AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AMR 51/155/2004 (Público)

Servicio de Noticias: 280 /2004

5 de noviembre de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511552004

Guantánamo: Las comisiones militares

Notas de la observadora de Amnistía Internacional sobre los procedimientos (2)

Amnistía Internacional ha enviado a una delegada para que asista como observadora a las vistas preliminares que están celebrando las comisiones militares en la base naval estadounidense de Bahía de Guantánamo, Cuba. La delegada Jumana Musa (véase http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR511292004) ha enviado la siguiente información (véase la actualización anterior, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511532004).

Se han formulado cargos contra cuatro individuos como parte de los preparativos para su enjuiciamiento ante una comisión militar: David Hicks, ciudadano australiano; Salim Ahmed Hamdan, ciudadano de Yemen, al igual que Ali Hamza Ahmed Sulayman al Bahlul; e Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi, ciudadano sudanés.

Amnistía Internacional se opone a las comisiones militares desde que el presidente George W. Bush firmó una orden ejecutiva en materia militar el 13 de noviembre de 2001 por la que se establecía esta modalidad de proceso. La organización seguirá haciendo campaña para que se abandonen las comisiones militares y se anule la orden ejecutiva. Encontrarán más información en http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511302004.

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Esta semana, la acusación y la defensa expusieron sus solicitudes en las primeras vistas preliminares de una comisión militar que Estados Unidos lleva a cabo desde hace 60 años, las de la causa US v. Hicks. La comisión no se rige por la ley estadounidense ni el Código Normalizado de Justicia Militar (el derecho militar estadounidense), sino por una serie de normas elaboradas por funcionarios del Departamento de Defensa. Dado que estas normas no están plenamente estructuradas, la defensa presentó numerosas impugnaciones a la estructura y el contenido de la comisión, además de recusar los cargos presentados contra el ciudadano australiano David Hicks.

La defensa solicitó que prestaran declaración seis peritos legales para que explicaran varios aspectos del derecho consuetudinario internacional, el derecho militar y el derecho de los conflictos armados. La petición fue denegada, primero por el presidente de la comisión militar y más tarde por toda la comisión. Al rechazar la petición, un miembro de la comisión afirmó que si hubieran creído que iban a necesitar el testimonio de peritos habrían llamado a los suyos propios. Al indicar el abogado que sería difícil encontrar a peritos con más experiencia que ésos, el miembro de la comisión replicó que ese comentario constituía un desafío.

En las vistas anteriores, celebradas en agosto de 2004, los abogados de la defensa pidieron que se retirase a varios miembros de la comisión, incluido su presidente, por falta de idoneidad para ocupar el puesto. El 19 de octubre, la “autoridad designadora” de la comisión militar accedió a la petición en tres de los casos, y la acusación no se opuso. Sin embargo, no se eligieron otros miembros en su lugar, quedando así reducido el tamaño de la comisión de cinco miembros y un suplente a tres miembros sin suplente.

En la vista actual, la defensa hizo notar que ahora se necesitaban dos votos para alcanzar una sentencia condenatoria, mientras que anteriormente se necesitaban cuatro, lo cual suponía una reducción significativa del peso de la acusación. La acusación respondió que la defensa debería haber tenido en cuenta esta posible consecuencia como estrategia del juicio, sugiriendo que la defensa había podido elegir entre recusar a algún miembro por considerarlo parcial o continuar con el panel completo. El panel denegó la petición de la defensa y se negó a certificarla para que la autoridad designadora la estudiara con más atención.

Estas dos situaciones pusieron de relieve el carácter arbitrario de los procedimientos. Amnistía Internacional siempre ha criticado los juicios en que los acusados no tenían representación letrada o la que tenían era inadecuada. En este caso, parece penalizarse a Hicks por la concienzuda labor de su letrado. Se enfrenta a una comisión con menos miembros –la acusación sólo necesita convencer a dos miembros en lugar de a cuatro para conseguir una sentencia condenatoria–, y la comisión ha excluido por principio a los peritos que sus abogados deseaban llevar a declarar.

El miércoles 3 de noviembre, la defensa debía presentar la petición de que se delimitaran las imputaciones, lo cual habría obligado a la acusación presentar el caso en términos más concretos. El acta de acusación contra David Hicks, tal como está redactada actualmente, hace referencia a cargos generales, como conspiración para destruir propiedades civiles, y esta petición exigiría a la acusación exponer los detalles de los cargos. En lugar de continuar argumentando, la defensa accedió a retirar la petición, reservándose el privilegio de presentarla más tarde si lo consideraba necesario. Se conjeturó que la acusación no había querido seguir adelante porque sus argumentos no eran sólidos.

Uno de los momentos más dramáticos se produjo cuando la acusación intentó que se incluyera en el sumario el expediente del Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente de David Hicks. Estos Tribunales llevan a cabo revisiones administrativas de la situación de cada detenido para determinar si es lo que se denomina un “combatiente enemigo”. El Pentágono comenzó a utilizarlos cuando la Corte Suprema decidió el 28 de junio de 2004, en la causa Rasul v Bush, que los detenidos en Guantánamo tenían derecho a impugnar su detención en tribunales estadounidenses. Los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente son independientes del proceso de la comisión y ofrecen a los detenidos –que, por ejemplo, carecen de representación letrada en ellos– aún menos protección. Muchos detenidos han boicoteado el proceso.

Amnistía Internacional ha señalado que estos Tribunales no sustituyen en absoluto a una revisión judicial completa y adecuada, algo que ninguno de los detenidos en Guantánamo ha tenido cuando ya han transcurrido más de cuatro meses desde la decisión en el caso Rasul. De hecho, la organización ha expresado su profunda preocupación ante la posibilidad de que el gobierno haya ideado el proceso de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente para limitar el alcance de cualquier revisión judicial (véase http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511132004).

En octubre de 2004, el caso de David Hicks se presentó ante un Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente. No sólo no se permitió a sus abogados que lo representaran ante el Tribunal, sino que se les prohibió que fueran a Guantánamo durante la semana en que éste llevó a cabo la revisión. El propio Hicks no asistió a los trabajos del Tribunal, y el expediente se elaboró en su ausencia. En las vistas de la comisión militar de esta semana, Josh Dratel, abogado civil defensor de Hicks, se opuso enérgicamente a admitir en el sumario de la comisión militar nada que tuviera relación con el Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente. Argumentó para ello que incluir el expediente del Tribunal perjudicaría a su cliente al admitir una decisión tomada por un tribunal administrativo sin que el acusado o sus abogados estuvieran presentes, vulnerando así el principio de presunción de inocencia.

Por su parte, la acusación presentó una sola petición durante las vistas de esta semana de la comisión: la de excluir de los procedimientos cualquier declaración de peritos legales. La comisión denegó la petición, reservándose el derecho a llamar a peritos si lo consideraba necesario. Las vistas de la comisión concluyeron accediendo la comisión a una petición de la defensa: que el juicio de David Hicks se aplazara del 10 de enero al 10 de marzo de 2005.