[Embargado hasta: 3 de marzo de 2004]Público

Amnistía Internacional

Haití

Los autores de abusos en el pasado ponen en peligro los derechos humanos y el restablecimiento del Estado de derecho

SC/CC/CO/GR			Resumen
Índice AI: AMR 36/013/2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR360132004

En las últimas semanas, Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente su gran preocupación ante la presencia entre los líderes de las fuerzas rebeldes que se están moviendo libremente por la capital, Puerto Príncipe, de individuos como Louis Jodel Chamblain y Jean Pierre Baptiste ('Jean Tatoune'), conocidos y condenados por los abusos contra los derechos humanos que han cometido.

Entre los presos que escaparon de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe el pasado domingo 29 de febrero, amparados por el desorden que reinaba tras la marcha del presidente Jean Bertrand Aristide de Haití, se encuentran ex líderes militares o paramilitares sobre los que pesan acusaciones formales o condenas por participar en violaciones graves de derechos humanos. En este informe, Amnistía Internacional facilita información detallada sobre seis de los presos escapados, con datos relativos a su implicación en procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos en el pasado. Amnistía Internacional teme que estos presos puedan unirse a sus antiguos compañeros de las fuerzas rebeldes, logrando acceder así a las armas y posiblemente a puestos de influencia desde donde puedan seguir cometiendo violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional siente una profunda preocupación por los posibles ataques que a modo de represalia pueden cometer los autores de violaciones de derechos humanos que se han escapado y pide a la comunidad internacional y a la Fuerza Multinacional Provisional recientemente desplegada que garanticen la seguridad de los valientes jueces, fiscales, agentes de policía, testigos y defensores de los derechos humanos implicados en los primeros juicios.

Además, Amnistía Internacional pide urgentemente a la comunidad internacional que garantice la detención y el comparecimiento ante los tribunales haitianos de aquellas personas conocidas por su espantoso historial de abusos y con condenas pendientes por violaciones de derechos humanos, así como de aquellos sobre los que pesan acusaciones formales por estos delitos. Los individuos que escaparon de la cárcel deben ingresar de nuevo en ella. La legislación haitiana concede a los autores de abusos condenados in absentiala oportunidad de que se celebre un segundo juicio, por lo que las personas mencionadas deben permanecer detenidas hasta ese momento.

Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a garantizar, como cuestión prioritaria, que en ningún caso se permite a individuos declarados culpables de cometer o participar en graves abusos contra los derechos humanos ocupar un puesto de autoridad, ya sea en un gobierno provisional o en las fuerzas de seguridad, desde el cual podrían cometer más abusos. De igual modo, la organización insta a que no se ofrezca ninguna amnistía por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado como parte de un acuerdo político con las fuerzas rebeldes.

Amnistía Internacional cree que la comunidad internacional no debe de ninguna de las maneras legitimar o consolidar en el poder, inadvertidamente, a los autores de abusos contra los derechos humanos que han sido acusados o condenados; de hacerlo, se estaría socavando irremediablemente el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos en Haití justo en la génesis de un proceso internacional comprometido públicamente con esos mismos principios.

Este informe resume un documento titulado HAITÍ: Los autores de abusos en el pasado ponen en peligro los derechos humanos y el restablecimiento del Estado de derecho (Índice AI: AMR 36/013/2004), publicado por Amnistía Internacional el 3 de marzo de 2004. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo. Pueden encontrar amplia documentación sobre éste y otros asuntos en el sitio web de Amnistía Internacional <http://www.amnesty.org>, así como recibir comunicados de prensa por correo electrónico en <http://web.amnesty.org/ai.nsf/news>.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[Embargado hasta: 3 de marzo de 2004]

Público

Amnistía Internacional

Haití

Los autores de abusos en el pasado ponen en peligro los derechos humanos y el restablecimiento del Estado de derecho

ÍNDICE

1. Introducción: reaparición en Haití de personas acusadas o condenadas por cometer violaciones de derechos humanos. 1

Es necesario que la comunidad internacional y su Fuerza Multinacional Provisional (FMP) actúen urgentemente. 3

2. La historia se repite: la intervención multinacional diez años atrás y sus consecuencias a día de hoy. 4

3. Medidas tomadas después de 1994 para hacer rendir cuentas a los autores de sus delitos 5

Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia 5

El juicio por la masacre de Raboteau 5

El juicio de los acusados del homicidio de Antoine Izméry 6

Los documentos del FRAPH 7

4. Individuos declarados culpables de violaciones de derechos humanos en el pasado se encuentran ahora en Haití 7

Miembros del FRAPH condenados se encuentran ahora entre los líderes de las fuerzas rebeldes 8

Tres oficiales de las FADH devueltos por Estados Unidos a Haití tras el juicio de Raboteau han escapado

de la Penitenciaría Nacional 9

Otras personas acusadas o condenadas por haber cometido violaciones de derechos humanos que, según los informes, escaparon de la cárcel durante los recientes disturbios 10

5. Recomendaciones 12

Haití

Los autores de abusos en el pasado ponen en peligro los derechos humanos y el restablecimiento del Estado de derecho

1. Introducción: reaparición en Haití de personas acusadas o condenadas por cometer violaciones de derechos humanos.

Uno de los avances más significativos en materia de derechos humanos logrados durante los años que siguieron al regreso de la democracia a Haití en octubre de 1994 fue la celebración de varios juicios de casos destacados relacionados con atroces violaciones cometidas en el pasado. Estos juicios fueron fundamentales, no sólo como medio para garantizar que se destapaba la verdad sobre dichas violaciones, sino también como prueba fehaciente, de cara a una población haitiana que había sido objeto de una violenta represión a gran escala, de una nueva situación en la que reinaría el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.

El hecho de hacer rendir cuentas por los delitos cometidos a los miembros de las disueltas fuerzas armadas haitianas (Forces Armées dHaití, FADH) y del grupo paramilitar Frente Revolucionario Armado por el Progreso de Haití (Front Révolutionnaire Armé pour le Progrès d'Haïti, FRAPH)(1) fue un hecho casi sin precedentes en la historia de Haití. Los juicios de las personas implicadas en violaciones tan graves como la masacre de Raboteau en 1994 y el asesinato del activista en favor de la democracia Antoine Izméry en 1993 avivaron las esperanzas de que, por primera vez, podía romperse el ciclo de violencia política.

Sin embargo, los augurios para el futuro de los derechos humanos en Haití no son nada halagüeños, ya que algunos de los condenados por dichos delitos caminan de nuevo libres por Haití y otros han vuelto a aparecer como comandantes de los grupos rebeldes.

En las últimas semanas, Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente la gran preocupación que siente por la presencia entre los líderes de las fuerzas rebeldes de individuos como Louis Jodel Chamblain y Jean Pierre Baptiste ('Jean Tatoune'), conocidos y condenados por cometer abusos contra los derechos humanos.

Las mencionadas fuerzas rebeldes tienen el control efectivo de gran parte del país y se les ha permitido entrar en la capital a pesar de la presencia de la Fuerza Multinacional Provisional. El principal líder rebelde, Guy Philippe, un ex militar y en su día director general de la Policía Nacional haitiana que huyó del país en el año 2000, ha manifestado, según informes, que confía en que se les concederá una posición destacada e influyente en la vida pública.

La rebelión estalló el 5 de febrero con ataques por parte de los rebeldes a la comisaría de policía y otros edificios públicos de Gonaïves, en el departamento de Artibonite. Luego fue extendiéndose rápidamente a otras zonas del norte y centro del país y en un plazo de dos semanas se había expulsado a las autoridades gubernamentales de más de la mitad del territorio nacional. Los rebeldes declararon que tenían la intención de tomar la capital de Puerto Príncipe. Los informes sobre abusos contra los derechos humanos cometidos por las dos partes contendientes durante los ataques hablan de violaciones de todo tipo, desde homicidios ilegítimos hasta detenciones arbitrarias.

Entre los presos que escaparon de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe el domingo 29 de febrero, amparados por el desorden que reinaba tras la marcha del presidente Jean Bertrand Aristide de Haití, se encuentran otros autores de abusos condenados en los citados juicios por haber participado en las mismas violaciones de derechos que Louis Jodel Chamblain y "Jean Tatoune". Amnistía Internacional teme que estos presos puedan unirse a sus antiguos compañeros de las fuerzas rebeldes, logrando acceder así a las armas y posiblemente a puestos de influencia desde donde podrían seguir cometiendo violaciones de derechos humanos.

Es necesario que la comunidad internacional y su Fuerza Multinacional Provisional (FMP) actúen urgentemente.

El Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 1529 (2004) del 29 de febrero de 2004, ordenó el envío de una Fuerza Multinacional Provisional, cuyo despliegue comenzó ese mismo día y que actualmente se compone de tropas francesas, canadienses y estadounidenses. La misión de la FMP consiste, entre otras cosas, en ayudar a las fuerzas de seguridad haitianas "a fin de establecer y mantener la seguridad y el orden públicos, y de promover y proteger los derechos humanos"(2)..Hay que señalar que la resolución también dice que "quienes violen los derechos humanos serán responsables a título individual y no habrá impunidad para ellos"(3).

Dada la presencia en Haití de un creciente número de personas acusadas o condenadas como autores de violaciones de derechos humanos, a Amnistía Internacional le preocupa, en el plazo más inmediato, la necesaria protección de los valientes jueces, fiscales y funcionarios policiales implicados en los primeros juicios frente a posibles ataques que a modo de represalia pueden cometer aquellos a quienes intentaran llevar ante la justicia. La organización pide a la Fuerza Multinacional Provisional recientemente desplegada que garantice la seguridad de todos los funcionarios policiales y judiciales que están en peligro, así como de todos los testigos y defensores de los derechos humanos implicados en los casos. Asimismo, deben protegerse la documentación y los expedientes judiciales relativos a los abusos cometidos en el pasado.

Además, Amnistía Internacional pide urgentemente a la comunidad internacional que garantice a través de su Fuerza Multinacional Nacional, la detención y el comparecimiento ante los tribunales haitianosde aquellos individuos conocidos por su espantoso historial de abusos y con condenas pendientes por violaciones de derechos humanos, así como de aquellos sobre los que pesan acusaciones formales por estos delitos. Los individuos que escaparon de la cárcel deben ingresar de nuevo en ella. La legislación haitiana concede a los autores de abusos condenados in absentiala oportunidad de que se celebre un segundo juicio, por lo que las personas mencionadas deben permanecer detenidas hasta ese momento.

Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a garantizar, como cuestión prioritaria, que en ningún caso se permite a individuos declarados culpables de cometer o participar en graves abusos contra los derechos humanos ocupar un puesto de autoridad, ya sea en un gobierno provisional o en las fuerzas de seguridad, desde el cual podrían cometer más abusos. La comunidad internacional no debe de ninguna de las maneras legitimar o consolidar en el poder, inadvertidamente, a los autores de abusos contra los derechos humanos que han sido condenados; de hacerlo, se estaría socavando irremediablemente el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos en Haití justo en la génesis de un proceso internacional comprometido públicamente con esos mismos principios.

Por último, Amnistía Internacional insta urgentemente a la comunidad internacional a garantizar que no se va a ofrecer ninguna amnistía por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasadocomo parte de un acuerdo político con las fuerzas rebeldes.

2. La historia se repite: la intervención multinacional diez años atrás y sus consecuencias a día de hoy.

Tras el golpe de Estado de 1991 que derrocó al entonces recién elegido presidente Jean Bertrand Aristide, el ejército haitiano y sus aliados, que ya eran harto conocidos por su extenso historial de violaciones de derechos humanos, mantuvieron el control haciendo uso de una extremada brutalidad y numerosas violaciones de derechos humanos.

Entre las fuerzas que participaron en el golpe de Estado se encuentran las Fuerzas Armadas de Haití (Forces Armées dHaití, FADH), encabezadas por el general Raoul Cédras como su comandante en jefe; la policía militar, dirigida por el jefe de policía Michel François; los attachés, que son auxiliares civiles armados del ejército; los tristemente célebres jefes de policía rural o chefs de section,a quienes Aristide desarmó y colocó bajo el mando de la autoridad civil, pero que fueron restituidos tras el golpe; y, desde 1993, una organización paramilitar denominada Frente Revolucionario Armado por el Progreso de Haití (Front Révolutionnaire Armé pour le Progrès dHaití, FRAPH), encabezada por Emmanuel Toto Constant.

Las fuerzas de seguridad abrieron fuego deliberada e indiscriminadamente contra las multitudes, asesinando a cientos de civiles que no iban armados(4). Muchos de los sospechosos de haber apoyado a Aristide fueron golpeados, encarcelados o asesinados; las comunidades más pobres y las organizaciones de base, donde el presidente derrocado había encontrado el mayor respaldo, constituyeron un objetivo particularmente perseguido por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares.(5)

En 1994, cientos de miles de haitianos vivían en marronage (en la clandestinidad) y otras tantas decenas de miles de ciudadanos habían intentado salir del país, casi siempre como "refugiados del mar", en frágiles embarcaciones improvisadas con dirección a Estados Unidos(6). Muchos de ellos murieron en el mar o fueron interceptados y devueltos a su país, con el incumplimiento que ello supone de las normas internacionales. La presión pública generada a raíz de esta situación contribuyó a que se tomara la decisión, materializada en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, de enviar una fuerza de intervención multinacional en septiembre de 1994, que restableció a Aristide en el poder un mes más tarde. Muchos de los líderes militares y paramilitares responsables de la represión huyeron de Haití y actualmente viven exiliados en Estados Unidos y otros países.

3. Medidas tomadas después de 1994 para hacer rendir cuentas a los autores de sus delitos.

Al recuperarse el orden constitucional, se pusieron en práctica diferentes medidas para tratar la cuestión de las violaciones cometidas en el pasado y sus repercusiones.

Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia

En diciembre de 1994, un decreto presidencial daba origen a la Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia (Commission nationale de vérité et de justice). La Comisión quedó oficialmente inaugurada en marzo de 1995 y su tarea era "establecer globalmente la verdad en torno a las violaciones más graves de los derechos humanos cometidas entre el 29 de septiembre de 1991 y el 15 de octubre de 1994 tanto en el interior como en el exterior del país y ayudar a la reconciliación de todos los haitianos, sin perjuicio de los recursos que pudieran interponerse por dichas violaciones"(7).

El juicio por la masacre de Raboteau

Raboteau, un barrio marginal y densamente poblado que se extiende a lo largo de la costa de Gonaïves, se vio particularmente azotada por la represión del ejército y los grupos paramilitares debido a su pasado activista y el firme apoyo que sus habitantes prestaron al desbancado presidente Aristide. Se calcula que 20 personas perdieron la vida en una operación conjunta entre militares y paramilitares que comenzó el 18 de abril de 1994. Se saquearon casas y se les prendió fuego, y se golpeó a hombres, mujeres y niños. Algunos murieron a consecuencia de los golpes o por heridas de bala, y otros se ahogaron al intentar salvarse tirándose al mar. Algunos cuerpos no llegaron a recuperarse nunca, ya que los sobrevivientes tuvieron que escapar de la zona por su propia seguridad.

Durante años persistieron los esfuerzos por llevar a los responsables de la masacre ante la justicia. En 1998, había al menos 22 personas detenidas esperando el resultado de las investigaciones en torno a los delitos cometidos en Raboteau, incluidos asesinato, intento de asesinato, agresión, tortura, encarcelamiento ilegítimo, abuso de la autoridad, robo, incendio premeditado y destrucción de bienes. Se dictaron órdenes de detención contra los líderes del golpe de Estado militar de 1991 y contra otros altos cargos militares y líderes paramilitares por su supuesta participación en la planeación y organización de la masacre. Las autoridades hicieron todo lo posible por perseguir a los responsables, como intentar, aunque sin éxito, extraditar a varios sospechosos de Honduras, Panamá y Estados Unidos.

El juicio comenzó en octubre del año 2000 y contó con la asistencia de 30 personas procedentes de Raboteau en calidad de testigos; además, cinco expertos internacionales independientes testificaron acerca del clima de represión en el que tuvo lugar la masacre, la estructura militar involucrada y las pruebas forenses disponibles.

El 9 de noviembre de 2000, 16 personas fueron declaradas culpables de haber tomado parte en la masacre, de las cuales 12 fueron condenadas a cadena perpetua y trabajos forzosos y a las otras cuatro se les impusieron penas más cortas de entre 4 y 10 años de cárcel. Además, todos tuvieron que pagar una indemnización por daños y perjuicios a través de un fondo destinado a las familias de las víctimas. Seis de los acusados fueron absueltos.

A 37 de los acusados, entre los que se encontraban el jefe del gobierno militar, general Raoul Cédras, el líder fundador del FRAPH, Emmanuel Constant, el jefe de policía Michel François y la mano derecha de Cédras, Philippe Biamby, se los juzgó in absentia. A todos se los condenó a cadena perpetua con trabajos forzosos y se los multó con el pago de un billón de gourdes (aproximadamente 43 millones de dólares estadounidenses). Sin embargo, siguieron en libertad.

El juicio de los acusados del homicidio de Antoine Izméry

Antoine Izméry era un empresario y destacado seguidor del presidente Aristide que murió por disparos el 11 de septiembre de 1993 en la iglesia del Sagrado Corazón de Puerto Príncipe cuando asistía a una misa en recuerdo de la masacre ocurrida cinco años atrás(8). Unos hombres armados irrumpieron en la iglesia y obligaron a Antoine Izméry a salir con ellos al exterior; una vez afuera, le hicieron arrodillarse para, a continuación, dispararle dos veces en la cabeza.

El 25 de agosto de 1995, Gérard Gustave, conocido como "Zimbabue", que solía trabajar como attachépara el ejército haitiano, fue condenado a trabajos forzosos de por vida por el asesinato de Antoine Izméry. El 25 de septiembre de ese mismo año se juzgó in absentiaa otras 17 personas, según la cifra que se maneja, en relación con el mismo caso. Siete de ellas fueron condenadas a trabajos forzosos de por vida, entre ellas Louis Jodel Chamblain, segundo líder del FRAPH, y Jackson Joanis, ex capitán de la policía militar. Se pensaba que la mayor parte de los acusados vivía en el extranjero en el momento de celebrarse el juicio, principalmente en la vecina República Dominicana.

Los documentos del FRAPH

Comúnmente se cree, y él mismo así lo afirma, que Emmanuel Constant, líder del FRAPH, estuvo a sueldo y a las órdenes de la Agencia Central de Información estadounidense (CIA) durante el golpe de Estado. Emmanuel Constant vive en Estados Unidos sin necesidad de ocultarse. A resultas de una demanda por daños y perjuicios interpuesta contra él por Alerte Belance, una mujer haitiana que vive en Estados Unidos, por una presunta agresión por parte de miembros del FRAPH en el año 1993, se descubrió que obraban en poder de las autoridades estadounidenses decenas de miles de pe1ginas de documentos que la Fuerza Multinacional(9) había sustraído de las oficinas del FRAPH en octubre de 1994. Gracias a la presión ejercida por abogados estadounidenses, el Departamento de Defensa de Estados Unidos admitió que estaba reconsiderando la desclasificación de los documentos secretos o reservados.

En octubre de 1995, el Senado haitiano recabó la ayuda de las organizaciones internacionales de derechos humanos con el fin de recuperar documentos que se consideraban esenciales para los procesos contra los miembros del FRAPH, así como para la labor de la Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia. En diciembre de 1995, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que devolverían los documentos, no sin antes haberlos revisado y haber borrado los nombres de ciudadanos estadounidenses que apareciesen en sus páginas, aunque no descartó la posibilidad de que Washington se quedara con algunos de ellos.

En octubre de 1996, se remitió parte del material a la embajada estadounidense en Puerto Príncipe, pero, según los informes, el gobierno haitiano se negó a aceptarlo alegando que no estaban intactos. En el mes de octubre de 2001, Aristide declaró públicamente que se habían devuelto los documentos. Sin embargo, desde la devolución, no se ha celebrado ningún otro juicio en relación con el periodo de tiempo en cuestión.

4. Individuos declarados culpables de violaciones de derechos humanos en el pasado se encuentran ahora en Haití.

Amnistía Internacional siente una profunda preocupación por la reaparición en Haití de muchos individuos relacionados con violaciones de derechos humanos en el pasado, pertenecientes a diversos grupos.

Miembros del FRAPH condenados se encuentran ahora entre los líderes de las fuerzas rebeldes

© AP. Louis-Jodel Chamblain, a la izquierda, y Guy Philippe con combatientes de las fuerzas rebeldes el 29 de febrero de 2004.

A finales del año 1994, las autoridades haitianas dictaron órdenes de arresto contra Emmanuel Constant, el ex líder del grupo paramilitar FRAPH, y contra su adjunto, Louis Jodel Chamblain, en relación, según los informes, con una investigación judicial en torno a la comisión por parte del FRAPH de violaciones de derechos humanos(10). Ambos huyeron al extranjero(11).

Louis Jodel Chamblain fue declarado culpable in absentiatanto en el juicio por la masacre de Raboteau como en el juicio por el homicidio de Antoine Izméry; en ambos se lo condenó a trabajos forzosos de por vida.

Al parecer, estuvo fuera de Haití hasta el 14 de febrero de 2004, fecha en que concedió una entrevista a una emisora de radio haitiana para anunciar que se había unido al movimiento armado que pretendía derrocar al presidente Jean Bertrand Aristide. Lo acompañaba el ex director general de la Policía Nacional haitiana, Guy Philippe; en la actualidad se habla de estos dos hombres como los líderes de las fuerzas rebeldes y recientemente se los vio al frente del grupo rebelde que entró en Puerto Príncipe tras la marcha de Aristide.

		Jean Pierre Baptiste ('Jean Tatoune') es otro miembro del FRAPH declarado culpable por participar en la masacre de Raboteau. Tras dictarse la condena, fue recluido en la prisión de Gonaïves. De acuerdo con los informes, lo que desencadenó la masacre de Raboteau de 1994 fue un intento de detener a Amiot "Cubain" Métayer, un activista partidario de Aristide(12). Métayer se escondió, pero regresó a Gonaïves cuando se reinstauró el orden constitucional y, según se informa, desde allí dirigió a un grupo armado de partidarios de Aristide.
© AP. Amiot Métayer, a la izquierda, junto a Jean Pierre Baptiste ('Jean Tatoune'), a la derecha, en Raboteau, un barrio marginal costero de Gonaïves, Haití, el 3 de agosto de 2002.

El 3 de julio de 2003, Métayer fue detenido en Gonaïves por su relación, según se informa, con el homicidio del guarda que vigilaba la sede de un partido de la oposición(13). Se lo trasladó a Puerto Príncipe, pero al cabo de unos días durante los cuales sus seguidores provocaron disturbios callejeros, fue reingresado en la cárcel de Gonaïves, que fue asaltada por sus seguidores días más tarde. Además de Métayer, se cree que han escapado más de 150 presos, entre ellos "Jean Tatoune". Métayer y Jean Tatoune dirigieron sendos grupos armados contrarios entre sí durante los enfrentamientos registrados posteriormente entre partidarios y detractores del gobierno a finales del año; ambos grupos habían sido acusados de cometer abusos contra los derechos humanos.

No obstante, a veces daba la impresión de que ambos líderes habían limado sus diferencias y que colaboraban el uno con el otro, hasta que el cuerpo de Métayer apareció en los alrededores de St Marc, en el departamento de Artibonite, el 22 de septiembre de 2003, con dos disparos de bala en los ojos y en el pecho; en ese momento "Jean Tatoune" se erigió en uno de los jefes de la banda hasta entonces liderada por Métayer, el Ejército Caníbal (Armée Cannibale). Este grupo había pedido insistentemente que se desbancara a Aristide, al que culpaban de la muerte de Métayer. Miembros del "Ejército Caníbal" se encontraban entre los asaltantes armados que de forma violenta se hicieron con el control de Gonaïves el 5 de febrero de 2004, iniciando así una insurrección armada contra Aristide en Haití.

Se ha acusado a miembros de la citada banda de haber cometido en los últimos meses innumerables abusos contra representantes y partidarios del gobierno a las órdenes de "Jean Tatoune", así como contra otros habitantes de Gonaïves. A modo de ejemplo, se informó a Amnistía Internacional de que en diciembre de 2003 miembros del Ejército Caníbal comenzaron a amenazar a los habitantes de Raboteau que habían participado en el juicio, con lo que algunos de ellos se vieron obligados a huir de la zona al temer por su seguridad.

Tres oficiales de las Fuerzas Armadas de Haití (FADH) devueltos por Estados Unidos a Haití tras el juicio de Raboteau han escapado de la Penitenciaría Nacional

Tres ex oficiales de las FADH devueltos por Estados Unidos a Haití como parte de la operación No Safe Haven(Sin Refugio) de los servicios estadounidenses de aduanas e inmigración tras haber sido condenados en el juicio de Raboteau, escaparon, según informaciones, de la Penitenciaría Nacional el 29 de febrero de 2004. Los tres escapados son Carl Dorelien, Herbert Valmond y Jean-Claude Duperval(14).

Jean-Claude Duperval fue el jefe de la policía de Haití entre 1990 y 1991, una época en la que se acusaba a los agentes de policía de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de derechos humanos(15). Entre 1992 y 1994 fue el segundo comandante en jefe de las FADH.

De acuerdo con los informes, a Duperval no se lo acusó de participar directamente en la masacre de Raboteau, sino de saber que se estaban cometiendo violaciones de derechos humanos y no hacer nada para detenerlas o para castigar a los autores. Fue condenado a realizar trabajos forzosos de por vida. Sus declaraciones acerca de casos concretos de violaciones de derechos humanos por parte de los integrantes de las FADH se incluyeron en forma de citas en el informe de la Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia como elemento de apoyo de la siguiente afirmación:

Todo parece indicar que los altos mandos militares estaban perfectamente informados y decidieron no castigar las violaciones de derechos humanos.(16)

Las autoridades de inmigración estadounidenses devolvieron a Duperval a Haití en enero de 2004. Allí ingresó en la Penitenciaría Nacional, de donde se cree escapó el 29 de febrero de 2004.

Según los informes, el ex teniente-coronel de las FADH Hébert Valmondfue el jefe de los servicios de inteligencia militar y se lo condenó a realizar trabajos forzosos de por vida al haber sido declarado culpable de asesinato, tortura, destrucción de viviendas y otros delitos durante la masacre de Raboteau. Según la información disponible huyó a Estados Unidos en 1995 y en abril de 2002 lo detuvieron los funcionarios de inmigración de ese país. En enero de 2003 fue devuelto a Haití y permaneció ingresado en la Penitenciaría Nacional hasta que, según las informaciones, escapó de allí el 29 de febrero de 2004.

Las autoridades de inmigración estadounidenses detuvieron al ex coronel de las FADH Carl Dorelienen junio de 2001(17). Además de haber sido declarado culpable en relación con la masacre de Raboteau y de haber sido condenado a cadena perpetua, los informes indican que se enfrenta a una demanda civil interpuesta en los tribunales de Miami cuyo objeto es solicitar una indemnización para los familiares de una de las víctimas. Dorelien fue devuelto a Haití en enero de 2003 y al parecer estuvo detenido en la Penitenciaría Nacional hasta que los presos se fugaron en masa el pasado 29 de febrero de 2004.

Otras personas acusadas o condenadas por haber cometido violaciones de derechos humanos que, según los informes, escaparon de la cárcel durante los recientes disturbios

El ex capitán de la policía militar Jackson Joanis, jefe de la unidad para combatir el crimen organizado y ayudante del jefe de la policía militar de Puerto Príncipe, Michel François, fue declarado culpable in absentiadel asesinato de Antoine Izméry y condenado a trabajos forzosos de por vida. También se levantaron cargos contra él en la investigación en torno al asesinato, el 28 de agosto de 1994, del padre Jean Marie Vincent, un sacerdote reformista y activista en favor de la democracia; todavía no se ha celebrado el juicio de este caso.

Los informes indican que Joanis huyó a Estados Unidos en 1995 y que los funcionarios de inmigración estadounidenses lo detuvieron a finales del año 2000 por haber participado en violaciones de derechos humanos en el pasado. Las autoridades estadounidenses lo devolvieron a Haití el 25 de marzo de 2002 y, según los informes, permaneció en la Penitenciaría Nacional hasta que escapó el 29 de febrero de 2004.

El capitán Castera Cénafils, comandante del ejército en Gonaïves cuando se produjo la masacre de Raboteau, fue una de las personas declaradas culpables en el juicio por dicha masacre y condenadas a cadena perpetua con trabajos forzosos. En un primer momento estuvo en la cárcel de Gonaïves, pero los informes indican que se lo trasladó a la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe tras la fuga de agosto de 2002 en el que escaparon Amiot Métayer y "Jean Tatoune". Cénafils, junto con otros individuos condenados en el juicio de la masacre de Raboteau, ha apelado la sentencia condenatoria y ha solicitado su revocación.

El ex general de las FADH Prosper Avrilfue el jefe del cuerpo de seguridad presidencial durante el mandato del presidente Jean-Claude Duvalier hasta el derrocamiento de este último en febrero de 1986. En 1988 dirigió un golpe de Estado y permaneció en el poder hasta marzo de 1990. Los informes hablan de torturas y malos tratos generalizados a presos políticos y comunes durante el tiempo que Avril detentó el poder: entre los casos denunciados por Amnistía Internacional durante las campañas de represión dirigidas contra la oposición política bajo el mandato de Avril se pueden citar las torturas y malos tratos infligidos a activistas como Serge Gilles y Evans Paul, y la detención ilegítima de Antoine Izméry y los malos tratos que se le infligieron(18) .

Prosper Avril fue detenido en Haití el 26 de mayo de 2001 en virtud, según las informaciones, de una orden de arresto dictada en el año 1996. Los cargos presentados contra él incluían la agresión, tortura y detención ilegal de seis activistas haitianos en 1989 y 1990(19). En abril de 2002, una corte de apelaciones ordenó que se lo pusiera en libertad, y así se hizo, si bien fue de nuevo detenido inmediatamente por acusaciones relacionadas con la masacre de Piatre en 1990 contra pequeños agricultores(20).

En diciembre de 2003, el informe del juez instructor acusaba oficialmente a Avril. A pesar de no haber estado presente en el asalto, se lo acusaba de haber actuado como cómplice en un ataque perpetrado el 12 de marzo de 1990 por soldados y civiles armados contra pequeños agricultores, resultando muertos 11 campesinos y cientos de casas incendiadas.

5. Recomendaciones

Amnistía Internacional siente una profunda preocupación por la reaparición en la agitada escena haitiana de un número creciente de personas acusadas o condenadas por cometer violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que adopte inmediatamente, a través de su Fuerza Multinacional Provisional (FMP), las medidas necesarias para responder a la amenaza que estos individuos representan para los derechos humanos y el Estado de derecho.

· La FMP debe adoptar medidas urgentes para garantizar la detención y el comparecimiento ante los tribunales haitianos de aquellos individuos conocidos por su espantoso historial de abusos y con condenas pendientes por violaciones de derechos humanos, así como de aquellos sobre los que pesan acusaciones formales por estos delitos. Los individuos que escaparon de la cárcel deben ingresar de nuevo en ella. La legislación haitiana concede a los autores de abusos condenados in absentiala oportunidad de que se celebre un segundo juicio, por lo que las personas mencionadas deben permanecer detenidas hasta ese momento.

· La comunidad internacional debe garantizar, como cuestión prioritaria, que en ningún caso se permite a individuos declarados culpables de cometer o participar en graves abusos contra los derechos humanos ocupar un puesto de autoridad, ya sea en un gobierno provisional o en las fuerzas de seguridad, desde el cual podrían cometer más abusos.

· La comunidad internacional debe garantizar que no se va a ofrecer ninguna amnistía por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado como parte de un acuerdo político con las fuerzas rebeldes, las milicias partidarias del gobierno o las fuerzas de seguridad. No debe permitirse a los autores aprovechar ninguna medida legal que impida que la verdad salga a la luz y que se les pidan responsabilidades ante la justicia.

· La FMP debe adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los funcionarios policiales y judiciales, testigos y defensores de los derechos humanos implicados en la detención y condena de los autores de abusos en el pasado que se citan en este informe.

· La FMP debe asimismo garantizar la protección de los expedientes policiales y judiciales relativos a abusos contra los derechos humanos en el pasado.

· A largo plazo, la comunidad internacional debe ayudar a fortalecer el sistema de justicia haitiano de manera que se pueda investigar y llevar ante los tribunales a todas las personas acusadas de participar en abusos contra los derechos humanos, tanto bajo el mandato de un gobierno anterior como durante la crisis actual.

· La FMP debe adoptar inmediatamente medidas para desarticular y desarmar a los grupos rebeldes y las bandas armadas partidarias del gobierno, con el fin de minimizar el riesgo de que se sigan produciendo abusos contra los derechos humanos y de llevar a los responsables ante la justicia.

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(1) Al principio, esta organización paramilitar recibía el nombre de Frente Revolucionario por el Avance y el Progreso de Haití (Front révolutionnaire pour l'avancement et le progrès haïtiens); más tarde pasó a denominarse Frente Revolucionario Armado por el Progreso de Haití (Front révolutionnaire armé pour le progrès d'Haïti).

(2) Apartado 2c.

(3) Apartado 7.

(4) ADVANCE \u3Véase el Informe Anual 1992 de Amnistía Internacional y el documento Haití: La tragedia de los derechos humanos: violaciones de derechos humanos desde el golpe de Estado (Índice AI: AMR 36/03/92), publicado en enero de 1992.

(5) ADVANCE \u3 Véanse los documentos Haití: Los derechos humanos amordazados: ataques contra la libertad de expresión (Índice AI: AMR 36/25/93), publicado en octubre de 1993 y Haití: Entre la espada y la pared: ¿represión militar o invasión extranjera? (Índice AI: AMR 36/33/94), publicado en agosto de 1994.

(6) ADVANCE \u3 Ibídem (AMR 36/33/94).

(7) Traducción de EDAI del informe de la CNVJ, redactado originalmente en francés: "d'établir globalement la vérité sur les plus graves violations des droits de l'homme commises entre le 29 septembre 1991 et le 15 octobre 1994 à l'intérieur et à l'extérieur du pays et d'aider à la réconciliation de tous les Haïtiens, et ce, sans prejudice aux recours judiciaires pouvant naïtre de telles violations".

(8) Si desea obtener más información, véanse los siguientes documentos publicados por Amnistía Internacional: Haití: Los derechos humanos amordazados: ataques contra la libertad de expresión (Índice AI: AMR 36/25/93); Haití: Hay que seguir pidiendo justicia (Índice AI: AMR 36/02/98), de julio de 1998; Haití: Relato presencial de una ejecución extrajudicial, Servicio de Noticias 146/93 (Índice AI: AMR 36/WU 03/93), del 4 de noviembre de 1993; y la Acción Urgente 321/93 (Índice AI: AMR 36/20/93), del 13 de septiembre de 1993.

(9) Una Fuerza Multinacional comandada por Estados Unidos llegó a Haití el 18 de septiembre de 1994. Los líderes del golpe de Estado que había derrocado al presidente Jean Bertrand Aristide en septiembre de 1991 accedieron a renunciar al poder tras la llegada de la Fuerza Multinacional y el propio Aristide regresó para terminar su mandato presidencial en octubre de 1994.

(10) Véase la página 6 del documento Haití: Una cuestión de justicia (Índice AI: AMR 36/01/96), publicado por Amnistía Internacional en enero de 1996.

(11) En marzo de 1995, el gobierno haitiano solicitó a Estados Unidos la extradición de Emmanuel Constant. Un tribunal estadounidense ordenó que fuera expulsado a Haití en agosto de 1995, pero Constant apeló el fallo y continúa en Estados Unidos.

(12) Véase el Informe 1995 de Amnistía Internacional.

(13) Este homicidio se produjo durante las agresiones a partidarios de la oposición política a raíz de un asalto al Palacio Nacional perpetrado por individuos no identificados en diciembre de 2001.

(14) A mediados de enero de 2004, el ex coronel de las FADH Frantz Douby seguía ingresado en el centro de detención de Krome, en Estados Unidos, a la espera de ser expulsado, después de que las autoridades de inmigración estadounidenses lo detuvieran en agosto de 2003. Otro oficial acusado de haber cometido violaciones de derechos humanos, Luc Asmath, fue detenido en septiembre de 2001 y posteriormente las autoridades estadounidenses lo devolvieron a Haití. Sin embargo, según los informes, a su llegada a Haití no fue puesto bajo custodia. Desde entonces se desconoce su paradero.

(15) Véase, por ejemplo, la Acción Urgente 510/90 (Índice AI: AMR 36/10/90), Ejecución extrajudicial. Haití: Jeanine Dérosier, emitida el 18 de diciembre de 1990.

(16) Capítulo 7 del informe de la CNVJ: "Las estructuras de la represión" (original en francés: "Les structures de la répression"). La traducción de la cita es de EDAI.

(17) Véase el Informe 2002 de Amnistía Internacional.

(18) Ibídem (Índice AI: AMR 36/03/92); véanse asimismo las Acciones Urgentes emitidas durante el periodo en cuestión.

(19) Una corte federal de primera instancia de Estados Unidos ya había condenado a Avril a pagar una indemnización por daños y perjuicios a estos seis hombres en un juicio civil celebrado en 1994, al haber dictaminado que era personalmente responsable de su interrogatorio y tortura.

(20) Según los informes, en la detención de Avril por la masacre de Piatre se produjeron algunas irregularidades procesales y de otra índole y en un momento determinado una corte de apelaciones ordenó que se lo pusiera en libertad. Sin embargo, existían dudas acerca de si la orden dictada por la corte era o no correcta en términos procesales y no se lo liberó. Posteriormente, un juez instructor ordenó que Avril permaneciera detenido mientras la investigación por la masacre de Piatre estuviera en curso.