ÍNDICE AI: AMR 44/02/97/sServicio de Noticias 65/97

15 DE ABRIL DE 1997

PANAMÁ: LAS AUTORIDADES NO DEBEN REANUDAR LA REPATRIACIÓN FORZADA DE REFUGIADOS A COLOMBIA

Amnistía Internacional hace un llamamiento urgente a las autoridades panameñas para que no devuelvan a su país a los aproximadamente 300 refugiados colombianos que han huido a Panamá a lo largo del último mes para escapar de la violencia política que asola el noroeste de Colombia.

Según los informes, las autoridades panameñas y las colombianas tienen planeado repatriar por la fuerza a los refugiados a Colombia esta semana, lo cual supone una violación de las obligaciones internacionales contraídas por Panamá. Algunos refugiados ya han sido transportados a regiones más próximas a la frontera como parte del proceso de deportación.

Amnistía Internacional ha declarado: «Nos indigna la indiferencia de las autoridades panameñas, que admiten abiertamente que no tienen ni idea de lo que les sucederá a los refugiados si son repatriados a la región de la que han huido y en la que la violencia política está generalizada. El devolver a los refugiados a otras regiones tampoco es una solución factible, ya que las vidas de quienes regresen seguirán corriendo grave peligro».

En noviembre de 1996, las autoridades panameñas repatriaron a Colombia a 88 refugiados, la mayoría mujeres y niños, con la cooperación de las fuerzas aéreas colombianas. Aunque las autoridades colombianas garantizaron la seguridad de los repatriados, éstos a su regreso fueron alojados en el Hogar Juvenil de Apartadó donde, según los informes, vivían en condiciones de hacinamiento y falta de higiene. Las zonas rurales y urbanas de Apartadó también sufren una intensa violencia paramilitar y, según los informes, desde la repatriación uno de los refugiados que fueron alojados allí ha sido asesinado.

Amnistía Internacional ha declarado: «Si las autoridades panameñas insisten en llevar a la práctica su amenaza, no habrá manera de garantizar la seguridad de los repatriados, teniendo en cuenta el actual nivel de violencia en el noroeste de Colombia».

La organización de derechos humanos implora a las autoridades panameñas que no deporten a nadie a un país en el que el deportado pueda correr peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, ya que esto supondría una infracción grave de las obligaciones internacionales contraídas por Panamá. Según ha manifestado Amnistía Internacional: «Panamá debe reconocer que estas personas son refugiados que huyen de la violencia política y debe garantizar que reciben protección contra la repatriación forzosa».

Las organizaciones humanitarias y eclesiásticas tanto de Panamá como de Colombia han pedido que se permita a los refugiados permanecer en Panamá y que se les aloje en campamentos permanentes que sustituyan a los refugios provisionales en los que viven actualmente.

Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, en marzo grupos de campesinos residentes en Riosucio y Unguía, en la provincia de la selva colombiana de Chocó, empezaron a cruzar la frontera entre los dos países y a entrar en la provincia panameña de Darién, buscando refugio frente al brusco incremento de la violencia entre las guerrillas izquierdistas, los grupos paramilitares derechistas y el ejército en la región.

Esta violencia ha sido la causante de que, en los últimos cuatro meses, unos 11.000 campesinos hayan abandonado sus casas en el área. Salvo los aproximadamente 300 campesinos que decidieron emprender el camino sembrado de peligros que les conduciría a Panamá, el resto se han convertido en desplazados internos dentro del noroeste de Colombia. Las autoridades de las provincias colombianas de Chocó y Antioquia, provincias ya sometidas a una enorme presión, han reconocido públicamente que no saben qué hacer con los refugiados si son deportados desde Panamá.

En noviembre de 1996, las autoridades panameñas detuvieron las deportaciones a Colombia tras los llamamientos internacionales y las peticiones del ACNUR. Amnistía Internacional insta enérgicamente al gobierno de Panamá a no reiniciar dichas deportaciones y a proporcionar a los refugiados una protección efectiva y duradera.