Document - États-Unis. Exécution prévue dans une affaire de tirs isolés
AU 291/09 Índice: AMR 51/112/2009 Estados Unidos Fecha: 29 de octubre de 2009
ACCIÓN URGENTE
fijada la fecha de ejecución en el caso del francotirador
John Allen Muhammad será ejecutado en Virginia el 10 de noviembre. En 2003, Muhammad fue declarado culpable de homicidio en primer grado por una serie de tiroteos que tuvieron lugar en 2002. Sus abogados piden que sea indultado alegando que sufre un grave trastorno mental.
Entre el 5 de septiembre y el 22 de octubre de 2002 hubo 16 tiroteos en Maryland, Alabama, Luisiana, Washington D.C. y Virginia, en los que murieron 10 personas y otras 6 resultaron gravemente heridas. John Allen Muhammad, de 41 años, y Lee Boyd Malvo, de 17 (véase al dorso) fueron detenidos por agentes federales en Maryland el 24 de octubre de 2002, cuando dormían en un automóvil. Entre los objetos que se encontraron en el vehículo había un rifle Bushmaster que las pruebas balísticas relacionaron con muchos de los tiroteos.
John Muhammad fue juzgado en Virginia en 2003 por el asesinato de Dean Meyers, abatido a tiros mientras repostaba su automóvil en una gasolinera de Manassas, Virginia, el 9 de octubre de 2002. Inicialmente, John Muhammad decidió representarse a sí mismo en el juicio, a pesar de que el juez le avisó de que cometía “un tremendo error” al hacerlo, dada la complejidad del caso. Dos días después, se despidió a sí mismo y su auxiliar jurídico se hizo cargo de su defensa.
Una evaluación psiquiátrica realizada a petición de sus abogados determinó que a pesar de “su capacidad para mostrar en ocasiones una brillantez superficial”, Muhammad no tenía “un nivel razonable de comprensión racional”. El psiquiatra concluyó que “no era competente para ser juzgado”, que tenía una “capacidad reducida para tomar decisiones y comprender las actuaciones judiciales” y que su “criterio y capacidad para pensar lógicamente estaban gravemente afectadas”. Los resultados de una resonancia magnética revelaron que el cerebro de John Muhammad presentaba graves anomalías, entre ellas una reducción del córtex, señal de pérdida de tejido cerebral, probablemente producida por una grave lesión en la cabeza. Otra de las anomalías halladas se asocia en ocasiones a la esquizofrenia, y dos expertos contratados concluyeron que probablemente Muhammad padece esta grave enfermedad mental, opinión avalada por la presencia de ideas delirantes. Otras pruebas pusieron de manifiesto la existencia de graves problemas cognitivos.
Sin embargo, la negativa de John Muhammad a dejarse entrevistar por el psiquiatra de la acusación hizo que el juez decidiera que no podría presentarse ningún testimonio pericial, lo cual mermó mucho las posibilidades de la defensa de evitar que Muhammad fuera condenado a muerte. Sus abogados habían preparado una defensa de atenuantes basada en el testimonio de un experto en salud mental. Entre otras cosas, y según los abogados que presentaron el recurso, los familiares de Muhammad y otras personas habían relatado al experto “desgarradoras historias sobre los abusos y la desatención que Muhammad había sufrido de niño: palizas con mangueras y cables, privación de alimentos y ropa, necesidades básicas sin cubrir y unos padecimientos difícilmente imaginables”. Según expertos en salud mental, estos abusos tienen que ver con la disfunción cerebral de John Muhammad.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés o en su propio idioma y con sus propias palabras:
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Reconociendo los graves delitos cometidos en este caso y el trauma y el sufrimiento causados;
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Oponiéndose a la ejecución de John Allen Muhammad;
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Señalando que las pruebas realizadas por los expertos, y a las que el jurado no ha tenido acceso, indican que Muhammad sufre daños cerebrales y padece una enfermedad mental;
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Pidiendo al gobernador Kaine que conmute la pena de muerte de John Muhammad y actúe contra la pena capital.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2009 A:
Gobernador de Virginia
Governor Timothy M. Kaine
Patrick Henry Building,
3rd Floor
1111 East Broad Street
Richmond, Virginia 23219, Estados Unidos
Fax: +1 804 371 6351
Correo e: http://www.governor.virginia.gov/AboutTheGovernor/
contactGovernor.cfm.
Tratamiento: Dear
Governor /
Señor Gobernador
Envíen también copias a la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país.
ACCIÓN URGENTE
fijada la fecha de ejecución en el caso del francotirador
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las autoridades estatales y federales no se ponían de acuerdo sobre el lugar donde se juzgaría primero a John Muhammad y Lee Malvo, y decidir qué jurisdicción sería la mejor para conseguir y aplicar una condena a muerte se convirtió en una difícil parte del proceso de decisión. A pesar de que los dos sospechosos habían sido detenidos en Maryland, y que la mayoría de los asesinatos se habían cometido allí, se decidió que los juicios se realizarían en Virginia que, a diferencia de Maryland y del gobierno federal, era y sigue siendo una de las jurisdicciones más “eficientes” de Estados Unidos en cuanto a ejecuciones, sólo superada por Texas en número de ejecuciones llevadas a cabo desde 1977 y con fama de agilidad en el sistema de apelaciones. El 7 de noviembre de 2002, el fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, ardiente defensor de la pena capital, anunció que los juicios serían primero en Virginia, subrayando en una conferencia de prensa que era “imperativo que quienes han cometido estos crímenes puedan ser condenados a la pena máxima”, incluso en el caso del adolescente Malvo.
Los crímenes del francotirador en 2002 sin duda fueron traumáticos para las personas y las comunidades afectadas por ellos. Amnistía Internacional no pretende rebajar la gravedad de estos crímenes ni el sufrimiento que causaron, pero la organización se opone incondicionalmente a la ejecución de John Allen Muhammad, como se opone a cualquier ejecución, no importa la gravedad del delito o de la culpabilidad del condenado. Poner fin a la pena de muerte es abandonar una política pública destructiva, que distrae y divide a la opinión pública y no es coherente con valores aceptados por la mayoría. La pena capital no sólo conlleva el peligro de cometer un error irrevocable, sino que también es costosa, tanto para el bolsillo del contribuyente como en términos sociales y psicológicos. No se ha demostrado que tenga un especial efecto disuasorio. Suele aplicarse de forma discriminatoria, basándose en la raza y la clase. Niega la posibilidad de reconciliación y rehabilitación. Fomenta respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en vez de buscar explicaciones que puedan dar forma a estrategias positivas. Prolonga el sufrimiento de las familias de las víctimas de asesinato y lo extiende a los seres queridos del condenado. Distrae recursos que estarían mejor empleados para luchar contra los delitos violentos y ayudar a las personas afectadas por ellos.
Actualmente hay unos 139 países abolicionistas en la ley o en la práctica. El derecho internacional tiene una actitud abolicionista, que trata de que los países retencionistas reduzcan el ámbito de aplicación de la pena de muerte con vistas a terminar definitivamente con su uso. De acuerdo con esto, incluso las personas juzgadas por tribunales internacionales por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional –crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra–, no pueden ser condenadas a muerte. En julio de 2002, un año antes de que John Muhammad fuera condenado a muerte, entró en vigor el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Según su artículo 77, la pena máxima que la Corte puede imponer es la de cadena perpetua, sometida a revisión tras 25 años.
Lee Malvo también fue juzgado en Virginia y condenado en diciembre de 2003 a cadena perpetua sin posibilidad de apelación, una pena que viola el derecho internacional al tratarse de una persona condenada por un delito cometido cuando era menor de 18 años (véanse AU 288/03, AMR 51/127/2003, del 9 de octubre de 2003, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/127/2003/en, y su actualización del 24 de diciembre de 2003, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/166/2003/en).
Este año ha habido 42 ejecuciones en Estados Unidos, lo cual eleva a 1.178 el total de ejecuciones desde que se reanudaron los homicidios judiciales, en 1977. De ellas, 103 han sido en Virginia.
Véase también USA: The execution of mentally ill offenders, enero de 2006, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/003/2006/en.
AU: 291/09 Índice: AMR 51/112/2009 Fecha de emisión: 29 de octubre de 2009
