalas que informaba sobre posibles problemas dentro de la vecindad. El ayuntamiento afirmó que sus agentes habían sido adiestrados por formadores de la policía y que habían recibido materiales de la Policía Nacional de Haití, extremo que negó el director general de la Policía Nacional.

7920 Además, las autoridades locales manifestaron que la policía y los funcionarios judiciales acogían favorablemente estas actividades y las consideraban un apoyo para su propio trabajo. Por su parte, la policía y los funcionarios judiciales locales negaron este extremo. Por el contrario, manifestaron que en su labor diaria se limitaban a tolerar estas actividades e intentar ocuparse de sus consecuencias de la mejor forma posible, pero que les preocupaba la falta de respeto por el marco legal y las garantías que denotaba la existencia de estas fuerzas extraoficiales. También hicieron hincapié ante Amnistía Internacional en que era necesaria una respuesta firme de sus superiores para reducir dichas actividades siempre que se produjeran.

Violaciones del derecho de expresión, asociación y reunión

25 - 26 de noviembre del 2000, Pliché(25)

Según informes, el sábado 25 de noviembre por la tarde, el día anterior a las elecciones presidenciales, un grupo de hombres armados, entre ellos Jean Candio, diputado electo de St. Louis du Sud y Cavaillon, y Martel René y Bailly Vincent, alcalde y teniente de alcalde electos de Cavaillon, entraron en la iglesia católica de Pliché, comuna núm. 4 de Cavaillon, Departamento del Sur, y disolvieron una reunión comunitaria que se estaba celebrando para tratar la cuestión del turismo local. Según algunos informes, llegaron en una furgoneta perteneciente a la oficina local de la compañía telefónica nacional, Teleco, e iban acompañados de al menos un empleado de dicha empresa. Según testigos, al menos siete integrantes del grupo iban armados, y entre las armas había revólveres, escopetas de calibre 12 y ametralladoras tipo Uzi. Exigieron que se cerrara la iglesia, dado que las elecciones presidenciales iban a celebrarse al día siguiente.

Según informes, los hombres propinaron patadas y golpearon a algunos de los hombres presentes en la iglesia y tiraron los bancos y los tiestos. Obligaron a salir a todo el mundo y, una vez fuera, les ordenaron que se tumbaran en el suelo. El párroco, sacerdote Yves Edmond, se resistió. Como respuesta, se ha informado de que varios hombres le apuntaron con sus armas. El alcalde manifestó que iba a prohibir cualquier servicio religioso, incluida la celebración del festival del pueblo, hasta después de las elecciones.

Al día siguiente, los mismos hombres armados regresaron, interrumpieron la misa y ordenaron salir a los fieles. En ningún momento hubo presencia policial.

El padre Yves Edmond llamó a la policía y a los funcionarios judiciales para que intervinieran. El 26 de noviembre, un grupo de 18 sacerdotes del Departamento del Sur, incluido el obispo de Les Cayes, envió una carta directamente al presidente Préval solicitando que los responsables de estos actos de violencia comparecieran ante la justicia y que se proporcionara reparación a la comunidad.

El senador del distrito, Yvon Feuillé de Familia Lavalas, cuestionó esta versión de los hechos y acusó al padre Edmond de apoyar al partido rival, la Organización del Pueblo en Lucha. Por su parte, las autoridades locales implicadas admitieron haber clausurado la iglesia pero negaron haber empleado violencia. La Conferencia Episcopal de Haití condenó el comportamiento de las autoridades. El padre Yvon Massac, influyente miembro de Familia Lavalas, pidió al partido que tomara medidas contra los cargos elegidos en su lista que formaran grupos armados ilegales y presionaran o llevaran a cabo actos de violencia contra otros y sugirió que los cargos implicados en el incidente de Pliché pidieran disculpas a la comunidad. El juez de paz local abrió una investigación. Por su parte, la Cámara de Diputados también envió una comisión de investigación a Pliché. Los resultados de estas investigaciones no se habían hecho públicos en el momento de publicarse este documento.

4 de noviembre, St. Louis du Sud

Según informes, un grupo de hombres armados dirigidos por el alcalde local dispararon al aire para disolver una reunión en la que intervenía Hervé Denis, intelectual haitiano que era ministro de Cultura del gobierno de Aristide en el momento del golpe de Estado de 1991. La reunión fue organizada por el Foro de Diálogo en la comuna de St. Louis du Sud, Departamento del Sur. Los informes señalan que el alcalde indicó que él y sus seguidores la interrumpieron porque había sido organizada sin su autorización. Aunque los presentes elevaron una protesta a las autoridades nacionales, según informes, no se investigó el hecho.

Injerencias en el funcionamiento y la independencia del poder judicial

26 de octubre del 2000, Maissade

A fines de octubre, el alcalde de Maissade y un grupo de simpatizantes se manifestaron y quemaron ruedas en la calle de la plaza principal antes de cerrar el juzgado de Maissade. El alcalde confiscó los materiales y motocicletas que el Ministerio de Justicia había proporcionado al juez de paz y las dejó al cuidado de la policía. Por su parte, la policía no intervino en el cierre del juzgado. Según manifestaron a Amnistía Internacional no tuvieron ninguna participación en el incidente.

Según informes, el alcalde informó al fiscal del Departamento de Hinche de que había cerrado el juzgado porque el juez no estaba afiliado a Familia Lavalas, su partido. Según algunas fuentes, el alcalde inició su presión una vez que el juez de paz dictó dos órdenes de detención por robo contra dos partidarios de Familia Lavalas. El juzgado se cerró después del traslado de los detenidos a la prisión de Hinche. El juez de paz posteriormente se escondió.

El día después del cierre, según parece, un grupo de partidarios de la Organización del Pueblo en Lucha intentó reabrir el juzgado, pero éste volvió a ser cerrado por un grupo de personas que, al parecer, estaban relacionadas con el alcalde. Nadie iba aparentemente armado y no se informó de ningún herido.

El juez de paz envió un informe a las autoridades judiciales del Departamento, con destino al Ministerio de Justicia. Cuando Amnistía Internacional planteó la cuestión ante el ministro de Justicia, éste manifestó que la investigaría.

Según informes, a principios de octubre, partidarios de Familia Lavalas cerraron el juzgado de Cerca Carvajal en circunstancias similares. Como se ha informado anteriormente, el alcalde de Hinche manifestó a Amnistía Internacional que había aprehendido al juez de paz de La Victoire y que le había arrebatado su motocicleta después de descubrirlo en compañía de los organizadores de la reunión que el Movimiento Campesino de Papaye celebró en Hinche el 2 de noviembre.

Con anterioridad ese año, Maissade había sido escenario de enfrentamientos entre partidarios de diferentes partidos. La Coalición Nacional en favor de los Derechos Humanos informó de que, en la mañana del 12 de julio, agentes de la Unidad Departamental de Mantenimiento del Orden habían detenido a cinco miembros del Foro de Diálogo tras recibir unos informes sobre disparos con armas de fuego(26). Según informes, durante la detención, los agentes de la Unidad iban acompañados por miembros de Familia Lavalas en lugar de por agentes de la Policía Nacional de Haití. Tras la detención, al parecer, los agentes de la Unidad permitieron que los miembros de Familia Lavalas que los habían acompañado infligieran malos tratos a los detenidos. Los trasladaron a Hinche al día siguiente y después quedaron en libertad.

B. La conducta de la Policía Nacional de Haití

Información general

Como se ha expuesto anteriormente, tras su regreso del exilio Aristide suprimió las Fuerzas Armadas de Haití. En noviembre de 1994 se constituyó por ley la nueva Policía Nacional de Haití. La creación de la nueva fuerza de policía bajo control civil(27) y con el cometido de garantizar el orden público y de proteger a los ciudadanos haitianos(28) supuso un alejamiento del modelo anterior, caracterizado por la existencia de una fuerza de seguridad pública represiva al servicio de los que ocupaban el poder político.

La nueva fuerza suscitó enormes expectativas. Se cometieron algunas graves violaciones de derechos humanos,(29) pero la publicación en 1995 de un Código de Conducta y la creación de una Inspección General fueron considerados pasos positivos con miras a hacer respetar los derechos humanos dentro de la policía. En septiembre del 2000, se juzgó por primera vez en Haití a unos agentes de policía por violaciones de derechos humanos. Tres agentes y un comisario de policía fueron declarados culpables de la muerte de once hombres en Carrefour-Feuilles, barrio de Puerto Príncipe (véase infra).

Al mismo tiempo, la policía fue objeto de una presión creciente que puso a prueba la profesionalidad y la fuerza de la institución. Esto incluía el aumento del tráfico de drogas a través de Haití; los intentos de algunos sectores políticos por socavar la imparcialidad de la institución, y el incremento de la violencia electoral a lo largo del 2000.(30)

Informes recientes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la policía

Se recibieron algunos informes sobre homicidios ilegales cometidos por la policía en el 2000, así como denuncias de que en algunos casos estaban actuando junto con grupos de seguridad ilegales (véase supra). También se recibieron a menudo informes sobre palizas propinadas a los detenidos por delitos comunes, y durante su visita de noviembre del 2000 Amnistía Internacional halló indicios de varios casos recientes de este tipo.

Los grupos locales de derechos humanos siguieron intentando dar seguimiento a estas denuncias, pero se vieron obstaculizados por la interrupción del funcionamiento de la Inspección General, institución con la que mantenían contactos habituales. Esto ocurrió en abril del 2000, cuando el director de la Inspección General,Luc Joseph Eucher, fue trasladado a un cargo diplomático fuera del país. El cargo permaneció vacío durante casi un año, lo que tuvo como resultado que las investigaciones sobre las presuntas violaciones avanzaran poco o nada.

La demora en el nombramiento de un nuevo director suscitó preocupación sobre el grado de compromiso de la policía con el respeto por las normas de derechos humanos. En vista de otros sucesos que se describen más pormenorizadamente infra, también desencadenó un debate sobre la posible politización del conjunto de las fuerzas de policía, dado que este responsable era uno de los componentes de la jerarquía policial, junto con el director general Pierre Denizé y el secretario de Estado para la Seguridad Pública Robert Manuel, cuya sustitución había sido solicitada a lo largo de 1999 por las organizaciones populares vinculadas a Familia Lavalas y por los dirigentes del partido.(31) A la semana de la toma de posesión de Aristide, se nombró nuevo director de la Inspección General a Jean Baptiste Arvel Victor.

Reacción policial a la violencia electoral

Más que por las violaciones de los derechos humanos que habían cometido, las criticas más frecuentes que durante el 2000 dirigieron los grupos y la prensa local contra la Policía Nacional de Haití se relacionaban con su falta de intervención a la hora de proteger a los ciudadanos de comportamientos perjudiciales, violentos y, en ocasiones, motivados políticamente por parte de otros grupos. Un ejemplo es el ocurrido el 27 de marzo del 2000, cuando unos manifestantes, algunos de los cuales, según informes, afirmaban estar relacionados con Familia Lavalas prendieron fuego a unas ruedas en unas barricadas colocadas en Puerto Príncipe. Se quemó el mercado central y los informes indican que murieron cuatro personas. Al parecer, los manifestantes pedían entre otras cosas la dimisión del Consejo Electoral Provisional. La Policía Nacional de Haití no intervino, lo que llevó a que Amnistía Internacional y otros grupos le pidieran públicamente que cumpliera con su cometido de preservar la seguridad pública de forma profesional e imparcial.(32)

En los días siguientes a las elecciones de mayo, la policía detuvo a unos 30 candidatos y seguidores de la oposición, en algunos casos tras las manifestaciones celebradas contra el presunto fraude electoral cometido por los partidarios de Familia Lavalas. Entre los detenidos estaban Paul Denis, ex senador y candidato a la reelección, de la Organización del Pueblo en Lucha, al que arrestaron en Les Cayes, junto con otras cuatro personas, por cargos de tenencia ilegal de armas de fuego. Posteriormente todos quedaron en libertad.

En junio, la Policía Nacional de Haití volvió a evitar enfrentarse a los manifestantes políticos violentos que afirmaban apoyar a Familia Lavalas y que levantaron barricadas, quemaron ruedas y arrojaron piedras contra los vehículos mientras pedían al Consejo Electoral Provisional la publicación de los resultados finales de las elecciones de mayo. Esta inactividad llevó a que la prensa nacional y otros sectores acusaran a la policía de ineficacia e incluso de simpatizar claramente con los manifestantes. Sin embargo, algunas fuentes policiales indicaron a Amnistía Internacional que parte de esta falta de disposición a intervenir se debía a la reticencia a enfrentarse con unos manifestantes que consideraban que tenían el apoyo tácito del gobierno.

En agosto del 2000, en el contexto de la disputa sobre la metodología del recuento, Estados Unidos anunció que iba a suprimir un programa de capacitación y otras ayudas destinadas a la Policía Nacional de Haití.(33)

En un caso, los agentes de policía intentaron llevar a cabo su función de control del orden público en una reunión política: el 2 de octubre, unos manifestantes, que aguardaban la llegada de Aristide para inscribir su candidatura en Puerto Príncipe, casi lincharon a tres agentes de policía, entre ellos el comisario Delmas, cuando éstos se enfrentaron a un conocido activista de Familia Lavalas que iba fuertemente armado. El comisario posteriormente huyó del país con otros cinco comisarios tras los rumores, por lo general considerados carentes de fundamento, de un plan para llevar a cabo un golpe de Estado. Tras su marcha, los comisarios y directores de Departamento restantes fueron trasladados a otras regiones, lo que dificultó más la labor de proporcionar seguridad durante las elecciones de noviembre. Se emitió una citación para el activista. Al comentar el incidente, el ministro de Justicia afirmó que nadie, independientemente de su filiación política, estaba por encima de la ley y que todo el mundo debía responder por igual ante la justicia.(34) Sin embargo, al publicarse este documento el manifestante todavía no había comparecido ante un juez.

La contratación de policías y la policía rural

Se ha empezado a estudiar la forma de proporcionar servicios policiales en las zonas rurales donde actualmente la Policía Nacional de Haití presta un servicio insuficiente. Dentro de la comunidad de ONG haitianas, y entre los miembros de la policía y la judicatura, existe un acuerdo generalizado en que para evitar el riesgo de politización de la fuerza de seguridad pública, la policía rural no debería estar bajo el control de los cargos locales elegidos sino formar parte de la estructura existente de la Policía Nacional de Haití, dependiente del Ministerio de Justicia. Asimismo, la contratación de nuevos agentes de la Policía Nacional de Haití debe llevarse a cabo de forma apolítica, con el fin de garantizar su carácter imparcial y no partidista.

C. Situación del poder judicial

La falta de una justicia independiente, imparcial y accesible es uno de los mayores impedimentos respecto a los derechos humanos en Haití. El sistema de justicia sigue siendo en gran medida disfuncional, en buena parte debido al legado de las dictaduras del pasado, que utilizaron los tribunales como otra forma de garantizar su control. Además, los esfuerzos llevados a cabo desde la reinstauración de la democracia hace seis años han sido inconexos. Como resultado, el desarrollo y la aplicación de un plan coherente para la reforma de esta institución fundamental es una de las principales labores que se plantean ante los nuevos legisladores haitianos.

Avances en la administración de justicia

En septiembre, el ministro de Justicia invitó a algunas ONG, a la Oficina del Defensor del Pueblo y a otros a participar en un seminario de una semana de duración en la Escuela de la Magistratura para comentar siete proyectos de ley. En ellos se tratan diversas cuestiones como la creación de una unidad de inspección general para vigilar el comportamiento de los funcionarios judiciales; un código de conducta para los jueces; la independencia de la judicatura; la organización de la Escuela de la Magistratura; el narcotráfico; el blanqueo de capitales; y la formación de un consejo de jueces.

El proyecto de ley sobre la independencia de la judicatura es de especial importancia, dado que incluye disposiciones destinadas a garantizar la imparcialidad y el carácter no partidista de los funcionarios judiciales. Por ejemplo, según el artículo 175 de la Constitución de Haití, el presidente nombra a los jueces de paz entre una lista presentada por las Asambleas Comunales. Sin embargo, la disposición 37 del proyecto de ley exige que todos los candidatos sean seleccionados a través de un proceso organizado por la Escuela de la Magistratura, con lo que se garantizará su competencia básica y se evitarán las designaciones puramente políticas.

Progreso importante contra la impunidad

Raboteau

El juicio de Raboteau supuso un hito fundamental en la lucha contra la impunidad en Haití.(35) Al mismo tiempo, los activistas de derechos humanos advirtieron que durante el juicio, el examen diario de las pruebas de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado tuvo como resultado incrementar en general el interés por los derechos humanos entre la opinión pública.

Raboteau es un barrio marginal densamente poblado de Gonaïves, ciudad costera del departamento de Artibonite. Durante el periodo del gobierno de facto de las autoridades militares, sufrió especialmente la represión ejercida por el ejército y los paramilitares debido a su pasado activista y al fuerte apoyo de sus habitantes al presidente derrocado Aristide. Como resultado de una operación conjunta de militares y paramilitares iniciada el 18 de abril de 1994, un número desconocido de personas perdió la vida. Se quemaron y saquearon casas y hombres, mujeres y niños fueron golpeados. Algunos murieron como resultado de los golpes recibidos o por heridas de bala mientras que otros se ahogaron al huir entrando en el mar. Algunos cuerpos nunca se recuperaron, dado que los supervivientes tuvieron que huir de la zona para preservar su propia seguridad.

Los intentos para llevar ante la justicia a los responsables de la matanza se han prolongado varios años. En 1998 había al menos 22 personas detenidas en espera de los resultados de la investigación sobre los delitos cometidos en el curso de la matanza, entre ellos asesinato, intento de asesinato, agresión, tortura, reclusión ilegal, abuso de autoridad, robo, incendio premeditado y destrucción de la propiedad. Se dictaron órdenes de detención contra los dirigentes del golpe de Estado militar de 1991 y otros oficiales militares y dirigentes paramilitares por su presunto papel como organizadores de la matanza. Entre las iniciativas de las autoridades para encontrar a los responsables figuran varios intentos infructuosos para que Honduras, Panamá y Estados Unidos extraditaran a varios sospechosos.

Un miembro del jurado habla durante el juicio de Raboteau.

Tras los encomiables esfuerzos llevados a cabo por el sistema de justicia de Haití, con el apoyo de la Oficina de Abogados Internacionales, el juicio dio comienzo en octubre del 2000. Acudieron más de treinta personas de Raboteau para prestar declaración. Además, cinco expertos internacionales testificaron sobre el contexto represivo en el que se cometió la matanza, la estructura militar implicada y las pruebas periciales disponibles. La Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos; la Comisión de Justicia y Paz y la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Gonaïves, publicaron varios informes conjuntos sobre los avances del juicio, con análisis sobre el funcionamiento del jurado, de los fiscales y de los abogados defensores. La Oficina de Abogados Internacionales también publicó actualizaciones semanales sobre el juicio.

El 9 de noviembre, 16 personas fueron condenadas por participación en la matanza. Doce de ellas, incluido el capitán Castera Cénafils, por aquel entonces jefe militar de Gonaïves, y Jean Tatoune, acusado de pertenecer al grupo paramilitar Frente Revolucionario Armado por el Progreso de Haití (conocido inicialmente como Frente Revolucionario por el Progreso de Haití), fueron condenados a cadena perpetua con trabajos forzados. Los otros cuatro recibieron condenas más cortas de entre cuatro y diez años. A los 16 les impusieron el pago de daños a un fondo para las familias de las víctimas. Seis acusados resultaron absueltos

Treinta y siete de los acusados fueron juzgados en ausencia, entre ellos el general Raoul Cédras, jefe del gobierno militar; Emmanuel Constant, fundador del Frente Revolucionario Armado del Pueblo Haitiano; el jefe de policía Michel François, y el segundo de Cédras, Philippe Biamby. Todos ellos fueron condenados a cadena perpetua con trabajos forzados y al pago de una multa por valor de un millón de gourdes (aproximadamente 43 millones de dólares estadounidenses). En Estados Unidos, las ONG iniciaron una nueva campaña en favor de la extradición a Haití de Emmanuel Constant. En Estados Unidos, a fines del 2000 se detuvo a varios ex militares o paramilitares implicados en violaciones de derechos humanos, entre ellos el ex capitán de la policía militar Jackson Joanis, condenado en ausencia en 1993 por el asesinato de Antoine Izmery, partidario de Aristide.(36)

El ministro de Justicia indicó que las investigaciones estaban en curso con vistas a preparar los juicios de otros bien conocidos casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Carrefour-Feuilles

El 28 de mayo de 1999, en el barrio de Carrefour-Feuilles de Puerto Príncipe, la policía abatió a tiros a 11 personas(37) en circunstancias que indicaban que habían sido ejecutadas sumariamente.(38) La policía afirmó que tres de ellas habían muerto en un tiroteo, pero testigos presenciales declararon que la policía había disparado contra los hombres cuando ya estaban detenidos y se encontraban tumbados en el suelo. Después, según informes, la policía detuvo a otras ocho personas. Los testigos que vieron los cuerpos en el depósito de cadáveres informaron de que diez de los jóvenes habían recibido los disparos en la cabeza, mientras que el undécimo había sido alcanzado en el pecho.

El ministro de Justicia anunció la constitución de una comisión formada por tres jueces para investigar los homicidios de Carrefour-Feuilles. Se detuvo a seis agentes de policía presuntamente implicados, entre ellos Rameau, comisario de Puerto Príncipe, tras su detención y extradición de la República Dominicana. Según informes, otro agente al que se había detenido con anterioridad se fugó. Tras la detención de estos agentes, varios de los cuales habían participado en homicidios anteriores, disminuyeron los informes sobre ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía.

El juicio de los acusados tuvo lugar en septiembre del 2000. Dos agentes de policía resultaron absueltos y otros cuatro, entre ellos el comisario Rameau, fueron condenados a tres años, la pena mínima. Algunas fuentes manifestaron su consternación por la imposición de la pena mínima y por otras circunstancias como la presencia, según informes, de agentes de policía vestidos de civil en la sala del tribunal, lo que en su opinión sirvió para disuadir de acudir a algunos familiares de las víctimas. Sin embargo, en general hubo una reacción positiva ante este primer juicio de agentes de la Policía Nacional de Haití acusados de violaciones de derechos humanos y el rigor de las pruebas acumuladas por la fiscalía, que incluyó pruebas balísticas.

D. Prisiones

Con fecha del 29 de septiembre del 2000, las autoridades de la Dirección de la Administración Penitenciaria de la Policía Nacional de Haití tenían registrados a 4.335 detenidos. Esto representa casi tres veces la capacidad máxima del sistema, que las autoridades sitúan en 1.500.(39) De los detenidos, una quinta parte (20,03 por ciento) había sido juzgada; los demás se encontraban bajo detención preventiva. Entre la población reclusa, el 93,59 por ciento eran hombres, el 4,96 por ciento mujeres y el 1, 45 por ciento niños. Aproximadamente la mitad de los detenidos estaban recluidos en la Penitenciaría Nacional en Puerto Príncipe, cuya capacidad oficial es de 800 reclusos.

Amnistía Internacional observó que los administradores de la Dirección de la Administración Penitenciaria entrevistados continuaban demostrando claros esfuerzos en el campo de los registros y de la gestión, una mejora acusada con respecto a prácticas pasadas. Sin embargo, las condiciones actuales en las prisiones haitianas continuaban sin cumplir las normas internacionales, debido al hacinamiento, la falta de recursos y las instalaciones anticuadas existentes en algunas regiones. Las dificultades en el suministro de comida apreciadas durante la visita llevada a cabo por Amnistía Internacional en 1999 se habían resuelto en parte, por lo que el suministro de comidas se hacía con más regularidad. Algunas autoridades llamaron la atención de Amnistía Internacional respecto a que la atención a las condiciones de detención se veía dificultada por la congelación del presupuesto penitenciario, invariable desde 1995, a pesar de que la población reclusa se había triplicado y de las consecuencias de la inflación.

Durante la visita que Amnistía Internacional llevó a cabo en noviembre del 2000, los funcionarios penitenciarios informaron haber solicitado al ministro de Justicia que asignara jueces a la Penitenciaría Nacional para revisar los expedientes de las causas y pronunciarse sobre si se dejaba en libertad o se juzgaba a los reclusos de las causas presumariales retrasadas. El Ministerio lo encargó formalmente a los jueces y se espera que esto alivie el retraso. En marzo del 2000, según informes, el Ministerio solicitó fondos al gobierno central para poder financiar las iniciativas de reforzamiento de las fiscalías como medio de tratar diligentemente las causas no juzgadas

Continúan los esfuerzos para investigar y castigar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por los guardias penitenciarios. Los funcionarios penitenciarios informaron a Amnistía Internacional sobre un presunto incidente ocurrido en Jacmel en octubre del 2000, en el que, al parecer, un guardia violó a una detenida. El guardia fue detenido en el curso de una investigación interna, después la policía pasó el caso al fiscal para que continuara con la investigación. En el momento de redactarse este informe no se conocía el resultado final de la investigación.

En junio del 2000, la Dirección de la Administración Penitenciaria publicó nuevas normas disciplinarias internas para los guardias penitenciarios. Estas normas, conocidas como Reglamento de Disciplina General, elaboradas con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se consideraron un paso importante para garantizar el respeto de los derechos humanos de los detenidos.

E. La situación de los defensores de los derechos humanos

En varios momentos del 2000, las ONG sufrieron algún tipo de presión, especialmente coincidiendo con sus esfuerzos por conmemorar la vida y obra de Jean Dominique. Un ejemplo ocurrió el 7 de abril, durante una marcha organizada por una coalición de grupos de mujeres para presionar para que se hiciera justicia en relación con la muerte de Jean Dominique y Jean Clause Louissaint y que, según informes, fue interrumpida por unos contramanifestantes que montaron una barricada a la que prendieron fuego y que entonaron eslóganes políticos. Según los informes, la policía estaba presente pero no intervino hasta que los participantes de la marcha solicitaron su protección.

Entrada al patio de Radio Haiti Inter, donde Jean Dominique fue asesinado el 3 de abril del 2000.

Asimismo, a principios de abril, la Coalición Nacional en favor de los Derechos de los Haitianos escribió a las autoridades policiales solicitando una investigación sobre dos casos recientes de vigilancia de su local por parte de unos individuos sin identificar. La organización señaló que esta investigación se hacía más apremiante a la vista del atentado que sufrió en marzo de 1999 Pierre Espérance, director de su organización en Puerto Príncipe, a manos de unos agresores desconocidos que le dispararon.(40)

Fuentes de ONG indicaron que en el 2000 no hubo nuevos episodios de amenazas ni se encontraron escritos con amenazas. Sin embargo, algunos de ellos indicaron que, mientras por lo general se toleran las denuncias de violaciones cometidas por los funcionarios judiciales o la policía, no pueden criticar, por ejemplo, los actos de intimidación o de violencia llevados a cabo por las personas que se presentan como partidarios de Familia Lavalas u otros partidos políticos sin temor a las represalias.

Con relación a sus actividades de vigilancia de la situación de los derechos humanos, varias ONG han informado de que sus contactos con la Policía Nacional de Haití se habían resentido tras el traslado del ex director de la Inspección General, que había nombrado inspectores específicos para atender sus peticiones de información. Según se ha mencionado anteriormente, en febrero del 2001 se nombró un nuevo director y se espera que la situación mejore. La red creada por las ONG para vigilar la situación penitenciaria continuó su trabajo en Fort Liberté, Gonaïves, Les Cayes, Mirebalais, Puerto Príncipe (Fort National) y Port de Paix.

Mientras tanto, el personal de la Oficina del Defensor del Pueblo ha elaborado un proyecto de ley en el que se regularizan sus funciones y los pormenores de sus cometidos.(41)Según informes, de acuerdo con su redacción el proyecto de ley ampliaría el mandato de la institución.

Conclusión y recomendaciones

Amnistía Internacional considera que los seis primeros meses del mandato del presidente Aristide constituyen un periodo clave en Haití. Las iniciativas que su gobierno ponga en práctica para abordar las acuciantes preocupaciones en materia de derechos humanos descritas anteriormente tendrán importantes repercusiones, no sólo para el futuro inmediato, sino para la viabilidad a largo plazo de un clima de respeto a los derechos humanos en Haití. La organización ha elaborado recomendaciones específicas para el nuevo gobierno, que espera que ayuden a formular respuestas a la difícil situación que afronta actualmente el país.

I. Recomendaciones a las autoridades haitianas

Relativas a los grupos de seguridad extraoficiales

1. De acuerdo con las promesas hechas a Amnistía Internacional tras el incidente registrado en Hinche descrito en este documento, la policía y los funcionarios judiciales deben investigar tanto éste como cualquier otro hecho violento cometido por los grupos armados vinculados a cargos elegidos. Los funcionarios presuntamente implicados en violaciones de derechos humanos deben ser suspendidos inmediatamente en espera del resultado de una investigación imparcial e independiente que lleven a cabo las autoridades judiciales pertinentes. Todas las personas implicadas en violaciones de derechos humanos deben ser juzgadas sin dilación con las debidas garantías y el fallo debe hacerse público.

2. La Policía Nacional de Haití, con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, debe garantizar que los grupos de seguridad extraoficiales vinculados a cargos elegidos serán desarmados y disueltos, y debe tomar todas las medidas necesarias para impedir la formación de nuevos grupos de estas características.

0 3. El Ministerio del Interior debe aclarar a los funcionarios locales sus responsabilidades y el límite de su mandato, con el fin de evitar que estos incidentes se repitan en el futuro.

Relativas a la policía

4. Las autoridades haitianas deben tomar todas las medidas posibles para salvaguardar la imparcialidad, la profesionalidad y el principio de rendición de cuentas de la fuerza de policía. La contratación de nuevos miembros debe hacerse de forma que se garantice su imparcialidad política.

5. Las autoridades nacionales deben procurar por todos los medios que en la policía se afiance el ejercicio de sus funciones de mantenimiento del orden público de conformidad con la ley, de modo que la policía pueda llevar a cabo su cometido de preservar la seguridad pública de forma profesional e imparcial.

6. El jefe del Estado, el ministro de Justicia y el director general de la Policía Nacional de Haití deben transmitir de forma clara y rotunda a todos los agentes de policía el mensaje de que no se tolerarán las violaciones de derechos humanos. Los agentes que estén presuntamente implicados en violaciones de derechos humanos deben ser suspendidos en espera del resultado de la investigación imparcial e independiente que se lleve a cabo y el expediente del caso debe pasarse a las autoridades judiciales pertinentes para que prosigan la investigación.

7. Todo el personal de la Policía Nacional de Haití debe conocer plenamente y acatar el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y otras normas internacionales pertinentes.

8. El nuevo inspector general de la Policía Nacional de Haití debe velar por que se refuercen los antiguos vínculos existentes con las ONG y otros miembros de la sociedad civil. Su oficina debe publicar regularmente informes pormenorizados sobre la situación de las investigaciones relativas a los agentes de policía que presuntamente han cometido violaciones de derechos humanos. Debe examinarse la posibilidad de crear una unidad para la presentación de denuncias dentro de la Inspección General con el fin de que el público pueda recurrir más ante dicha unidad.

9. Los debates sobre cualquier unidad de policía nueva, como la policía rural, deben ante todo hacer hincapié en la necesidad de mantener una fuerza pública de seguridad imparcial e independiente.

Relativas a la violencia electoral o política

10. El presidente Aristide debe responder diligente y firmemente a cualquier nuevo acto de violencia, intimidación o intento de politizar las instituciones haitianas que emprendan los partidarios de su propia agrupación política. Debe enviar un mensaje rotundo a todos sus partidarios en el sentido de que esta clase de comportamiento no será tolerado. Asimismo, debe comunicarse a los funcionarios de las instituciones haitianas, particularmente la policía y la judicatura, que se les apoyará para que desempeñen sus funciones de forma profesional e imparcial, incluso cuando esto conlleve actuar contra personas que afirmen ser partidarias de Familia Lavalas.

11. Las autoridades haitianas deben tomar todas las medidas posibles para investigar exhaustiva e imparcialmente los actos de violencia como las explosiones ocurridas en Puerto Príncipe en la semana previa a las elecciones presidenciales, y más recientemente a mediados de enero, y llevar ante los tribunales a los responsables.

Relativas a la justicia

12. En los casos en que los miembros de las anteriores fuerzas militares o paramilitares que actualmente se encuentran en el extranjero regresen a Haití, las autoridades deben hacer todo lo posible para investigar cualquier denuncia de participación en violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y velar por que las personas implicadas en violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado sean juzgadas sin dilación y con las debidas garantías.

13. Las autoridades haitianas deben hacer todo lo posible para concluir positivamente las investigaciones sobre las muertes de Jean Dominique y Jean Claude Louissaint. Todos los funcionarios de justicia y de otros ámbitos que participen en la investigación deben recibir protección y apoyo de modo que puedan llevar a cabo su trabajo de forma íntegra e imparcial.

14. Debe hacerse todo lo posible para fortalecer la independencia, imparcialidad y eficacia del sistema de justicia. Dentro de estos esfuerzos, debe prestarse especial atención a garantizar la imparcialidad y la independencia de los fiscales. La contratación y la formación deben llevarse a cabo de modo que se garantice su imparcialidad política.

15. Cuando las autoridades de la justicia local sean objeto de presión por parte de los activistas políticos, las autoridades locales u otros grupos, las autoridades centrales deben actuar diligente y decididamente para poner fin a dicha presión y apoyar la independencia de los funcionarios judiciales locales.

16. Las autoridades deben dar la mayor prioridad al proceso de reforma judicial, actuando con la mayor rapidez posible en relación con la ley de reforma. Esta reforma debe ajustarse a las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia, y tener en cuenta las normas internacionales de las Naciones Unidas como los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados y las Directrices sobre la Función de los Fiscales.

17. Las autoridades deben hacer todo lo posible por proseguir con los progresos conseguidos en el combate contra la impunidad con los juicios de Raboteau y Carrefour-Feuilles.

Relativas al sistema penitenciario

18. Como objetivo a largo plazo, aunque lo antes posible, las autoridades deben procurar, con la colaboración de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, conseguir condiciones penitenciarias que cumplan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas y otras normas internacionales.

19. Debe hacerse todo lo posible dentro de los sistemas judicial y penitenciario para reducir el grave hacinamiento imperante actualmente en las prisiones haitianas.

20. Debe crearse lo antes posible un centro de rehabilitación independiente para menores, de conformidad con lo establecido por la propia legislación haitiana. Debe hacerse todo lo posible para velar por que el trato que se dispensa a los menores detenidos se atenga completamente a los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Relativas a los defensores de los derechos humanos

21. El gobierno haitiano debe tomar sin dilación medidas eficaces para garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otras figuras públicas que corren peligro por investigar e informar a la opinión pública sobre la cuestión de los derechos humanos.

22. Las autoridades de todos los ámbitos deben comprometerse a investigar las denuncias de amenazas, intimidación o ataques contra defensores de los derechos humanos y llevar a los responsables ante la justicia.

23. El gobierno haitiano debe tomar todas las medidas posibles para garantizar que los principios contenidos en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, se incorporan plenamente en la legislación y en los mecanismos nacionales.

Relativas a otras cuestiones

24. El gobierno haitiano debe ratificar lo antes posible la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los dos Protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, e incorporar dichas normas, así como las que ya ha ratificado, a la legislación nacional, incluida la Constitución.

II. Recomendaciones a los partidos políticos haitianos

1. Los dirigentes de todos los partidos políticos deben responder sin dilación y con firmeza a cualquier acto de violencia, intimidación o intento de politizar las instituciones haitianas por parte de sus partidarios. Los partidos políticos deben tomar todas las medidas posibles para velar por que sus partidarios actúen de conformidad con la ley. En caso de que incurran en actos ilegales, todos los partidos políticos deben facilitar el trabajo de las autoridades para investigar y sancionar su comportamiento.

2. Los partidos políticos y otros grupos deben hacer todo lo posible para facilitar la investigación de los actos de violencia como la colocación de bombas en Puerto Príncipe la semana previa a las elecciones presidenciales, y más recientemente a mediados de enero. Los partidos y otros grupos deben facilitar todos los esfuerzos para someter a juicio a los responsables.

III. Recomendaciones a las autoridades de Estados Unidos y Haití

1. Las autoridades de Estados Unidos deben pasar a las autoridades haitianas cualquier información que posean la Agencia Central de Inteligencia o cualquier otra organización estatal estadounidense que pueda aclarar la identidad de los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en Haití. El Congreso de Estados Unidos debe llevar a cabo una investigación independiente sobre la posible participación directa o indirecta de funcionarios estadounidenses en las violaciones de derechos humanos cometidos en Haití durante el gobierno militar de facto. Cualquier ciudadano estadounidense responsable de esta clase de actos debe rendir cuentas de sus actos.

IV. Recomendaciones a las organizaciones internacionales y a los gobiernos vinculados con Haití

1. Las instituciones internacionales y los países donantes deben asegurar que la repercusión de sus actos en el clima global de respeto por los derechos humanos es la línea directriz de cualquier decisión que tomen relativa a ampliar, modificar o poner fin a sus actividades en el país.

2. Las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y los gobiernos pertinentes deben hacer todo lo posible para entablar un diálogo con el gobierno haitiano sobre la necesidad de vigilar la situación de los derechos humanos y cualquier otra participación en este campo que exija la situación actual en Haití.

3. Las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales deben intentar dar la mayor prioridad posible a la labor de colaborar con la reforma judicial haitiana y reforzar las instituciones clave de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.íúííúí

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(1) Véase el documento de Amnistía Internacional titulado Haití: Entre la espada y la pared: ¿represión militar o invasión extranjera?, Índice AI: AMR 36/33/94/s, de agosto de 1994.

(2) Véanse los documentos de Amnistía Internacional titulados: Haití: Un trabajo inacabado. La justicia y las libertades en peligro, Índice AI: AMR 36/01/00/s, de marzo del 2000; Haití: Hay que seguir pidiendo justicia, Índice AI: AMR 36/02/98/s, de julio de 1998, y Haití: Una cuestión de justicia, Índice AI: AMR 36/01/96/s, de enero de 1996.

(3) El Consejo Electoral Provisional, formado por nueve miembros, fue nombrado por el entonces presidente Préval en marzo de 1999. El artículo 191 de la Constitución de Haití establece la formación de un consejo permanente como institución independiente.

(4) Lavalas, «inundación» en criollo, fue el término utilizado para describir el vasto movimiento popular que llevó a Jean Bertrand Aristide, sacerdote católico, a la victoria electoral en 1990. Fanmi Lavalas(Familia Lavalas) es el nombre actual de su partido político.

(5) Véase el documento de Amnistía Internacional titulado: Haití: Un trabajo inacabado. La justicia y las libertades en peligro, Índice AI: AMR 36/01/00/s, de marzo del 2000.

(6) Véanse los documentos de Amnistía Internacional titulados: «Haiti: Elections must not be marred by violence», Servicio de Noticias en inglés 83/00, Índice AI: AMR 36/005/2000, del 5 mayo del 2000, y «Haiti: Amnesty International urges UN not to abandon Haiti», Servicio de Noticias en inglés 229/00, Índice AI: AMR 36/009/2000, del 4 de diciembre del 2000.

(7) El dictador François Duvalier se mantuvo en el poder desde 1957 hasta su muerte en 1971. El cargo pasó entonces a su hijo Jean-Claude, que fue derrocado en 1986.

(8) Informe del jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Haití al Consejo Permanente de la organización, 13 de julio del 2000, párrafo 9.

(9) Véase el documento de AI titulado «Haití: Amnistía Internacional solicita una respuesta inmediata a las amenazas de violencia política», Servicio de Noticias 07/01, Índice AI: AMR 36/001/2001/s, del 11 de enero del 2001.

(10) El texto del discurso se publicó en «Haiti: opposition’s provisional president Gourgue addresses nation», BBC, del 14 de febrero del 2001.

(11) El mandato de la misión civil internacional de apoyo de las Naciones Unidas en Haití comenzó en marzo del 2000, pero debido a las limitacioens económicas y de otra índole, los primeros asesores de sus tres «pilares», policía, justicia y derechos humanos, no se enviaron hasta junio.

x2880 (12) Véase el documento de Amnistía Internacional titulado: «Haiti: Amnesty International urges UN not to abandon Haiti», Servicio de Noticias en inglés 229/00, Índice AI: AMR 36/009/2000, del 4 de diciembre del 2000.

(13) Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Francia y Venezuela.

(14) «EU sanctions Haiti over non-respect for democracy - ACP», Agence France Presse, 6 de febrero del 2001; y «Gel de l’aide de l’Union Européenne», Haiti on Line, del 2 de febrero del 2001. El Acuerdo de Cotonou es un acuerdo comercial de 20 años de duración suscrito el 21 de junio del 2000 entre países de la Comunidad Europea y África, el Caribe y el Pacífico en sustitución de la Convención de Lomé. El fin del acuerdo es promover y agilizar el desarrollo económico, cultural ysocial de los países de África, el Caribe y el Pacífico, con vistas a contribuir a la paz y la seguridad y promover un entorno político estable y democrático (Acuerdo de Cotonou, 21 de junio del 2000, artículo 1.)

(15) «Le gouvernement américain maintient sa position sur la crise», transcripción de Radio Métropole, 22 de febrero del 2001.

(16) Informe sobre Desarrollo Humano 2000: Derechos Humanos y Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este informe se basa en estimaciones y cifras de 1998.

(17) Op. cit.,Índice de Desarrollo Humano, 2000. El producto interno bruto per capita en Haití es de 1,383 dólares frente a los 6,510 dólares en la región y a los 21,799 dólares en los países con un índice de «alto desarrollo humano».

(18) Op. cit.,Índice de Desarrollo Humano, 2000.

(19) Entrevista con la Plataforma Haitiana en Defensa de un Desarrollo Alternativo, Puerto Príncipe, noviembre del 2000.

(20) Op. cit.,Índice de Desarrollo Humano, 2000.

(21) En un caso, a principios de noviembre, las emisoras de radio de Puerto Príncipe emitieron declaraciones del segundo teniente de alcalde de la ciudad anunciando la creación de brigadas de seguridad fuertemente armadas con el fin de proteger los mercados y los lugares públicos. Las emisoras de radio señalaron que en las semanas previas se habían celebrado ante la alcaldía manifestaciones violentas protagonizadas por jóvenes partidarios del partido que había formado el ayuntamiento para pedir trabajos. Las emisoras se preguntaron hasta qué punto la decisión de crear las nuevas brigadas armadas no se vio influida por la necesidad de responder a la presión de los manifestantes.

(22) Véanse los artículos 269 y 269.1.

(23) Decreto del 22 de octubre de 1982 sobre la organización y el funcionamiento municipales, artículo 5.

(24) Véase el documento de Amnistía Internacional titulado «Haití: El gobierno debe actuar para desmantelar a los grupos armados», Servicio de Noticias 214/00, Índice AI: AMR 36/08/00/s, del 10 de noviembre del 2000.

(25) La información sobre este incidente la proporcionaron las ONG haitianas Red del Sur para la Defensa de los Derechos Humanos y Coalición Nacional en favor de los Derechos Humanos y también apareció en la prensa.

(26) Carta abierta de la Coalición Nacional en favor de los Derechos Humanos al Consejo Superior de la Policía Nacional de Haití, 17 de agosto del 2000, reproducida en Haiti Online, 28 de agosto del 2000.

(27) Según el artículo 269 de la Constitución de Haití: «la policía es un cuerpo armado. Su funcionamiento depende del Ministerior de Justicia».

(28) Artículo 269-1 de la Constitución de la República de Haití: «La policía se crea para garantizar el orden público y la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos. Su organización y su funcionamiento se regulan por ley».

(29) Véanse los informes de Amnistía Internacional titulados: Haití: Un trabajo inacabado. La justicia y las libertades en peligro, Índice AI: AMR 36/01/00/s, de marzo del 2000; Haití: Hay que seguir pidiendo justicia, Índice AI: AMR 36/02/98/s, de julio de 1998; y Haití: Una cuestión de justicia, Índice AI: AMR 36/01/96/s, de enero de 1996.

(30) Véase el documento de Amnistía Internacional titulado Haití: Un trabajo inacabado. La justicia y las libertades en peligro, Índice AI: AMR 36/01/00/s, de marzo del 2000.

(31) Véase el documento de Amnistía Internacional titulado Haití: Un trabajo inacabado. La justicia y las libertades en peligro, Índice AI: AMR 36/01/00/s, de marzo del 2000. Robert Manuel dimitió y abandonó Haití en octubre de 1999.

(32) Véase el documento de Amnistía Internacional titulado «Haití: violencia política», Servicio de Noticias 061/00, Índice AI AMR 36/04/00/s, del 30 de marzo del 2000.

(33) «U.S. halts Haitian Program», AP, 8 de agosto del 2000,: «El ministro haitiano relativiza la decisión tomada por el gobierno estadounidense de poner fin al programa de ayuda y de formación para la Policía Nacional Haitiana» (Agence Haïtienne de Presse, 4 de agosto del 2000).

(34) «Haití: El ministro de Justicia promete continuar con los casos de Cadavre, Raymond», sitio web Metropole según informó la BBC, 18 de enero del 2001.

(35) Véase el documento de Amnistía Internacional titulado: «Haití: El juicio de Raboteau, una oportunidad de arremeter contra la impunidad», Servicio de Noticias 188/00, Índice AI: AMR 36/07/00/s, del 3 de octubre del 2000.

(36) Haití: Hay que seguir pidiendo justicia,Índice AI: AMR 36/02/98/s, de julio de 1998; «Haití: Relato presencial de una ejecución extrajudicial», Servicio de Noticias 146/93, Índice AI: AMR 36/WU 03/93/s, del 4 de noviembre de 1993, y la Acción Urgente 321/93, Índice AI: AMR 36/20/93/s, del 13 de septiembre de 1993.

(37) Las víctimas fueron: Monfils «Calypso» Alexandre; Issé «Ti-Tonton» Austin; «Dadou»; Lionel «Nene» Louis; Dieumaitre Charles; Dieunord Voltaire; Michael Louis; Eddy «Rasta» Saint Jean; Saint Fils Gilles; Mira Registre, y Joseph Gilbert Gilles.

(38) Véase el documento de Amnistía Internacional titulado Haití: Un trabajo inacabado. La justicia y las libertades en peligro, Índice AI: AMR 36/01/00/s, de marzo del 2000, y la Acción Urgente 129/99, Índice AI: AMR 36/05/99/s, del 3 de junio de 1999.

(39) Entrevista, Puerto Príncipe, del 9 de noviembre del 2000.

(40) Véanse Haití: Un trabajo inacabado. La justicia y las libertades en peligro, Índice AI: AMR 36/01/00/s, de marzo del 2000, y la Acción Urgente 45/99, Índice AI: AMR 36/01/99/s, del 10 de marzo de 1999.

(41) La Constitución de 1987 establecía la Oficina, que se inauguró en noviembre de1997.

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