Amnistía Internacional

Estados Unidos: La Comisión de Estudio sobre la Pena de Muerte en Nueva Jersey recomienda la abolición

El 2 de enero de 2007, la Comisión de Estudio sobre la Pena de Muerte en Nueva Jersey –creada por la Asamblea Legislativa del estado en 2006 para estudiar todos los aspectos de la pena capital en Nueva Jersey– publicó su informe final. La Comisión, formada por 13 miembros, había celebrado cinco sesiones públicas entre julio y octubre de 2006, en las que escuchó los testimonios de personas muy diversas. En su informe recomienda la abolición de la pena de muerte y su sustitución por la de cadena perpetua sin la posibilidad de obtener la libertad condicional. Recomienda también que el dinero que pudiera ahorrarse como consecuencia de la abolición se destine a ayudar a los familiares de las víctimas de asesinato. La Asociación de Fiscales de Condado de Nueva Jersey se mostró de acuerdo con las recomendaciones. Entre las conclusiones de la Comisión figuran las siguientes:

Ø No hay pruebas convincentes de que la pena de muerte en Nueva Jersey sirva racionalmente a un propósito penológico legítimo.

Disuasión. La Comisión señalaba que en los 24 años transcurridos desde la reimplantación en 1982 de la pena de muerte en Nueva Jersey, 455 personas acusadas habían reunido los requisitos para ser condenadas a muerte. De estas personas, 228 fueron sometidas a juicios en los que se solicitó la pena capital y a 60 se las condenó a muerte. No se ha registrado ninguna ejecución y la mayoría de las penas de muerte se han anulado en la apelación, quedando en la actualidad nueve personas condenadas a muerte. La Comisión observaba que "la medición de los efectos disuasorios basada en porcentajes tan minúsculos está repleta de dificultades". Hacía notar también que "muchos asesinatos no son premeditados, sino que se cometen de forma impulsiva o en un repentino ataque de ira". Por último, señalaba que "en la práctica, el tiempo que pasan los asesinos convictos en Nueva Jersey en espera de que se les aplique la pena de muerte es un argumento en contra de la utilidad de la pena capital como medida disuasoria".

Castigo e incapacitación. La Comisión afirmaba que las opiniones de sus miembros sobre si el castigo constituye un fin penológico adecuado estaban divididas. Entre los que creían que sí, algunos pensaban que este fin podría cumplirlo la cárcel, mientras otros consideraban que "los graves problemas relacionados con la pena de muerte excedían" ese propósito. Algunos argumentaron que la ejecución de delincuentes impedía de forma permanente que cometieran más actos de violencia. Sin embargo, "reconocían que la cadena perpetua sin la posibilidad de obtener la libertad condicional incapacita de manera similar a una persona para perpetrar más actos de violencia fuera del entorno penitenciario".

Ø Hay cada vez más indicios de que la pena de muerte no está en consonancia con la evolución de las normas morales.

La Comisión observó indicios de una tendencia en contra de la pena de muerte en Estados Unidos, como la suspensión de las ejecuciones en vigor en Illinois desde el año 2000, la revocación de la ley sobre la pena de muerte del estado de Nueva York por la Corte de Apelación estatal en 2004 y el hecho de que la asamblea legislativa del estado no la haya reimplantado, los proyectos de abolición presentados en las asambleas legislativas de 10 estados en los últimos dos años y el reciente descenso de las condenas a muerte en Nueva Jersey y en el resto del país.

Ø La abolición de la pena capital eliminará el peligro de que las condenas a muerte sean desproporcionadas.

La Comisión llegó a la conclusión de que "quizá no haya una diferencia significativa entre los delitos de las personas condenadas a muerte y los de aquéllas a las que se impone la cadena perpetua". Hacía notar que se había cuestionado la eficacia del sistema de revisión de la proporcionalidad empleado por la Corte Suprema del estado, incluso entre los propios miembros de esta institución. Tras considerar estos datos, la Comisión llegó a la conclusión de que "a pesar de todos los esfuerzos del estado, sigue existiendo el peligro de que casos similares de asesinato se traten de forma diferente en el contexto de la pena de muerte, con lo que aumenta la probabilidad de que la pena capital se esté imponiendo de forma ‘extravagante’ y arbitraria. Dada la irreversibilidad de la pena de muerte, este riesgo es inadmisible".

Ø El interés penológico de ejecutar a un reducido número de personas culpables de asesinato no es lo bastante grande para justificar el peligro de cometer un error irrevocable.

La Comisión examinó las numerosas condenas injustas registradas en Estados Unidos en casos de delitos punibles con la muerte, así como las habidas en Nueva Jersey en casos de delitos no sancionados con la pena capital. Escuchó las declaraciones de varios testigos, como el de un hombre que había pasado 18 años en una cárcel de Nueva Jersey acusado de violación y asesinato antes de ser exonerado gracias a una prueba de ADN. La Comisión hizo notar también la poca fiabilidad de las identificaciones de los testigos, y escuchó el testimonio de una superviviente de violación que se equivocó al identificar a su agresor, lo que acarreó una condena injusta en Carolina del Norte.

Ø La alternativa de cadena perpetua en una institución de máxima seguridad sin la posibilidad de obtener la libertad condicional garantizaría la seguridad pública de forma suficiente y satisfaría otros intereses sociales y penológicos legítimos, incluidos los de los familiares de las víctimas de asesinato.

La Comisión escuchó el testimonio de familiares de víctimas de asesinato y de otros testigos; la "abrumadora mayoría" declaró que, en su opinión, la cadena perpetua sin la posibilidad de obtener la libertad condicional "es la alternativa adecuada a la pena de muerte". Al final del informe, la Comisión afirmaba que estaba de acuerdo con las palabras de uno de los testigos –el padre de una víctima de asesinato– "quien señaló que el carácter de posible revocabilidad de las apelaciones contra las penas de muerte perjudica a las víctimas, consume recursos y genera una falsa sensación de justicia".

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Amnistía Internacional acoge positivamente la recomendación de la Comisión de Nueva Jersey de abolir la pena de muerte, castigo al que la organización viene oponiéndose desde hace mucho tiempo.(1) La pena capital es una política pública destructiva, diversiva y divisiva que atenta contra valores ampliamente compartidos –en la actualidad, 128 países son abolicionistas en la ley o en la práctica–. No sólo comporta el peligro de incurrir en un error irrevocable, sino que es costosa también para las arcas públicas y desde un punto de vista social y psicológico (la Comisión llegó a la conclusión de que "los costes de la pena de muerte son superiores a los de la cadena perpetua sin libertad condicional" y que "se deben tener en cuenta también los costes intangibles emocionales y psicológicos"). La arbitrariedad y la discriminación por razones de raza y clase social suelen caracterizar la imposición de la pena capital.(2) La pena de muerte niega la posibilidad de reconciliación y rehabilitación. Promueve soluciones simplistas a complejos problemas humanos en lugar de buscar explicaciones que podrían inspirar estrategias positivas. Prolonga el sufrimiento de los familiares de las víctimas de asesinato y extiende este sufrimiento a los seres queridos de los presos condenados. Desvía recursos que se podrían utilizar mejor para actuar contra la delincuencia violenta y ayudar a los afectados por ella. Constituye un síntoma de una cultura de la violencia, no una solución a ésta. Es una afrenta a la dignidad humana. Como concluyó la Comisión, debe abolirse. Amnistía Internacional insta a la Asamblea Legislativa y al ejecutivo de Nueva Jersey a que mantenga la suspensión de las ejecuciones hasta que se lleve a cabo la abolición. La organización seguirá luchando contra la pena de muerte en Estados Unidos y en el resto del mundo.

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TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

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(1) En la actualidad, Amnistía Internacional no realiza acciones ni a favor ni en contra de la pena de cadena perpetua sin la posibilidad de obtener la libertad condicional.

(2) La Comisión llegó a la conclusión de que los "datos disponibles no apoyan la conclusión de una injusta parcialidad racial" en la imposición de la pena de muerte en Nueva Jersey.