PÚBLICO Índice AI: AMR 51/022/2004

AU 39/04 Pena de muerte / preocupación jurídica 4 de febrero de 2004

EE. UU. (Texas) Edward Brian Capetillo, latino, de 26 años de edad

Está previsto que Edward Capetillo sea ejecutado en Texas el 30 de marzo de 2004. Fue condenado a muerte en 1996 por el asesinato de Kimberly Williamson, una mujer blanca de 20 años de edad, cometido en 1995. Edward Capetillo tenía 17 años en el momento del asesinato. Un principio fundamental del derecho internacional prohíbe el uso de la pena de muerte contra menores, es decir, contra personas que fueran menores de 18 años en el momento del delito.

Según las pruebas presentadas durante el juicio, el 16 de enero de 1995 Allison y Matt Vickers, mellizos de 19 años de edad, estaban en su casa con sus amigos Kimberly Williamson y Grant Barnett. Los hermanos James y Curtis Duke, junto con Ryan Spillane y Michael Williams, estaban en el apartamento de los Duke. Estos últimos querían comprar marihuana, y pensaron en vender el arma y la balanza electrónica de Spillane a Matt Vickers para obtener dinero con el que comprarla. Cuando Matt Vickers declinó la oferta por teléfono, los cuatro, junto con Edward Capetillo, pensaron en robarle. Los cinco se dirigieron a la casa de los Vickers, Edward Capetillo armado con un rifle y James Duke con la pistola de Spillane. La situación culminó con el tiroteo contra Grant Barnett, Matt Vickers y Kimberly Williamson. Los dos últimos murieron. Kimberly Williamson había recibido dos disparos de Capetillo, y Matt Vickers había recibido disparos de las dos armas. Grant Barnett sobrevivió.

En el momento del delito, Edward Capetillo era un estudiante de enseñanza secundaria, un prometedor atleta, procedente de una familia de clase media y no rota, lo cual es insólito: el perfil general de los menores condenados a muerte en Estados Unidos es el de un joven procedente de un entorno de abusos, privaciones y pobreza. No tenía antecedentes penales. En la fase de determinación de la pena de su juicio, entre los testigos que declararon a su favor se encontraban familiares, profesores, amigos y vecinos. Para convencer al jurado de que, si se le permitía vivir, Capetillo constituiría un peligro futuro para la sociedad (requisito indispensable para imponer una condena de muerte en Texas), la fiscalía se basó en los hechos del crimen, incluida la presunta falta de remordimientos de Capetillo inmediatamente después de lo sucedido, y en testimonios que indicaban que el joven tenía problemas de disciplina en la escuela y se mostraba hostil con las autoridades. El jurado votó a favor de la pena de muerte.

De los cuatro acusados de este caso (Ryan Spillane no fue acusado), Edward Capetillo fue el único contra el que el condado de Harris pidió la pena de muerte. También era el único que no era blanco. James Duke (el otro presunto autor de los disparos) y Michael Wilson fueron acusados de asesinato punible con la pena capital y fueron condenados a cadena perpetua, mientras que Curtis Duke fue condenado a 20 años de prisión por asesinato. Los estudios han mostrado sistemáticamente que, en Estados Unidos, quienes matan a blancos tienen más probabilidades de ser condenados a muerte que quienes matan a personas de otras razas. Si el acusado no es blanco, la probabilidad de que sea condenado a muerte es aún mayor. Los negros y los blancos son víctimas de asesinato en cifras prácticamente iguales, y sin embargo un 80 por ciento de los casi 900 presos ejecutados desde 1977 habían sido condenados por delitos cuyas víctimas eran blancas. Los latinos constituyen aproximadamente un 12 por ciento de la población de Estados Unidos. Entre 1993 y 1999 el índice de asesinatos de latinos era más de un 40 por ciento superior al índice nacional de asesinatos. Sin embargo, menos de un 5 por ciento de las ejecuciones llevadas a cabo desde 1977 fueron por asesinatos cuyas víctimas eran latinas.

Texas tiene en su haber un 60 por ciento (13 de 22) de las ejecuciones de menores llevadas a cabo en Estados Unidos desde 1977. Edward Capetillo es el primero de los tres menores cuya ejecución está prevista en Texas para antes de que termine junio. Los tres son latinos. De los 13 menores ejecutados en Texas, 10 habían sido condenados por delitos cuyas víctimas eran blancas. No se ha ejecutado a ningún menor blanco por matar a un negro o un latino. De esas 13 ejecuciones, 9 eran de presos latinos. De los 28 presos condenados a muerte en Texas por delitos que se cometieron cuando eran menores de 17 años, 6 son blancos, 8 negros, 1 asiático y 13 latinos. De los 28, al menos 16 habían sido condenados por delitos cuyas víctimas eran blancas. Sólo uno de los 28 es un acusado blanco condenado por matar a una víctima perteneciente a una minoría. Actualmente hay condenados a muerte 10 menores que, como Capetillo, fueron procesados en el condado de Harris. De ellos, 6 son latinos, 1 es asiático y 3 son negros.

El 26 de enero de 2004, la Corte Suprema accedió a revisar su decisión de 1989 en la que resolvió que podía ejecutarse a personas que tuvieran 16 o 17 años en el momento del delito. El abogado de Edward Capetillo presentó una moción ante un tribunal de primera instancia de Texas para que se suspendiera la ejecución en espera de la resolución de la Corte Suprema sobre esta cuestión, resolución que se espera para 2005. Sin embargo, el 29 de enero el juez rechazó la moción. El fiscal del distrito del condado de Harris, cuya oficina procesó a Capetillo y a los otros dos presos que se enfrentan a la ejecución en junio por delitos que se cometieron cuando tenían 17 años, ha dejado claro que intentará que se lleven a cabo las tres ejecuciones.

INFORMACIÓN GENERAL

En reconocimiento de la inmadurez de los niños y de su capacidad de rehabilitarse y cambiar, cuatro tratados de derechos humanos, y también el derecho internacional humanitario (las leyes de la guerra), prohíben el uso de la pena de muerte contra personas que fueran menores de 18 años en el momento del delito. La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada por 192 países, es decir, todos los del mundo salvo Somalia y Estados Unidos. En 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la prohibición de ejecutar a menores era una norma imperativa del derecho internacional (jus cogens). La Comisión subrayó que "la aceptación de esta norma cruza fronteras políticas e ideológicas" y que la norma en sí es vinculante para todos los países, incluido Estados Unidos. Ningún país puede autodeclararse exento de esta prohibición global.

Estados Unidos ha sido responsable del 54 por ciento de las ejecuciones de menores de que se ha tenido noticia en el mundo desde 1990 (19 de 35), y del 65 por ciento de las que se ha tenido noticia desde 1998 (13 de 20). Aunque en otros lugares hay ejecuciones esporádicas de menores, Estados Unidos es actualmente el único país que reconoce abiertamente ejecutar a menores dentro de su sistema de justicia ordinario, y que defiende su derecho a hacerlo. Irán ha sido el segundo país en esta triste clasificación. Sin embargo, el Parlamento iraní aprobó en diciembre de 2003 un proyecto de ley redactado por el poder judicial para elevar a 18 años la edad mínima para poder ser condenado a muerte. Amnistía Internacional espera que este proyecto de ley sea ratificado como ley.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras. En sus llamamientos a la Junta de Indultos, incluyan el número de recluso de Edward Capetillo – 999185:

- manifestando su apoyo a los familiares y amigos de Kimberly Williamson y Matt Vickers, y explicando que no pretenden disculpar la manera en que murieron ni el sufrimiento que su muerte ha causado;

- explicando que les horroriza que Texas, violando el derecho internacional vinculante para todas las jurisdicciones de dentro de Estados Unidos, siga utilizando la pena de muerte contra personas que tenían 17 años en el momento del delito, y subrayando los últimos progresos en la República Islámica de Irán;

- expresando preocupación por el aparente sesgo racial en el uso de la pena de muerte, y por su desproporcionado impacto en las comunidades minoritarias de Texas, incluida la comunidad latina;

- pidiendo el indulto en aras de la moral y por el bien de la reputación del estado de Texas y de Estados Unidos.

LLAMAMIENTOS A:

Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas

Rissie L. Owens, Chairperson, Texas Board of Pardons and Paroles

P.O. Box 13401, Austin, Texas 78711 3401, EE. UU.

Fax: + 1 512 463 8120 o +1 512 406 5482

Tratamiento: Dear Ms Chairperson / Sra. Presidenta

Gobernador de Texas

The Honorable Rick Perry, Governor of Texas, State Capitol, PO Box 12428, Austin, TX 78711, EE. UU.

Fax: +1 512 463 1849 / 0039 / 1932

Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador

COPIA A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su país.

También pueden enviar cartas breves (de no más de 250 palabras) a: Viewpoints, C/O Houston Chronicle, P.O. Box 4260, Houston, Texas 77210, EE. UU. Fax: +1 713-362-3575. Correo-E.: viewpoints@chron.com

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.