8 de enero de 2002

Índice AI: AMR 38/003/2002/s - Servicio de Noticias 003/02

Jamaica: Debe respetarse el derecho de los jamaicanos a estar protegidos frente a la delincuencia

El gobierno jamaicano debe tomar medidas inmediatas para hacer frente a la impunidad de que gozan quienes matan, ya sean policías o civiles, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos ha hecho esta declaración al conocer la resolución judicial dictada ayer sobre el caso de Patrick Genius (en la que se exime de procesamiento a los agentes de policía acusados de darle muerte). La declaración también se relaciona con una reciente ola de delincuencia en medio de la cual 12 personas (entre ellas dos menores de 7 y 13 años) fueron asesinadas en los primeros cuatro días del 2002.

Amnistía Internacional ha declarado: «Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. Incluso en la crisis más extrema, los gobiernos no tienen libertad absoluta de acción. En esta época de rabia y temor generalizados, el equilibrio entre la seguridad y la libertad individual no debe alcanzarse a expensas de las salvaguardias que protegen los derechos humanos».

Ayer, el director de la Fiscalía dictaminó que los policías acusados de matar a Patrick Genius de disparos en la nuca habían actuado en defensa propia y no debían ser sometidos a un juicio penal. Esta decisión se tomó a pesar de las pruebas claras y convincentes, tanto circunstanciales como forenses, que indican lo contrario, y a pesar de que la investigación del pesquisidor había resuelto que los acusados debían ser considerados penalmente responsables. Un patólogo forense de renombre internacional que examinó las pruebas forenses concluyó que el homicidio «presenta las señales clásicas de una ejecución, con una incapacitación deliberada seguida de homicidio».

Amnistía Internacional ha declarado: «Los responsables de este homicidio deben comparecer ante la justicia. La lucha contra la delincuencia fracasará si no se garantiza la protección de los derechos humanos para todas las personas».

Información general

A pesar de contar con uno de los índices de ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de miembros de las fuerzas de seguridad más elevados del mundo, la policía y los militares jamaicanos prácticamente nunca comparecen ante la justicia para responder de esas muertes. La impunidad sistemática incluye la manipulación habitual de pruebas, la intimidación y malos tratos a testigos y a familiares de las víctimas y la falta de castigo a los agentes implicados en abusos graves, a los que las autoridades no hacen rendir cuentas de sus actos ante los tribunales penales.

En el 2001 fueron asesinados un total de 1.138 jamaicanos, la cifra de asesinatos más alta jamás alcanzada por este país. Tras el homicidio de 7 personas a manos de hombres armados en 100 Lane el 4 de enero del 2002, centenares de habitantes de esta comunidad se han visto obligados a trasladarse a otro lugar ante el temor de que se produzcan nuevas muertes.

Todos los responsables de abusos graves contra los derechos humanos deben comparecer ante la justicia, en procedimientos que cumplan, en todas sus fases, las normas internacionales de derechos humanos, y las víctimas deben recibir una reparación completa. Todas las personas de quienes existan sospechas razonables de que han estado implicadas en esos abusos deben ser juzgadas con las debidas garantías, de acuerdo con las normas internacionales de justicia procesal y sin recurrir a la pena de muerte o a otras penas crueles, inhumanas o degradantes. Los presuntos responsables no deben ser en ningún caso torturados o maltratados, ya que esos tratos están absolutamente prohibidos por el derecho internacional. Además, debe respetarse la presunción de inocencia en todos los casos.

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Documento público

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