PÚBLICO Índice AI: AMR 37/003/2007

24 de abril de 2007

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 219/06 (AMR 37/005/2006, del 14 de agosto de 2006) - Temor por la seguridad

HONDURAS Jessica García, dirigente comunitaria y defensora de los derechos humanos

Miembros de la comunidad garifuna de San Juan Tela

El 14 de abril, alguien disparó contra un taxi en el que viajaban cinco miembros de la comunidad afrodescendiente garifuna de San Juan Tela. Se trata del tercer ataque grave en los últimos 14 meses contra miembros jóvenes de esta comunidad, situada en el departamento de Atlántida, en el norte de Honduras. Amnistía Internacional teme que otros residentes de la comunidad puedan correr peligro.

El 14 de abril, hacia las dos de la tarde, cinco muchachas –Keydi Jorleny Marín, Yerli Isolina Ellis, Yanaira Briyed Lambert, Eusebia Guillén y Joselyn Lizet Rivas– de entre 15 y 20 años de edad viajaban a San Juan Tela en taxi tras asistir a su centro educativo. Según los informes, cuando el taxi entró en la comunidad, dos hombres que, al parecer, habían estado aguardándolo en las cercanías abrieron fuego contra él. Los hombres se habían quitado las camisas y las habían utilizado para cubrirse el rostro, por lo que resultaba imposible identificarlos. Según los informes, tras disparar contra el vehículo huyeron. Ninguna de las muchachas resultó herida, pero en la carrocería del taxi podían contarse al menos cinco agujeros de bala.

Los informes indican que la policía local no ha visitado San Juan Tela para tomar declaración a las cinco muchachas que viajaban en el taxi, por lo que los propios miembros de la comunidad han tenido que llevarlas al puesto más cercano de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) para que prestaran declaración, y han tenido que pagar el viaje de su propio bolsillo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los grupos indígenas de Honduras, incluida la comunidad afrodescendiente garifuna, llevan años luchando para reafirmar su derecho a las tierras que han habitado durante generaciones. Empresas nacionales e internacionales han explotado esas tierras por sus recursos naturales, como la madera. La tierra que habita la comunidad garifuna, en la costa caribeña de Honduras, es codiciada por empresas que pretenden construir complejos turísticos que dañarían o destruirían las tradiciones, la cultura y la forma de vida de los garifuna, así como su entorno. La propuesta de construcción de un complejo turístico, que incluye un campo de golf de 18 hoyos, en tierras garifunas se ve como un peligro para el medio ambiente, y supondría una fuerte demanda para los recursos locales de agua.

Los miembros de la comunidad garifuna han sufrido diversas amenazas y actos de intimidación aparentemente relacionados con su lucha por sus derechos sobre sus tierras. En julio de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas de protección para la comunidad de San Juan Tela tras una serie de graves incidentes, pero las autoridades no las han puesto plenamente en práctica. Jessica García, dirigente comunitaria, sufrió durante marzo de 2006 un acoso reiterado de los guardias de seguridad que trabajan para una empresa inmobiliaria, antes de ser amenazada y obligada a punta de pistola a firmar, el 22 de junio de 2006, la cesión de tierras de la comunidad a la empresa en cuestión. Una de las muchachas contra las que dispararon el 14 de abril, Joselyn Lizet Rivas, es su hija. En noviembre de 2005, un incendio provocado destruyó la propiedad de Wilfredo Guerrero, defensor de los derechos humanos y dirigente de la comunidad de San Juan Tela que se había opuesto a los intentos de las empresas de adquirir las tierras de los garifuna. El fuego destruyó todas sus pertenencias, así como documentos de la comunidad.

A lo largo del último año también ha habido una serie de asesinatos de jóvenes garifuna de la comunidad de San Juan Tela. El 6 de agosto de 2006, Mirna Isabel Santos Thomas, de 19 años, fue secuestrada de su casa por un grupo de desconocidos que llevaban la cara cubierta e iban armados con rifles AK-47. Su cadáver apareció más tarde junto a una carretera, a las afueras del pueblo. El 25 de febrero de 2006, dos jóvenes de la comunidad garifuna, Epson Andrés Castillo y Gino Eligio López, fueron detenidos, según los informes, por miembros de las fuerzas de seguridad en una localidad cercana. Sus cadáveres se encontraron al día siguiente. Se acusó de su asesinato a tres miembros de las fuerzas de seguridad y a un civil, y a otros cuatro agentes se los acusó de complicidad. Los tres agentes acusados de asesinato permanecen en prisión (al parecer, el civil también acusado se ha dado a la fuga). Según los informes, los otros agentes han sido puestos en libertad bajo fianza, y el juicio está pendiente, al igual que el informe forense sobre la causa de la muerte de ambos jóvenes.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- expresando honda preocupación por la seguridad de todos los miembros de la comunidad garifuna de San Juan Tela;

- pidiendo a las autoridades que emprendan acciones inmediatas para aplicar las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 7 de julio de 2006, con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad garifuna de San Juan Tela;

- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el ataque perpetrado el 14 de abril, a la entrada de la comunidad de San Juan Tela, contra Keydi Jorleny Marín, Yerli Isolina Ellis, Yanaira Briyed Lambert, Eusebia Guillén y Joselyn Lizet Rivas; pidiendo que se hagan públicos sus resultados y que se lleve a los responsables ante la justicia;

- pidiendo a las autoridades que garanticen que los responsables de los homicidios de Epson Andrés Castillo y Gino Eligio López son llevados ante la justicia rápidamente y de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos;

- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para poner fin a los ataques y la intimidación contra los pueblos indígenas, de acuerdo con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5.b: “El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución”).

LLAMAMIENTOS A:

Manuel Zelaya

Presidente de la República de Honduras

Casa Presidencial, Boulevard Juan Pablo Segundo, Palacio José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras

Fax: + 504 235 7700

Tratamiento: Estimado Señor Presidente

Minister of Security

Álvaro Romero

Ministro de Seguridad Pública,

Plantel Casamata, subida al Picacho, Cuartel General de Casamata, Tegucigalpa, Honduras

Fax: +504 220 1756/ +504 220 9070

Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

COPIA A:

Jany del Cid, Fiscal Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, Ministerio Público

Edificio Lomas Plaza II, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras

Fax: +504 221 5667 (directo) / +504 221 3099 extensión 2123

Dr. Ramón Custodio, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras

Colonia Florencia Norte, Boulevar Suyapa, Tegucigalpa, HONDURAS

Fax: +504 232 6894

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Bo. Independencia, esquina opuesta Escuela Luis Landa., La Ceiba, Atlántida. Apt. 341, Honduras

y a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 5 de junio de 2007.