EXTERNO (Para distribución general) Índice AI: AMR 44/02/95/s

AU 95/95 19 de abril de 1995 Distr: AU/SC

Empleo excesivo de fuerza y preocupación médica y jurídica

PANAMÁ: Traslación Acosta, Vidal Concepción, Alejandro Jiménez, Fermín Franco Cortés, Silverio Pimentel, Enrique Concepción, Ana Acosta, Anselmo Acosta (12 años), Liborio Concepción - todos ellos miembros del grupo indígena Ngobe-Bugles (los Gauymí)

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Según los informes, el 11 de abril de 1995, las personas citadas en el encabezamiento, miembros del grupo indígena Ngobe-Bugles, fueron arrestadas sin orden de detención en Cerro Pelado, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, después de un enfrentamiento con un grupo antidisturbios especial de la Policía Nacional. En los disturbios que se produjeron después, nueve de los manifestantes fueron detenidos y uno sufrió heridas de bala en la cabeza y en el rostro.

Después del arresto, los detenidos fueron trasladados a la Cárcel Modelo de la Ciudad de Panamá, extremadamente hacinada y por debajo del nivel exigible, donde, al parecer, les recluyeron en régimen de incomunicación y no les permitieron informar a sus familiares y abogados de su paradero. Los abogados que trabajaban para ellos lograron su retorno a Veraguas con el argumento de que su traslado a la Ciudad de Panamá era ilegal.

Según los informes, Liborio Concepción, que resultó herido en la confrontación, está esposado a su cama en el Hospital de Santiago en Veraguas. Anselmo Acosta, también detenido, sólo tiene 12 años. Otra detenida, Ana Acosta, está embarazada, pero, al parecer, no ha recibido tratamiento médico. Los abogados también han denunciado que, hasta la fecha, los cargos contra los detenidos no se han aclarado.

También se ha expresado preocupación debido a que los procedimientos legales no han cumplido los plazos de tiempo establecidos en la legislación tunecina, y no se ha obtenido respuesta a los recursos de hábeas corpus ni a las peticiones de libertad bajo fianza en favor de los detenidos. También se ha informado que la policía confiscó la grabadora y los documentos del periodista indígena Arcalio Bonilla cuando intentó investigar el incidente. Le devolvieron la grabadora cuando aceptó romper sus notas.

Durante varias semanas, centenares de Ngobe-Bugles se han manifestado pacíficamente en protesta por las prospecciones que está realizando Geo-Tec, una empresa minera panameño-canadiense, en territorios que ellos afirman que es su comarca, tierras que afirman que les pertenece históricamente y sobre la que reclaman sus derechos administrativos.

Al parecer, un representante de la empresa minera utilizó sus contactos familiares en el Ministerio de Interior y Justicia para lograr la intervención de la Policía Nacional en el conflicto. Los indígenas afirman que las heridas de machete sufridas por dos agentes de policía durante el conflicto se produjeron cuando los manifestantes se vieron obligados a defenderse contra el asalto armado de la policía.

INFORMACIÓN GENERAL

Las elecciones de mayo de 1994 volvieron a llevar al poder al Partido Revolucionario Democrático (PRD), bajo la dirección de Ernesto Pérez Balladares. El PRD había apoyado al gobierno militar de facto del hombre fuerte de Panamá durante muchos años, el general de Brigada Manuel Noriega. Durante el gobierno del general Noriega, Amnistía Internacional sintió preocupación por las detenciones arbitrarias y el empleo de fuerza excesiva contra los manifestantes opuesto a su gobierno, por los malos tratos a los detenidos y por la ejecución sumaria de los miembros de las Fuerzas de Defensa que se sumaron a las insurrecciones militares contra el general Noriega.

Los abusos fueron cometidos por las Fuerzas de Defensa de Panamá y los denominados Batallones de la Dignidad, milicias civiles que actuaban bajo su mando. El gobierno del general Noriega fue derrocado como consecuencia de la invasión estadounidense del país en diciembre de 1989. El general Noriega fue trasladado a Estados Unidos, donde le juzgaron por tráfico de drogas. Miles de sus seguidores fueron detenidos brevemente; otros estuvieron recluidos sin cargos ni juicio hasta septiembre de 1994, cuando el presidente Ernesto Pérez Balladares anunció un indulto para 222 ex funcionarios y militares partidarios de Noriega. El presidente Pérez dijo que los indultados habían sido procesados por motivos políticos, pero las personas que se opusieron a la medida temían que se había concedido la impunidad a los responsables de delitos comunes, entre ellos asesinato y apropiapión de fondos estatales.

La población indígena representa aproximadamente el 10 por ciento de la población de Panamá. En los últimos años, ha realizado campañas para que se reconozca su derecho a administrar las tierras que habitan o utilizan. La Constitución de Panamá contiene disposiciones que reconocen el derecho de los habitantes indígenas a controlar sus propias tierras, pero en realidad, sus tierras han sido usurpadas continuamente por pobladores, cazadores de animales amenazados y empresas madereras y mineras. Los indígenas que han protestado por estas usurpaciones a menudo han sufrido la violencia policial, como ocurrió el 11 de abril en Cerro Pelado.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en español, inglés o en el propio idioma del remitente:

- pidiendo que los detenidos tengan acceso a sus abogados y familiares y que de no ser acusados de delitos tipificados en el Código Penal, les excarcelen;

-pidiendo que el aparente empleo de fuerza excesiva por la Policía Nacional se investigue y que los responsables sean puestos a disposición judicial;

-pidiendo que el detenido herido, Liborio Concepción, reciba tratamiento médico inmediatamente en un medio adecuado; que se tomen medidas, entre ellas un examen médico exhaustivo, para garantizar que el embarazo de de Acosta no corre peligro; y que el niño de 12 años, Anselmo Acosta, sea tratado de acuerdo con las normas que regulan el trato y los cuidados a los menores bajo custodia;

-pidiendo que se tomen medidas para indemnizar a Arcalio Bonilla por la pérdida de equipo y ganancias, y para que no se vuelvan a permitir intromisiones con el trabajo de un periodista intentando informar sobre abusos contra los derechos humanos.

LLAMAMIENTOS A:

S.E. Ernesto Pérez Balladares

Presidente de la República de Panama Palacio Presidencial

Valija 50, Panamá 1

REPUBLICA DE PANAMA

Tel: + 507 27-4062

Telex: 2770 PRESIPA PG

Fax: + 507 27-0076

Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente/Dear Mr. President

2) Sr. Raúl Montenegro

Ministro de Interior y Justicia

Ministerio de Interior y Justicia

Apartado 1628, Panamá 1

REPUBLICA DE PANAMA

Tel: + 507 22-8973, Telex: 2746

Fax: + 507 62-7877

Tratamiento: Señor Ministro/Dear Minister

3) Mayor Porfirio Velásquez

Sr. Comandante, Fuerzas Públicas de Panamá

Veraguas

REPUBLICA DE PANAMA

Tratamiento: Señor Ministro/Dear Minister

COPIAS A:

Napguana, Consultorio Jurídico de Pueblos Indígenas, Asociación Indígena de Panamá, and Fundación Dobbo Yala

FAX: +507 69 35 14

y a la representación diplomática de Panamá acreditada en el país del remitente.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los nvían después del 31 de mayo de 1995.