Document - USA: Racism claim as 500th Texas execution nears: Kimberly McCarthy

URGENT ACTION

AU: 160/13 Índice: AMR 51/039/2013 EE. UU. Fecha: 24 de junio de 2013

ACCIÓN URGENTE

Alegación de racismo mientras Texas se aproxima a su ejecución número 500

En la que sería la ejecución número 500 que se lleva a cabo en Texas desde 1977, está previsto que una mujer de 52 años, Kimberly McCarthy, sea ejecutada el 26 de junio a las seis de la tarde. Su abogada ha pedido a los tribunales que suspendan la ejecución, alegando que hubo discriminación racial en la selección del jurado.

Kimberly McCarthy fue condenada a muerte en 1998 en el condado de Dallas, Texas, por el asesinato de su vecina Dorothy Booth, de 71 años de edad, muerta a puñaladas en su casa en 1997. La declaración de culpabilidad y la condena de muerte fueron anuladas en 2001 por la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas porque el juez que presidió el juicio de primera instancia había permitido el uso de pruebas que no deberían haber sido admitidas. Kimberly McCarthy fue juzgada de nuevo en 2002, y condenada de nuevo a muerte.

Kimberly McCarthy es negra. Dorothy Booth era blanca. En el nuevo juicio de 2002, el jurado se compuso de 11 personas blancas y una negra. En un informe jurídico presentado en junio de 2013 ante un tribunal estatal, la abogada de Kimberly McCarthy ha pedido una suspensión de la ejecución para poder presentar pruebas de discriminación racial por parte de la fiscalía durante la selección del jurado, y para poder denunciar que los abogados anteriores de Kimberly McCarthy no plantearon esta alegación ni durante el juicio ni en la apelación.

La población del condado de Dallas se compone de un 23 por ciento de negros y un 69 por ciento de blancos. Durante el juicio de Kimberly McCarthy en 2002 había 64 candidatos a miembros del jurado, y de ellos sólo cuatro (el seis por ciento) eran negros. La fiscalía rechazó a tres de los cuatro. En virtud de la decisión de 1986 de la Corte Suprema de Estados Unidos en Batson v Kentucky, los candidatos a miembros del jurado sólo pueden ser excluidos por motivos ajenos a la raza. Si la defensa presenta indicios aparentes de discriminación por parte de la fiscalía, es ésta quien debe proporcionar explicaciones basadas en motivos ajenos a la raza. El abogado que defendió a Kimberly McCarthy durante el juicio no protestó ante la decisión de la fiscalía de rechazar a esos miembros del jurado, y no pidió una vista basada en la resolución Batson.

La abogada actual de Kimberly McCarthy señala que la “inexplicable” actuación de la defensa al no protestar contra el rechazo de esos candidatos al jurado significa que en la causa no se celebró una vista basada en la resolución Batson, que incluyera los motivos ajenos a la raza esgrimidos por la fiscalía o las pruebas de la defensa de que esos motivos eran un pretexto para el racismo. Sin embargo, según alega la abogada, hay pruebas de la existencia de una intención racista: en primer lugar, está el historial de tácticas racistas de selección del jurado por parte de los fiscales del condado de Dallas, tal como concluyó la Corte Suprema de Estados Unidos en 2005 (Miller-El v. Dretke); en segundo lugar, está la simple estadística de que los fiscales rechazaron al 75 por ciento de los candidatos negros a miembros del jurado; y, en tercer lugar, están las pruebas de que la fiscalía formuló preguntas diferentes a los candidatos blancos y no blancos a miembros del jurado, un factor que también se consideró determinante en la causa Miller-El.

No es sólo que el abogado que defendió a Kimberly McCarthy durante el juicio no protestara por el rechazo de esos candidatos, sino que el abogado de oficio designado para la apelación (que, al parecer, sólo visitó a su cliente en el “corredor de la muerte” una vez en los 10 años que la representó) tampoco planteó esta cuestión durante el proceso de apelación, lo que hizo que, por razones de procedimiento, esta cuestión quedara fuera de la revisión judicial. La abogada actual alega que, de acuerdo con una resolución emitida en mayo de 2013 por la Corte Suprema, a Kimberly McCarthy debería permitírsele superar esta barrera de procedimiento y presentar su caso ante los tribunales.

Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma:

reconociendo la gravedad del delito por el que Kimberly McCarthy ha sido condenada a muerte;

expresando preocupación por los indicios de selección discriminatoria de los miembros del jurado y por el hecho de que, a causa de la actuación indebida de los abogados de oficio designados para el juicio y la apelación, ningún tribunal ha examinado esta cuestión;

pidiendo al gobernador Perry que detenga esta ejecución y apoye una suspensión de las ejecuciones.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS POR FAX, ANTES DE LAS 23:30 HORAS GMT DEL 26 DE JUNIO DE 2013, A:

Gobernador de Texas

Governor Rick Perry, Austin, Texas, EE. UU.

Fax: + 1 512 463 1849

Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador

�Y copia a:

Oficina de Prensa del gobernador

Governor’s Press office, Fax: +1 512-463-1847

Oficina del Asesor General

Office of the General Counsel, Fax: +1 512-463-193�

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación: Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE

Alegación de racismo mientras Texas se aproxima a su ejecución número 500

Información adicional

En los juicios de pena capital de Estados Unidos, los miembros del jurado tienen que ser personas dispuestas a dictar una condena de muerte. Durante la selección del jurado, la defensa y la acusación interrogan a los candidatos a miembros del jurado y tienen derecho a excluir a algunos de ellos, ya sea por un motivo expreso (recusación con causa) o sin dar ningún motivo (recusación sin causa). Según un fallo de 1968 de la Corte Suprema de Estados Unidos, la fiscalía puede recusar con causa a las personas que se sientan “comprometidas irrevocablemente” a votar contra la pena de muerte. En 1985, la Corte Suprema amplió el tipo de candidatos a miembros del jurado que podían ser recusados con causa. Según la nueva norma, un posible miembro del jurado puede ser recusado con causa si sus convicciones sobre la pena de muerte pueden “impedir o perjudicar de manera sustancial el cumplimiento de sus deberes como jurado, de acuerdo con sus instrucciones y su juramento”. Los estudios han demostrado que los miembros del jurado dispuestos a dictar una condena de muerte son más proclives a dictar una sentencia condenatoria que sus homólogos excluibles.

Mientras tanto, la resolución dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1986 en Batson v Kentucky no puso fin a las tácticas discriminatorias de los fiscales durante la selección del jurado, tal como predijo uno de los jueces por aquel entonces. Este último juez dijo en otra opinión en 1989 (en un caso de Texas) que “uno de los mayores fallos de Batson es su suposición implícita de que los tribunales pueden detectar las recusaciones por motivos de raza de jurados afroamericanos […] Este fallo hace que Batson sea inefectivo frente a todos los ejemplos de prejuicio racial, salvo los más evidentes”.

En su resolución de junio de 2005 en la causa Miller-El v. Dretke, además de concluir que los fiscales del juicio –celebrado en el condado de Dallas– de Thomas Miller-El habían recurrido a recusaciones sin causa de motivación racial contra candidatos al jurado de raza negra, la Corte Suprema señaló que “si se necesita algo más para tener una explicación innegable de lo que estaba sucediendo, la historia nos la proporciona”. La Corte señaló las “pruebas ampliamente conocidas de la política general de la Fiscalía del Distrito del condado de Dallas de excluir a los [candidatos a miembros del jurado] negros en la época en la que se seleccionó el jurado de Miller-El”, y señaló también un manual de formación para fiscales que daba consejos sobre cómo excluir de los jurados a los candidatos pertenecientes a minorías. En agosto de 2005, un estudio realizado por el Dallas Morning News informó de que los fiscales del condado seguían excluyendo a los candidatos de raza negra en una proporción de más del doble respecto a los candidatos de raza blanca en los juicios de pena capital.

Además del reciente informe sobre el uso discriminatorio de la recusación sin causa en el caso de Kimberly McCarthy, la abogada de ésta ha presentado ante la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas una moción en la que pide que el presidente de la Corte y otro de los jueces se recusen a sí mismos respecto a este caso, ya que ambos fueron fiscales del condado de Dallas antes de ser elegidos para la Corte de Apelaciones.

Según el informe principal, el hecho de que ningún tribunal haya examinado nunca el fondo de las alegaciones planteadas “no es consecuencia de las acciones de la Sra. McCarthy, sino de la ineficacia de los abogados de oficio designados para el juicio y la apelación por el estado de Texas”. La abogada actual no se encargó del caso hasta enero de 2013, cuando Kimberly McCarthy se enfrentó a una fecha previa de ejecución. Posteriormente, el 28 de mayo de 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos, por cinco votos contra cuatro, emitió una resolución (Trevino v. Thaler) en la que reconocía una posible excepción a las alegaciones de asistencia letrada inadecuada en casos de pena capital de Texas en los que se estaba denegando la revisión judicial de acuerdo con la doctrina del defecto de procedimiento. Lo hizo por considerar que el diseño y el funcionamiento del proceso de apelación de Texas podrían impedir a los condenados a muerte tener una oportunidad significativa de plantear esas alegaciones en los tribunales de apelación estatales, lo cual impediría su examen en los tribunales federales.

Está previsto que Kimberly McCarthy se convierta en la persona número 500 ejecutada en Texas desde que se reanudaron los homicidios judiciales en Estados Unidos en 1977. Sería la mujer número 13 ejecutada en Estados Unidos desde 1976, y la número 4 en Texas.

Aproximadamente el 37 por ciento de las 1.336 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde que la Corte Suprema del país aprobó las nuevas leyes de pena capital en 1976 han tenido lugar en Texas. Durante estas tres décadas y media, decenas de países han abolido la pena capital, y en la actualidad ya son 140 los países que son abolicionistas en la ley o en la práctica. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente.

Nombre: Kimberly McCarthy

Sexo: Mujer

AU: 160/13 Índice: AMR 51/039/2013 Fecha de emisión: 24 de junio de 2013

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