[EMBARGADO HASTA EL 19 de enero de 2006] Público

Amnistía Internacional

Defensores de los derechos humanos en situación de riesgo:

Honduras:

Presos de conciencia de Montaña Verde

Defensores de los derechos humanos

en situación de riesgo

Honduras

Prisioneros de conciencia de Montaña Verde

Amnistía Internacional pone de relieve el uso de cargos penales por motivos políticos con el fin de hostigar, intimidar y disuadir de presentar oposición a personas que defienden el medio ambiente y una amplia serie de derechos económicos, sociales y culturales en Honduras. Tales medios se utilizaron para detener a Feliciano Pineda(1) y a los hermanos Marcelino y Leonardo Miranda, defensores de los derechos humanos y activistas indígenas afiliados al Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), en el municipio de Gracias, departamento de Lempira. Feliciano Pineda fue detenido el 6 de junio de 2005 y acusado, entre otros delitos, de un asesinato cometido en 2001. Los hermanos Miranda fueron condenados el 16 de diciembre de 2003 por el mismo delito. Permanecen en prisión y Amnistía Internacional los considera presos de conciencia.

Desde hace muchos años, Amnistía Internacional siente preocupación por los abusos cometidos contra los pueblos indígenas de Honduras, que incluyen actos de intimidación, agresiones y homicidios, y por la inacción de las autoridades a la hora de investigar dichos abusos y de llevar a los responsables ante la justicia. De acuerdo con la información recibida por Amnistía Internacional, gran parte de los abusos y las detenciones arbitrarias de personas indígenas tiene como objetivo, al parecer, obstaculizar los esfuerzos de los dirigentes indígenas por obtener el reconocimiento de las reivindicaciones de sus comunidades sobre la titularidad de las tierras comunales. La campaña del COPINH en favor del derecho de las comunidades indígenas a la titularidad de las tierras comunales ha enfrentado a dichas organizaciones con hacendados y otras personas poderosas del municipio de Gracias, que al parecer están interesados en el uso de las tierras objeto de disputa para la cría de ganado, la explotación maderera o el cultivo de café.

Desde 1997, el Consejo Comunal Indígena, que representa los intereses de los pueblos indígenas, y los consejos locales de las comunidades de Vertientes y Planes, en Montaña Verde, municipio de Gracias, departamento de Lempira, están en conflicto con hacendados locales por la titularidad de las tierras comunales. En marzo de 2002, el Instituto Nacional Agrario de Honduras, organismo gubernamental responsable de la asignación de las tierras indígenas, concedió a la comunidad de Vertientes su título de propiedad de las tierras comunales. Sin embargo, la comunidad vecina de Planes sigue tratando de obtener la titularidad las tierras comunales. Al parecer, numerosos dirigentes comunitarios han sido amenazados e intimidados por personas relacionadas con hacendados de Gracias, que, desde 2000, han interpuesto querellas que han dado lugar a cargos penales falsos contra dirigentes comunitarios, que abarcan desde usurpación de tierras hasta asesinato.

Feliciano Pineda

El 5 de junio de 2005, en Vertientes, Montaña Verde, municipio de Gracias, departamento de Lempira, tres hombres armados con machetes, al parecer, atacaron e hirieron gravemente aFeliciano Pineda,dirigente comunitario indígena afiliado al COPINH. Según Feliciano, estos hombres, que pertenecen a su comunidad, le dijeron que les habían pagado para matarlo y luego lo agredieron varias veces con machetes y le provocaron heridas en la espalda, la cabeza, el rostro, los brazos y las manos.

El 6 de junio de 2005, la esposa de Feliciano Pineda llevó a éste al hospital de La Esperanza, situado a aproximadamente dos horas en automóvil y tres horas a pie de Montaña Verde. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado a un hospital de la capital, Tegucigalpa. Según informes, allí lo esperaban agentes de policía para detenerlo –acusado de robo, daños y homicidio, allanamiento de morada y amenazas– por el homicidio de Juan Reyes Gómez, ocurrido en 2001 en una presunta disputa por tierras.Antes de que pudiera recibir tratamiento adecuado, los agentes se lo llevaron, primero a una cárcel de La Esperanza, y luego a la prisión de Gracias, departamento de Lempira.

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT) envió una delegación para que visitara a Feliciano Pineda el 24 de junio de 2005. De acuerdo con la evaluación médica de dicha delegación, Feliciano Pineda no podía comer, bañarse ni caminar sin ayuda. Sus heridas siguen siendo graves. Todavía tiene dificultades para andar, no puede usar con normalidad la mano derecha y ha perdido audición en el oído izquierdo.

Según información recibida, en septiembre de 2005, cuando Feliciano Pineda estaba en dependencias de los juzgados de Gracias para prestar declaración ante las autoridades judiciales, el mismo guardia penitenciario que, según informes, torturó a Marcelino y Leonardo Miranda, le colocó un fusil de asalto en las costillas y le instó a que firmase una confesión en la que aceptase los cargos. Según informes, ese mismo guardia penitenciario lo amenazó en repetidas ocasiones durante septiembre y octubre cuando lo trasladaban a los juzgados.

Feliciano Pineda en prisión. © Privado.

Según informes, Feliciano Pineda se enfrenta a los mismos cargos de robo y daños a la propiedad que otros dirigentes indígenas. Felipe Bejerano, entonces vicepresidente del Consejo Comunal Indígena, y Luis Benítez, a la sazón su presidente, fueron imputados en 2001 y encarcelados más tarde durante 27 y 14 meses, respectivamente, por tales delitos. Según los informes recibidos, Luis Benítez fue golpeado en prisión. En abril de 2003, los dos fueron absueltos y excarcelados por falta de pruebas. A pesar de que los testigos de cargo no mencionaron a Feliciano Pineda en su testimonio, la acusación contra él por el homicidio de Juan Reyes Gómez en 2001 se basa, según informes, en las mismas pruebas falsas utilizadas para condenar a Marcelino y Leonardo Miranda, dirigentes comunitarios de Montaña Verde.

En diciembre de 2005, Feliciano Pineda fue absuelto del cargo de homicidio. Sin embargo, continúa en prisión por los otros cargos, a pesar de que dichos cargos han prescrito por razones de inactividad del expediente. Los informes recibidos indican que el defensor público que se le asignó le exhortó a que aceptase los cargos. De acuerdo con los informes disponibles, Feliciano Pineda se negó a declararse culpable.

Amnistía Internacional cree que los delitos que se imputan a Feliciano Pineda forman parte de una constante de imputaciones por motivos políticos contra activistas de Montaña Verde, cuyo fin es disuadirlos, a ellos y a otros activistas, de realizar el trabajo que llevan a cabo en nombre de su comunidad para proteger el medio ambiente y obtener la titularidad de las tierras. Feliciano Pineda es el quinto dirigente comunitario de Montaña Verde detenido desde que comenzó la disputa con los hacendados.

Los hermanos Miranda

El 8 de enero de 2003, los hermanos Marcelino y Leonardo Miranda, también dirigentes indígenas del COPINH, fueron detenidos en la comunidad de Planes, Montaña Verde. Inicialmente, fueron acusados de usurpación, lesiones, y homicidio y asesinato por el mismo homicidio que se le imputa a Feliciano Pineda, la muerte de Juan Reyes Gómez en 2001. Además, Marcelino fue acusado de hurto de ganado mayor y daños, y Leonardo, de atentado contra el Estado de Honduras Se retiraron varios de estos cargos por falta de pruebas, pero se mantuvieron los de lesiones y asesinato.

El 16 de diciembre de 2003, Marcelino y Leonardo Miranda fueron condenados por asesinato a 25 años cada uno, a pesar de los indicios de que se habían formulado acusaciones falsas contra ellos en represalia por sus intentos de obtener un título de propiedad de las tierras comunales para las comunidades de Montaña Verde. El alcalde encargó a dos hombres de la comunidad sin experiencia forense que se ocuparan del cadáver, por lo que se sustrajeron o se alteraron pruebas importantes de la escena del crimen, según pusieron de manifiesto las pruebas presentadas en favor de los hermanos Miranda.

Entre otras irregularidades está el hecho de que 10 testigos ubicaron a los hermanos Miranda lejos de la escena del crimen en el momento del asesinato. Estos testimonios no se admitieron como prueba durante el juicio; sólo se reconocieron las declaraciones de los testigos de cargo. La condena por asesinato se basa en gran medida en las declaraciones de los testigos de cargo sobre el número de disparos y la localización del asesinato. Estos testimonios se contradicen y no están respaldados por las pruebas. No se realizó ningún tipo de seguimiento ni análisis de las aparentes contradicciones de las declaraciones de estos testigos.

Amnistía Internacional cree que los delitos imputados a los hermanos Miranda y las correspondientes condenas, así como la detención de Feliciano Pineda por los mismos cargos, responden a motivos políticos. Amnistía Internacional también considera que los hermanos Miranda son presos de conciencia. De acuerdo con los informes recibidos, han sido torturados en prisión por miembros de la unidad "Cobra", grupo de élite de la Policía Nacional de Honduras, y por personal del departamento de investigaciones internas de la policía, según informes, para tratar de hacerles firmar confesiones.(2)

Un año después de la publicación, en noviembre de 2004, del documento titulado Defensores de los Derechos Humanos en situación de riesgo, (Índice AI: ACT 30/020/2004), que describe los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en el caso de los hermanos Miranda, éstos todavía permanecen recluidos en la prisión de Gracias, y su causa está a la espera del resultado de un recurso interpuesto. El 11 de noviembre de 2004, la Corte Suprema de Honduras anuló la condena, pues halló graves problemas e irregularidades en el procedimiento judicial, incluidas las pruebas testimoniales, y remitió la causa a la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán. Sin embargo, la Corte de Apelaciones confirmó la condena inicial de 25 años de prisión.

El 23 de junio de 2004 se presentó un recurso de casación por quebrantamiento de forma, basado en el hecho de que se habían aceptado las pruebas de los testigos de cargo, mientras que se había prescindido de las declaraciones de los testigos de descargo. Este recurso fue rechazado en agosto de 2005. El 27 de octubre de 2005, el nuevo abogado asignado al caso interpuso un recurso de casación por quebrantamiento de la ley, alegando que se había infringido el artículo 117 (relativo al asesinato) del Código Penal hondureño, esgrimido para condenar a los hermanos Miranda, y que no se había respetado el artículo 361 del Código Procesal Penal hondureño,(3) que protege a las personas acusadas en caso de falta de pruebas.

Amnistía Internacional tiene entendido que Marcelino Miranda todavía padece problemas cardiacos y que no recibe tratamiento regular para su enfermedad.

¡Actúen!

Envíen llamamientos al presidente y al fiscal general de Honduras:

Ø solicitando la excarcelación inmediata e incondicional de Feliciano Pineda y de los hermanos Miranda;

Ø solicitando una investigación de la agresión que sufrió Feliciano Pineda y de las amenazas que recibió en prisión;

Ø solicitando una investigación de la tortura infligida a los hermanos Miranda en prisión;

Ø expresando preocupación por el uso indebido del sistema judicial hondureño con el fin de presentar cargos penales por motivos políticos contra defensores indígenas de los derechos humanos y refiriéndose a los casos de Feliciano Pineda y de los hermanos Miranda para ilustrarlo;

Ø solicitando que se preste a Feliciano Pineda y a Marcelino Mirando la atención médica que necesiten;

Ø solicitando una investigación adecuada e independiente del homicidio de Juan Reyes Gómez;

Ø recordando a las autoridades su obligación de cumplir los principios recogidos en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, comúnmente conocida como Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU;

Ø instando a las autoridades a crear un plan nacional de acción destinado a aplicar la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU como un primer paso importante para garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden realizar en condiciones seguras su legítimo trabajo.

Envíen sus llamamientos a:

José Manuel Zelaya Rosales

Presidente de la República de Honduras

Casa Presidencial

Boulevard Juan Pablo Segundo

Palacio José Cecilio del Valle

Tegucigalpa, Honduras

Fax: +504 235 7700

Tratamiento: Señor Presidente

Sr. Ramón Ovidio Navarro Duarte

Fiscal General de la República

Colonia Loma del Guijaro

Tegucigalpa, Honduras

Fax: + 504 221 5666 / 5667

Tratamiento: Estimado Fiscal General

Envíen copias de sus llamamientos a:

Licda. Jany del Cid

Fiscal Especial de las Etnias

Edificio Castillo Poujol, 4a Avda,

Colonia Palmira, Boulevard Morazán

Tegucigalpa, Honduras

Fax: +504 221 3099, extensión 2123

Tratamiento: Sra. Fiscal Especial de las Etnias

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH)

Barrio Lempira,

La Esperanza, Intibucá

Honduras

Pueden enviar cartas de solidaridad a Feliciano Pineda y a Marcelino y Leonardo Miranda a prisión:

Centro Penal, Gracias, Lempira, HONDURAS

********

(1) José Luciano Pineda Bejerano, tal como se lo conoce en su comunidad, figura en los cargos contra él como Feliciano Pineda. Por motivos de coherencia, en esta acción se utiliza el nombre de Feliciano Pineda.

(2) AU 128/03, AMR 37/006/2003, 8 de mayo de 2003, y su actualización, AMR 37/016/2003, 1 de octubre de 2003.

(3) "No podrá condenarse a un acusado sino cuando se pruebe que cometió el delito que se le imputa. En caso de duda debe absolvérsele."