PÚBLICO Índice AI: AMR 46/012/2004

AU 259/04 Temor por la seguridad 3 de septiembre de 2004

PERÚ Luis Alberto Ramírez Hinostroza

Miembros de su familia

Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de Luis Alberto Ramírez Hinostroza y su familia, tras el atentado que tuvo lugar contra la vida de este hombre el 30 de agosto. Luis Alberto Ramírez es un testigo clave en el proceso judicial contra Luis Pérez Documet, general retirado que ha sido acusado de la “desaparición” en 1991 de nueve personas en la ciudad de Huancayo.

Al atardecer del 30 de agosto, cuando Luis Ramírez Hinostroza llegaba a su casa de El Tambo, en la ciudad de Huancayo, recibió varios disparos desde un automóvil que se cruzó con él y en el que viajaban dos individuos no identificados. Uno de los disparos lo alcanzó en el abdomen. Poco después del ataque fue llevado al Hospital de El Carmen, en la ciudad de Huancayo, donde lo operaron con éxito. Al parecer, su estado es estable y se está recuperando de las heridas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado el 2 de agosto al gobierno que adoptara medidas para proteger a Luis Ramírez Hinostroza tras un atentado anterior contra su vida, perpetrado el 13 de marzo por cuatro individuos no identificados que lo llamaron “bocón”. Aquel atentado vino seguido, el 6 de mayo, por una carta amenazadora que incluía dos fotografías de la esposa y la hija de Luis Ramírez. Sin embargo, según las autoridades, Luis Alberto Ramírez no recibió protección alguna de las autoridades.

Antes de que dispararan contra él el 30 de agosto, Luis Ramírez Hinostroza había denunciado que el 27 de agosto unos desconocidos lo habían seguido en un automóvil. Al día siguiente, cuando trató de denunciar el incidente ante el Ministerio Público, le dijeron que el fiscal de turno no estaba disponible.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En febrero de 1991, cuando tenía 17 años, Luis Ramírez Hinostroza fue detenido por miembros del ejército durante 15 días y, al parecer, fue torturado por orden del general Luis Pérez Documet, que entonces estaba al cargo de la base militar donde Luis Ramírez estaba recluido. Luis Pérez Documet también ha sido acusado de la “desaparición” y el homicidio, cometidos en 1992, de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. En agosto de 2004, el Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó la sentencia dictada en 1994 por un tribunal militar, por la que Luis Pérez Documet era absuelto de esos cargos.

Las graves violaciones de derechos humanos fueron generalizadas y sistemáticas durante las dos décadas (1980 y 1990) de conflicto armado interno entre el Estado peruano y los grupos armados de oposición Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Después de que el presidente Alberto Fujimori abandonó su cargo en el año 2000, se estableció una Comisión de la Verdad y Reconciliación encargada de determinar las circunstancias en torno a los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000 por las dos partes del conflicto. El informe de esta Comisión se hizo público en agosto de 2003. En él se concluía que las fuerzas de seguridad habían cometido graves violaciones de derechos humanos tales como tortura, malos tratos, “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales, y que los grupos armados de oposición, en especial Sendero Luminoso, habían sido responsables del 54 por ciento del número total de muertes y casos de personas cuyo paradero seguía sin conocerse.

El trabajo de la Comisión ha dado lugar a la apertura de procedimientos judiciales contra agentes del Estado que, según los informes, cometieron violaciones de derechos humanos durante ese periodo. El proceso, no obstante, ha sido lento, y sigue existiendo la posibilidad de que se transfieran casos a los tribunales militares a pesar de los claros mensajes, transmitidos no sólo por la Comisión de la Verdad y Reconciliación sino también por la comunidad nacional e internacional de derechos humanos, de que las violaciones de derechos humanos deben ser investigadas por tribunales independientes e imparciales para evitar la impunidad. Por lo tanto, existe honda preocupación por la posibilidad de que no se haga justicia para las miles de víctimas que sufrieron durante el conflicto armado de Perú.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- expresando honda preocupación por la seguridad de Luis Ramírez Hinostroza y su familia;

- señalando que, el 30 de agosto de 2004, Luis Ramírez Hinostroza fue víctima de un atentado contra su vida cerca de su casa de El Tambo, Huancayo;

- pidiendo a las autoridades que hagan cuanto sea necesario para garantizar la seguridad de Luis Ramírez Hinostroza y su familia, conforme a sus propios deseos;

- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre los sucesos del 30 de agosto de 2004 y que los responsables comparezcan ante la justicia;

- señalando que Luis Ramírez Hinostroza es un testigo fundamental en el proceso judicial contra Luis Pérez Documet, general retirado que ha sido acusado de la “desaparición” en 1991 de nueve personas en la ciudad de Huancayo.

LLAMAMIENTOS A:

Ing. Javier Reátegui Roselló

Ministro del Interior

Ministerio del Interior

Plaza 30 de Agosto s/n

Urb. Córpac, San Isidro

Lima 27, PERÚ

Fax: + 51 1 225 7234 / 224 24 05

Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

Dra. Nelly Calderón Navarro

Ministra Fiscal de la Nación

Fiscalía de la Nación

Av. Abancay, cuadra 5 s/n

Lima 1, PERÚ

Fax: + 51 1 427 1792

Tratamiento: Sra. Fiscal General

COPIA A:

Organización de Derechos Humanos

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

CNDDHH

Calle Pezet y Monel (ex Túpac Amaru) 2467
Lince, Lima 14, PERÚ
Correo-E.: postmaster@dhperu.org

y a los representantes diplomáticos de Perú acreditados en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 9 de octubre de 2004.