PÚBLICO Índice AI: AMR 51/119/2003/s

AU 250/03 Detención en régimen de incomunicación / temor de malos tratos 20 de agosto de 2003

EE. UU. Riduan Isamuddin, alias Hambali, ciudadano indonesio

El 11 de agosto, Riduan Isamuddin, alias Hambali, presunto jefe de operaciones de la Sociedad del Islam (Jemaah Islamiyah, JI), grupo extremista islámico del sureste asiático presuntamente vinculado a Al Qaeda, fue detenido en la ciudad de Ayutthaya, en Tailandia. Según la información aparecida en los medios de comunicación, se encuentra bajo custodia de Estados Unidos, en un lugar no desvelado, para ser interrogado.

La Sociedad del Islam está relacionada con una serie de atentados mortales cometidos en Indonesia y Filipinas en los últimos años. Al parecer, Riduan Isamuddin ha participado en la organización de algunos de esos atentados, como los atentados con explosivos perpetrados en Bali en octubre del 2002 en los que murieron unas 200 personas. Según la información publicada por los medios de comunicación, también es sospechoso de haber estado implicado en algunas de las reuniones para planificar los atentados cometidos el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Las autoridades de Indonesia han pedido públicamente que se transfiera a Riduan Isamuddin a su custodia. Según los informes, también las autoridades de Filipinas, Singapur y Malaisia quieren interrogarlo.

Amnistía Internacional siente preocupación porque la reclusión de sospechosos en lugares no desvelados y sin acceso a asistencia letrada o a sus familiares, así como la “entrega” de sospechosos de unos países a otros sin protecciones formales de derechos humanos, violan el derecho a un juicio justo, pone a estos sospechosos en peligro de sufrir malos tratos y socava el Estado de derecho.

La organización ha pedido en varias ocasiones a las autoridades estadounidenses que no devuelvan a detenidos a países donde puedan correr peligro de sufrir abusos graves contra los derechos humanos, incluidos tortura o malos tratos, o donde puedan ser sometidos a juicios injustos o a la pena de muerte. Asimismo, si otros países solicitan la extradición de algún detenido, la decisión sobre si extraditarlo debe tomarse en un proceso justo e individual. Si existen motivos fundados para creer que los individuos en cuestión corren peligro de sufrir abusos graves contra los derechos humanos, Estados Unidos debe denegar la extradición.

Noralwiseh Lee Abdullah, esposa de Riduan Isamuddin y detenida junto con él en Tailandia, ha sido trasladada, según los informes, a la custodia de la policía en Malaisia (véase AU 249/03, ASA 28/022/2003/s, del 20 de agosto de 2003)

INFORMACIÓN GENERAL

Amnistía Internacional reconoce el deber de los gobiernos de proteger la seguridad de la población, investigar los delitos y llevar a los delincuentes ante la justicia. También reconoce que los gobiernos tienen que cooperar con este fin cuando las amenazas o los delitos en cuestión crucen fronteras nacionales. Al mismo tiempo, la organización hace hincapié en que los derechos humanos deben ocupar un lugar central en la búsqueda de justicia y seguridad.

Desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, más de 3.000 presuntos miembros o asociados de Al Qaeda han sido detenidos en más de 100 países, según el gobierno estadounidense. Se desconoce cuántos permanecen bajo custodia, así como el paradero de todos ellos.

Más de 650 ciudadanos extranjeros permanecen detenidos sin cargos ni juicio bajo custodia del Departamento de Defensa estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Recluidos en la base naval que Estados Unidos mantiene allí, no tienen acceso a tribunal alguno, a asistencia letrada o a sus familiares. Muchos llevan recluidos en esas condiciones más de un año. Aunque muchos de estos detenidos fueron puestos bajo custodia en el contexto del conflicto armado internacional de Afganistán, algunos fueron detenidos en otras circunstancias. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, seis ciudadanos argelinos aprehendidos ilegalmente por Estados Unidos en Bosnia y Herzegovina en enero del 2002. Estados Unidos planea juzgar a algunos de los detenidos ante comisiones militares ejecutivas, en procedimientos que violarían las normas internacionales de justicia procesal, por ejemplo al no proporcionar el derecho a apelar ante un tribunal de instancia superior. Además, estas comisiones estarán facultadas para imponer condenas de muerte.

Otros detenidos permanecen en la base aérea estadounidense de Bagram, en Afganistán. Desde allí se han recibido informes de tortura y malos tratos a manos de los miembros de la CIA encargados de los interrogatorios. Se dice que se han utilizado técnicas de “presión y coacción” contra los detenidos sometidos a interrogatorio; entre otras cosas, los han obligado a permanecer largo rato de pie o de rodillas, o en posturas dolorosas o molestas, los han encapuchado o les han vendado los ojos, les han impedido dormir y los han mantenido bajo una fuerte iluminación las 24 horas del día. A otros los han mantenido en régimen de incomunicación bajo custodia de agentes estadounidenses en otros lugares no desvelados fuera de Estados Unidos.

También se ha denunciado que algunos detenidos han sido llevados por Estados Unidos a terceros países, como Marruecos, Jordania y Egipto. El gobierno estadounidense ha asegurado que “si la guerra contra el terrorismo internacional exige trasladar a combatientes enemigos detenidos a otros países para que allí sean custodiados en nuestro nombre, las instrucciones del gobierno estadounidense son pedir y obtener garantías adecuadas de que esos combatientes enemigos no serán torturados”. Sin embargo, el Washington Post ha informado de que, según un funcionario directamente implicado en la “entrega” de detenidos a otros países, “nosotros no les sacamos la [palabrota]. Los enviamos a otros países para que lo hagan ellos”. El artículo 3 de la Convención contra la Tortura prohíbe el traslado de cualquier persona a otro Estado en el que “haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

- reconociendo que los gobiernos tienen el deber de proteger la seguridad pública e investigar los delitos cometidos, y reconociendo también que, con este fin, los gobiernos deben cooperar cuando las amenazas o los delitos en cuestión crucen fronteras nacionales;

- subrayando, no obstante, que los derechos humanos deben ocupar un lugar central en la búsqueda de justicia y seguridad;

- instando a que se haga público el paradero de Riduan Isamuddin, alias Hambali, y pidiendo garantías de que recibirá un trato humano, plenamente conforme con las leyes y normas internacionales;

- instando a que sea llevado sin demora ante un tribunal para que pueda impugnar la legalidad de su detención;

- instando a que sea acusado de un delito común reconocible como tal y juzgado en un plazo razonable y de acuerdo con las normas internacionales de justicia procesal, o de lo contrario sea puesto en libertad;

- instando a que se le permita el acceso a asistencia letrada y a su familia;

- pidiendo garantías de que cualquier petición de extradición presentada por otros países es examinada en un procedimiento justo e individual, y de que Riduan Isamuddin no es trasladado a un país en el que corra peligro de sufrir tortura u otras violaciones de derechos humanos.

LLAMAMIENTOS A:

Director de la Agencia Central de Información (CIA)

George J. Tenet

Director of Central Intelligence
Office of Public Affairs
Washington, D.C. 20505, EE. UU.

Telegramas: Director of Central Intelligence, Washington D.C., EE. UU.

Fax: +1 703 482 1739

Tratamiento: Dear Mr Tenet / Estimado Sr. Tenet

Secretario de Defensa

Donald Rumsfeld

Secretary of Defence

The White House

Washington, DC 20301, EE. UU.

Telegramas: Secretary of Defence, Washington D.C., EE. UU.

Fax: +1 703 697 8339

Tratamiento: Dear Secretary of Defence / Sr. Secretario de Defensa

COPIA A:

Subsecretario de Estado

Lorne Craner, Assistant Secretary of State

Department of State

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor

2201 C Street, NW, Room 7802

Washington, DC 20520, EE. UU.

Fax: +1 202 647 5283

Correo-E.: cranerlw@state.gov

y a los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 1 de octubre de 2003.