PÚBLICO Índice AI: AMR 51/049/2008

30 de mayo de 2008

AU 149/08 Pena de muerte / preocupación jurídica

EE. UU. (Texas) Charles Dean Hood, blanco, de 38 años de edad

Está previsto que Charles Hood sea ejecutado en Texas el 17 de junio. Fue condenado a muerte en 1990 por los asesinatos de Ronald Williamson y Tracie Lynn Wallace, cometidos en 1989. Charles Hood, que tenía veinte años en el momento del delito, lleva casi 18 años en el “corredor de la muerte”.

La policía encontró los cadáveres de Tracie Wallace y su novio, Ronald Williamson, en la casa de este último en Plano, cerca de Dallas, el 1 de noviembre de 1989. Ambos presentaban heridas de bala. Charles Hood, que vivía en la casa, fue detenido en Indiana en el automóvil de Ronald Williamson. Fue juzgado en el condado de Collin, en Texas, y, después de que el jurado lo declarara culpable el 29 de agosto de 1990, el juicio pasó a la fase de determinación de la pena, en la que la fiscalía presentó sus argumentos en favor de la ejecución y la defensa presentó testimonios atenuantes. Tal como reiteró la Corte Suprema en un caso de Texas en 2007, “nos dimos cuenta hace mucho de que un jurado, al dictar condena, debe poder dar una respuesta moral razonada a los testimonios atenuantes de la defensa –especialmente los que tienden a reducir la responsabilidad– al decidir si condena al acusado a muerte” (Brewer v. Quarterman).

El jurado de Hood escuchó testimonios sobre la deficiencia intelectual de éste, e información sobre su infancia y su pasado. En un accidente que casi le causó la muerte cuando tenía tres años, Charles Hood fue atropellado por un camión y estuvo hospitalizado cinco meses. Le quedaron secuelas físicas permanentes, y sus padres también observaron cambios de comportamiento. Siendo niño, desarrolló un temor a la escuela, y se le diagnosticó una fobia a estar en el interior de edificios. El jurado escuchó testimonios sobre cómo sus padres le propinaban palizas durante su adolescencia, en ocasiones en un intento de hacerle ir a la escuela. Hood tenía problemas de aprendizaje, y necesitó clases de educación especial en la escuela. Abandonó la escuela tras suspender el séptimo curso (12-13 años de edad), y más tarde suspendió tres veces el examen de ingreso en el ejército. A los 18 años se calculó que su nivel de lectura y de cálculo matemático era inferior al nivel de sexto curso (11-12 años de edad), y su nivel de lenguaje y escritura era el de un niño de ocho o nueve años. A los 19 años, un informe del Departamento de Prisiones de Indiana describió el comportamiento de Hood “como el de un niño que ha sido mantenido en una situación de dependencia fomentada” y calificó al propio Hood de “un tanto neurótico”, fóbico, “muy inmaduro emocionalmente” y “sumamente dependiente”. El jurado también escuchó que un psiquiatra había concluido que Charles Hood sufría una discapacidad cerebral considerable, que le causaba problemas de aprendizaje, una disminución de la capacidad de juicio y un escaso control de los impulsos. El psiquiatra había diagnosticado a Hood “disfunción cerebral neurofisiológica con probable disfunción cortical temporal izquierda y límbica temporal profunda”.

Tras escuchar los testimonios presentados en esta fase del juicio, se pidió a los miembros del jurado que respondieran a dos preguntas (“cuestiones especiales”) sobre la deliberación y la peligrosidad: en primer lugar, si el acusado había actuado con deliberación y con la expectativa razonable de causar la muerte a las víctimas, y en segundo lugar si había “una probabilidad de que el acusado cometa actos delictivos violentos que constituyan una amenaza constante para la sociedad”. La respuesta afirmativa a estas preguntas daría lugar automáticamente a una condena de muerte.

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional en 1989 el estatuto de pena de muerte de Texas. En el caso del condenado a muerte John Penry, la Corte concluyó que las “cuestiones especiales” habían dejado al jurado sin forma de aplicar los factores atenuantes del caso y decir “no” a la pena de muerte. En el momento del juicio de Charles Hood, la Cámara de Representantes de Texas todavía no había modificado el estatuto de pena capital para cumplir con la resolución Penry, y al jurado de Hood se le hicieron las mismas preguntas que al de Penry. Al igual que en otros juicios celebrados en aquel periodo intermedio, el juez dio al jurado una instrucción de “anulación”, en la que decía a sus miembros que podían votar en contra de la pena de muerte si consideraban que se trataba de una pena inadecuada teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes. Sin embargo, el formulario de veredicto para el jurado no mencionaba los testimonios atenuantes, sólo pedía que se respondieran las dos preguntas, sin explicar de qué manera podían los jurados votar contra la pena de muerte si creían que la respuesta a ambas preguntas era “sí”.

En 2004 y 2007, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló cuatro condenas a muerte de Texas por cuestiones relacionadas con si el estatuto de pena de muerte del estado (antes de que se modificara, y tras la resolución Penry) había impedido a los jurados hacer efectivos los factores atenuantes. En Smith v. Texas, por ejemplo, la Corte Suprema concluyó que la instrucción de anulación no había remediado la violación constitucional; en lugar de eso, “en esencia se indicó al jurado que falseara su respuesta a una de las dos cuestiones especiales” si quería “tener en cuenta los factores atenuantes”. En Tennard v. Dretke, la Corte concluyó que, sobre la cuestión de la “deliberación”, los testimonios sobre el bajo funcionamiento intelectual, cercano a la discapacidad, del acusado tenían una “dimensión atenuante más allá del impacto sobre su capacidad de actuar de forma deliberada”. Respecto a la peligrosidad, en Abdul-Kabir v. Quarterman la Corte resolvió que los testimonios sobre el abandono sufrido por el acusado durante su infancia y sobre su falta de autocontrol “no contradecían la alegación de la acusación de que era una persona peligrosa, sino que trataban de dar a su conducta una explicación que podía reducir su culpabilidad moral”, es decir, que “sus tendencias violentas estaban causadas por factores ajenos a su control”. En su decisión de confirmar la condena de muerte de Hood, un tribunal federal de primera instancia señaló que los testimonios atenuantes sobre la deficiencia intelectual de Hood eran “un arma de doble filo”, ya que, pese a reducir su culpabilidad moral, podrían haber llevado al jurado a concluir que aumentaban sus probabilidades de peligrosidad futura.

En 2005, tras la resolución Tennard dictada por la Corte Suprema, un tribunal de primera instancia de Texas concluyó que las instrucciones al jurado en el juicio de Hood habían sido constitucionalmente inadecuadas y recomendó una nueva vista de determinación de la pena. Sin embargo, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas lo rechazó por motivos de procedimiento. Los abogados de Hood le pidieron que lo reconsiderara, a la luz de las decisiones de 2007 de la Corte Suprema, pero la Corte de Apelaciones lo denegó el 14 de mayo de 2008.

Desde que Estados Unidos reanudó las ejecuciones en 1977, se ha dado muerte a 1.102 presos, 405 de ellos en Texas. A finales de 2007, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución pionera que pedía una moratoria mundial de las ejecuciones. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, de manera incondicional. No existe nada que pueda considerarse un sistema humano, justo, fiable o útil de pena capital (véase ‘The pointless and needless extinction of life’: USA should now look beyond lethal injection issue to wider death penalty questions, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/031/2008/en).

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras: (incluyan en sus llamamientos el número de recluso de Charles Hood, 982):

- manifestando su apoyo a los familiares de Ronald Williamson y Tracie Lynn Wallace, y explicando que no pretenden disculpar la manera en que murieron ni menospreciar el sufrimiento que sus muertes han causado;

- oponiéndose a la ejecución de Charles Hood;

- expresando preocupación por que es posible que el jurado no pudiera aplicar los factores atenuantes presentados en el juicio de 1990, tal como ha concluido la Corte Suprema en algunos casos juzgados antes de que la Cámara de Representantes de Texas modificara el estatuto de “cuestiones especiales” del estado para conformarlo a la resolución Penry, dictada por la Corte Suprema en 1989;

- señalando que un tribunal de Texas concluyó que las instrucciones dadas al jurado en el juicio de Hood eran constitucionalmente inadecuadas, y que Hood debería tener una nueva vista de determinación de la pena, pero que esta decisión fue anulada por motivos de procedimiento;

- señalando que el indulto del ejecutivo no está sujeto a las limitaciones de procedimiento que pueden restringir la actuación de los tribunales;

- pidiendo que se otorgue el indulto a Charles Hood, y que se conmute su condena de muerte.

LLAMAMIENTOS A:

Presidenta de la Junta de Indultos y Libertad Condicional

Rissie Owens, Presiding Officer, Board of Pardons and Paroles, Executive Clemency Section

8610 Shoal Creek Boulevard, Austin, TX 78757, EE. UU.

Fax: +1 512 463 8120

Tratamiento: Dear Ms Owens / Estimada Sra. Owens

Gobernador

Governor Rick Perry, Office of the Governor, P.O. Box 12428, Austin, Texas 78711-2428, EE. UU.
Fax: +1 512 463 1849

Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador

COPIA A: la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.