PÚBLICO 20 de junio de 2001 Índice AI: AMR 51/091/2001/s

EE. UU. (FEDERAL) Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 29/01 (AMR 51/074/2001/s, del 23 de mayo de 2001) - Pena de muerte y preocupación jurídica

Juan Raúl GARZA, hispano, de 44 años de edad

El 19 de junio, Juan Raúl Garza se convirtió en el segundo preso federal ejecutado en Estados Unidos en ocho días. El presidente George W. Bush le había denegado el indulto el día anterior.

La ejecución se llevó a cabo a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido que se conmutara la condena de muerte de Juan Raúl Garza porque el gobierno había utilizado pruebas indebidas durante el juicio (véase la EXTRA original). La Comisión envió el 14 de junio un comunicado urgente al gobierno estadounidense para recordarle que «si sigue adelante con la ejecución del señor Garza, Estados Unidos perpetrará una violación grave e irreparable del derecho fundamental a la vida en virtud del artículo 1 de la Declaración Americana».

El 6 de junio, menos de dos semanas antes de la ejecución, el Departamento de Justicia hizo público un informe suplementario de su estudio de septiembre sobre el sistema federal de aplicación de la pena capital. El estudio de septiembre había revelado amplias disparidades raciales y geográficas en dicho sistema. Aunque el suplemento del 6 de junio no ofrecía un análisis serio de estas preocupantes estadísticas, el fiscal general John Ashcroft lo utilizó para declarar que la pena de muerte federal estaba libre de discriminación y que la ejecución de Juan Garza podía seguir adelante. Sin embargo, al mismo tiempo el Departamento de Justicia anunciaba que se iba a llevar a cabo un estudio sobre las disparidades.

Amnistía Internacional está sumamente apesadumbrada porque el gobierno de Estados Unidos ha permitido la ejecución de un hombre cuyo caso suscitaba las mismas cuestiones planteadas en el estudio que, según se ha anunciado ahora, va a ser examinado. Una vez más, las autoridades estadounidenses han mostrado su desprecio hacia las normas internacionales y su disposición a sacrificar la justicia en aras de la mano dura en su afán implacable de continuar con los homicidios judiciales.

En un editorial publicado el 19 de junio, antes de la ejecución, el New York Times escribió: «El hecho de que el gobierno se haya negado a aplazar esta ejecución hasta haber completado la revisión (que hace tiempo que tenía que haberse llevado a cabo) sobre las disparidades raciales y geográficas en la aplicación de la pena de muerte federal es indefendible. El Departamento de Justicia se comprometió la semana pasada a completar el estudio, pero ni el fiscal general John Ashcroft ni el presidente parecen dispuestos a retrasar la ejecución del señor Garza. Es más, parecen contentos de ejecutar a un acusado de acuerdo con un sistema cuya justicia todavía se está revisando». El editorial subrayaba que la pena de muerte «convierte cada vez más a Estados Unidos en un paria entre las democracias del mundo».

Si desean más información, consulten Estados Unidos, centro de la atención internacional con motivo de las dos ejecuciones previstas para el martes, AMR 51/085/2001/s, del 14 de junio, Open letter to the US Attorney General concerning the imminent execution of Juan Raul Garza, AMR 51/088/2001, del 15 de junio, y Estados Unidos: Se lleva a cabo la segunda ejecución federal en ocho días mientras se sacrifica la justicia en aras de la mano dura, AMR 51/090/2001/s, del 19 de junio de 2001.

Juan Raúl Garza se ha convertido en el segundo preso federal ejecutado desde que Estados Unidos reanudó los homicidios judiciales en 1977. También se ha convertido en el preso número 37 ejecutado en el país este año, y en el número 720 ejecutado desde que Estados Unidos reanudó las ejecuciones en 1977.

No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.