PÚBLICO Índice AI: AMR 51/104/2007

15 de junio de 2007

AU 150/07 Pena de muerte

ESTADOS UNIDOS (Carolina del Sur) Calvin Alphonso Shuler, raza negra, 40 años

La ejecución de Calvin Shuler en Carolina del Sur está prevista para el 22 de junio. Fue condenado a muerte en 1998 por el asesinato de James Brooks en el curso de un atraco a mano armada en 1997.

El 3 de diciembre de 1997, tres guardias en un furgón blindado realizaban la ruta de recogida y reparto de dinero por bancos de la zona del Low Country, cerca de Charleston. Al llegar a la sucursal del First National Bank de Harleyville, un hombre vestido con el uniforme militar de faena y una máscara de camuflaje apuntó con un arma a los dos guardias que viajaban en los asientos delanteros de la furgoneta y les ordenó que bajaran. Cuando el agresor ocupó el asiento del conductor, cruzó varios disparos con un tercer guardia, James Brooks, que iba en la parte trasera de la furgoneta, a través de la malla metálica que separaba esta parte de la cabina del conductor. El agresor arrojó una pistola por la ventanilla de la furgoneta y salió huyendo en el vehículo a toda velocidad. La furgoneta apareció posteriormente con el cadáver de James Brooks en su interior, así como 1.555.400 dólares en metálico. Una investigación permitió encontrar un fusil de asalto, una caja de munición y un pasamontañas ensangrentado colgando de un árbol. También se recuperó la pistola arrojada desde el vehículo, y tras rastrear su procedencia se determinó que pertenecía a la difunta madre de Calvin Shuler. Por otra parte, el fusil resultó ser propiedad de Demond Jones, el novio de la prima de Shuler. Jones había adquirido el arma a petición de Shuler.

Calvin Shuler confesó posteriormente el crimen. En noviembre de 1998, un jurado lo declaró culpable de asesinato, atraco a mano armada y secuestro, y votó a favor de la pena capital.

En apelación se ha alegado que los abogados que lo representaron en el juicio no fueron eficientes al no presentar como circunstancia atenuante las pruebas del abuso de esteroides y cocaína por parte de Calvin Shuler con anterioridad a la comisión del crimen. En una vista de apelación contra la sentencia condenatoria ante un tribunal estatal, un experto sobre los efectos del uso de esteroides declaró que los individuos que consumen grandes dosis de esteroides anabolizantes, como los culturistas, a menudo desarrollan tendencia a la obsesión y pueden manifestar una conducta agresiva. Este médico concluyó que Shuler había abusado de los esteroides en el momento de cometer el crimen, y que su capacidad para adecuar su conducta a las exigencias de la ley se vio afectada por ese motivo. Los representantes letrados que actuaron en el juicio contaron al tribunal de apelación que, si bien habían considerado la posibilidad de presentar estas pruebas, habían decidido no hacerlo basándose en la idea de que, en un condado conservador como en el que se iba a celebrar el juicio, probablemente los miembros del jurado considerarían tales pruebas como circunstancias agravantes y no atenuantes. El tribunal estatal de apelación concluyó que esta estrategia justificaba la limitada investigación realizada por los letrados defensores sobre el asunto de los esteroides. Los abogados alegaron la misma razón para no haber presentado ante el jurado las pruebas de que Shuler había consumido cocaína con anterioridad al crimen.

Además, los abogados afirmaron que habían decidido no presentar pruebas respecto al estado de salud mental de su representado porque temían dar facilidades a la acusación para que utilizara los testimonios presentados en una vista preliminar sobre la aptitud mental del acusado, según los cuales Shuler fingía tener problemas mentales. Por esta razón no se presentaron al jurado las pruebas de que Calvin Shuler al parecer había intentado suicidarse antes de cometer el crimen. Un agente de la Oficina Federal de Investigación (FBI) relacionado con el caso había presentado un informe en el que afirmaba que "mientras Shuler consideraba la idea de cometer el robo" la mañana del 3 de diciembre de 1997, tendido en la cama, "sostenía el fusil de asalto que Jones había adquirido [para él]; el fusil estaba cargado del todo [...] Shuler introdujo el cañón del fusil en su boca y apretó el gatillo". Pero no se había dado cuenta de que el seguro estaba puesto; no hubo disparo, y ya no volvió a intentarlo. El tribunal de apelación concluyó que no carecía de lógica que los abogados no hubieran presentado al jurado esta información relativa al estado mental del acusado en el momento del crimen, teniendo en cuenta su estrategia de no presentar pruebas relativas a su estado de salud mental. El tribunal añadió que, aun en el caso de que no hubiera sido una decisión razonable, Shuler no podía demostrar que al menos un miembro del jurado hubiera votado a favor de la cadena perpetua después de conocer esa prueba. En 2006, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito manifestó que "si bien la prueba de un intento de suicidio habría constituido otra pieza del rompecabezas", no podía decir que la resolución del tribunal estatal de apelación fuera desacertada.

Se presentaron pruebas al jurado sobre la reacción de Calvin Shuler ante la reciente muerte de sus progenitores. Varios testigos declararon que estaba profundamente deprimido debido a su pérdida. Su tía declaró que en una ocasión había visto a Calvin en el cementerio tumbado entre las tumbas de su padre y su madre. El crimen tuvo lugar el día en que Calvin Shuler cumplía 31 años y en que se cumplía el aniversario del entierro de su madre.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En la actualidad, 129 países son abolicionistas en la legislación o en la práctica. En cambio, en Estados Unidos se han llevado a cabo 1.080 ejecuciones desde que las ejecuciones judiciales se reanudaron en el país en 1977; 36 de ellas se han realizado en Carolina del Sur. En lo que va de año ha habido 23 ejecuciones en todo el país.

Existen indicios de que Estados Unidos empieza a dar la espalda a la pena capital. Las 53 ejecuciones realizadas en 2006 representan la cifra anual más baja en diez años, y el índice de condenas a muerte impuestas sigue descendiendo desde que alcanzó un punto crítico a mediados de los años noventa. El número de personas condenadas a muerte en 2006 estuvo por debajo de la mitad del que hubo en 1996, y es el más bajo desde 1977. El debilitamiento de la creencia en el valor disuasorio de la pena de muerte por parte de la opinión pública, un mayor conocimiento de la frecuencia con que se dictan condenas erróneas en juicios por delitos penados con la muerte, y una mayor confianza en que es posible garantizar la seguridad pública mediante penas de prisión perpetua y no condenas a muerte, son factores que han contribuido a que se desvanezca el entusiasmo por la pena de muerte (véase Estados Unidos de América: El experimento fallido. Reflexiones sobre 30 años de ejecuciones, de enero de 2007, http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510112007). En un nuevo informe publicado por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con sede en Washington DC, se analizan encuestas de opinión que indican que el 58 por ciento de la población estadounidense cree que ha llegado la hora de suspender la pena de muerte; el 60 por ciento cree que la pena de muerte no tiene efecto disuasorio frente al asesinato; el 87 por ciento cree que alguna persona inocente ha sido ejecutada en Estados Unidos en los últimos años; y el 69 por ciento cree que las reformas no pondrán fin a todas las condenas y ejecuciones por error.

Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte. Es una política pública destructiva, diversiva y divisiva que atenta contra valores ampliamente compartidos. No sólo comporta el riesgo de cometer un error irreversible, sino que además resulta muy costosa, tanto en lo que se refiere al gasto público como desde un punto de vista social y psicológico. Se tiende a su aplicación discriminatoria en función de la raza y la clase social. Niega la posibilidad de reconciliación y rehabilitación. Responde de un modo simplista a problemas humanos complejos, en lugar de buscar explicaciones que podrían inspirar estrategias positivas. Prolonga el sufrimiento de los familiares de las víctimas de asesinato y lo hace extensivo a los seres queridos de los presos condenados. Desvía recursos que se podrían utilizar mejor para actuar contra la delincuencia violenta y ayudar a las personas afectadas por ella. Es un síntoma de una cultura basada en la violencia, no una solución a la violencia.

ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma, y con sus propias palabras:

- expresando su solidaridad con los familiares de James Brooks, aclarando que no intentan justificar la forma en que murió ni restar importancia al sufrimiento causado;

- expresando su oposición a la ejecución de Calvin Shuler, y a la pena de muerte en general;

- señalando que el jurado no oyó las pruebas de posibles circunstancias atenuantes, y que si bien los tribunales de apelación lo han considerado el resultado de la estrategia letrada para el juicio, la facultad de indulto ejecutivo no está limitada como lo están los tribunales;

- solicitando al gobernador que conceda el indulto a Calvin Shuler y le conmute la pena de muerte;

- pidiendo al gobernador que apoye la suspensión de las ejecuciones en Carolina del Sur.

LLAMAMIENTOS A:

Gobernador de Carolina del Sur:

Governor Mark Sanford, Office of the Governor, PO Box 12267, Columbia, SC 29211, Estados Unidos

Fax: +1 803 734 5167

Correo-e: (a través del sitio web) http://www.scgovernor.com/Contact.asp?sitecontentid=33.

Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador

COPIA A:la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.********