PÚBLICO Índice AI: AMR 41/053/2008

24 de octubre de 2008

AU 294/08 Temor por la seguridad / preocupación jurídica

MÉXICO Residentes de la localidad de Rafael Lara Grajales, estado de Puebla

Los residentes de la localidad de Rafael Lara Grajales, en el estado central de Puebla, ayudaron a un grupo de migrantes centroamericanos a escapar de una banda que los retenía a cambio de un rescate. Los migrantes les dijeron que la banda trabajaba con agentes de la policía local de Rafael Lara Grajales. Los residentes ahora pueden sufrir represalias.

Según testigos presenciales, la mañana del 12 de octubre, unas 60 personas de Honduras, El Salvador y Nicaragua, que habían sido secuestradas cuando trataban de viajar a Estados Unidos, escaparon de una casa en la que los secuestradores las torturaban para tratar de obtener un rescate de sus familiares en Estados Unidos y en sus países de origen. Los residentes las vieron corriendo por las calles, algunas de ellas desnudas y sangrando, y les prestaron primeros auxilios y les dieron ropa y comida. Cuando sugirieron llamar a la policía, los migrantes les dijeron que algunos agentes de la policía municipal habían estado trabajando con los secuestradores.

Acompañados por una multitud cada vez mayor de residentes, los migrantes señalaron a cuatro miembros de la banda. Los residentes detuvieron a los cuatro secuestradores y los llevaron al ayuntamiento, pero las autoridades municipales se negaron a prestar ayuda para identificar a los demás miembros de la banda. Para entonces, más de la mitad de los migrantes habían huido, pero los agentes de la Procuraduría del estado de Puebla detuvieron a todos los que se encontraban aún allí. Cuando los agentes trataron de obligar a los migrantes a subir junto con los secuestradores a un autobús sin placas de matrícula, conducido por un civil, los residentes protestaron, creyendo que era posible que se estuviera devolviendo a los migrantes a los secuestradores, e impidieron que los llevaran a ningún lado hasta que llegaron las autoridades federales de migración. Algunos miembros de la multitud, que para entonces ya sumaba más de un millar de personas, se enfrentaron a la policía: se prendió fuego a un auto patrulla y a dos motocicletas, y las oficinas municipales resultaron dañadas. Unos 300 agentes antidisturbios del estado dispersaron a la multitud con gas lacrimógeno y porras. Más tarde, ese mismo día, los residentes entregaron a los migrantes directamente a las autoridades federales de migración, y los cuatro secuestradores fueron entregados a la Procuraduría General de la República.

Dos horas después, la policía del estado detuvo a ocho personas, entre ellas dos adolescentes, y las acusó de motín y daño a la propiedad. El primer cargo se retiró antes de que los detenidos pasaran a disposición judicial para ser procesados por un juez del estado. Según fuentes de la localidad, a los ocho les impidieron ver a sus abogados o a sus familias durante varios días. Las autoridades han dictado órdenes de detención contra 18 residentes locales por su presunta implicación en los enfrentamientos. Muchos residentes locales creen que esas órdenes de detención tienen como intención disuadir a quienes pudieran oponerse a las acciones del gobierno y la policía municipales. Los policías municipales implicados en las actividades de los secuestradores están siendo investigados, pero no han sido apartados de sus cargos, y al menos seis de los secuestradores continúan en libertad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha abierto una investigación sobre los abusos contra los migrantes.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Centenares de personas tratan cada año de llegar a Estados Unidos viajando a través de México desde América Central y del Sur. Muchas son detenidas por las autoridades mexicanas de migración y devueltas a sus países de origen. Amnistía Internacional visitó recientemente México para investigar los informes de violaciones de derechos humanos contra estas personas, y concluyó que muchas habían sido secuestradas por bandas, que a menudo colaboran con funcionarios locales. Ni estas bandas ni los funcionarios corruptos comparecen prácticamente nunca ante la justicia, y quienes presentan denuncias contra ellos pueden sufrir represalias y enfrentarse a cargos penales falsos. Esta impunidad ha permitido que los abusos contra los migrantes –unas personas extremadamente vulnerables– aumenten desde el año 2003, aproximadamente, pese a los compromisos del gobierno de garantizar el respeto por los derechos de los migrantes.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades que protejan a las personas que ayudaron a los migrantes que huían de sus secuestradores el 12 de octubre en el municipio de Rafael Lara Grajales, estado de Puebla;

- pidiendo a las autoridades que garanticen que todos los detenidos en Rafael Lara Grajales gozan del proceso debido y de un juicio justo, y que garanticen también que ningún residente es víctima de cargos penales falsos como represalia por sus esfuerzos humanitarios de ayudar a los migrantes;

- instando a la Procuraduría General de la República a investigar las denuncias según las cuales había agentes de la policía municipal implicados en el secuestro de migrantes irregulares en el municipio de Rafael Lara Grajales, y a garantizar que los secuestradores son procesados;

- pidiendo a las autoridades que proporcionen visados temporales a los migrantes –que fueron secuestrados, golpeados y extorsionados–, para que puedan testificar contra los responsables sin temor a represalias o a la repatriación.

LLAMAMIENTOS A:

Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza

Procuraduría General de la República, Av. Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16

Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO

Fax: +52 55 53 46 09 08

Tratamiento: Señor Procurador General

Lic. Mario Marín Torres, Gobernador del Estado de Puebla

Palacio de Gobierno, Av. Reforma 711 Altos Col. Centro, Puebla 72009, MÉXICO

Fax: +52 22 46 02 71

Tratamiento: Señor Gobernador

Lic. Blanca Laura Villeda Martínez

Procuradora del Estado de Puebla, Blvd. 5 de Mayo y 31 Oriente

Col. Ladrillera de Benítez, Puebla 75539, MÉXICO

Fax: +52 22 372 867

Tratamiento: Señora Procuradora

Lic. Cecilia Romero Castillo, Comisionada del Instituto Nacional de Migración

Calle Homero 1832, Col. Los Morales, Del. Miguel Hidalgo

México D.F., C.P. 11510, MÉXICO

Fax: +52 55 5557 9865

Tratamiento: Señora Comisionada

COPIA A:

Dr. José Luis Soberanes Fernández, Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Edificio “Héctor Fix Zamudio”, 6° piso, Blvd. Adolfo López Mateos n° 1922

Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro Obregón, México D.F., C.P. 01040, MÉXICO

Fax: +52 55 56 81 81 25; si responde una voz grabada, marquen 0

y a la representación diplomática de México acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 5 de diciembre de 2008.