AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice de AI: AMR 41/044/2003/s (Público)

Numero del Servicio de Noticias: 192

15 de Agosto de 2003

Respuesta a la Carta Abierta del Gobierno del Estado de Chihuahua sobre el informe de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional tuvo conocimiento hoy a través de la prensa de la respuesta de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Chihuahua al informe de la organización sobre desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, publicado el pasado lunes.

Amnistía Internacional agradece las detalladas observaciones contenidas en la carta publicada en los medios y lamenta que no se haya permitido una oportunidad para dialogar directamente con el Sr. Gobernador, quien no concedió una entrevista a la delegación de Amnistía Internacional que recientemente estuvo en Chihuahua.

El gobierno del estado critica el documento acusándolo de ser parcial, de no citar fuentes precisas y de basarse exclusivamente en información obtenida por las ONGs, sin tener en cuenta información brindada por las autoridades. Según el gobierno del estado, el informe “miente” al presentar conclusiones generalizadas y no reconocer las acciones tomadas a nivel estatal.

Sorprende a Amnistía Internacional que el gobierno estatal intente descalificar la metodología y las conclusiones del informe, contrariamente a lo expresado por las autoridades federales, incluyendo el Presidente Fox, el Secretario de Gobernación y el Procurador General de la República. Las entrevistas mantenidas con las autoridades federales se han centrado en los pasos concretos a tomar para poner fin a estos crímenes y no en la negación de un patrón de violencia contra la mujer que ha persistido durante una década por la falta de diligencia debida de parte de todos los niveles del Estado.

Las conclusiones del informe se basan en la información recabada por Amnistía Internacional en entrevistas con víctimas, familiares, abogados, defensora/es de derechos humanos, así como con diferentes entidades gubernamentales e instituciones oficiales. También se revisaron un número significativo de expedientes, algunos de los cuales fueron entregados por las autoridades estatales a Amnistía Internacional. Muchos de los datos se han obtenido a través de las visitas realizadas por delegados de Amnistía Internacional a Ciudad Juárez y Chihuahua. Debido a que la organización detectó una deficiente base informativa oficial con referencia a los casos, decidió hacer su propia sistematización cruzando información de las diversas fuentes señaladas, tanto oficiales como no oficiales.

En su informe, Amnistía Internacional reconoce que se ha avanzado en la identificación y procesamiento de supuestos responsables, pero expone su seria preocupación acerca de la ineficacia de los procedimientos en su contra. Éstos merecen ser seriamente cuestionados al existir indicios de que algunos de los detenidos fueron sometidos a tortura y malos tratos con el fin de obtener declaraciones autoinculpatorias como único medio probatorio. Es por ello que Amnistía Internacional no puede compartir la conclusión del gobierno del estado en el sentido de que la mayoría de los casos están “resueltos” e insiste en una revisión independiente de aquellos casos en que se han detectado violaciones al debido proceso en contra de los detenidos.

Preocupa enormemente a Amnistía Internacional que el gobierno estatal siga minimizando las serias denuncias hechas por los familiares acerca del desprecio y la discriminación con los que han sido tratados. Es un deber y una deuda pendiente del estado respetar la dignidad de las víctimas y sus familiares y brindarles reparación y cooperación.

Amnistía Internacional considera positivo que el gobierno estatal por fin se comprometa con las familias y con toda la ciudadanía a esclarecer estos crímenes. La organización acoge con satisfacción la disposición manifestada para revisar detenidamente las recomendaciones contenidas en el informe y atenderlas. Amnistía Internacional confía que este compromiso se traduzca en hechos concretos para poner fin a la impunidad que durante diez años ha negado a las victimas y a la sociedad chihuahuense en general su derecho a la verdad y a la justicia.

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