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ÍNDICE AI: AMR 44/05/96/s

28 DE NOVIEMBRE DE 1996

PANAMÁ: LAS AUTORIDADES DEBEN PONER FIN INMEDIATAMENTE A LA DEPORTACIÓN FORZADA DE REFUGIADOS DESDE SU PAÍS A COLOMBIA

Después de la deportación de 88 refugiados colombianos, que huyeron a Panamá la semana pasada para escapar de la violencia policial en el noroeste de Colombia, Amnistía Internacional ha pedido urgentemente a las autoridades panameñas que no deporten a los doscientos refugiados que continúan en Panamá.

«Nos parece alarmante que las autoridades panameñas, con la cooperación de la Fuerza Aérea Colombiana, hayan repatriado a los refugiados a la región extremadamente inestable de Urabá, donde sus vidas están seriamente amenazadas», ha declarado hoy Amnistía Internacional.

«Las autoridades de los dos países deben reconocer que estas personas son refugiados que huyen de la violencia política y deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad».

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno panameño que cumpla con su obligación, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, de no deportar a nadie a un país donde esté en peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.

Según los informes recibido por Amnistía Internacional, un grupo de unos cuatrocientos campesinos, residentes en su mayoría en Unguía, Departamento de Chocó(1), huyeron a Panamá al estallar la violencia entre las guerrillas izquierdistas y las unidades paramilitares de derechas que actúan en la región. A su llegada a Panamá, los refugiados establecieron campos improvisados en la provincia de Darién, pero en cuanto que las autoridades panameñas advirtieron su presencia, organizaron su retorno a Colombia en colaboración con la Fuerza Aérea de Colombia, que proporcionó un avión y devolvió al primer grupo el 23 de noviembre.

Un elevado número de las personas que han huido de la violencia en la región de Urabá son mujeres, ancianos y niños. El grupo de 88 refugiados deportados el 23 de noviembre incluía a 32 menores. Después de su repatriación de Panamá, los refugiados fueron alojados en el Hogar Juvenil de Apartadó, donde los informes señalan que viven hacinados y en condiciones antihigiénicas. Además, en estos momentos, las zonas rurales y urbanas de Apartadó están sufriendo un gran nivel de violencia paramilitar. Al parecer, durante el fin de semana, otras 75 familias campesinas se trasladaron al centro urbano de Apartadó para intentar escapar de la violencia de las zonas rurales.

Dado el nivel actual de violencia política en Urabá, no se puede garantizar la seguridad de los refugiados y de las demás personas que han huido de la región si las devuelven a Urabá.

En vista del posible incremento del número de personas que intenten escapar de Urabá huyendo al territorio panameño y a otras zonas, Amnistía Internacional ha pedido a los dos gobiernos que cooperen con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y que tomen todas las medidas necesarias para proteger las vidas y garantizar el bienestar de los refugiados colombianos. Ambos gobiernos deben responder a cualquier recomendación específica que realice el ACNUR.

Amnistía Internacional también ha pedido a las autoridades panameñas que pongan fin inmediatamente a la deportación de refugiados y que protejan a los refugiados que continúen en territorio panameño.

A través de su Programa Nacional de Desplazados del Ministerio de Interior, el gobierno colombiano debe garantizar que se protegerá a los 88 refugiados a los que las autoridades panameñas ya han devuelto a Colombia y a los demás campesinos desplazados internamente que, según los informes, han huido de la violencia, para que no sufran violaciones de derechos humanos y reciban toda la ayuda humanitaria necesaria.

Según Amnistía Internacional, «este problema seguirá creciendo salvo que las autoridades colombianas actúen ahora para afrontar las causas de la violencia que recientemente se ha producido en Urabá, que se ha cobrado la muerte de muchos campesinos y causado la huida de otros».

(1) La zona de Urabá en el noroeste de Colombia abarca zonas de los departamento de Chocó, Antioquía y Córdoba

INFORMACIÓN GENERAL

La escalada de la violencia política en la región de Urabá entre las fuerzas armadas colombianas y sus aliados paramilitares y tres grupos armados de oposición se ha cobrado la vida de muchos civiles. La gran mayoría de los centenares de víctimas de los últimos meses han sido civiles presionados para que apoyaran a grupos armados rivales. El gobierno colombiano no ha hecho nada para proteger a la población civil. En uno de los últimos incidentes, ocurrido el 23 de noviembre, unos miembros de unidades paramilitares respaldadas por el ejército, al parecer, abatieron a tiros a cinco personas en Apartadó. También se ha informado de que, la semana pasada, las guerrillas de izquierdas presuntamente mataron a cuatro campesinos.