AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: AMR 51/008/2008

Fecha: 22 de enero de 2008

http://www.amnesty.org/es/report/info/AMR51/008/2008

José Padilla condenado: Siguen sin resolverse los intereses de la justicia

Mientras José Padilla comienza a cumplir una pena de 17 años y cuatro meses de prisión, tras ser declarado culpable el pasado año de participación en una amplia conspiración terrorista, Amnistía Internacional sigue manteniendo los siguientes motivos de preocupación sobre el caso, tanto en relación con su detención bajo custodia militar como con la imparcialidad de su posterior juicio penal.

A Amnistía Internacional le sigue preocupando la ausencia de rendición de cuentas por los tres años y medio de detención sin cargos ni juicio que José Padilla estuvo bajo custodia militar estadounidense, en los que fue sometido a aislamiento extremo y a otros malos tratos que posiblemente equivalen a tortura. Dado que el gobierno de Estados Unidos se negó a presentar en el juicio ninguna información obtenida durante el periodo en que Padilla estuvo en detenido bajo custodia militar ─información que podría haber sido cuestionada basándose en que se obtuvo bajo coacción─, en las actuaciones judiciales no se examinó el trato de que fue objeto.

Los hechos innegables relativos a la detención bajo custodia militar de Padilla muestran que fue objeto de varias violaciones graves del derecho internacional, como la detención arbitraria prolongada y la detención en régimen de aislamiento (que constituye en sí misma una forma de malos tratos). Por estas violaciones, y posiblemente otras más, incluida la tortura, José Padilla tiene derecho a recibir resarcimiento. El hecho de que finalmente haya sido declarado culpable de delitos graves después de un juicio no es razón para eludir estos motivos de preocupación ni permite que el gobierno estadounidense se burle impunemente del derecho internacional.

Amnistía Internacional pide que se celebren juicios justos ante los tribunales civiles ordinarios para cualquier persona contra la que existan indicios suficientes para que sea juzgada por delitos relacionados con el terrorismo debidamente tipificados. Aunque José Padilla compareció finalmente ante un tribunal, la organización considera que la imparcialidad de su juicio está rodeada de interrogantes que suscitan preocupación. Aunque el tribunal resolvió que el trato que había recibido bajo custodia militar era irrelevante para las actuaciones penales, Amnistía Internacional cree que es imposible ignorar el contexto de esa detención a la hora de considerar ciertas cuestiones fundamentales, como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio sin dilación y la capacidad efectiva de Padilla para colaborar en su defensa.

Desde el momento en que fue trasladado bajo custodia militar como “combatiente enemigo”, en junio del 2002, y durante todo el tiempo que permaneció bajo custodia militar, José Padilla fue conocido en el mundo entero como el “terrorista de la bomba sucia”, debido a las declaraciones públicas del gobierno estadounidense, en las que le retrataban como un agente muy preparado de Al Qaeda que había conspirado para hacer estallar una bomba sucia radiactiva en una ciudad estadounidense. Cuando finalmente fue procesado por una corte federal, en noviembre del 2005, el acta de acusación no contenía mención alguna a dicha conspiración. Por el contrario, su caso se añadió al de otros dos procesados y Padilla fue acusado de conspiración para el asesinato, secuestro y mutilación de personas en un país extranjero y proporcionar apoyo material a una organización terrorista.

En el juicio celebrado el año pasado, a parte del cual asistió un observador de Amnistía Internacional, los fiscales no presentaron ninguna prueba de la implicación de José Padilla en la planificación o realización de ninguna conspiración terrorista ni acto violento. La prueba principal contra él era un formulario de solicitud que según la acusación había cumplimentado para ir a un campo de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán en el 2000. La acusación también presentó grabaciones de miles de conversaciones telefónicas interceptadas. La voz de José Padilla se oía en sólo siete y éste no fue acusado de utilizar supuestos códigos para la yihad violenta que la acusación presentó como prueba contra los otros acusados. El jurado declaró a los tres procesados culpables de todos los cargos después de menos de dos días de deliberaciones

En opinión de Amnistía Internacional, los años en los que José Padilla fue etiquetado públicamente de terrorista peligroso vinculado a Al Qaeda pueden haber dañado irreversiblemente su presunción de inocencia, pese a la selección de los miembros del jurado. Las declaraciones realizadas fuera de la sala del juicio que dieron pie a juicios prematuros u opiniones injustificadas pueden ser incluso más perjudiciales cuando las pruebas presentadas en el juicio son relativamente débiles, como en este caso. Juzgar a Padilla junto con otras dos personas ─Adham Amin Hassoun y Kifah Wael Jayyousi─ también pudo haber tenido un efecto negativo adicional, posiblemente para los tres: todos los procesados habían tratado infructuosamente de ser juzgados por separado.

Aunque Padilla fue declarado mentalmente apto para ser juzgado, Amnistía Internacional considera que sigue habiendo serios motivos de preocupación sobre su estado mental, basados en el trato recibido bajo custodia militar, y hasta qué punto esto ha reducido su capacidad para colaborar en su propia defensa. Padilla fue declarado apto a pesar de que los expertos habían declarado en una vista previa al juicio que sufría un trastorno de estrés postraumático que disminuía su capacidad para interactuar con sus abogados. El examen de aptitud, en la legislación estadounidense, es limitado, y solamente exige que el procesado tenga capacidad básica para comprender las actuaciones y comunicarse con sus abogados; el deterioro mental por sí solo es insuficiente para ser declarado no apto.

Es indiscutible que José Padilla estuvo cerca de 43 meses recluido en aislamiento casi total, que le negaron un abogado durante 21 meses, que fue sometido a largos periodos de privación sensorial (que incluyó permanecer encerrado en una pequeña celda con las ventanas tapiadas, sin reloj ni calendario), que en varias ocasiones le quitaron el colchón y su Corán, y que fue sometido a periodos de ruido extremo y luces brillantes. También fue sometido a reiterados interrogatorios en un régimen que, según ha reconocido un documento oficial, estaba concebido para provocarle un colapso y hacer que dependiera de sus captores.

Los esfuerzos para plantear otras cuestiones, como el derecho de José Padilla a un juicio sin dilación, fueron obstaculizados por una corte federal de distrito que resolvió que, a los efectos del enjuiciamiento penal, el encarcelamiento de Padilla había comenzado en el momento en que fue acusado formalmente de un delito, a finales del 2005. Amnistía Internacional considera esta resolución inadecuada, pues Padilla había sido detenido inicialmente por agentes federales en un aeropuerto civil por motivos por los que, desde ese mismo momento, podía ser enjuiciado penalmente, y sin embargo fue mantenido durante años fuera del sistema judicial, antes de ser acusado formalmente.

Cuando José Padilla fue declarado culpable, se consideró que su juicio demostraba que las causas por delitos relacionados con el terrorismo podían ser juzgadas por las cortes federales ordinarias. Aunque Amnistía Internacional respalda plenamente esta noción en principio, la organización sigue sin estar convencida de que se haya hecho justicia ni de que se haya visto que se ha hecho justicia en este caso. Al convertir a José Padilla en un “combatiente enemigo” y tratarlo como una posible fuente de información a la que someter a aislamiento e interrogatorio, en lugar de proporcionarle un debido proceso como encausado penal, el gobierno estadounidense actuó en detrimento del sistema judicial y vulneró principios fundamentales de derechos humanos. Amnistía Internacional seguirá observando el caso de José Padilla en la fase de apelación, y pide a Estados Unidos que investigue las violaciones de derechos humanos de las que fue víctima antes del juicio y le resarza de ellas.

FIN…/