Amnistía Internacional

Comunicado de prensa

Índice AI: AMR 38/016/2003/s (Público)

Servicio de Noticias 160/03

Fecha de embargo: 01:00 horasGMT del 7 de julio de 2003

Jamaica: «Nadie es culpable»: la comisión de investigación se desentiende de las 27 víctimas de homicidio de West Kingston

El gobierno de Jamaica debe formar, con apoyo internacional, un grupo de investigación judicial independiente para examinar las circunstancias de la muerte de 27 personas durante una operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en West Kingston, Jamaica, entre el 7 y el 10 de julio de 2001. Dos de las víctimas eran miembros de las fuerzas de seguridad.

En un informe publicado hoy, 7 de julio de 2003, con motivo del aniversario del incidente, Amnistía Internacional llega a la conclusión de que la comisión de investigación establecida para examinar lo ocurrido estaba predispuesta estructuralmente a favor del Estado.

La comisión exoneró a las fuerzas de seguridad, y aun así, durante toda la investigación predominó un sola voz: la del Estado.

«La comisión de investigación ha desaprovechado una oportunidad única de poner la justicia y la rendición de cuentas al servicio de las víctimas y de contribuir a impedir que se repita tan grave pérdida de vidas —ha manifestado Olivia Streater, miembro del equipo de investigación de Amnistía Internacional para Norteamérica y el Caribe—. Solo otro grupo de investigación podrá realizar el examen en profundidad necesario para que se presente la oportunidad de descubrir cómo perdieron la vida en West Kingston 27 personas.»

El abogado británico y miembro del Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales Rupert Skilbeck, que asistió como observador a las vistas de la comisión en nombre de Amnistía Internacional ha dicho: «la comisión de investigación era una parodia de los exámenes jurídicos y probatorios que es preciso hacer de acuerdo con el derecho internacional en una investigación pública sobre homicidios cometidos por agentes del Estado. Había fallos de procedimiento y de otra índole que hacían que la investigación estuviera condenada al fracaso desde el principio y que el requisito de llevar a cabo un examen adecuado no se cumpliera debidamente en las vistas de la comisión o en el informe subsiguiente».

Entre las críticas que hace Amnistía Internacional a la comisión de investigación figuran:

La composición de la comisión estaba muy desequilibrada, pues el Estado tenía ocho abogados y los ciudadanos sólo dos.

No se oyó el testimonio de ninguna de las víctimas ni de sus familias, y la mayoría de los testigos llamados a declarar eran miembros de las fuerzas de seguridad o empleados del gobierno.

Las víctimas no estaban representadas debidamente, y no había representación, protección ni obligación de declarar para testigos independientes.

Sin investigadores independientes, los miembros de la comisión dependían de la policía, que era el objeto mismo de la investigación, para encontrar todas las pruebas disponibles.

El procedimiento de contrainterrogatorio hacía que fuera prácticamente imposible examinar debidamente las pruebas de las fuerzas de seguridad, impidiendo el análisis independiente que debería caracterizar una investigación rigurosa según el derecho internacional.

No hubo alegatos finales en nombre de ninguna de las víctimas de homicidio policial

No hubo alegatos sobre el derecho internacional aplicable en casos de homicidio cometido por el Estado.

Estos fallos fundamentales del proceso de investigación hacían que ésta estuviera condenada al fracaso. Con un asesoramiento jurídico que indicaba que las fuerzas de seguridad tenían derecho a disparar contra mujeres y niños desarmados, la conclusión de la comisión era de prever.

«En cuestiones tan importantes como el modo en que murieron los civiles y el examen de las acciones de la policía y el ejército, la falta de toda prueba en contra no debería haber conducido a la aceptación automática de las pruebas del Estado — ha manifestado Olivia Streater—. La comisión de investigación de los sucesos de West Kingston no ha cumplido la obligación que le impone el derecho internacional de investigar plenamente la muerte de al menos 27 personas a manos, en un 50 por ciento de probabilidades, de agentes del Estado.»

Amnistía Internacional se ha comprometido a pedir explicaciones adecuadas y justicia para las 27 personas que perdieron la vida como consecuencia de la violencia de West Kingston. El coste económico de este objetivo es insignificante en comparación con el sufrimiento causado por estos sucesos y con el daño sufrido por la reputación internacional de Jamaica.

«Hasta que se realice una investigación adecuada sobre lo ocurrido en West Kingston en julio de 2001, la impunidad de los homicidios del Estado persistirá, y la conclusión será que “nadie es culpable” —afirma Amnistía Internacional — . No habrá justicia para las víctimas y sus familias hasta que se escuche su voz, se explique debidamente su muerte y se haga rendir cuentas a los responsables en caso de que se haya infringido la ley.»

Información general

La policía jamaicana afirmó al principio haber ido a la zona para incautarse de unas armas ilegales de cuya existencia había tenido noticia a través de los servicios de información. Sin embargo, en seguida alegó que había sido atacada por hombres armados y había hecho uso de medios letales para responder al ataque, junto con la Fuerza de Defensa Jamaicana.

La comisión comenzó las vistas en septiembre de 2001 y publicó su informe final en junio de 2002. A la zona donde tuvo lugar el incidente, Tivoli Gardens, se la califica a menudo de «comunidad guarnición». Forma parte del distrito electoral de Edward Seaga, miembro del Parlamento, líder de la organización de oposición Partido Laborista Jamaicano y antecesor del actual primer ministro de Jamaica.

Documento público

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