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ÍNDICE AI: AMR 51/21/98/s

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Estados Unidos: La lotería legal de la ejecución en Texas

Texas -- Ningún otro estado de la Unión puede rivalizar con Texas en cuanto a su apetencia de asesinatos sancionados por el Estado, afirma un nuevo informe de Amnistía Internacional.

«Texas ejecuta a más personas que ningún otro país del mundo Occidental y frecuentemente mata a pobres, jóvenes o retrasados mentales a quienes les ha fallado un sistema legal más preocupado por la política que por la justicia», ha declarado la organización.

La cifra de víctimas en Texas es apabullante: de las 74 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos en 1997, la mitad (37) tuvieron lugar en este estado, una cifra récord desde la reintroducción de la pena de muerte. Pero esta negra estadística sólo es la punta del iceberg.

La organización de derechos humanos condena el proceso legal que precede a las ejecuciones, considerándolo «una letanía de procedimientos sumamente inadecuados que no cumplen con las normas internacionales mínimas para la protección de los derechos humanos» e insta al gobernador de Texas, George W. Bush, a que examine el informe y rebata con detalle sus conclusiones o tome cartas en el asunto para resolver la indignante forma en que se aplica la pena de muerte.

El 5 de febrero, el gobernador Bush declaró: «Me satisface decir que a todas las personas ejecutadas en el estado de Texas se las ha tratado plenamente de acuerdo a la ley. Creo que nuestro sistema ha tratado con justicia a los condenados a muerte.»

Las conclusiones a las que llega la investigación de Amnistía Internacional contradicen de pleno esta afirmación.

El informe, titulado The Death Penalty in Texas: Lethal Injustice, se publica cuando Texas se prepara para ejecutar a Erica Sheppard, que inicialmente «consintió» en ser ejecutada el 20 de abril, y a los delincuentes juveniles Joseph Cannon, que ha pasado los últimos 15 años condenado a muerte (22 de abril) y Robert Carter (18 de mayo).

En lugar de padecer la tensión emocional de vivir condenada a muerte, Erica Sheppard había decidido suspender sus apelaciones y permitir al estado que la ejecutase, pero ahora, al enfrentarse con la realidad de la muerte, ha decidido continuar con sus apelaciones. Al menos otros 14 internos han «permitido» que se les ejecute.

«La ejecución de un preso que prefiere dejar de apelar no es menos grave como violación de derechos humanos que cualquier otra ejecución, ya que en la práctica hace de la ejecución poco más que un suicidio con ayuda estatal», ha afirmado Amnistía Internacional. «El hecho de que una persona, a título individual, tome esa decisión no libera al Estado de su responsabilidad por quitar la vida a uno de sus ciudadanos.»

Los políticos de Texas aluden a «los derechos de las víctimas» para justificar las ejecuciones. Sin embargo, dado que Sheppard tiene tres hijos, Texas no hará más que crear más víctimas de la violencia al matarla.

«No pretendemos excusar la brutalidad de los crímenes cometidos por muchos de los condenados a muerte, ni pasar por alto sus consecuencias en las víctimas o en sus familiares», ha subrayado Amnistía Internacional.

«Sin embargo, los políticos nunca se ocupan del efecto emocional de las ejecuciones sobre los familiares de los presos. El ciclo de violencia continúa sin preocuparse por los seres queridos de los que mueren a manos del Estado.»

Tanto Joseph Cannon como Robert Carter fueron condenados a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad. En ambos casos, sus abogados no informaron al jurado de que habían crecido en un ambiente de terribles abusos, de que Cannon padece graves problemas mentales ni de que Carter es retrasado mental y sufre graves lesiones cerebrales. Su ejecución violaría normas internacionales de derechos humanos como la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que Estados Unidos firmó en su día, pero no ratificó (es, junto con Somalia, el único país que no lo ha hecho).

Las condiciones penitenciarias de los internos condenados a muerte en Texas son tan duras que no es posible creer que ningún preso «consienta» libremente en ser ejecutado, sino que elige no continuar viviendo en condiciones tan terribles. De hecho, el Secretario General de Amnistía Internacional, Pierre Sané, que encabezó la delegación que visitó, en octubre de 1997, Ellis Unit I, el lugar donde permanecen presos los varones condenados a muerte, habló de las «abrumadoras y emocionalmente agotadoras» condiciones reinantes allí.

«Hemos sido testigos de cómo una política deliberadamente encaminada a deshumanizar a los presos se aplica de forma fría, profesional e insensible. Los condenados esperan su muerte en corredores de minúsculos cubículos de reminiscencias medievales... La maquinaria de la muerte en Texas debe detenerse», afirmó Pierre Sané tras su visita.

La raza de la víctima desempeña un papel fundamental a la hora de determinar si su asesino será ejecutado. Aunque más de la mitad de todas las víctimas de asesinato pertenecen a minorías étnicas, el 88 por ciento de los ejecutados fueron condenados por asesinar a personas de raza blanca. Las minorías raciales también están representadas en exceso entre los condenados a muerte, especialmente entre los delincuentes juveniles: de los 25 menores que aguardan a ser ejecutados, 23 pertenecen a minorías étnicas, nada menos que el 92 por ciento.

Asimismo, las condenas a muerte se aplican desproporcionadamente contra los más pobres de la sociedad. El apoyo de la opinión pública a la pena de muerte va en total menoscabo de cualquier voluntad política de garantizar la provisión de una asistencia legal adecuada para los acusados pobres que son juzgados por delitos punibles con la muerte. En Texas, los jueces son funcionarios elegidos por votación popular, y muchos de ellos presentan su candidatura desde plataformas partidarias de las ejecuciones. Como manifestó un fiscal de distrito: «No publique lo que acabo de decir; si la gente de aquí pensara que no apoyo la pena de muerte siempre que sea posible, eso significaría mi muerte política.»

Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos en los que la defensa abdicó totalmente de su responsabilidad para con su cliente, condenándolo en la práctica a muerte. Es el caso de Kenneth Mosley, condenado a muerte en Texas en octubre de 1997, cuyo abogado defensor dijo al jurado: «Ya han visto en qué clase de ser humano patético, vacío, insignificante y quejica se ha convertido. ¿Es la clase de persona a quien desearían sacar de su inútil sufrimiento?»

«No cabe duda de que la imposición de la pena de muerte está contaminada por consideraciones políticas», asegura Amnistía Internacional. «De hecho, Texas está tan orgullosa de matar a la gente que emite comunicados de prensa en relación con las ejecuciones que lleva a cabo.»

«El hecho de que siguieran adelante y ejecutaran sin pudor alguno a Karla Faye Tucker, a pesar de la atención mundial centrada sobre ella, no augura nada bueno para los cientos de presos que languidecen esperando su ejecución», ha añadido la organización.