PÚBLICO Índice AI: AMR 51/103/2008

15 de septiembre de 2008

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 250/08 (AMR 51/099/2008, del 9 de septiembre de 2008) – Pena de muerte / preocupación jurídica

EE. UU. (Georgia) Troy Anthony Davis, negro, de 40 años de edad

El 12 de septiembre, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia votó a favor de denegar el indulto a Troy Davis. Su ejecución sigue prevista para las siete de la tarde, hora local, del 23 de septiembre. Troy Davis lleva 17 años condenado a muerte por un delito que afirma que no cometió.

Troy Davis fue declarado culpable en 1991 del asesinato del agente Mark Allen MacPhail, blanco y de 27 años de edad, que murió por disparos en el aparcamiento de un restaurante de comida rápida de la cadena Burger King de Savannah, Georgia, la madrugada del 19 de agosto de 1989. Davis también fue declarado culpable de agredir a Larry Young, un sin techo que fue abordado inmediatamente antes de que fuera tiroteado el agente MacPhail. En el juicio, Troy Davis reconoció que había estado en el lugar del suceso, pero afirmó que ni había agredido a Larry Young ni había disparado contra el agente MacPhail. No hay pruebas materiales contra Troy Davis, y nunca se encontró el arma empleada en el crimen. La acusación se basaba íntegramente en las declaraciones de los testigos. En declaraciones juradas firmadas en los años posteriores al juicio, la mayoría de los testigos de cargo se han retractado de sus declaraciones o han hecho declaraciones contradictorias. Además, hay testimonios posteriores al juicio de testigos que implican a otro hombre, Sylvester Coles, como el autor de los disparos.

En marzo de 2008, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en una opinión a la que se adhirieron otros dos miembros de la Corte, escribió: “En este caso, casi todos los testigos que identificaron en el juicio a Davis como autor de los disparos han puesto en duda su propia fiabilidad. Tres personas han declarado que Sylvester Coles confesó ser el autor de los disparos. Dos testigos han manifestado que Sylvester Coles, en contra de lo que él mismo testificó en el juicio, poseía un arma de fuego inmediatamente después del asesinato. Otro testigo ha dado una descripción de los delitos que podría indicar que Sylvester Coles fue el autor de los disparos”. La presidenta de la Corte Suprema escribió también: “el efecto colectivo de todos los nuevos testimonios del caso Davis, si el tribunal de primera instancia los considerara dignos de crédito en una vista, mostrarían la probabilidad de que un nuevo jurado encontrase una duda razonable respecto a la culpabilidad de Davis, o al menos la suficiente duda residual como para no imponer la pena de muerte”.

Para examinar el caso, los miembros de la Junta de Indultos y Libertad Condicional se reunieron el 12 de septiembre con el abogado y los familiares de Troy Davis, familiares de Mark MacPhail y miembros de la Fiscalía del Distrito que procesó a Davis. La Junta no dio explicación alguna sobre los motivos de su decisión de denegar el indulto.

Al suspender la ejecución el 16 de julio de 2007, la Junta declaró que sus miembros “no permitirán que una ejecución siga su curso en este estado a menos o hasta que sus miembros estén convencidos de que no existen dudas sobre la culpabilidad del acusado” (véase actualización 1 a AU 170/07, del 17 de julio de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/121/2007/es). Esto sugeriría que al menos una mayoría de sus miembros están ahora convencidos de la culpabilidad de Troy Davis. Amnistía Internacional considera que, en aras de la transparencia y la confianza pública en el sistema de justicia, la Junta debe revelar cómo alcanzó su conclusión.

Antes de la decisión, el presidente del comité de defensa de indigentes del Colegio de Abogados de Georgia, dijo, según se citaron sus palabras: “Para que la población confíe en el sistema de justicia penal de Georgia, es importante que no se quite la vida a nadie en el estado salvo en circunstancias en las que se haya respetado plenamente su derecho constitucional a un juicio justo. Ahora que tantos testigos se retractan de su testimonio, parecen existir demasiadas dudas para seguir adelante con esta ejecución”.

Tras la decisión de la Junta, el abogado de Troy Davis anunció que se iba a presentar una moción de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que se suspendiera la ejecución. Dijo: “Lo más difícil que he tenido que hacer en la vida es decirle a Troy que nos la han denegado” [la petición ante la Junta]. Stephen B. Bright, catedrático de Derecho de la Universidad de Yale y presidente de Southern Center for Human Rights ­–organización con sede en Georgia–, calificó la decisión de la Junta de “asombrosa”. Dijo: “Para ejecutar a alguien, debemos estar muy seguros, más allá de toda duda, de que esa persona es culpable”. Las normas internacionales prohíben la ejecución de cualquier persona sobre cuya culpabilidad existan dudas.

Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la condena de muerte de Troy Davis, independientemente de su culpabilidad o inocencia, al igual que se opone a todo uso de la pena capital.

Desde que se reanudaron las ejecuciones en Estados Unidos en 1977, han sido ejecutadas 1.118 personas, 42 de ellas en Georgia. Más de un centenar de condenados a muerte han sido puestos en libertad en todo el país por su inocencia, muchos de ellos en casos en los que se demostró que los testimonios de los testigos no eran fiables.

Encontrarán una descripción completa del caso en USA: ‘Where is the justice for me?’ The case of Troy Davis, facing execution in Georgia, febrero de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/023/2007.

NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

- explicando que no pretenden justificar el asesinato del agente Mark Allen MacPhail ni de restar importancia a la gravedad al crimen o al sufrimiento causado;

- expresando honda preocupación porque la Junta ha decidido denegar el indulto a Troy Davis, pese a que la mayoría de los testigos en los que la fiscalía se basó para condenarlo se han retractado desde entonces de su testimonio o lo han modificado;

- señalando la declaración que hizo la Junta el año pasado, al dictar una suspensión de la ejecución, en la que dijo que sus miembros “no permitirán que una ejecución siga su curso en este estado a menos o hasta que sus miembros estén convencidos de que no existen dudas sobre la culpabilidad del acusado”;

- pidiendo a la Junta que aclare los motivos de su decisión de denegar el indulto, y que aclare cómo ha disipado todas sus dudas acerca de la culpabilidad de Davis;

- expresando preocupación porque las pruebas y testimonios surgidos después del juicio que arrojan dudas sobre la culpabilidad de Troy Davis no han sido examinados por ningún tribunal;

- señalando que tres miembros de la Corte Suprema de Georgia, incluida su presidenta, manifestaron por escrito en marzo de 2008 sus dudas sobre la culpabilidad de Davis y discreparon de la negativa, emitida por sus colegas, a ordenar una vista sobre las pruebas de inocencia descubiertas después de la condena;

- señalando el gran número de declaraciones de culpabilidad erróneas realizadas en casos de pena capital en Estados Unidos desde 1976, e indicando que en muchos de estos casos ha contribuido al error la poca fiabilidad de los testimonios de los testigos;

- instando a la Junta a reconsiderar su decisión de denegar el indulto y pidiéndole que detenga esta ejecución.

LLAMAMIENTOS A:

Junta de Indultos y Libertad Condicional

State Board of Pardons and Paroles, 2 Martin Luther King, Jr. Drive, SE, Suite 458, Balcony Level, East Tower, Atlanta, Georgia 30334-4909, EE. UU.

Fax: +1 404 651 8502

Correo-e.: Webmaster@pap.state.ga.uso Clemency_Information@pap.state.ga.us.

Tratamiento: Dear Board members / Sres. Miembros de la Junta

COPIA A: la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.