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21 de junio de 1999

Trinidad y Tobago viola el derecho internacional e interno al fijar la fecha de la ejecución de Anthony Briggs

Al fijar el ahorcamiento de Anthony Briggs para el 22 de junio, las autoridades de Trinidad y Tobago han incumplido de nuevo sin ningún reparo sus obligaciones internacionales respecto de los derechos humanos y las decisiones de los tribunales nacionales, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Es una vergüenza que las autoridades pretendan ahorcar a Anthony Briggs cuando cabe la posiblidad de ejercer una reparación legal, incluida la conmutación de su condena a muerte, por haberse violado sus derechos humanos.

«El gobierno de Trinidad y Tobago ha adoptado una vez más medidas para menoscabar el sistema de protección de los derechos humanos construido en la región a lo largo de los últimos cincuenta años», ha añadido la organización de derechos humanos.

En marzo de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió que el Estado había violado los derechos que garantiza a Anthony Briggs la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recomendó que se le concediera el derecho a un recurso eficaz, incluida la conmutación de su condena.

Al no haber cumplido el gobierno la obligación que le impone la Convención Americana de remediar las violaciones de derechos humanos cometidas, el 25 de mayo de 1999 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó preservar la vida a Anthony Briggs hasta que ella emitiera una decisión al respecto. Hasta la fecha, la Corte no se ha pronunciado.

El hecho de haber fijado la fecha de la ejecución es contrario también a una decisión emitida recientemente por el Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina (el tribunal supremo de apelación de Trinidad y Tobago, con sede en Londres), según la cual tenían que suspenderse la ejecuciones hasta haber sido rechazados definitivamente los recursos presentados ante organismos internacionales y haber sido consideradas por las autoridades pertinentes las decisiones de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Información general

Anthony Briggs fue declarado culpable, junto con Wenceslaus James, del asesinato en 1992 de Siewdath Ramkissoon y condenado a muerte en junio de 1996.

Tras haber apelado sin éxito ante los tribunales nacionales, en octubre de 1997 se presentó un recurso en favor de Anthony Briggs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la base de que se habían violado los derechos que le asistían en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión decidió que el Estado había violado el derecho del condenado a ejercer plena y libremente los derechos y libertades reconocidos en la Convención. Asimismo, consideró que se había violado también su derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad, ya que había permanecido detenido durante tres años y tres meses antes de su enjuiciamiento.

El 20 de mayo de 1999, el gobierno solicitó que la Corte Internamericana de Derechos Humanos anulara una orden de preservar la vida a Anthony Briggs que había sido emitida en agosto de 1998, cuando el Estado había intentado ejecutarlo mientras la Comisión Interamericana consideraba el recurso presentado en su favor. La Comisión se opuso a la anulación de la orden por considerar que el Estado no había remediado las violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos expuestas en su decisión.

Las últimas personas ahorcadas en Trinidad y Tobago fueron Dole Chadee (conocido también como Nankissoon Boodram), Joey Ramiah, Ramkalawan Singh, Joel Ramsingh, Russell Sankeralli, Bhagwandeen Singh, Clive Thomas, Robin Gopaul y Stephen Eversley. Sus ejecuciones, que tuvieron lugar los días 4,5 y 7 de junio de 1999, han sido las primeras llevadas a cabo en el país en cinco años.

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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido (telf.: 44 171 413 5566).