Índice AI: AMR 38/020/2002/s (Público)

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4 de octubre de 2002

Jamaica: La investigación Braeton, ¿impunidad para el asesinato?

Tras nueve meses de actuaciones profundamente viciadas, un jurado pesquisidor de Jamaica sentenció ayer que no podía declararse a nadie penalmente responsable de las muertes de siete jóvenes a manos de agentes de policía en Braeton el 14 de marzo de 2001.

«El director de la Fiscalía debe incoar de inmediato actuaciones penales contra los policías implicados. Para que se haga justicia y se vea cómo se hace justicia, debe haber una investigación independiente, minuciosa e imparcial que determine quién tiene la responsabilidad de estas muertes», ha manifestado Amnistía Internacional, señalando las graves incoherencias existentes entre la versión inicial de la policía sobre los acontecimientos y sus declaraciones posteriores como una entre muchas de las razones existentes por las que debe hallarse una respuesta a lo que sucedió en Braeton».

«Las actuaciones de la investigación parecen haberse llevado a cabo sin la imparcialidad que exige el derecho internacional para las investigaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales», añadió Amnistía Internacional. La organización envió en dos ocasiones un observador a las actuaciones, y realizó un seguimiento continuado de ellas.

«Parece haber ejemplos manifiestos de parcialidad del pesquisidor, que favoreció siempre la versión policial de los acontecimientos», afirmó la organización.

Por ejemplo:

El 8 de abril de 2002, declaró: «No hay nada malo en la propensión a disparar. Los jueces lores han dicho: “Primero dispara, y luego pregunta”. La policía tiene derecho a disparar».

Permitió que ocho agentes que dispararon dentro de la casa no aportaran ninguna prueba en la investigación.

No mencionó en su recapitulación de los hechos la alta probabilidad de contaminación de las pruebas que pretendían demostrar la presencia de residuos de pólvora en las manos de algunas de las víctimas, a pesar de que se presentaron muchas pruebas sobre este punto.

«Una vez más, se ha permitido que unos agentes jamaicanos encargados de hacer cumplir la ley, a los que se acusa de haber matado ilegítimamente, queden libres y escapen de la justicia. La investigación Braeton no es sino el último caso de los muchos (como el de Green Bay, Montego Bay, Agana Barrett, Michael Gayle, las palizas en la cárcel de St Catherine, West Kingston, Patrick Genius o Sean Robinson) que ponen de manifiesto la falta de voluntad política por parte de las autoridades para garantizar que se hace justicia y se rinden cuentas», añadió Amnistía Internacional.

Información general

Se llegó al veredicto por mayoría de 6 contra 4. El artículo 19.7 de la Ley sobre el Pesquisidor (Coroner’s Act), de 1900, dispone que en ciertos casos en los que el jurado no llega a un veredicto con cierta mayoría, el pesquisidor puede eximir de su responsabilidad al jurado y ordenar la convocatoria de otro. Esta facultad discrecional se aplicaría en casos como éste, en los que el jurado consta de «siete personas o más» y la minoría se compone de «más de dos» personas. El pesquisidor, por tanto, puede iniciar una investigación totalmente nueva.

El director de la Fiscalía tiene la facultad de examinar las declaraciones a fin de comprobar si podría derivarse algún cargo de las muertes de Braeton. Según los informes, ayer un subdirector de la Fiscalía afirmó: «Si es remitido a la oficina del director de la Fiscalía por el juez, ésta revisará los expedientes y puede decidir que, a pesar del veredicto, sigue adelante y presenta cargos si las pruebas los apoyan. O también puede estar de acuerdo con la decisión de la mayoría del jurado».

El director de la Fiscalía tiene un historial de no incoar actuaciones contra policías sobre los que hay denuncias de homicidios ilegítimos. No se presentaron cargos tras la investigación que halló que todos los policías y soldados implicados en la muerte de Michael Gayle, golpeado hasta la muerte en un control de carretera en agosto de 2002, debían responder penalmente. Tampoco se presentaron cargos tras el dictamen de la investigación según el cual los policías debían responder penalmente de la muerte de Patrick Genius.

El 14 de marzo de 2001, unos policías mataron a siete jóvenes en una casa de Braeton, Kingston. La policía afirmó que los hombres habían disparado contra unos 60 agentes que habían llegado a la casa y les habían pedido que se entregaran. Según la policía, los siete murieron al devolver los disparos. Sin embargo, personas residentes en la zona afirman haber oído a los hombres suplicando a los policías que les perdonaran la vida antes de que los agentes los llevaran dentro de la casa uno por uno y al parecer los ejecutaran. Un patólogo enviado por Amnistía Internacional observó las autopsias y señaló que seis de los siete jóvenes tenían disparos en la cabeza, al menos uno de ellos hecho a muy corta distancia, y concluyó que era «sumamente improbable» que los disparos se hubieran producido tal como indicó la policía y que la disposición de las heridas por arma de fuego era «mas coherente» con la teoría de que les dispararon desde dentro de la casa.

Documento público

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