PÚBLICO Índice AI: AMR 51/002/2007

2 de enero de 2007

AU 01/07 Pena de muerte / preocupación jurídica

EE. UU. (Texas) Ronald Curtis Chambers, negro, de 51 años de edad

Está previsto que Ronald Chambers sea ejecutado en Texas el 25 de enero por un asesinato cometido en el transcurso de un robo en 1975. Chambers lleva bajo custodia 31 años, casi todos ellos en el “corredor de la muerte”.

Dos estudiantes universitarios, Mike McMahan y Deia Sutton, ambos de raza blanca, fueron atracados en Dallas el 11 de abril de 1975; sus asaltantes dispararon contra ellos. Mike McMahan murió, mientras que Deia Sutton sobrevivió. Ronald Chambers y Clarence Williams fueron detenidos unos días después y acusados del crimen. Clarence Williams alcanzó un acuerdo con la fiscalía en virtud del cual fue condenado a dos cadenas perpetuas. Todavía está bajo custodia. Ronald Chambers fue condenado a muerte en 1976 por el asesinato de Mike McMahan. Su condena se anuló en 1984 porque Chambers había sido entrevistado por el psicólogo del estado sin informarle de que lo que dijera podría utilizarse para respaldar una condena de muerte. Volvió a ser condenado a muerte en un segundo juicio celebrado en 1985. Esta condena se anuló también en 1986 a causa de la discriminación ejercida por la fiscalía en la selección del jurado. Chambers fue juzgado por tercera vez en 1992 y condenado, una vez más, a muerte.

En Texas, el jurado tiene que determinar la existencia de “cuestiones especiales”, como si el acusado supone un peligro futuro para la sociedad en caso de que se le permita vivir, aunque sea entre rejas (la denominada cuestión de la “peligrosidad futura”). Cuando se celebró su tercer juicio, Ronald Chambers llevaba ya en prisión 17 años. Aunque en su historial había pequeñas infracciones disciplinarias, no había indicios de que hubiera cometido actos violentos en prisión. En el momento del crimen –17 años antes–, Ronald Chambers tenía 20 años y no tenía antecedentes de violencia. Sus abogados presentaron pruebas atenuantes sobre su difícil infancia en el conflictivo barrio de West Dallas, donde imperaban la delincuencia y las drogas. También presentaron pruebas y testimonios sobre su buen carácter, sus remordimientos por el crimen y su relación constante y positiva con miembros de su familia, incluida su hija.

Los miembros del jurado no tuvieron conocimiento de que el otro acusado por el delito cumpliría cadena perpetua. La defensa trató de presentar pruebas sobre las condenas previas de Clarence Williams por delitos violentos y de alegar que él había sido el impulsor de este delito concreto y que sería injusto ejecutar a Chambers si se permitía vivir a Williams. Sin embargo, el juez resolvió que la defensa sólo podía presentar el hecho de la declaración de culpabilidad y la cadena perpetua de Williams por la muerte de McMahan, sin dar más detalles. Los abogados decidieron no hacerlo, pues consideraron que, sin la información adicional, el hecho sin más de que Williams estaba cumpliendo una cadena perpetua podía actuar como factor agravante contra Chambers al presentar, según alegaron, una imagen engañosa de la culpabilidad relativa de los dos hombres.

Incluso sin esta información, durante la fase de determinación de la pena del juicio de Chambers dos miembros del jurado –entre ellos su presidenta– votaron “no” a la cuestión de la peligrosidad futura, mientras que los otros 10 votaron “sí”. El jurado envió dos notas al juez diciendo que estaban en punto muerto. Las dos veces, el juez ordenó que siguieran deliberando. Cinco horas y media después del inicio de las deliberaciones llegaron a un veredicto, tras responder por unanimidad “sí” a la cuestión de la peligrosidad. Según los informes, la presidenta lloraba en el momento de entregar el veredicto al tribunal.

Los abogados encargados de la apelación de Chambers presentaron pruebas de que el jurado había creído erróneamente que tenía que ser unánime respecto a la cuestión de la culpabilidad, mientras que, de hecho, si no hubiera alcanzado la unanimidad, el resultado habría sido una condena de cadena perpetua. El jurado había recibido las instrucciones temporales formuladas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos concluyera que las anteriores eran inconstitucionales, ya que no permitían a los jurados considerar como atenuantes ciertas pruebas y testimonios. A lo largo de los años, la Corte Suprema ha emitido una serie de resoluciones sobre las instrucciones impartidas a los jurados de casos de pena capital de Texas, y está previsto que este mes escuche los argumentos orales de tres causas relativas a las instrucciones utilizadas en torno a la fecha del tercer juicio de Ronald Chambers. Los abogados que se encargan de la apelación de Chambers han alegado que, si se hubieran dado a los miembros del jurado las instrucciones que ahora se utilizan en Texas, se habría evitado la confusión que sufrieron y habrían podido examinar plenamente todas las pruebas y testimonios presentados por la defensa y haber sopesado todo su efecto atenuante. Además, los abogados han alegado que, si los miembros del jurado hubieran tenido conocimiento de la cadena perpetua impuesta al otro acusado, habría sido más probable que se dictara también una cadena perpetua para Chambers.

Los abogados de la apelación han alegado asimismo que el tiempo que Chambers ha pasado en el “corredor de la muerte” –provocado por las violaciones constitucionales cometidas por la fiscalía que han hecho necesarios nuevos juicios– constituye una pena “cruel e insólita”, y como tal está prohibida por la Constitución estadounidense. La Corte Suprema no se ha pronunciado directamente sobre esta cuestión, pero algunos de sus jueces han manifestado su preocupación al respecto. Por ejemplo, en una opinión emitida en noviembre de 2006 sobre una causa de California que duraba ya 25 años, cuatro jueces de la Corte Suprema escribieron que “el valor incremental obtenido por California al ejecutar una condena de muerte con tanto retraso se ve enormemente contrarrestado por el interés de mantener la confianza en la justicia de todo procedimiento que dé lugar a la decisión de un Estado de arrebatar la vida de uno de sus ciudadanos”.

En 1995, el juez Stevens escribió que podía decirse que la ejecución de un preso que llevaba 17 años condenado a muerte (más de un decenio menos que Ronald Chambers) negaba toda justificación del castigo basada en la disuasión o el castigo equivalente, supuestamente los dos propósitos sociales principales de la pena capital. Si ya no existían estas dos finalidades, el juez sugería que el resultado sería “manifiestamente excesivo y cruel”. Además, el juez señaló que, más de un siglo antes, la Corte Suprema había reconocido que “cuando un preso condenado a muerte por un tribunal es recluido en la penitenciaría para aguardar la ejecución de la condena, uno de los sentimientos más terribles a los que se le puede someter durante ese tiempo es la incertidumbre”. Otro preso que aguarda a ser ejecutado en Texas fue condenado por primera vez en 1976 (un mes después de Chambers). Se ha concluido que se ha vuelto loco, y durante más de diez años se le ha considerado no apto para ser ejecutado en virtud de la Constitución de Estados Unidos.

En 1999, el juez Breyer expresó su preocupación (en el caso de un preso de Florida y otro de Nebraska que llevaban en el “corredor de la muerte” 24 y 19 años, respectivamente) por las “asombrosamente largas demoras que dan lugar a una porción significativa de procedimientos defectuosos de pena de muerte”. Sugirió que “cuando una demora, medida en decenios, refleje el fallo del propio Estado a la hora de cumplir con las disposiciones de la Constitución, el argumento de que el tiempo ha hecho que la ejecución sea inhumana es especialmente sólido”. En 2002, en el caso de un condenado a muerte de Florida que llevaba en espera de ejecución unos 27 años, el juez Breyer escribió sobre esta “reclusión extraordinariamente prolongada bajo condena de muerte, una reclusión que va desde el final de la juventud hasta la mediana edad avanzada”. De ser ejecutado, alegaba el juez Breyer, ese preso habría sido “castigado tanto con la muerte como con una reclusión de más de una generación en la penumbra del corredor de la muerte. Es justo preguntar si ese castigo es tanto insólito como cruel”.

Cuando Ronald Chambers fue condenado por primera vez no se había ejecutado a nadie en Estados Unidos desde hacía casi diez años. Desde entonces, Estados Unidos ha dado muerte a más de 1.057 hombres y mujeres, 379 de ellos en Texas.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

- explicando que no pretenden disculpar el asesinato de Mike McMahan ni el intento de asesinato de Deia Sutton ni menospreciar el sufrimiento que ambos crímenes han causado, pero manifestando que ustedes se oponen a la ejecución de Ronald Chambers;

- señalando que Ronald Chambers lleva tres decenios en el “corredor de la muerte” y que varios jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos han manifestado repetidamente su preocupación por que ese uso de la pena capital puede constituir una pena excesiva y cruel, que viola la Constitución estadounidense;

- expresando preocupación por la aparente confusión existente entre los miembros del jurado que condenaron a Chambers a muerte y por las constantes dudas sobre si pudieron sopesar debidamente las pruebas y testimonios atenuantes presentados en su favor; señalando que el jurado no tuvo conocimiento de que el otro acusado había sido condenado a cadena perpetua;

- pidiendo a la Junta de Indultos y Libertad Condicional que recomiende al gobernador el indulto;

- pidiendo al gobernador que detenga esta ejecución y haga cuanto esté en mano para que se conceda el indulto.

LLAMAMIENTOS A:

Presidenta de la Junta de Indultos y Libertad Condicional

Rissie Owens, Presiding Officer, Texas Board of Pardons and Paroles
PO Box 13401, Austin, Texas 78711-3401, EE. UU.

Fax: +1 512 463 8120

Tratamiento: Dear Ms Owens / Estimada Sra. Owens

Gobernador de Texas

Governor Rick Perry, Office of the Governor, P.O. Box 12428, Austin, Texas 78711-2428, EE. UU.
Fax: +1 512 463 1849

Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador

COPIA A: la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.