Declaración pública

13 de marzo de 2002

Índice AI: ááAMR 38/008/2002/s

Servicio de Noticias 45/02

Jamaica: Un año después de Braeton. Otra posible ejecución extrajudicial, sombrío recordatorio de que la policía sigue segando vidas impunemente

El 6 de marzo de 2002, un año después de la muerte por disparos de siete jóvenes en Braeton, Jamaica, la policía dio muerte a Jevan Campbell, Douglas Rhoden, Gregory Sharp y Glenroy Stewart. Amnistía Internacional cree que las circunstancias que rodearon estos hechos apuntan a que se trató de ejecuciones extrajudiciales.

La organización ha recibido informes según los cuales la policía se llevó a los cuatro hombres desarmados, los esposó, les propinó una paliza y los mató a tiros. Los informes también indican que la policía ha amenazado de muerte a los testigos presenciales, al parecer para impedir que presten declaración. El director general de la policía ha sido informado de la existencia de quejas presentadas por testigos presenciales en las que se contradice la afirmación de la policía de que los hombres murieron al intercambiar disparos con sus agentes. Estas muertes provocaron manifestaciones generalizadas en toda la comunidad.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Jamaica a que investigue de inmediato estos homicidios y las denuncias sobre amenazas de muerte, así como todos los demás homicidios cometidos por miembros de la policía jamaicana, de acuerdo con las normas internacionales.

Durante el año transcurrido desde el homicidio de Tamoya Wilson, Christopher Grant, Curtis Smith, Reagon Beckford, Andre Virgo, Lancebert Clark y Dane Whyte por agentes de la Unidad para la Gestión del Crimen en Braeton, más de 120 ciudadanos jamaicanos han muerto a manos de la policía. En comunicaciones con Amnistía Internacional, las autoridades jamaicanas han reconocido que la policía nacional ha cometido violaciones de derechos humanos. No obstante, desde los homicidios de Braeton no se ha llevado a término ni un solo juicio contra agentes acusados de violaciones de derechos humanos.

A diez semanas de iniciada la investigación sobre el caso de «los siete de Braeton», las alegaciones formuladas la semana pasada son un triste recordatorio de que la policía sigue cometiendo homicidios impunemente. La aparente negativa del director de la fiscalía a iniciar procesamientos contra agentes de policía, aun en aquellos casos en los que un jurado pesquisidor ha atribuido responsabilidad penal a policías, parece indicar que las autoridades se muestran renuentes a pedir cuentas plenas de sus acciones a los miembros de las fuerzas de seguridad. Los hechos revelan un cuadro persistente de impunidad en el que las autoridades omiten hacer comparecer ante la justicia a los agentes de policía que quebrantan la ley.

En enero de 2002, el ministro de Seguridad Nacional declaró que «nadie está por encima de la ley». Ésta es una oportunidad ideal para que el ministro pruebe esta aseveración con actos concretos y lleve ante los tribunales a todos los agentes implicados en violaciones de derechos humanos.

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Documento público

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Última actualización: 13 de marzo.