Público Índice AI: AMR 51/026/2006

Marzo de 2006 Fecha de embargo: 23 de marzo de 2006

Estados Unidos de América

«Stonewall»

Seguir exigiendo respeto.

Abusos policiales contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Estados Unidos

HOJAS INFORMATIVAS

Sexismo, misoginia y homofobia

Violencia contra las lesbianas en Estados Unidos

En 2004, una lesbiana de Athens, Georgia, presentó una demanda en la que denunciaba que un antiguo ayudante del sheriff del condado de Gwinnett la había violado por ser lesbiana. Según los informes, el oficial la obligó a entrar en el apartamento de ella a punta de pistola y la violó. La mujer ha declarado que el policía juró que le iba a «enseñar una lección», que el mundo «necesitaba como mínimo una bollera menos y que iba a asegurarse de que así fuese». El agente fue acusado de violación, detención ilegal, agresión a mano armada con daños físicos graves, agresión con daños físicos graves con la intención de violar, y violación de su juramento del cargo público. Según la Oficina del Fiscal del Distrito del condado de Athens-Clarke, el agente fue absuelto de la mayoría de los cargos, pero fue declarado culpable de violar el juramento. El agente aceptó un acuerdo mediante el cual fue sometido a dos años de libertad vigilada durante los que no debía tener contacto con la víctima. Se le prohibió la entrada al condado de Athens-Clarke y el agente prometió no recurrir la decisión.

Las mujeres padecen violencia de género prácticamente en todas las culturas del mundo. Las supervivientes de la violencia contra las mujeres hablan de un profundo sentimiento de vergüenza, y del escepticismo y la incredulidad con que la sociedad reacciona ante él. A menudo la violencia contra las mujeres es un delito invisible que suele cometerse a puerta cerrada y desecharse como algo «normal» y, por tanto, inevitable. La tolerancia ante este tipo de violencia se puede encontrar en todos los niveles de la sociedad, incluso en aquellos países donde se encuentra penalizada legalmente.

La discriminación por motivos de género suele ir asociada a otras formas de discriminación, como las que tienen por origen la etnia y la clase social. El sexismo, la misoginia, el racismo y la homofobia se producen a menudo de forma simultánea, y las investigaciones de Amnistía Internacional han demostrado que el predominio de estas formas de discriminación ponen a las lesbianas y a las mujeres bisexuales en grave peligro de sufrir abusos en numerosos ámbitos, como el hogar y la comunidad. En la mayoría de las sociedades, tener una identidad pública o privada que cuestione o difiera del papel sexual y de género que se espera de los hombres y las mujeres puede suponer un peligro tanto para hombres como mujeres. Sin embargo, como consecuencia del sexismo, la misoginia y la discriminación por motivos de género, a la hora de defender sus derechos humanos, las lesbianas suelen enfrentarse a obstáculos diferentes o mayores que los de los gays. En resumen: las lesbianas corren el peligro de sufrir más violaciones de derechos humanos simplemente por el hecho de ser mujeres.

En Estados Unidos y otros lugares, la violencia contra las lesbianas y las mujeres bisexuales forma parte de un abanico de actos de violencia a los que pueden verse sujetas las mujeres si se apartan de los códigos aceptados de conducta sexual. Debido en gran parte a la discriminación y marginación de las mujeres que, por su sexualidad o expresión de género, no se ajustan a los patrones sociales y culturales de feminidad, no suele informarse demasiado sobre este tipo de violencia. Como la familia y la sociedad tienen la posibilidad de controlar con más facilidad la vida sexual de las mujeres, las lesbianas y las mujeres bisexuales pueden encontrarse con obstáculos diferentes cuando tratan de oponerse a los malos tratos o de obtener reparaciones.

Las investigaciones de Amnistía Internacional han mostrado que, como consecuencia de la discriminación, a las lesbianas y a las mujeres bisexuales suele culpárselas de la violencia que padecen. Se la considera un «castigo» por no ajustarse a las convenciones sociales. Activistas han señalado a Amnistía Internacional que las lesbianas y mujeres bisexuales consideradas «demasiado masculinas» temen denunciar los abusos y los actos de violencia debido a que se les responsabiliza con demasiada frecuencia de la violencia perpetrada contra ellas.

Una lesbiana (cuyo nombre conoce Amnistía Internacional) de St. Paul (Minnesota) indicó que en julio de 2000 un hombre había golpeado repetidas veces a su compañera con el carro de la compra hasta tirarla al suelo. Señaló a Amnistía Internacional que un empleado del local llamó a un agente apostado a la entrada del establecimiento. «Cuando le informamos sobre lo que había sucedido, nos indicó que no estaba de servicio (a pesar de que llevaba el uniforme y la placa de la policía y que portaba su arma reglamentaria). Nos dijo que si queríamos presentar cargos, tendría que detener al hombre y a mi compañera, ya que no sabía «quién había empezado». Cuando le conté que el hombre nos había estado siguiendo durante varios minutos y había llamado «tortillera» a mi compañera, me contestó que si «habíamos elegido ese modo de vida, debíamos esperar que alguna persona tuviera problemas para aceptarlo». Se negó a hacer un informe y cuando le pedimos su número de placa, nos dijo que sólo podría dárnoslo si detenía a mi compañera.» La mujer anotó el número de la placa y comunicó el incidente a la comisaría de policía, donde le informaron de que, como el agente no había dado parte de los hechos, no podía presentar una queja contra él. La mujer se puso en contacto con un periódico LGBT para informarle de los hechos. Poco después, según los informes, fue despedida del puesto que ocupaba en un organismo oficial del estado de Minnesota. Según explicó a Amnistía Internacional, sus jefes le dijeron que su implicación en los hechos constituía «una conducta impropia de una empleada del Estado».

En febrero de 2004, una lesbiana declaró a AI que la policía detuvo su vehículo una noche: «Me registraron entreteniéndose demasiado tiempo donde no debían. Luego me dijeron que me tumbase en el suelo boca abajo. Me preguntaron si quería saber cómo era hacerlo con un hombre. Uno de ellos me preguntó si tenía una "novia caliente" a la que poder llamar para "pasarlo bien" todos juntos. Cuando intenté denunciarlos, se rieron de mí y me dijeron que me marchase».

Las investigaciones de Amnistía Internacional demuestran que las mujeres cuya sexualidad o expresión de género cuestionan los estereotipos sociales femeninos suelen enfrentarse a dificultades especiales cuando tratan de denunciar la violencia ejercida contra ellas, como la amenaza de más abusos o actos de violencia. Por consiguiente, pueden no denunciar los abusos o contar sólo una parte de lo sucedido. Asimismo, como consecuencia de la discriminación que sufren en general las lesbianas y las mujeres bisexuales en la sociedad, las indiscreciones de la policía, los jueces, los fiscales u otras instituciones pueden realmente poner en peligro sus vidas tanto en el ámbito familiar como laboral. La denuncia de la violencia puede acarrearles extorsiones, chantajes o el repudio social.

Debido a su sexualidad, las lesbianas han sido objeto de actos de violencia a manos de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. En concreto, a las mujeres percibidas como «masculinas», los agentes suelen considerarlas desobedientes y refractarias a las detenciones y tratarlas con una mayor agresividad física.

Activistas han señalado a Amnistía Internacional que algunos agentes de policía reaccionan ante la violencia doméstica de las parejas lesbianas tratando de «conseguir que las chicas se calmen y se lleven bien» o considerándola una «pelea en igualdad de condiciones». No ver estas situaciones como una manifestación «auténtica» de violencia doméstica procede de que muchos agentes encargados de hacer cumplir la ley tienen la idea falsa de que la violencia doméstica la determina sobre todo el sexo de los miembros de la pareja. La catalogan, por consiguiente, como un caso de «abusos mutuos» y detienen a ambos integrantes de la pareja en las situaciones que acarrean violencia en una relación entre lesbianas, gays, bisexuales o personas tránsgenero (LGBT).

Una mujer latina residente en Chicago fue detenida y condenada a seguir un programa de orientación después de que su pareja llamó a la policía para denunciar que había sido agredida. Según los informes, la mujer latina sufría las palizas de su pareja desde hacía tiempo y los vecinos habían llamado a la policía en varias ocasiones, aunque ésta normalmente no intervenía. A pesar de este largo historial de malos tratos, cuando la policía por fin tomó medidas fue para detener a la víctima. Una persona que trabaja sobre la violencia doméstica entre personas de la comunidad LGBT informó a Amnistía Internacional de que la pareja maltratadora hablaba inglés con fluidez y que por esa razón la policía la tomó más en serio. La víctima sólo hablaba español y no conocía sus derechos en Estados Unidos, de modo que «no fue capaz de defenderse verbalmente ante la policía. Como en la mayoría de los casos de violencia doméstica entre personas del mismo sexo, la policía supone que las dos partes son responsables, y el miembro de la pareja que sabe expresarse y acusa en primer lugar es considerado la víctima».

¿Qué debe hacerse?

En Estados Unidos, las personas LGBT siguen sufriendo graves abusos policiales, que en algunos casos equivalen a tortura y malos tratos. A pesar de algunas iniciativas positivas adoptadas por el sistema judicial y los órganos encargados de hacer cumplir la ley, queda todavía mucho por hacer para proteger a esta personas de los abusos y de la conducta indebida de la policía.

Las autoridades estadounidense deben poner fin a la violencia policial contra lesbianas y mujeres bisexuales adoptando, entre otras, la siguientes medidas:

· Actuar de forma positiva para prohibir e impedir las violaciones y los abusos sexuales a manos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades deben reconocer públicamente que las violaciones por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley constituyen tortura y no serán toleradas. Los abusos sexuales son una forma de malos tratos que incluye el uso deliberado de registros corporales para degradar o humillar y de un lenguaje sexualmente explícito.

· Investigar con prontitud e imparcialidad todos las denuncias e informes sobre abusos y conducta indebida de la policía, dondequiera que se produzcan. Todos los agentes responsables de abusos deben ser objeto de las medidas disciplinarias oportunas y llevados ante la justicia. El gobierno estadounidense debe garantizar que las víctimas reciben reparaciones justas y adecuadas, incluidas indemnizaciones.

· Garantizar que los órganos encargados de aplicar la ley llevan a cabo sin demora investigaciones sobre todas las denuncias de violencia doméstica contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Deben garantizar que los agentes han recibido una formación exhaustiva sobre la forma de investigar esas denuncias y de identificar al agresor.

· Garantizar que todos los programas de formación sobre aplicación de la ley se basan en las normas de derechos humanos e incluir formación en materia de sensibilización sobre lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.

· Crear a nivel local mecanismos efectivos e independientes para la formulación de quejas por insultos, malos tratos o abusos sexuales a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con el fin de que las víctimas, familiares y testigos puedan presentar quejas sin temor a represalias. Las autoridades responsables de las investigaciones y las acciones judiciales deben reaccionar con sensibilidad ante las dificultades que padecen las víctimas LGBT de presuntos malos tratos a la hora de abordar sus quejas.

Para más detalles véase el informe de Amnistía Internacional, «Stonewall»: Seguir exigiendo respeto. Abusos policiales contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Estados Unidos(Índice AI: AMR 51/001/2006), disponible en www.amnesty.org

Para más información, consulten: www.amnestyusa.org/outfront/

Acceso equitativo a la justicia

Discriminación: la policía y la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) en Estados Unidos

Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que en muchas zonas de Estados Unidos la policía no trata casi nunca de forma adecuada los delitos cometidos contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Como consecuencia de la falta de comprensión –o en casos más extremos– la hostilidad de la policía, los agentes detienen a las víctimas en lugar de a los agresores. Las personas LGBT son también objeto del uso de «perfiles» cuando se les aplica de forma selectiva ciertas disposiciones por considerar que han transgredido determinadas «normas» sociales.

Según los informes recibidos, April Mora, joven lesbiana de ascendencia afroamericana e indígena estadounidense, fue agredida en Denver (Colorado) en marzo de 2002. Unos hombres le grabaron en un antebrazo la palabra «bollera» y en el vientre las siglas «R.I.P.» Respecto a la reacción de la policía, April dijo: «Creen que me lo hice yo misma [...] creo que están diciendo que, como elegí tener este aspecto, me lo merezco o algo así. Es como si… por querer parecer un tío, me tuvieran que pegar como a un tío».

Uno de los aspectos más llamativos de los delitos contra las personas LGBT es lo poco que se denuncian. Las actitudes discriminatorias de algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley impiden a muchas de estas personas un acceso equitativo a la justicia. Otros prejuicios reinantes en la sociedad, como el racismo, agravan a menudo este problema.

Las personas LGBT no suelen denunciar los delitos cometidos contra ellas porque temen la reacción desdeñosa, hostil o grosera de la policía. En algunos casos temen revelarle su orientación sexual o su identidad o expresión de género, porque esta información podría llegar a oídos de sus familiares, amigos o empleadores. Se ha coaccionado a personas LGBT que han sobrevivido a delitos cometidos contra ellas para que retiren sus quejas. En otros casos, la policía ha desechado los temores expresados por estas personas y las ha dejado desprotegidas, en ocasiones con consecuencias funestas. Supervivientes de delitos motivados por discriminación homofóbica o por transfobia (discriminación u hostilidad contra las personas transgénero) han sido amenazadas con ser detenidas o lo han sido de hecho. En algunos casos, según los informes, los agentes han dado a entender que las víctimas eran en el fondo las responsables de los delitos cometidos contra ellas.

Al Everton, un gay de 74 años de edad, falleció en octubre de 2003 en San Antonio, según informes después de haber sido golpeado en la sien izquierda con un bate de béisbol. Antes de morir, Al Everton identificó a su atacante ante su familia, sus amigos y las autoridades, y declaró que el hombre había proferido insultos homofóbicos mientras lo golpeaba con el bate. En un principio Al Everton se había negado a acudir a las autoridades después de haber sido objeto anteriormente de abusos homofóbicos por parte del presunto agresor, porque no quería que la policía supiese que era gay. Los motivos discriminatorios del crimen no se investigaron nunca ni se presentaron cargos en relación con su muerte.

A menudo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no identifican de forma adecuada los delitos por motivos discriminatorios. El hecho de no tener en cuenta si la orientación sexual o la identidad o expresión de género ha influido en la comisión del delito puede dificultar las investigaciones.

En Estados Unidos, la violencia en el hogar es un grave problema tanto para las parejas heterosexuales como homosexuales. El conocimiento de la policía sobre la violencia doméstica entre personas LGBT es mínimo y los supervivientes sufren un grave aislamiento, agravado por la escasez de programas y recursos destinados a ellos. Casi un 75 por ciento de los departamentos de policía de Estados Unidos que respondieron a una encuesta de Amnistía Internacional señalaron que, en materia de detenciones, tienen políticas obligatorias que fuerzan a los agentes a efectuar una detención cuando se enfrentan a un caso de violencia doméstica. En ausencia de una formación que permita a los agentes hacer una valoración adecuada de las personas que se debe detener, este requisito, cuando va unido a actitudes discriminatorias, puede comportar que se criminalice a los supervivientes en lugar de protegerlos.

Las personas LGBT suelen ser objeto de la aplicación selectiva de leyes y normas debido a su orientación sexual o a su identidad o expresión de género. Estas prácticas policiales pueden afectar a las personas LGBT prácticamente en todos los aspectos de su vida cotidiana y suelen tener una repercusión que desborda los límites del incidente inicial.

Las leyes imprecisas sobre moralidad u orden público son uno de los factores que aumentan la probabilidad de que se produzcan esta clase de detenciones. A menudo comportan delitos como «vagabundear con el propósito de incitar conductas ilícitas», «obscenidad pública» o «conducta escandalosa». Estas leyes pueden acarrear detenciones y reclusiones arbitrarias, debido al grado de discrecionalidad de que gozan los agentes para determinar lo que se considera «ofensivo». En ausencia de los controles y de las directrices que debería proporcionar una legislación inequívoca, en el juicio de una persona pueden reflejarse las actitudes discriminatorias reinantes en la sociedad, como la homofobia, la transfobia, el racismo o el sexismo.

«En lo que se refiere a las personas acusadas injustamente, el mayor problema que tenemos es que el 95 por ciento de ellas se sienten tan avergonzadas por el cargo presentado en su contra –exhibicionismo, comportamiento indecoroso o agresión [sexual] contra un agente de policía– que tienen miedo a luchar.»

Andrew Thomas, abogado civil, San Antonio (Texas), diciembre de 2003

Las investigaciones de Amnistía Internacional han revelado actos sistemáticos de discriminación y de conducta indebida por parte de la policía a la hora de aplicar las normas sobre «tolerancia cero» y «calidad de vida». Estas normas son una estrategia de aplicación de la ley que trata de mantener el orden público mediante la aplicación agresiva de las leyes contra delitos menores, como emborracharse en público, callejear, cometer actos de vandalismo, arrojar basura u orinar en público. Por ejemplo, las normas relativas a callejear, conducta escandalosa y violación de las disposiciones sobre ruidos suelen ser imprecisas y, por tanto, brindan a los agentes de policía una discrecionalidad considerable a la hora de aplicarlas.

En diciembre de 2003, un joven gay afroamericano, trabajador de servicios sociales, estaba esperando en la parada de un autobús cuando al parecer unos agentes de la policía de Chicago lo detuvieron por merodear con el propósito de ejercer la prostitución. Según los informes, a pesar de identificarse y de corroborar la información aportada por la organización a la que representa, estuvo detenido dos días en una comisaría del centro de la ciudad.

Las investigaciones de Amnistía Internacional indican que las denominadas normas sobre moralidad se aplican de manera desproporcionada a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Por ejemplo, actos que las parejas heterosexuales pueden realizar abiertamente, como besarse, pueden comportar la intervención de la policía con el pretexto de que se consideran «ofensivos» cuando los llevan a cabo parejas del mismo sexo.

Los informes de varias ciudades dan a entender que las operaciones policiales contra las «conductas indecorosas» se centran sobre todo en los lugares donde suelen congregarse personas que pertenecen a las comunidades latina, afroamericana, asiáticos del sur o inmigrantes.

Las normas sobre «calidad de vida», incluso las más rigurosas, como las que penalizan el consumo de alcohol, los actos de vandalismo, el vertido de basuras y orinar en lugares públicos, suelen aplicarse de forma selectiva a ciertas comunidades. Al parecer se registran diferencias considerables en el modo como se aplican estas normas, dependiendo de factores como la raza, la edad y la situación socioeconómica del presunto infractor. Por tanto, quizá no resulte sorprendente que, en la aplicación de las normas sobre «calidad de vida», se persiga de manera desproporcionada a las lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero de las minorías étnicas.

¿Qué debe hacerse?

En Estados Unidos, las personas LGBT siguen sufriendo graves abusos policiales, que en algunos casos equivalen a tortura y malos tratos. A pesar de algunas iniciativas positivas adoptadas por el sistema judicial y los órganos encargados de hacer cumplir la ley, queda todavía mucho por hacer para proteger a esta personas de los abusos y de la conducta indebida de la policía

Las autoridades estadounidenses deben abordar los abusos policiales que sufren las personas LGBT, adoptando, entre otras, las siguiente medidas:

· Investigar con prontitud e imparcialidad todos las denuncias e informes sobre abusos y conducta indebida de la policía contra personas LGBT, e imponer las medidas disciplinarias adecuadas y llevar ante la justicia a los responsables.

· Proporcionar formación a los agentes de policía que les permita abordar con eficacia las denuncias de violencia contra personas LGBT, incluida la investigación de las denuncias de violencia doméstica.

· Revisar toda la legislación que ha comportado en la práctica la detención y reclusión de personas por su orientación sexual o identidad de género.

· Emprender acciones para impedir toda aplicación discriminatoria de la ley por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplirla. Se debe modificar en concreto la legislación imprecisa que se presta a una aplicación discriminatoria con el fin de que recoja de forma pormenorizada las conductas prohibidas y requiera de modo explícito la vigilancia y supervisión de las prácticas de aplicación para evitar una aplicación selectiva.

· Revisar las actuaciones de la policía, incluidas las que comportan la aplicación de las normas y políticas sobre «calidad de vida», para garantizar que no se llevan a cabo de manera discriminatoria.

Para más detalles véase el informe de Amnistía Internacional, «Stonewall»: Seguir exigiendo respeto. Abusos policiales contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Estados Unidos(Índice AI: AMR 51/001/2006), disponible en www.amnesty.org

Para más información, consulten: www.amnestyusa.org/outfront/

Identidades múltiples, múltiples riesgos

Homofobia, transfobia y racismo en Estados Unidos

«No se trata de una única lucha, pues nosotros no llevamos una vida única.»

Audre Lorde, escritor y activista estadounidense

Dentro de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) de Estados Unidos, las personas transgénero, las pertenecientes a minorías étnicas o raciales, los jóvenes, la gente sin hogar y los profesionales del sexo corren un peligro especial de ser objeto de los abusos y de la conducta indebida de la policía.

El racismo suele darse junto con la homofobia o la transfobia (discriminación u hostilidad contra las personas transgénero). Una proporción considerable de los informes de abusos contra personas LGBT están relacionados con personas pertenecientes a minorías étnicas o raciales. La condición de inmigrante agrava también el riesgo de abusos a manos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este hecho es un reflejo del racismo sistémico que sigue existiendo en un muchos campos de la actuación policial.

Entre los abusos denunciados figuran el lenguaje racista, los actos de acoso, los malos tratos, dar el alto y registrar de manera injustificada, las detenciones falsas, el uso de fuerza excesiva, efectuar disparos de forma ilegal y la tortura.

La falta de documentación y la descoordinación entre los grupos comunitarios y los órganos federales, estatales y locales dificultan los esfuerzos encaminados a abordar e impedir los delitos violentos contra personas LGBT. Sin embargo, pese a la ausencia de un seguimiento sistemático y coherente, se está desvelando un panorama de abusos generalizados contra estas personas. Las estadísticas oficiales, por ejemplo, indican que en Chicago, en 2003, y en Los Ángeles, en 2002, las personas LGBT fueron el segundo grupo más afectado por los «crímenes de odio» (crímenes por motivos discriminatorios); sólo los crímenes de motivación racial fueron más numerosos en esta categoría de delitos.

Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que la mayoría de los «crímenes de odio» motivados por más de un prejuicio no se consignan o se consignan de forma incompleta. Sin embargo, la probabilidad de que una persona LGBT sufra una agresión violenta depende de factores como el género, la raza, la etnia, la condición de inmigrante y la situación económica. Según una encuesta nacional realizada en 2003, el 51 por ciento de las personas LGBT que denunciaban «crímenes de odio» pertenecían a minorías étnicas o raciales. En 2002, la mayoría de los «crímenes de odio» contra personas transgénero denunciados en Los Ángeles se habían cometido contra mujeres transgénero con bajos ingresos, pertenecientes a minorías étnicas y en conocidas zonas de prostitución callejera.

Los estereotipos sobre el género y la sexualidad pueden chocar con los estereotipos sobre la etnia o la raza. En algunas circunstancias, este hecho puede comportar un peligro para las personas que no se «ajustan» a estas ideas preconcebidas. Por ejemplo, según los informes, a finales de 2003 unos agentes de Los Ángeles rechazaron la petición de un gay afroamericano para que lo recluyeran una unidad especial destinada a personas LGBT porque, en su opinión, un afroamericano no se ajustaba al estereotipo de un hombre gay.

Los prejuicios según los cuales factores como la raza, la edad o la condición socioeconómica constituyen un indicio de criminalidad agravan en ocasiones las actitudes discriminatorias basadas en los estereotipos sobre el género y la sexualidad.

La vigilancia policial de las normas sobre «calidad de vida» –una estrategia encaminada a aplicar de forma agresiva las leyes o normas contra delitos menores en materia de orden público o moralidad, como merodear, arrojar basura u orinar en público– ha afectado a menudo a las comunidades LGBT en Estados Unidos. Estos métodos policiales se pueden aplicar a las personas LGBT debido a su raza, etnia, edad o condición socioeconómica. En muchos casos es difícil calibrar hasta qué punto se les ha aplicado también por su orientación sexual o su identidad o expresión de género. Aunque en un principio se puede perseguir a una persona por su raza, por ejemplo, la probabilidad de que ésta sufra abusos policiales aumenta cuando se evidencia su orientación sexual o su identidad o expresión de género.

X [identidad protegida por AI], mujer transgénero indígena americana, declaró a Amnistía Internacional que en octubre de 2003, dos agentes de policía la detuvieron en Los Ángeles cuando caminaba por la calle a altas horas de la madrugada. Los policías le dijeron que la iban a llevar a la cárcel por «prostitución», un cargo que ella niega. X asegura que los policías la esposaron, la metieron en un vehículo patrulla y la llevaron a un callejón de Hollywood Boulevard. Allí la sacaron del vehículo y la abofetearon profiriendo insultos de índole sexual. Según su relato, volvieron a introducirla en el vehículo patrulla, le arrancaron la falda y la ropa interior y la violaron. Según X, luego la tiraron al suelo y le dijeron: «Ya tienes lo que te mereces», y la dejaron allí.

Las leyes formuladas de forma imprecisa y que no definen con claridad los delitos se prestan en especial a una aplicación discriminatoria. Conceden un alto grado de discrecionalidad a los agentes del orden a la hora de decidir a qué personas dan el alto, interrogan o detienen. En un contexto en el que a las personas pertenecientes a comunidades concretas se les considera (caracteriza) como delincuentes en potencia, el peligro de que la policía actúe de forma discriminatoria aumenta de manera considerable. Las investigaciones de Amnistía Internacional indican que los agentes encargados de hacer cumplir la ley recelan de las personas LGBT pertenecientes a minorías étnicas o raciales. A las mujeres transgénero pertenecientes a minorías étnicas o raciales, por ejemplo, se las suele caracterizar como presuntas delincuentes cuando llevan a cabo sus tareas cotidianas.

«Creo que si fuéramos blancas, la policía y la gente nos tratarían de otro modo.»

Joven lesbiana de ascendencia afroamericana e indígena americana, Denver (Colorado), 2002

La caracterización negativa y la aplicación selectiva de la legislación sobre «calidad de vida» pueden afectar a una persona prácticamente en todos los aspectos de su vida cotidiana y suelen tener una repercusión que desborda con mucho los límites del incidente inicial. Un estudio publicado en 2004 por la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional reveló que los prejuicios raciales provocan en las víctimas una sensación de humillación, tristeza, desamparo e irritación. Generan también miedo y desconfianza, lo que dificulta a su vez que las personas que pertenecen a minorías étnicas o raciales presenten denuncias o colaboren con los agentes de policía. Una reacción similar manifestaron las comunidades y las personas LGBT que habían sido objeto de una aplicación selectiva de las leyes o de prejuicios basados en su orientación sexual o en su identidad o expresión de género, así como en la raza, la edad o cualquier otra condición.

La formación impartida a los agentes encargos de hacer cumplir la ley sobre los aspectos relacionados con las personas LGBT no puede darse de forma aislada, sino que necesita incluir el modo como la raza, la edad, la condición de emigrante y la condición socioeconómica, entre otras cuestiones, repercuten en las personas que pertenecen a las comunidades LGBT.

Según los informes recibidos, un gay filipino sobreviviente de violencia doméstica y residente en Los Ángeles fue golpeado en varias ocasiones por su pareja, un ciudadano estadounidense de raza blanca. Cuando la policía intervino en una de sus disputas, al parecer detuvo al filipino y lo amenazó con denunciarlo a las autoridades de inmigración, diciéndole: «No eres un ciudadano. Deberíamos expulsarte del país; no deberías pegar a estadounidenses; tú no eres de aquí». El hombre filipino fue condenado a 52 semanas de asistencia a un programa de intervención con maltratadores (un programa de evaluación y tratamiento de responsables de violencia doméstica).

¿Qué debe hacerse?

En Estados Unidos, las personas LGBT siguen sufriendo graves abusos policiales, que en algunos casos equivalen a tortura y malos tratos. A pesar de algunas iniciativas positivas adoptadas por el sistema judicial y los órganos encargados de hacer cumplir la ley, queda todavía mucho por hacer para proteger a esta personas de los abusos y de la conducta indebida de la policía.

Las autoridades estadounidenses deben abordar la homofobia, la transfobia y el racismo en la actuación policial, adoptando, entre otras, las siguientes medidas:

· Revisar toda la legislación que ha comportado en la práctica la detención y reclusión de personas por su orientación sexual o identidad de género.

· Emprender acciones para impedir toda aplicación discriminatoria de la ley por parte de los agentes encargados de hacer cumplirla.

· Garantizar que las leyes sobre los «crímenes de odio» –si existen– abordan los actos de violencia y discriminación basados en la percepción real o subjetiva de la orientación sexual y de la identidad o expresión de género.

· Todas las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley deben llevar a cabo una recogida exhaustiva de datos sobre los delitos motivados por la hostilidad contra la orientación sexual o la identidad o expresión de género de las víctimas. En esta tarea de documentación se debe prever también el seguimiento de la violencia basada en factores de identidad múltiple. Se deben publicar con regularidad estadísticas detalladas y exhaustivas.

· Revisar las actuaciones de la policía, incluidas las que comportan la aplicación de las normas y políticas sobre «calidad de vida», para garantizar que no se llevan a cabo de manera discriminatoria.

· Garantizar que se proporciona formación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para que protejan a las personas que son objeto de agresiones verbales o físicas por motivos de género, raza, etnia, orientación sexual o identidad de género. Se debe impartir a todos los agentes de policía formación que les permita abordar con eficacia las denuncias de violencia contra personas LGBT.

Para más detalles véase el informe de Amnistía Internacional, «Stonewall»: Seguir exigiendo respeto. Abusos policiales contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Estados Unidos(Índice AI: AMR 51/001/2006), disponible en www.amnesty.org

Para más información, consulten: www.amnestyusa.org/outfront/

Los derechos humanos y la dignidad humana

Abusos policiales contra mujeres y hombres transgénero

en Estados Unidos

«Sé tratar con respeto a los agentes de policía, pero estoy cansada del modo como nos tratan.»

Alixxxa, mujer latina transgénero, enero de 2004

En Estados Unidos y en otros lugares, debido a su identidad de género, las personas transgénero corren el riesgo de sufrir abusos como consecuencia de actitudes discriminatorias muy generalizadas y arraigadas en la sociedad. Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes según los cuales la policía da el alto a mujeres transgénero y les pregunta la razón por la que están en la calle cuando realizan actos normales y cotidianos, como tomar un taxi, ir de compras o sacar al perro a pasear.

Algunos comentarios realizados a Amnistía Internacional por funcionarios de la policía dan a entender que es muy común suponer que las personas transgénero son profesionales del sexo. Algunas personas y organizaciones comunitarias han informado de que esta caracterización de las mujeres transgénero como profesionales del sexo suele acarrear detenciones y reclusiones arbitrarias. Por ejemplo, activistas de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) de Chicago señalaron a Amnistía Internacional que los agentes de policía consideran a las mujeres transgénero un blanco fácil cuando necesitan cubrir la «cuota de detenciones» que se les ha asignado.

Los derechos humanos de las personas transgénero no se encuentran legalmente protegidos ni legalmente reconocidos en la mayoría de las jurisdicciones. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley las persiguen de forma desproporcionada, y las víctimas de delitos corren el riesgo de sufrir abusos a manos de los agentes a quienes se ha llamado para auxiliarlas.

Una vez que una persona transgénero entra en contacto con la ley, los abusos suelen aumentar, simplemente como consecuencia de la reacción de la policía ante su identidad de género. Si los responsables de supervisar el comportamiento de la policía no atajan los abusos generalizados, éstos pueden generar una cultura en la que la discriminación y los perjuicios se consideren la norma habitual. Pueden crear también un clima de violencia en el que se corra el peligro de que las agresiones verbales se transformen en abusos físicos.

Según los informes, son habituales los registros repetidos e innecesarios de personas transgénero, algo humillante para ellas. Al parecer, las «comprobaciones» se suelen efectuar para determinar su sexo biológico. Algunos de estos registros equivalen a abusos sexuales y constituyen una grave infracción del derecho a la intimidad y la dignidad. Se han recibido informes según los cuales hay agentes que utilizan un lenguaje sexualmente ofensivo, funcionarios de prisiones y policías varones que tocan los pechos y los genitales de mujeres transgénero, personal femenino que toca los genitales de hombres transgénero, y personal masculino o femenino y otros detenidos que observan a personas transgénero detenidas cuando están desnudas.

La encuesta realizada por Amnistía Internacional sobre los departamentos de policía en las mayores ciudades de Estados Unidos indican que el 62 por ciento instruye a sus agentes sobre la forma de llevar a cabo cacheos sin ropa, pero sólo un 31 por ciento los instruye sobre el modo de realizar estos registros a personas transgénero y nada más que un 24 por ciento contestaron que tenían una política sobre los cacheos sin ropa a este tipo de personas.

Dean Spade –hombre transgénero que trabaja como abogado y dirige el Proyecto Jurídico Sylvia Rivera, grupo que facilita asistencia letrada a personas transgénero y de género divergente (que exhiben rasgos de género que no se corresponden con su sexo biológico) en Estados Unidos– fue detenido en 2002 por un agente de policía de la Autoridad Portuaria cuando utilizaba el servicio de caballeros de la estación Grand Central de Nueva York. «Al entrar en el servicio, un policía me siguió y me pidió que le enseñara el documento de identidad. Le expliqué que estaba en el servicio que me correspondía.» Cuando dos amigos acudieron en su ayuda, el agente los detuvo y luego lo detuvo también a él. «El policía se comportó de una manera realmente agresiva –indicó Spade–. Al intentar marcharnos, nos empujó contra una pared [...] Pasamos 23 horas en la cárcel, pero al final retiraron los cargos porque no había ninguna base legal para detenernos.»

Amnistía Internacional ha documentado graves abusos contra las personas transgénero que se encuentran detenidas. Entre ellos figuran abusos perpetrados por otros detenidos o por policías y personal de prisiones. Las personas transgénero entrevistadas por Amnistía Internacional señalaron que tienen auténtico pavor a que las mantengan detenidas en celdas para personas de su sexo biológico en lugar de para personas transgénero. Como consecuencia de este tipo inadecuado de reclusión, los reclusos transgénero –sobre todo las mujeres transgénero detenidas junto con presos varones– corren el riesgo de ser objeto de actos de violencia y de agresiones sexuales por parte de otros detenidos. De los 29 departamentos de policía que respondieron a la encuesta de Amnistía Internacional, el 59 por ciento no tenía una política sobre la reclusión de personas transgénero. Las consecuencias de esta circunstancia para el derecho de las personas transgénero a la seguridad física y a la justicia pueden ser de largo alcance. En Nueva York, activistas han informado de que las personas transgénero consideraban que las condiciones en las celdas eran tan peligrosas, que en ocasiones estaban dispuestas a declararse culpables y tener antecedentes penales por un delito que no habían cometido en lugar de correr el riesgo de que las mantuvieran detenidas en espera de juicio.

El malentendido consistente en identificar la identidad de género con la orientación sexual de una persona transgénero puede acarrear abusos. Una mujer transgénero informó de que, al ser sometida a un examen médico para su posible reclusión en una unidad especial para detenidos LGBT de Los Ángeles, le hicieron numerosas preguntas sobre cuestiones relacionadas con los gays. Explicó a los funcionarios que no sabía nada de esas cuestiones porque era una persona transgénero, no gay. Después la recluyeron junto a la población general penitenciaria.

«Cuando les dije mi verdadero nombre, Rachel, no lo aceptaron y siguieron llamándome por mi nombre de varón [...]. Los agentes estatales intentaban disimular sus sonrisas burlonas y sus comentarios, pero oí palabras como "maricón" y "freak" varias veces.»

Rachel Thompson, Lehigh Valley, Pensilvania, marzo de 2004

Algunos personas LGBT detenidas han tenido grandes dificultades para obtener medicación cuando se encontraban en calabozos de la policía. Se han recibido informes sobre personas transgénero a las que ha impedido recibir medicación relacionada con su tratamiento hormonal y a quienes se ha negado el acceso a efectos personales relacionados con su identidad o expresión de género, como pelucas y artículos de maquillaje. En 1997, una corte federal de primera instancia de Sacramento resolvió que la negación de la medicación relacionada con el tratamiento hormonal de una persona equivalía a un castigo cruel y desacostumbrado, ya que «la súbita interrupción del tratamiento le provocó náuseas, mareos y la inversión del proceso de castración química».

¿Qué debe hacerse?

En Estados Unidos, las personas LGBT siguen sufriendo graves abusos policiales, que en algunos casos equivalen a tortura y malos tratos. A pesar de algunas iniciativas positivas adoptadas por el sistema judicial y los órganos encargados de hacer cumplir la ley, queda todavía mucho por hacer para proteger a esta personas de los abusos y de la conducta indebida de la policía.

Las autoridades estadounidenses deben abordar los riesgos especiales a que se enfrentan las personas transgénero en el sistema de justicia penal, adoptando, entre otras, las siguientes medidas:

· Dejar claro a los agentes de policía que no se tolerarán las agresiones verbales, sexuales o físicas basadas en la percepción real o subjetiva de la orientación sexual o de la identidad o expresión de género y que se impondrán las medidas disciplinarias apropiadas a los agentes responsables de tales abusos. Los agentes deben dirigirse a las personas transgénero por el nombre que suelan utilizar.

· La opinión de una persona transgénero sobre si sería más seguro para ella que la recluyeran en un centro de detención para hombres o en uno para mujeres debe ser una consideración primordial a la hora de decidir dónde hacerlo. Las autoridades deben consultar a las organizaciones de personas transgénero para determinar las mejores prácticas en las políticas encaminadas a decidir el lugar de reclusión en un centro de detención.

· No se debe registrar a personas transgénero con el único fin de cuestionar su identidad de género. En caso de ser necesario hacerlo, debe llevarse a cabo en privado y con pleno respeto a la dignidad de la persona a la que se registra. Si se trata de una persona transgénero, el registro deben efectuarlo dos agentes del género o los géneros solicitados por ella. Si una persona transgénero no específica una preferencia, el registro deben llevarlo a cabo agentes del mismo género que la persona detenida.

· Se debe proporcionar formación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre el modo de tratar a las personas transgénero con respeto a su dignidad, sobre la forma de efectuar registros a las personas transgénero y sobre las políticas y procedimientos acerca de la detención de estas personas, con el fin de garantizar de que no se las persigue de una manera discriminatoria.

Para más detalles véase el informe de Amnistía Internacional, «Stonewall»: Seguir exigiendo respeto. Abusos policiales contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Estados Unidos(Índice AI: AMR 51/001/2006), disponible en www.amnesty.org

Para más información, consulten: www.amnestyusa.org/outfront/********