PÚBLICOÍndice AI: AMR 46/18/99/s

EXTRA 83/997 de julio de 1999

Temor por la posibilidad de que se retire la jurisdicción

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

PERÚ

Hoy, 7 de julio de 1999, el Congreso Nacional Peruano está debatiendo un proyecto de ley en el que se propone que el Estado se retire con efecto inmediato de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proyecto de ley fue enviado ayer al Congreso por el presidente Alberto Fujimori con el respaldo unánime de su Consejo de Ministros.

Perú aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1981, y con ello accedió a acatar sus resoluciones en todos los asuntos relacionados con la interpretación o la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Perú en 1978. La Convención Americana abarca una amplia gama de derechos y libertades fundamentales, que incluyen, entre muchos otros, el derecho a recibir un juicio justo, el derecho a no ser torturado, el derecho a la vida y el derecho a la libertad de expresión. Al aceptar la jurisdicción de la Corte, Perú brindó a sus ciudadanos el beneficio de un escrutinio judicial independiente en los casos en los que los derechos que les otorga la Convención hubieran sido violados y en los que los tribunales nacionales no proporcionaran remedios efectivos.

Si el Congreso aprueba el proyecto de ley, los habitantes de Perú ya no podrán recurrir a este tribunal internacional e independiente. Esta medida retrógrada minaría seriamente el sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos.

Esta decisión se ha tomado a raíz de una resolución de la Corte Interamericana, emitida el 30 de mayo, según la cual el juicio celebrado en 1994 contra cuatro chilenos en virtud de las leyes antiterroristas de Perú no fue justo, y los implicados, que fueron condenados a cadena perpetua, debían ser juzgados de nuevo. El 1 de julio, el gobierno peruano comunicó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que no iba a cumplir la resolución de la Corte en este caso porque, si lo hacía, sentaría un precedente para que volvieran a juzgarse otros casos similares.

Actualmente hay otros casos peruanos pendientes ante la Corte Interamericana.

INFORMACIÓN GENERAL

Desde que el presidente Alberto Fujimori ocupó su cargo en 1990, las violaciones de derechos humanos cometidas en Perú han sido un motivo de honda preocupación para Amnistía Internacional. En 1992 entraron en vigor nuevas leyes antiterroristas que no cumplen las normas internacionales relativas a juicios con las debidas garantías y que proporcionan un marco para imputar a personas cargos falsos por delitos relacionados con el terrorismo. Desde entonces, miles de peruanos han sido acusados y condenados en juicios sin las debidas garantías, y centenares de inocentes han sido acusados de cargos falsos y condenados. En 1995 el Congreso aprobó una ley que otorgaba una amnistía general a todos los miembros de las fuerzas de seguridad que estuvieran siendo objeto de denuncias, investigaciones, actuaciones procesales o juicios, independientemente de que hubieran sido declarados culpables o no, o que estuvieran cumpliendo penas de prisión por violaciones de derechos humanos cometidas entre mayo de 1980 y junio de 1995. Con la aprobación de esta ley, la impunidad quedó legalizada en la práctica.

Aunque las «desapariciones» y las ejecuciones extrajudiciales han disminuido durante el gobierno del presidente Fujimori, la tortura sigue siendo una práctica generalizada. Desde 1996, las amenazas e intimidaciones contra periodistas, dirigentes de la oposición y defensores de los derechos humanos han aumentado.

Si las autoridades peruanas se retiran de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eliminarán la posibilidad de que las víctimas de violaciones de derechos humanos, sus familiares, los defensores de los derechos humanos y todos cuantos han hecho campaña durante años para poner fin a las violaciones de estos derechos reciban una reparación adecuada.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español o en su propio idioma:

-instando a los miembros del Congreso a no aprobar el proyecto de ley que propone la retirada de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

-expresando preocupación porque, si aprueban esta retirada, estarán negando de hecho a los habitantes de Perú el recurso a un escrutinio judicial internacional;

-señalando que este paso minaría seriamente el sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos;

-instándoles a respetar y poner en práctica las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

LLAMAMIENTOS A (tengan en cuenta que puede resultar difícil conseguir tono de fax. Si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax por favor»):

Señor Ricardo Marcenaro Frers

Presidente Interino del Congreso

Congreso de la República, Plaza Bolívar s/n, Lima 1, PERÚ

Telegramas: Sr. Presidente del Congreso, Lima, Perú

Fax: + 511 427 0195

Tratamiento: Sr. Ministro

Señor Dennis Vargas Marín

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso

Congreso de la República

Plaza Bolívar s/n, Lima 1, PERÚ

Telegramas: Presidente Comisión Derechos Humanos Congreso, Lima, Perú

Fax: + 511 426 5252 / 427 8181

Tratamiento: Sr. Presidente

Oscar Medelius Rodríguez

Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso

Congreso de la República, Plaza Bolívar s/n, Lima 1, PERÚ

Telegramas: Presidente Comisión Justicia Congreso, Lima, Perú

Tratamiento: Sr Presidente

y a los representantes diplomáticos de Perú acreditados en su país.

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDDHH

Jr. Túpac Amaru 2467

Lince, Lima 14, Perú

ACCIONES RECOMENDADAS ADICIONALES, OPTATIVAS:

Notifiquen a la prensa de su país la amenaza de Perú de retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana.

Expresen al gobierno de su propio país (por ejemplo, al Ministerio de Asuntos Exteriores o a los parlamentarios) su preocupación por la amenaza de Perú de retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana, y pídanle que inste al gobierno peruano a no hacerlo.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.